Lo que dicen los columnistas

Registro de celulares: la media verdad

Quien ordena el registro es hoy quien lo vigila; quien debía vigilarlo depende de quien lo ordena; el contrapeso desapareció. Veamos.

Ernesto Villanueva

Proceso

Este 30 de junio de 2026 vence el plazo para vincular cada línea telefónica a la Clave Única de Registro de Población (CURP); a partir del 1 de julio, las que no se registren serán suspendidas (Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, DOF, 9 de diciembre de 2025). La presidenta Sheinbaum lo ha defendido al sostener que México es de los pocos países —“si no es que el único”— donde las líneas no están asociadas a una persona (conferencia matutina, 18 de junio de 2026). El dato es parcialmente cierto. Lo es que el anonimato de las SIM alimenta la extorsión y el fraude, y que varios países —Francia, España, Alemania, Italia, Brasil— sí identifican a sus usuarios. Lo inexacto es el “único”: democracias como Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Irlanda o la República Checa han decidido deliberadamente no atar la línea a una identidad, por concluir que sus huecos y costos superan a los beneficios; México mismo, tras caer el padrón de 2021, figuraba hasta ahora en ese grupo. Como diría el clásico: no basta con leer el texto: hay que leer el contexto. Y el contexto es excepcional: el padrón se levantó tras quedarse sin los dos órganos que debían vigilar una medida así —el regulador de telecomunicaciones y el garante de los datos—. Hoy ambos dependen, orgánicamente, del gobierno que ordena el registro. Quien ordena el registro es hoy quien lo vigila; quien debía vigilarlo depende de quien lo ordena; el contrapeso desapareció. Veamos. 

Primero. Durante más de una década, las telecomunicaciones las supervisó un órgano constitucional autónomo: el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), creado en 2013. La reforma de “simplificación orgánica” lo extinguió junto con otros seis autónomos (DOF, 20 de diciembre de 2024) y lo sustituyó por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano sectorizado dependiente del Ejecutivo vía la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 2025). En las democracias ocurre lo contrario: el británico Ofcom responde al Parlamento, la alemana Bundesnetzagentur está blindada de toda “presión política” (Directiva (UE) 2018/1972) y la estadounidense FCC tiene mandato fijo y equilibrio partidista —no más de tres comisionados del mismo partido— (47 U.S.C. §§ 151 y 154). También cambió la forma de elegir a quienes deciden. Antes, los comisionados pasaban por convocatoria pública y examen de conocimientos ante un comité que sólo remitía al Ejecutivo a los mejor calificados (CPEUM, art. 28, texto previo a 2024); lo integraban los titulares del Banco de México, el INEGI y el INEE —extinto desde 2019 sin que el artículo 28 se actualizara—. La nueva ley eliminó ese filtro: hoy el Ejecutivo los propone sin examen y el Senado los ratifica, pero si la Cámara rechaza dos propuestas sucesivas para la misma vacante, el propio Ejecutivo hace el nombramiento definitivo (arts. 14 y 16). El único requisito que sobrevive —tres años de experiencia— es tan elástico que casi cualquier trayectoria cabe en él. La aptitud verificable cede su lugar a la afinidad política: difícilmente ese reemplazo no es regresivo. Se cambió el examen por la confianza; el mérito, por la lealtad.  

