Lo que dicen los columnistas

Ceuta y las “armas de migración masiva”

• Con la presencia de la derecha y la extrema derecha en una mayoría de gobiernos de la Unión Europea y un clima social crecientemente xenófobo, observamos un cambio en esta ecuación: los costos políticos de aceptar la llegada masiva de migrantes parecen superar a los costos de rechazarlos

Olivia Muñoz-Rojas

Proceso

Hace una década que la politóloga estadunidense Kelly M. Greenhill publicó Weapons of Mass Migration (Armas de migración masiva), obra pionera en la que examina un instrumento de influencia que utilizan con frecuencia algunos Estados, pero que no ha recibido la atención suficiente: la creación y explotación deliberada de movimientos migratorios masivos, reales o potenciales, como manera de coerción política. A ese fenómeno lo denomina “migración deliberadamente diseñada con fines coercitivos” (coercive engineered migration, CEM, por sus siglas en inglés).

El incidente ocurrido recientemente en el en el enclave español de Ceuta, con la llegada de más de 70 mil personas a nado procedentes de Marruecos, a una ciudad de apenas 83 mil 600 habitantes, invita a releer a Greenhill. La autora sostiene que este tipo de estrategias suele dirigirse contra las democracias liberales. Su compromiso con los derechos humanos y el pluralismo político las hacen, en teoría, especialmente vulnerables, pues, quienes promueven estos movimientos, buscan imponer lo que denomina costos de hipocresía. En pocas palabras: si un país democrático rechaza a los migrantes, contradice sus principios en lo que respecta de los derechos humanos y a la legalidad internacional, y esa contradicción tendría un costo político interno y externo.

Sin embargo, con la presencia de la derecha y la extrema derecha en una mayoría de gobiernos de la Unión Europea y un clima social crecientemente xenófobo, observamos un cambio en esta ecuación: los costos políticos de aceptar la llegada masiva de migrantes parecen superar a los costos de rechazarlos. Los costos de hipocresía se han visto progresivamente sustituidos por lo que podríamos denominar costos de hospitalidad. Así, en la actualidad, son las políticas de acogida las que implican costes electorales y de legitimidad. Es más, en casos como el de Estados Unidos y México, ambas democracias representativas, es el país receptor de migrantes el que busca imponer costos, tanto políticos como materiales, al país de origen o tránsito de aquellos.

En esta lógica, las derechas europeas responsabilizaron inicialmente al gobierno de Pedro Sánchez del incidente en Ceuta, acusándolo de haber relajado el control fronterizo y haber generado un efecto llamada con la reciente regularización de más de medio millón de residentes “sin papeles”. Desde posiciones progresistas, en cambio, se señala a Marruecos por haber facilitado la salida de personas como medida de presión tras el acercamiento de España a Argelia, su rival regional, y la aprobación de una ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes de 1976 en la que fuera colonia española. Otras lecturas amplían el foco y sitúan el episodio en el contexto de las tensiones entre Europa, Estados Unidos y Oriente Medio. Dada la posición excepcional de España en temas sensibles –además del migratorio, las guerras en Gaza e Irán, que Sánchez ha condenado abiertamente– hay quien no descarta que Estados Unidos e Israel no sean del todo ajenos al incidente. Mientras tanto, el gobierno de Pedro Sánchez apuntó desde el principio a las mafias dedicadas al tráfico de personas y la difusión de informaciones falsas para incentivar el cruce.

Si bien en los últimos días varios gobiernos de la Unión Europea han matizado sus reacciones críticas iniciales, no ha pasado desapercibida la desigual respuesta europea a las distintas crisis migratorias. Se observa un doble rasero según el origen o el país de tránsito de los migrantes y se señala, por ejemplo, el apoyo inmediato que recibieron los países de la Unión fronterizos con Bielorrusia, cuando, en 2022, este país facilitó el tránsito de miles de migrantes procedentes de Oriente Medio.

