Baluarte Político

Layda y Claudia, unidas contra las noticias falsas

Raúl García Araujo

La política mexicana enfrenta hoy una batalla que ya no se libra únicamente en las urnas, en los congresos o en los palacios de gobierno.

Se libra también en las pantallas de los teléfonos, donde una mentira puede convertirse en tendencia en cuestión de minutos.

Campeche no ha sido ajeno a esta realidad y la gobernadora Layda Sansores San Román, junto con el Gobierno de Todos, también ha sido víctima de información falsa.

Por eso, el debate que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo merece atención y seriedad.

Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa un asunto que durante mucho tiempo parecía intocable: la responsabilidad de quienes generan y difunden información.

La presidenta ha sido contundente al señalar que la pérdida de credibilidad de algunos medios no es responsabilidad del gobierno, sino consecuencia de sus propias prácticas cuando difunden mentiras, calumnias o información sin sustento.

Y aquí hay una verdad que nadie debería temer: la credibilidad no se exige, no se impone y mucho menos se decreta. Se gana todos los días con hechos.

En este escenario, los lineamientos que se encuentran en consulta sobre los derechos de las audiencias abren una discusión necesaria.

La propuesta contempla mecanismos como un código de ética público y un defensor de las audiencias, con el propósito de fortalecer la responsabilidad de quienes informan.

No se trata, al menos en el planteamiento oficial, de imponer una verdad desde el gobierno. Se trata de establecer reglas claras para que quienes reciben información también tengan herramientas para reclamar cuando consideran que sus derechos han sido vulnerados.

Y aquí aparece la palabra que algunos pretenden utilizar como argumento para cerrar cualquier discusión: censura.

Pero regular no necesariamente significa censurar. Exigir responsabilidad no significa silenciar. Pedir derecho de réplica no significa perseguir periodistas.

Lo verdaderamente peligroso sería permitir que cualquier persona pueda inventar una acusación, presentarla como noticia y después esconderse detrás de la libertad de expresión para no responder por las consecuencias.

La libertad debe protegerse, sí, pero la mentira deliberada no puede convertirse en un derecho.

Campeche conoce perfectamente esta discusión. La gobernadora Layda Sansores ha denunciado en distintos momentos la circulación de información que considera falsa o manipulada en torno a su administración y a acontecimientos ocurridos en el estado.

Y esto debe ser entendido más allá de colores partidistas. Porque cuando una noticia falsa afecta a una gobernadora, el problema no termina en la oficina de la gobernadora.

También afecta la percepción de los ciudadanos, genera incertidumbre y puede modificar la manera en que una sociedad entiende lo que realmente está ocurriendo.

Por eso resulta significativo que la mandataria campechana cierre filas con la presidenta Sheinbaum en este debate.

Layda Sansores sabe que una mentira difundida miles de veces puede terminar pareciendo verdad, aunque no tenga una sola prueba detrás.

Sabe también que el desmentido casi nunca alcanza la misma velocidad que la acusación. En las redes sociales, la mentira corre; la verdad, muchas veces, tiene que caminar. Y cuando finalmente llega, el daño ya puede estar hecho.

El problema es todavía mayor porque las redes sociales dejaron de ser simples espacios de entretenimiento.

Hoy son una de las principales fuentes de información para millones de personas.

Facebook, X, TikTok, YouTube y otras plataformas pueden convertir un rumor en una supuesta noticia en cuestión de minutos.

Un video viejo puede presentarse como actual. Una fotografía puede sacarse de contexto. Una declaración puede ser editada. Y ahora, con la inteligencia artificial, incluso pueden fabricarse imágenes, voces y videos capaces de engañar a cualquiera.

Ante esa realidad, resulta absurdo pensar que no debe existir ninguna discusión sobre regulación.

Lo que sí debe existir es una regulación democrática, transparente y equilibrada.

Una regulación que no permita al gobierno decidir qué periodista puede hablar y cuál debe callar.

Una regulación que tampoco permita a los medios o a las plataformas actuar como si estuvieran por encima de cualquier responsabilidad.

El objetivo debe ser uno: proteger la libertad de expresión y, al mismo tiempo, proteger el derecho de la sociedad a recibir información responsable.

Porque también hay que decirlo: los gobiernos deben aceptar la crítica. Layda Sansores debe aceptarla. Claudia Sheinbaum debe aceptarla. Morena debe aceptarla.