Segundo. La misma reforma constitucional de diciembre de 2024 extinguió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la ley secundaria que la puso en marcha trasladó la protección de datos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (DOF, 20 de marzo de 2025), una dependencia del propio Ejecutivo. La objeción no es de buenas prácticas, sino de un compromiso internacional: el referente legal de la materia exige una autoridad con “total independencia” (Reglamento (UE) 2016/679, art. 52), y México asumió algo equivalente al adherirse en 2018 al Convenio 108 del Consejo de Europa y, sobre todo, a su Protocolo Adicional (ETS 181) —que sí ratificó—, que obliga a contar con autoridades de control plenamente independientes; principio que el Convenio 108+ reitera en su artículo 15. Esa independencia se observa en las democracias comparables: la británica ICO responde al Parlamento, a su par alemán lo elige el Bundestag y la estadounidense FTC está diseñada como agencia independiente. Es verdad que el padrón no es una sola bóveda estatal: cada operador crea sus plataformas y la CRT las supervisa y opera el portal de consulta (art. 39). El gobierno subraya que así los datos los guardan las empresas. Pero el consuelo es relativo: en vez de una base hay varias —una por operador—, lo que multiplica los puntos vulnerables; y quien diseñó esa arquitectura es el regulador que dejó de ser autónomo. Una secretaría de Estado es parte de la administración centralizada: nadie afirmaría en serio que es independiente del gobierno del que forma parte. Así, las dos garantías se desvanecen a la vez. El vigilado nombra a su vigilante; el vigilante depende de él; nadie se reprueba a sí mismo. 

Tercero. No es la primera vez. El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), en 2009, intentó lo mismo y fracasó: se registraron identidades falsas —bastaba la CURP de otra persona—, la base se filtró y se vendió en el mercado negro, y la extorsión no bajó. En 2021, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT) añadió biometría y la Suprema Corte lo invalidó en 2022 por no superar la prueba de proporcionalidad y exponer a millones (Acción de Inconstitucionalidad 82/2021 y su acumulada 86/2021). El registro de 2026 es la tercera versión: prescinde de los biométricos que hundieron al PANAUT, pero repite la lógica. Como dijo Santayana, quien no puede recordar el pasado está condenado a repetirlo. La desconfianza ciudadana es atendible: no es un complot ni una estrategia de la ultraderecha, sino la lectura serena de nuestro pasado inmediato. La agravante es, además, institucional: antes existían un regulador y un garante independientes ante quienes reclamar; hoy esos contrapesos son parte del mismo Ejecutivo. La meta de combatir la extorsión es válida; lo que falla es el diseño, que desconoce cómo opera el delito. El grueso de las extorsiones ya migró a llamadas por internet y a apps como WhatsApp o Telegram, ajenas a una SIM mexicana; se suman el spoofing y las SIM extranjeras, incluidas las eSIM. Y cuando necesita una línea local, el criminal no la da de alta a su nombre: usa identidades robadas, abundantes en un mercado negro que esta decisión genera incentivos. La medida pesa así sobre quien menos la merece: el ciudadano honesto cumple y queda expuesto —a filtraciones, robo de identidad y SIM swapping—, mientras el delincuente usa canales que el registro no alcanza. El honesto queda registrado; el criminal, no; el padrón alcanza al inocente y no al culpable. 

El fin no está en duda. El método, sí. Un padrón no es peligroso por existir, sino por quedar sin vigilancia. Persigue al que cumple y no alcanza al que delinque. El problema no es que registren nuestros teléfonos, sino que, si algo sale mal —alta probabilidad, a juzgar por el pasado—, no hay por diseño rendición de cuentas. Lo que se perdió no es solo un contrapeso: es la racionalidad como brújula del quehacer público. Hay que encontrarla.

Arsenal

Morena y la anticipada cacería de candidaturas para 2027

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

Pancartas, camisetas, discursos, banderas, porras, consignas, dentro y fuera del WTC, en el arranque de registro de los aspirantes del oficialismo a gobernar Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur y Campeche. Las consignas de la 4T iban y venían en boca de los contingentes que acompañaban a los suspirantes. Aquello parecía un anticipado mitin de campaña disfrazado de “trabajo territorial”.

La palabra unidad se escuchaba en cada alocución, pero en corto se hacían duras críticas entre ellos. El tiempo que estuve en el WTC —alrededor de tres horas y media— escuché dos veces corear “¡es un honor estar con Obrador!”. Eso me llamó la atención porque no escuché ninguna consigna que dijera: “¡Es un honor estar con Claudia hoy!”.

Los llamados “aspirantes a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional” llegaron a la planta baja del WTC, donde los esperaba la dirigencia nacional del partido.