Estas distintas explicaciones no son necesariamente incompatibles. Ponen de manifiesto que el episodio en Ceuta opera simultáneamente en distintos niveles: como crisis fronteriza, como disputa diplomática entre España y Marruecos, como episodio de la competencia geopolítica en el Mediterráneo (evocadora de múltiples episodios de esta naturaleza en los tiempos de la Guerra Fría) y, por encima de todo, como un caso paradigmático de explotación de la movilidad humana.

Al margen de cuál sea el reparto preciso de responsabilidades, lo acaecido en Ceuta nos recuerda que, en nuestro siglo, no sólo se instrumentalizan cada vez más los recursos naturales, los flujos comerciales o la información. También se instrumentaliza a las personas. Cuanto más comprometido parece estar un Estado con la protección de los derechos humanos, más vulnerable resulta a este tipo de coerción. Esta es, precisamente, la dinámica que Greenhill identificó hace diez años y que hoy vuelve a manifestarse en las aguas del Estrecho de Gibraltar.

En las morgues a uno y otro lado de la frontera se acumulan los cuerpos –casi 150 cuando escribo esto– de quienes no lograron completar a nado un trayecto que, aunque breve, peligroso. Jóvenes marroquíes sin expectativas de futuro, pero también personas que habían huido previamente de conflictos como los de Sudán y Mali y que aspiraban a solicitar asilo. Seres humanos convertidos en peones o munición en una disputa política y geopolítica que los excede. Hay que entender que, en las guerras híbridas del siglo XXI, los civiles no sólo sufren las consecuencias del conflicto, sino que pueden convertirse en el arma misma de la confrontación.

Arsenal

Fox, los programas sociales y los “huevones”

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

Vicente Fox le entró al debate sobre los programas sociales en forma desastrosa. “A la gente hay que darle preparación, no dinero para que esté de huevón”, dijo el expresidente en una entrevista que le hizo Ernesto Núñez, del diario El País.

El comentario es hiriente, simplifica, generaliza. No se puede calificar de “huevones” a todos los mexicanos que reciben los apoyos.

Muchos son adultos mayores, personas con capacidades diferentes, madres solteras sin recursos, personas que realmente los necesitan.

Los programas sociales han sacado a millones de personas de la pobreza extrema. Es innegable.

Pero en algo tiene razón el exmandatario panista.

La solución a largo plazo no es seguir dando dinero eternamente, sino invertir en educación, preparar a los mexicanos necesitados para que puedan generar sus propios ingresos. Eso les da dignidad.

México gasta más de un billón de pesos anuales en programas sociales. 42.8 millones de personas reciben por lo menos uno.

La bronca es que se los han transformado en imán para el voto a favor del partido en el gobierno. El famoso clientelismo. Además, se prioriza el reparto sobre crear oportunidades reales de trabajo y crecimiento económico.

* Andrea Chávez y Andy López Beltrán realizan actos anticipados de campaña. La senadora quiere ser gobernadora de Chihuahua. El junior quiere fuero, vía una diputación federal.

El INE no se da por enterado de que ambos violan el artículo 3 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales que prohíbe dichos actos.

El Instituto Electoral, vía su Comisión de Quejas y Denuncias, anda distraído en labores de censura por encargo del partido en el gobierno: le prohibieron a Alito Moreno expresiones como “narcopartido”, “Cártel de Morena” o “narcogobierno”, al considerarlas calumnia electoral sin sustento probatorio.

El presidente nacional del PRI no se quedó con los brazos cruzados. Pidió al Departamento de Estado de la Unión Americana que revise las actuaciones de los consejeros(as) Arturo Castillo, Rita Bell Flores y Frida Denisse Gómez, integrantes de la citada Comisión, a la luz de la ley llamada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act.

Esta ley permite al gobierno de Estados Unidos imponer sanciones económicas y restringir la entrada a su territorio cuando se acrediten supuestos de graves violaciones a derechos humanos o corrupción, según Alito.

“Como senador de la República estoy convencido de que la libertad de expresión merece una defensa firme”, escribió el priista en su cuenta de X.