Cualquier gobierno, sin importar su partido, debe estar preparado para que los periodistas investiguen, cuestionen y señalen sus errores. Esa es la esencia de una democracia.

Pero una cosa es cuestionar al poder y otra muy diferente es fabricar información para destruirlo. La crítica necesita argumentos; la acusación necesita pruebas.

Y la responsabilidad también debe comenzar en casa. Si un gobierno denuncia una noticia falsa, debe demostrarlo con documentos, datos y argumentos.

Si un periodista se equivoca, debe tener la responsabilidad de rectificar. Si un medio publica información falsa, debe existir un mecanismo para que la audiencia pueda reclamar y conocer la versión correspondiente.

Y si un ciudadano comparte una mentira, también debería comenzar a entender que detrás de cada publicación hay consecuencias. La nueva realidad digital exige una nueva cultura de responsabilidad.

Por eso la discusión planteada por Claudia Sheinbaum no debería convertirse en una guerra entre gobierno y medios. Ese sería el camino más fácil y también el más equivocado.

La verdadera discusión es entre información y desinformación. Entre hechos y rumores. Entre periodismo y propaganda. Entre investigación y manipulación. Y en esa batalla no puede haber vencedores políticos, porque cuando la mentira gana, pierde toda la sociedad.

Desde La Muralla: Layda Sansores fortalece la salud de Campeche con más de 219 millones de pesos

Más de 219 millones de pesos llegarán a Campeche para fortalecer la infraestructura y operación del sistema estatal de salud, una inversión que representa una de las acciones más importantes para mejorar la capacidad de atención médica en la entidad.

Los recursos permitirán modernizar áreas estratégicas, incorporar tecnología y fortalecer servicios que resultan fundamentales para responder ante emergencias y atender las necesidades de la población.

La gobernadora Layda Sansores San Román ha colocado esta inversión como parte de las acciones que buscan ampliar y mejorar los servicios públicos para los campechanos.

En materia de salud, el reto es particularmente sensible, porque detrás de cada hospital, laboratorio, ambulancia o centro de atención hay una historia humana que puede depender de que el sistema tenga los recursos necesarios para responder a tiempo.

De acuerdo con lo informado por el Gobierno de Todos, una parte de estos recursos permitirá modernizar tecnológicamente el Centro Regulador de Urgencias Médicas.

Se trata de un área fundamental para coordinar la atención de emergencias, donde cada minuto cuenta y donde la capacidad de respuesta puede marcar la diferencia entre una atención oportuna y una situación que se complique todavía más.

La modernización tecnológica no debe verse solamente como la adquisición de nuevos equipos.

Significa contar con mejores herramientas para coordinar emergencias, fortalecer la comunicación y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Cuando una persona sufre un accidente, enfrenta una emergencia médica o requiere atención inmediata, lo que importa no es el discurso, sino que exista un sistema preparado para actuar.

El paquete también contempla la creación de un nuevo Centro de Salud Pública con laboratorio especializado, una infraestructura que puede fortalecer de manera importante las capacidades sanitarias de Campeche.

Desde El Fuerte: En Campeche, donar sangre también es salvar vidas

Hay acciones de gobierno que no siempre ocupan grandes titulares, pero que tienen un impacto directo en la vida de los ciudadanos.

La donación altruista de sangre es una de ellas. En Campeche, la Secretaría de Salud, a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), mantiene una labor permanente para fortalecer la cultura de la donación voluntaria y garantizar que quienes necesitan sangre puedan recibirla de manera segura y oportuna.

Una muestra de este trabajo fue la Segunda Campaña de Donación de Sangre realizada por el CETS Campeche y la Séptima Zona Naval de Lerma, con la participación activa de personal de la Secretaría de Marina.

Más allá del número de personas que acudieron a donar, lo importante es que instituciones públicas están sumando esfuerzos para crear conciencia sobre una necesidad que puede presentarse en cualquier momento y que literalmente puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

La titular del CETS Campeche, Virginia Peña Hernández, destacó el compromiso del sector naval para integrarse a esta noble labor.

La campaña permitió que elementos de la Secretaría de Marina aportaran voluntariamente a una causa que no conoce colores políticos, instituciones ni diferencias sociales.

Cuando una persona necesita una transfusión, lo único que importa es que exista sangre disponible y segura para atenderla.

Y ahí está precisamente la importancia del trabajo que realiza la Secretaría de Salud.