Encabezaban el templete la presidenta de Morena, Ariadna Montiel; la presidenta de la Comisión Nacional de elecciones, Citlalli Hernández, y la secretaria general del partido, Carolina Rangel. Antes del inicio de la recepción de documentos a los aspirantes, Citalli recordó, en rueda de prensa, que la comisión que preside aplicará en su momento un criterio de paridad de género.

Pero también que nos digan que no tienen ningún tema con la justicia, aceptan que la Comisión Nacional de Elecciones pueda solicitar información para ratificar que es cierto.

Rocha Moya obliga.  

* En total se registraron veintiún aspirantes de los cuatro estados. A su llegada les entregaban copia y les pedían que se tomaran la foto entre dos banderas colocadas a la derecha del templete, la de México y la de Morena. Luego se iban con sus seguidores a un espacio acondicionado para dar sus discursos y se retiraban para dar paso al siguiente aspirante.

En Aguascalientes, que enfrenta una severa crisis hidráulica, encabeza las encuestas internas la senadora Nora Ruvalcaba.

Aventaja por menos de dos puntos al diputado federal Arturo Ávila, pero éste no se registró. El estado, además, es panista desde hace muchos años.

Otros que aspiran a ser coordinadores de la transformación en ese estado son Salma Luévano, Genny López Valenzuela (PVEM) y Ricardo Rodríguez Vargas.

* En Baja California, estado con graves problemas de inseguridad y violencia, las preferencias electorales internas favorecen a la senadora de Morena con licencia de Morena, Julieta Ramírez.

Se presume que trae el respaldo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, que se quedó sin visa.

En la cancha de los hombres va adelante el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, quien llevó la porra más numerosa al WTC. Alrededor de 200 personas.

¿Las trajeron de BC? ¿Cuánto costo? ¿Quién pagó? Preguntó, muy en corto, uno sus competidores.

* Hay un caballo negro en BC. Es el diputado con licencia Fernando Castro Trenti. Le dicen El Diablo.

Sus acompañantes hasta cuernos llevaban. En sus declaraciones aseguró que a los corruptos y a los narcopolíticos de su estado se los va a llevar satanás.

—¿Qué quiere decir con eso? —le preguntamos.

—Me refiero a que vamos a combatir implacablemente la corrupción y la deshonestidad. El que avisa no engaña: aquel que se le ocurra recibir dinero de la delincuencia va a ir a la cárcel, sea el que sea. 

—¿Cómo le haría?

—Primero con que no te vendas. Esta campaña que ofrezco es 100% austera. No necesito dinero ni donativos de nadie. 

En el discurso ante sus seguidores, prometió unidad, orden y mano dura. 

* En el evento se apareció Jaime Bonilla. No faltó un despistado que pensara que iba a registrarse como un aspirante más.

El exgobernador de BC Iba en el grupo que acompañaba a Monserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana que se registró por el PT. La mujer renunció a Morena con el argumento de que este partido no cumplió sus promesas fundacionales.

Para BC se registraron también Alfredo Álvarez Cárdenas, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Jorge Ramos Hernández, Evangelina Moreno Guerra, Montserrat Caballero Ramírez y Armando Ayala.

Por Baja Sur quieren ser coordinadores de la defensa de la Transformación Christian Agúndez (PT), Manuel Cota, Saúl González y Milena Quiroga.

Carlos Enrique Ucán Yam se apuntó por Campeche.  

El registro para los aspirantes de los 17 estados donde habrá elección de gobernador en 2027 seguirá, por orden alfabético, hasta el sábado próximo. El miércoles se da un paréntesis. No habrá registros. Juega la Selección de México en el Mundial. ¿Mi pronóstico? Le ganamos a Chequia por dos goles.

Juegos de poder

Otro triunfo de la ultraderecha

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

El candidato ganador de las elecciones en Colombia no es de derecha, sino de ultraderecha en el tema que más preocupaba a los electores de ese país, es decir, la seguridad.

Con toda razón, a los colombianos les inquietaba la expansión de grupos armados, la criminalidad urbana y violencia rural. Si bien durante el actual gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) la tasa de homicidios mostró una reducción moderada respecto a años anteriores, se incrementaron los integrantes de los grupos armados, se expandió el territorio bajo su influencia o control y se notó una mayor capacidad económica y militar.