Mencionó el caso del juez Alexandre de Moraes, brasileño, a quien Estados Unidos le revocó la visa en junio de 2025 por reprimir la libertad de expresión y perseguir opositores.

Añadió:

“Esta denuncia no será la única vía. Hemos impugnado la decisión ante la Sala Superior y presentaremos las denuncias correspondientes ante otros organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Corte Internacional de Derechos Humanos…

“En el PRI no vamos a permitir que los cínicos y narcopolíticos de Morena terminen de construir una dictadura al amparo de crimen organizado. Van a caer, tiempo al tiempo”.  

* De la tarea que Morena le encomendó al INE habló la panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Dijo, textual:

“El INE no puede ser censor. El INE no puede definir qué se dice y qué no se dice porque, además de violentar la libertad de expresión, deja en estado de indefensión a una u otra parte.

“Si empezamos a limitar el debate público, esto, sin lugar a dudas, va a ser un círculo vicioso en detrimento de la ciudadanía”, alertó.

Ya encarrerada, le hizo un llamado a la autoridad electoral para que de una vez establezca los lineamientos, que la Corte ya definió, para evitar actos anticipados de campaña de los aspirantes a cargos de elección popular en 2027.

Me atrevo a pronosticar que la mayoría de los consejeros electorales harán oídos sordos al llamado de la diputada.

* Kenia, por cierto, presentará su informe como presidenta de la Cámara de Diputados el lunes 17 de agosto a las 11 de la mañana.

Ya invitó a la presidenta Claudia Sheinbaum y al presidente de la Corte, Hugo Aguilar.

Sería conveniente que ambos asistieran. Es hora de terminar con la polarización a la que apostó el expresidente López Obrador, pero veo difícil que ambos vayan al informe de una opositora. La inclusión no está en los genes de la Presidenta.

Razones

Rocha: cien días de impunidad

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Se cumplieron cien días de que la justicia estadunidense pidió la detención con fines de extradición del gobernador, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios sinaloenses, entre ellos, el senador Enrique Inzunza (que aspiraba a ser el sucesor de Rocha en las elecciones del año próximo).  

Dos de los acusados, el exsecretario de seguridad, Gerardo Mérida y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, se entregaron a la justicia estadunidense y están colaborando con las autoridades. Los otros ocho acusados están protegidos por el gobierno federal, que ha insistido en que no hay pruebas en su contra y ha negado la detención pedida por la fiscalía del sur de Nueva York, poniendo con ello la relación con los Estados Unidos en una situación que, de no tener cambios, se tornará intransitable.

No es verdad que no existan pruebas en contra de Rocha y los otros acusados. Desde la propia elección de 2021 se acumulan las pruebas de la intervención del crimen organizado en apoyo a Rocha: el día de las elecciones todos los operadores de la oposición fueron secuestrados; la elección se financió con recursos tanto del grupo de El Mayo Zambada como de Los Chapitos; también hubo participación de Sergio Carmona, el asesinado Rey del Huachicol; hay transferencias bancarias desde Tamaulipas a la campaña de Sinaloa (el actual gobernador Américo Villarreal era el representante de Morena en los comicios sinaloenses y un año después ganó, también con todos esos apoyos, los comicios estatales); existen testimonios de acuerdos, aquí los hemos publicado desde 2022, entre la administración de Rocha Moya y Los Chapitos en distintos ámbitos, entre ellos la entrega a ese grupo criminal de las principales juntas de agua del estado. 

Lo sucedido hace dos años cuando fue extraído Zambada, pone de manifiesto esa complicidad. Zambada va a esa reunión con Joaquín Guzmán López, su ahijado, porque se suponía que era para acabar con las diferencias entre Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén, entonces diputado federal electo y exrector de la UAS (también excoordinador, con Rocha, de la precampaña para los comicios de 2024 de Adán Augusto López), se iba a reunir con ellos y con Iván Archivaldo Guzmán. La ruptura entre Rocha y Cuén, amigos y aliados durante años, se dio porque Rocha en la división que se dio en el cártel desde el juicio de El Chapo Guzmán, donde el hermano y el hijo del Mayo testificaron contra El Chapo, apoyó a Los Chapitos y Cuén estaba aliado con su amigo de muchos años, El Mayo Zambada.

Ese día, el 25 de julio de 2024, Rocha dice que no fue a ninguna reunión y que viajó en un avión privado a Los Ángeles con su familia. Nunca ha podido demostrarlo. Más allá de eso, ese mismo día, la fiscalía del estado exhibió un montaje tratando de hacer pasar el asesinato de Melesio Cuén como un intento de robo en una gasolinería en la noche, cuando en realidad había sido asesinado durante el secuestro de Zambada. Rocha primero avaló el montaje, luego cuando fue descubierto por la carta que divulgó Zambada, lo único que hizo fue aceptar la renuncia de la fiscal del estado, colmándola de elogios y jamás se investigó lo ocurrido. 

Por cierto, al momento del secuestro de El Mayo, también están desaparecidos desde entonces dos de sus custodios, ambos policías judiciales del estado, uno de ellos comandante de esa corporación.

La administración Sheinbaum ha dilapidado su relación con Estados Unidos defendiendo a Rocha e Inzunza a cambio de nada: la justicia de ese país sabe todo lo que debe saber de la narcopolítica mexicana y sinaloense, con muchos testigos protegidos o colaboradores del más alto nivel, entre ellos dos de los acusados, nada menos que el responsable de seguridad y el de las finanzas, Mérida y Díaz, y los principales líderes del Cártel de Sinaloa, el propio Mayo, Ovidio Guzmán y muchos otros, que están colaborando con la justicia de ese país. Hasta el piloto que transportó a Zambada, que estuvo detenido en México y fue enviado a la Unión Americana, es uno de los principales colaboradores y testigos de la fiscalía del sur de Nueva York, cuyo jefe, Jay Clayton, dejó ese cargo hace unas semanas para ser designado, nada más y nada menos, que director de toda la inteligencia estadunidense, 18 agencias que van desde la CIA y la NSA hasta las de la DEA y el Pentágono.

La estrategia de Estados Unidos busca acabar, y tienen razón, con los líderes y operadores de los cárteles, pero también con sus beneficiarios, colaboradores y cómplices políticos y económicos. Como dijo el director de la DEA, Terry Cole, la semana pasada, la agencia estadunidense perseguirá “de forma agresiva” a los funcionarios y políticos mexicanos que utilicen sus cargos públicos para proteger al narcotráfico y al Cártel Jalisco Nueva Generación y “ningún título, cargo ni conexión política los protegerá”.

Ése es un capítulo innegociable para la administración de Trump y la protección del gobierno federal a Rocha Moya, y los otros causados de Sinaloa, lo único que genera es un daño económico, político y social al país que terminará siendo intolerable. Hay muchas razones que se esgrimen para proteger a Rocha, pero la principal es sólo una: la relación con Andrés Manuel López Obrador y los suyos. A ellos es a los que se trata de proteger.

Astillero

Panismo, réplicas y chicles // No ejercen su derecho // Xóchitl ganó y perdió // ¿Y el litigio? ¿Y el juicio?

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Quieren colgarse de la mañanera, en virtual confesión blanquiazul de que no han podido ni pueden crear sus propias opciones mediáticas realmente llamativas. Y, además, como si no hubiera el derecho constitucional, reglamentado, de solicitud de réplica ante actos de poder, que abarcan el propio atril presidencial matutino en cuanto emitiera información que fuera falsa o inexacta y causara un agravio.