En muchas de las regiones afectadas, los grupos armados comenzaron a ejercer funciones de facto imponiendo reglas de movilidad, cobrando extorsiones, cultivando coca, regulando actividades ilegales e influyendo en elecciones locales y autoridades comunitarias.

Es una historia que nos suena familiar a los mexicanos.

Petro intentó poner fin a la violencia armada en Colombia mediante el plan Paz Total. Su objetivo era transformar el conflicto con diálogo, inclusión social y sometimiento a la justicia. La política se formalizó en una ley que convirtió la paz en política de Estado otorgando al gobierno facultades para negociar con distintos actores armados.

Petro promovió ceses al fuego bilaterales, mesas de negociación, participación de comunidades locales, incentivos para la desmovilización y programas de desarrollo territorial y seguridad humana.

Sin embargo, Paz Total no funcionó. Muchos grupos armados no se desmovilizaron. Varias negociaciones se estancaron. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC continuaron operando. Las organizaciones armadas se expandieron y aumentó la extorsión, secuestro, reclutamiento forzado y narcotráfico.

En este contexto se dio la elección presidencial de 2026, donde el tema central fue la seguridad. El debate dejó de ser “¿cómo alcanzar la paz?” para convertirse en “¿cómo recuperar el control territorial del Estado?”.

Apareció un candidato outsider más a la derecha de la derecha tradicional colombiana, Abelardo de la Espriella, quien hizo de la seguridad el eje central de su campaña.

Su propuesta es de ultraderecha.

Primero, con el fin de recuperar el control territorial en 90 días, quiere una versión recargada (“2.0” la llama él) de lo que fue “Seguridad Democrática”, el programa del presidente Álvaro Uribe (2002 y 2010), quien incrementó significativamente el gasto militar, expandió del Ejército y la Policía, realizó operaciones ofensivas permanentes contra las FARC y el ELN, recuperó carreteras y municipios bajo influencia guerrillera y fortaleció la inteligencia militar. Todo esto con la cooperación estrecha con Estados Unidos mediante el Plan Colombia.

Segundo, De la Espriella quiere copiar las políticas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien construyó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una enorme prisión diseñada para albergar a decenas de miles de prisioneros. De la Espriella ha prometido edificar diez megacárceles de este tipo, con máxima seguridad, donde los criminales queden completamente aislados y así impedir que sigan dirigiendo operaciones desde la prisión.

Tercero, en cuanto al tema del narcotráfico, el próximo presidente de Colombia ha prometido destruir 330 mil hectáreas de coca mediante fumigación aérea, erradicación manual, persecución financiera de los narcotraficantes, extradiciones y extinción de dominio acelerada. Todo ello con un nuevo Plan Colombia que incluya drones e inteligencia artificial.

De la Espriella, obviamente, terminará con la política de Paz Total de Petro, suspendiendo las negociaciones con grupos armados ilegales.

Lo de la militarización de la lucha en contra de los criminales también nos suena familiar a los mexicanos. Es lo que se hizo durante los sexenios de Calderón, Peña y López Obrador con muy malos resultados.

De la Espriella ahora lo adereza con las soluciones que funcionaron en El Salvador con un costo altísimo para los derechos humanos. Pero hay una “pequeñísima” diferencia. Bukele gobierna un país de 6.4 millones de habitantes, donde el problema eran organizaciones criminales urbanas (MS-13 y Barrio 18). Colombia, en cambio, tiene una población de 64 millones con guerrillas de motivación política, como el ELN y disidencias de las FARC, poderosos cárteles de narcotráfico, grupos paramilitares y bandas regionales.

El entorno colombiano es mucho más difícil y extenso territorialmente que el de El Salvador.

La ultraderecha ha ganado la Presidencia en Colombia. Enfrentará un reto gigante. Vamos a ver qué tantas de estas promesas de ultraderecha se hacen realidad en un país muy polarizado.