Los propios panistas que ahora promueven una iniciativa de reformas en materia de derecho de réplica (iniciativa condenada al olvido, al menos mientras subsista la ampliamente mayoritaria aritmética del guinda y asociados) se han abstenido de recorrer los caminos legales que ahora pretenden ensanchar. Valdría preguntar para qué promover senderos jurídicos que no son recorridos por los dirigentes partidistas y legisladores que hasta ahora no se han atrevido a iniciar los procedimientos legales adecuados para ir al Salón Tesorería de Palacio Nacional a ejercer su derecho constitucional de réplica.

No lo han hecho ni siquiera con la esperanza de que su posicionamiento político actual llegase a mejorar, como sucedió con Xóchitl Gálvez (bueno, lo de mejorar es un decir), quien exigió ante un juzgado ser escuchada en la mañanera, triunfó en ese terreno judicial, se presentó a ejercerlo a las puertas de Palacio Nacional y, rechazada que fue, se erigió en presunta esperanza blanquiazul de salvación (virginales rasgos guadalupanos le adjudicaron algunos comentaristas descocados).

Recuérdese que en diciembre de 2022 la presunta trotskista juvenil, de pasado infantil supervendedor de gelatinas, se inconformó porque el entonces presidente López Obrador había dicho en la mañanera que ella había declarado estar contra las pensiones a adultos mayores.

La candidata presidencial en ciernes pidió ir al recinto palaciego a aclarar los puntos, lo cual le fue negado y, en correcto ejercicio litigioso, promovió un juicio de amparo indirecto, ante lo cual el 7 de junio de 2023 el correspondiente juzgador estableció que la susodicha mañanera sí es un acto de autoridad sujeto a la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional, de tal manera que a la ingeniera hidalguense se le debía otorgar el micrófono en el mismo horario y con características similares a las del acto impugnado (claro, todo bajo la conducción del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, con Claudio X. González Guajardo y similares como santos patronos).

El 12 de junio de 2023, la entonces senadora Gálvez se presentó, orden del juez en mano, a exigir el acceso a la multimencionada mañanera, pero le fue negado y, a partir de ahí, oh, se perfiló (bueno, fue perfilada) vertiginosamente para ser la candidata presidencial que la oposición suponía que largamente había estado esperando. ¿Qué mejor plataforma de lanzamiento que una mujer valiente que toca las puertas de Palacio con una orden de juez para ser abiertas y es rechazada?

La historia es conocida. No pegó ese chicle (bueno, en sentido electoral figurado, pues en sentido literal sí pegó otros): la supuesta heroína derechista fracasó electoralmente de manera estrepitosa y todavía a estas alturas se sigue discutiendo si el colmillo tabasqueño hizo todo para que la oposición se encandilara y encarrilara con una Xóchitl que no florecería.

Pero, ¿y la orden del juez no cumplida?, ¿el seguimiento del PAN o la propia Gálvez o el estratega X González a un incumplimiento grave del ejercicio del derecho de réplica? Todo quedó subsumido a la grilla, la politiquería, el inmediatismo electoral.

Y, mientras una región de Colombia ha sufrido daños y muertes por un sismo, en el inicio de gestión de la presidencia estadunidense-israelí encarnada en Abelardo de la Espriella, ¡hasta mañana, con primeras resoluciones judiciales, fundadas en el concepto de autonomía universitaria, en contra de alumnos solicitantes de amparo ante la nueva elaboración de exámenes de admisión en la UNAM!

México SA

Trump, ridículo permanente // “Exige compensación” a Irán // De la Espriella, otra perrita

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

A Donald Trump se le hace bolas el engrudo en todas las barbaridades que hace y dice, pero en el caso de su ilegal guerra contra Irán (derrotado junto al genocida Benjamin Netanyahu) su situación es ya alucinante, amén de que todos sus anuncios triunfales sobre el “conflicto” –igual de falsos que de imprudentes– son desmentidos por Teherán. Entre la más reciente, que no la última, se aventó la puntada de “exigir” que la nación persa le pague “compensaciones por todas las personas que han matado a lo largo del tiempo”.