Astillero

Los susurros del ex embajador // Anabelismo con sombrero // Los Mochis: decomiso y cárteles // Merlín: pato mañanero

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Luego de la impactante solicitud estadunidense de detención provisional, con fines de extradición, de 10 personajes de la política y la policía sinaloenses (el gobernador Rubén Rocha Moya en primer lugar), se han multiplicado, por parte de opositores al proceso llamado Cuarta Transformación, las versiones de nuevas exigencias judiciales de Washington hacia México.

Esa ansiosa fiebre necesitada de acción judicial y militar para acusar y, en dado caso, entrar a México para “extraer” a políticos relevantes con marca 4T, se ha visto potenciada, sin rigor periodístico profesional, por “noticias” como la pronta publicación de un libro de memorias del ex embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, quien refiere en un párrafo de lo hasta ahora adelantado que “un prominente empresario mexicano” (del cual no da el nombre), que habría sido “confidente de López Obrador” (mmm: ¿quién podría reputarse como “confidente” del viejo lobo de mar color guinda?), le dijo en privado que la captura de Ismael Zambada, El Mayo, tendría “muy preocupado” al entonces presidente de México.

Salazar “identifica” a su fuente como “el susurrador”, pues era alguien que, asegura, “le susurraba al oído a AMLO”. Y, según ese anabelismo con sombrero texano, el político tabasqueño estaría “muy preocupado” por la aprehensión de El Mayo, como si “el poderoso y arraigado capo del narcotráfico pudiera ‘soltar la sopa’ sobre cualquier cantidad de funcionarios públicos mexicanos”.

Como puede verse, ese tipo de versiones pueden tejerse y moverse hacia el lado que el interesado desee, y darle interpretaciones también a gusto del tejedor. Sin embargo, en ciertas publicaciones mexicanas la redacción de notas relacionadas con el tema establece como hecho cierto, firme, comprobado, lo que no es sino un susurro de un político con intereses e incluso despechos activos.

En el norte de Sinaloa se ha vivido una situación menos agresiva que en otras partes de la entidad debido al control que ejerce el cártel encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el Chapo Isidro. De las primeras andanzas con los Beltrán Leyva, este personaje pasó a dirigir Los Mazatlecos y luego el cártel de Guasave. En medio de la férrea batalla entre Los Mayitos y Los Chapitos, heredero cada bando de una parte del negocio que sus padres, Joaquín e Ismael levantaron en aquellas tierras, el Chapo Isidro ha podido extender sus áreas bajo control.

Ayer, en Los Mochis, capital de Ahome, uno de los municipios bajo control del Chapo Isidro (además: Guasave, Angostura, Choix y El Fuerte), se produjo un importante decomiso: “24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursor químicos, vehículos, cargados y municiones”. Eso sí, como en otros operativos cuantiosos en lo material, apenas un detenido.

Según lo reportado por Omar García Harfuch, “este aseguramiento representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico”. Ya se verá si este golpe, que según estimaciones oficiales significaría una afectación equivalente a unos 9 mil millones de pesos, genera reacciones violentas de parte del cártel y capos afectados e incluso reacomodos en posicionamientos de poder político en esa región.

Y, mientras el pato Merlín ha hecho su aparición triunfal en plena mañanera, en el amplio contexto lúdico que rodea en México al torneo mundialista futbolero, aunque también en medio de consideraciones críticas de parte de solicitantes de audiencia presidencial para hablar de temas graves, como la desaparición de personas, ¡hasta mañana, con Morena y sus “aliados” adentrándose en el proceso complicado, muy propicio para chantajes y traiciones, de la selección de candidaturas a gobiernos estatales, mediante el método de las “encuestas” siempre bajo sospecha de ser manipulables y desconfiables!

México SA

Trump hunde la economía global // Mayor inflación y precio petrolero // Pegan sus locuras en América Latina

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Entre los profundos daños causados por su enloquecida agresión militar contra Irán, que ha llevado a Estados Unidos a una total cuan vergonzosa derrota, Donald Trump aparece como responsable directo del aumento sostenido de los precios internacionales del petróleo, su efecto directo tanto en el avance de la inflación global como en el costo del financiamiento (tanto de la deuda ya registrada, como de los nuevos préstamos, casi siempre destinados a pagar intereses de la misma) y, desde luego, en las economías subdesarrolladas que dependen de la importación de oro negro refinado.