Es decir, él (junto con Netanyahu) inició una guerra ilegal contra Irán sin declaración formal ni autorización del Consejo de Seguridad de la ONU, violatoria del derecho internacional, y como resultado asesinó al líder supremo de esa nación, Alí Jameneí, masacró a 165 niñas de una escuela primaria en Minab, destruyó parte de la infraestructura de la nación persa y, víctimas de la agresión, desde el inicio de sus hostilidades (28 de febrero de 2026) han muerto civiles iraníes (Estados Unidos no aclara cuántos militares en su bando). Pero al delirante se le ocurrió la mejor idea: que el agredido le pague “compensaciones”, y para él el pretexto es lo de menos.

Teherán ha exigido una compensación a Trump (perdedor de su aventura guerrera) cercana a 300 mil millones de dólares por los daños económicos causados por la más reciente agresión de Estados Unidos e Israel, y el delirante le da largas y más largas, hasta que se le ocurrió la brillante idea, que con descaro divulgó en su propia red social.

Textualmente y con cifras alegres, publicó: “veo que representantes de la República Islámica de Irán solicitan una indemnización por los daños sufridos durante el conflicto militar (léase la agresión estadunidense-israelí) de los últimos cinco meses (iniciado porque, sic, “NO TENDRÁN UN ARMA NUCLEAR”), ¡a pesar de que esto nunca se mencionó en ninguna de nuestras negociaciones ni reuniones!

“Pero es una idea interesante, porque ahora yo también exijo una indemnización a Irán por todas las personas que han muerto y resultado gravemente heridas con sus bombas colocadas en carreteras y en los numerosos conflictos por los que son conocidos, liderados inicialmente por el general Soleimani, incluyendo a las familias de los fallecidos en el USS Cole y a los miles de personas que murieron en combate. Además, se debe indemnizar a las familias de los cientos de miles de manifestantes inocentes que Irán ha asesinado en los últimos 50 años (no incluyó los del régimen del Sha Reza Pahleví ni los del golpe de 1953, llevado a cabo por el propio Estados Unidos), sin mencionar a los 52 mil que han muerto en los últimos cinco meses. He instruido a mis representantes para que incluyan este punto de forma firme en todas y cada una de las negociaciones futuras”.

Al mismo tiempo, su patrón, el genocida Netanyahu, lo mandó a paseo con su “plan de 15 puntos para la franja de Gaza”, porque, dijo, “nuestras Fuerzas de Defensa no realizarán ninguna retirada hasta el desarme de Hamas, y me refiero tanto a las armas pesadas como las no pesadas: todas; estamos hablando de un desarme auténtico, no ficticio” ( La Jornada).

El genocida aseguró que su ejército, “que controla aproximadamente 70 por ciento de Palestina –según estimaciones de funcionarios israelíes–, ‘continuará neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y ciudadanos’; se refirió a Trump como su ‘mayor amigo en la Casa Blanca’, pero no dudó en desmarcarse de su estrategia. En Washington, ‘tienen ideas, algunas son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes en estos asuntos’” (ídem), en una guerra de egos para ver quién es más fascista que el otro.

Las rebanadas del pastel

El terremoto fue devastador, pero Alberto de la Espriella –la nueva perrita de Trump– tardó más en tomar posesión de la Presidencia de Colombia que en reconocer “la soberanía” de Israel (con el genocida Netanyahu a la cabeza) sobre los Altos del Golán (territorio Sirio ocupado ilegalmente por el país sionista en 1967 y anexado a partir de 1981), al tiempo que se la “concedió” a Marruecos (del tiránico Mohamed VI) “sobre todo su territorio, incluyendo el Sahara Occidental” y canceló la relación con la República Árabe Saharaui Democrática. Parece que los colombianos no aprenden de experiencias cercanas, como la de otros canes del magnate naranja, como el inútil exportador de plátanos con polvo blanco Daniel Noboa y el servil Javier Milei, quien socialmente ha masacrado a los argentinos, y desde el inicio de sus “mandatos” se bajaron los pantalones ante el régimen de Tel Aviv y, desde luego, la Casa Blanca.