Desde el inicio de su segunda estancia en la Casa Blanca (sin olvidar las decisiones tomadas en su primer mandato), las caprichosas decisiones imperiales de Trump se han estrellado permanentemente con la realidad, dado que han sido un disparo en el pie de su propio país, de sus mercados y, sobre todo, de sus consumidores a quienes prometió el oro y el moro si lo llevaban de nuevo a la primera magistratura, pero que en los hechos les ha significado un notorio deterioro de su nivel de bienestar, mientras el magnate naranja guerrea por todas partes. Pero con Irán se topó con pared y, más allá de su apabullante cuan histórica derrota, Trump ha pasado la factura a todo el planeta.

No es gratuito que días atrás el propio Banco Mundial reconoció que el crecimiento económico mundial ha caído a su nivel más bajo desde el covid-19, “derivado del alza de los precios de la energía, una inflación más pronunciada y el aumento en los costos de los préstamos”, y “a medida que el conflicto en Oriente Medio continúa generando un aumento en los precios de la energía, se proyecta que el crecimiento mundial se desacelerará y que los mercados emergentes y las economías en desarrollo registrarán el menor avance del ingreso per cápita desde la pandemia”.

Esa propia institución financiera “multilateral” (que en realidad responde a las directrices de Washington) ofrece su lectura sobre el impacto en América Latina y el Caribe, la cual no resulta nada grata, porque, sostiene, “los acontecimientos recientes en la región han estado marcadas por el conflicto en Oriente Medio (léase la agresión militar de Estados Unidos e Israel a Irán) y la creciente incertidumbre mundial. Los precios de la energía mundiales más altos y volátiles han elevado la inflación en algunos casos, lo que ha llevado a una política monetaria más restrictiva.

Aun así, dice, el conflicto ha tenido sólo impacto moderado a través de los canales financieros, ya que los diferenciales de los bonos soberanos y los tipos de cambio en las principales economías de la región se mantienen, en términos generales, estables. Esto se debe, en parte, a la condición de exportadoras netas de energía de varias economías importantes que les confiere más resistencia ante las conmociones externas, así como a perfiles de endeudamiento compuestos por deuda en moneda local, lo que reduce su vulnerabilidad a las fluctuaciones cambiarias.

La inflación, sostiene el Banco Mundial, siguió moderándose en gran parte de la región a comienzos de 2026 antes de la escalada bélica promovida por Estados Unidos e Israel, “pero los avances en la desinflación se desaceleraron en algunos casos y a partir de entonces las diferencias entre países se acentuaron más, contribuyendo a trayectorias de política monetaria cada vez más distintas. La desinflación se ha estancado en medio de nuevas presiones relacionadas con la energía en Brasil, y la inflación básica aún elevada en México. Entre tanto, las presiones inflacionarias ya se habían intensificado en Colombia antes del conflicto, lo que impulsó políticas más estrictas”.

El Banco Mundial prevé que el crecimiento en América Latina y el Caribe se desacelerará a 2.2 por ciento en 2026, como reflejo de una demanda interna aún débil y un menor dinamismo de la economía mundial, para fortalecerse de manera gradual durante 2027-2028 hasta alcanzar un promedio de 2.5.

La exposición de México a la crisis de los precios de la energía es limitada, dada su posición comercial energética ampliamente equilibrada y los esfuerzos fiscales para contener su impacto. Las perspectivas económicas del país están determinadas principalmente por la demanda interna y las condiciones del comercio exterior, en particular con respecto a Estados Unidos y la revisión del T-MEC.

Las rebanadas del pastel

Felipe Calderón exporta su ilegal “haiga sido como haiga sido” y la ultraderecha latinoamericana lo aplica tal cual, siempre con la “ayuda” de la Casa Blanca, que para eso tiene varias “perritas de Trump”.