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3 años atráson
Arsenal
El gran legislador
Francisco Garfias
Excelsior
Tenemos una Cámara de Diputados disfuncional. No cumple con el principio de división de Poderes, inscrito en la Constitución. No hay pesos ni contrapesos en este régimen autocrático.
Los integrantes de la mayoría oficialista permanecen sordos ante reclamos y propuestas de los opositores. Ni siquiera leen sus proyectos de iniciativa.
No hay diálogo, no hay negociación. Prevalece la línea de “no le muevan una coma”. Sólo cuentan las propuestas del gran legislador: el Presidente de la República.
* Los morenos y sus rémoras en el Congreso volvieron a matar a Montesquieu, padre de la división de Poderes. Lo anterior ha quedado de manifiesto en el debate del Presupuesto de Egresos 2022. Desde hace dos días los diputados desahogan las más de 1,900 reservas, que sólo son recitadas en tribuna, para luego ser desechadas. Los morenos se aferran a la venganza contra el INE (le recortan casi 5 mil millones) y el Poder Judicial (menos tres mil millones), que tiene congeladas leyes y desafueros aprobados por el Legislativo. Al ritmo que van, podrían tardar cuatro o cinco días más.
La oposición amaga, sólo amaga, con vetar las tres reformas constitucionales que el Ejecutivo tiene pendientes —eléctrica, electoral y Guardia Nacional— ante la negativa de negociar el presupuesto. A las 18 horas, Luis Espinosa Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en San Lázaro, confirmó el silencio de Morena frente al amague opositor.
—¿ El amague va en serio?—, insistimos.
—Así como están, no habrá reformas—, respondió.
* La salida de Martha Márquez deja a la bancada del PAN en la Cámara alta sin una de las senadoras más luchonas, comprometidas y valientes. Fui testigo en varias ocasiones de su firmeza ante los ayatolas de Morena. No se me olvida que el grupito más radical de la bancada guinda llegó a acusarla en tribuna de llevar porros del PAN al Senado. Eran los padres de niños con cáncer que trasladaron su protesta a la sede legislativa. Algunos ya perdieron a sus hijos ante la ineficiencia, apenas reconocida oficialmente, de los servicios de salud en México, pero siguen en la calle en apoyo de la causa.
En su renuncia, la senadora dice no estar de acuerdo con la actuación “tibia” de la dirigencia que encabeza Marko Cortés. Asegura que el jefe nacional tiene conocimiento de “actos de corrupción” en la alcaldía de Aguascalientes y no hace nada.
Remató con una durísima reflexión: “El PAN no merece estar dirigido por corruptos…”. Después me enteré de algo que indignó a la senadora Márquez. La gota que derramó el vaso: la eliminaron del chat del Consejo Nacional de su partido. Buscamos una reacción en el CEN del PAN. Nos dijeron que Marko lamenta su salida, pero que no comparte sus argumentos. Quisimos hablar con su vocero, Felipe de Jesús González. Se disculpó por no contestar. “Está en el doctor”, nos dijeron. Preguntamos a la senadora Márquez si tenía una reacción de la dirigencia. “No, su estrategia siempre ha sido minimizarme”, nos dijo. Añadió que no tiene prisa por adherirse a otra bancada. El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado hizo un breve comentario en su cuenta de Twitter.
Seis líneas: “Lamentamos mucho que, por problemas derivados de asuntos locales, nuestra compañera @mmarquezags deje su militancia en el partido y de integrar el Grupo Parlamentario del PAN”.
No fue el día de Marko Cortés. Otro senador, Damián Zepeda, bateó la invitación que le hicieron para integrarse al CEN del PAN. “Increíble. Sin diálogo anuncia cargos para quienes hemos difundido una opinión distinta. Infantil. Cero política, pura imagen. Yo ayudaré al PAN siempre, pero no formaré parte de un CEN que no comparto”, escribió en Twitter.
* Otra mujer, Rosario Robles, no baja la guardia ante la adversidad. Encarcelada hace dos años tres meses por el delito de ejercicio indebido de la función pública, que no amerita prisión preventiva oficiosa.
Va a iniciar una cruzada de resistencia pacífica en contra de la justicia selectiva y la ruta por la libertad. Arranca con una conferencia de prensa que ofrecerán su hija Mariana, sus hermanos y amigos, en su casa donde vivía antes de que la encerraran, para dar a conocer las acciones que se emprenderán.
* Las cosas se calientan de cara a la elección de la nueva dirigencia del sindicato petrolero. El jueves fue retirado por la fuerza Fred Navarro, uno de los aspirantes antiRomero Deschamps, de las instalaciones de la refinería de Tula. De acuerdo con testimonios de trabajadores afines a Navarro, la coordinadora de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Noemí Villalobos Cortés, se presentó en el lugar anunciado.
“¡Me voy a chingar a Fred!”.
Los trabajadores anuncian protestas para evidenciar la estrategia de amedrentamiento y amenazas de leales a Romero Deschamps.
¿Salud: universalidad de facto?
Gustavo Leal F. *
La Jornada
Buscando mejorar servicios pero sin que los trabajadores del Programa IMSS-Bienestar (PIB) disfruten 100 por ciento del contrato colectivo de trabajo-IMSS, ni los del Insabi con nombramientos de base definitiva, en noviembre 2021 el director del IMSS, Zoé Robledo, declaró que la meta es que los hospitales a cargo de los gobiernos estatales en 2024 se conviertan en hospitales del PIB operados por una institución de más fortaleza como es el IMSS.
Así cumple la instrucción presidencial –junio 2021– para que el PIB asuma 120 hospitales estatales más, para sumar 200, con la encomienda de garantizar el derecho a la salud, ya en la nueva normalidad pospandémica y con presupuestos federales sectoriales reforzados para 2022.
A pesar de la comprometida situación de sus servicios, también en noviembre, Luis Ramírez, director del Issste, comunicó que AMLO instruyó que –con IMSS/ Insabi– ampliara la atención médica. Se trata, dijo, de concretar un sistema universal como objetivo del gobierno para lograr un servicio más ágil y efectivo, sobre todo en pequeñas comunidades, aprovechando recursos humanos, materiales, espacios físicos y equipos médicos de todo el sector.
Después agregó que aprovechando las capacidades, en 2022, el Issste buscará subrogar servicios con IMSS y viceversa: hay entidades donde el IMSS tiene consultorios y médicos disponibles que nos pueden dar servicio. Con Zoé Robledo estamos revisando las tarifas que estaban desactualizadas. Se trabaja hacia la universalización. El programa piloto es con el IMSS y posteriormente con los servicios estatales de salud.
Previamente, Robledo sostuvo –agosto 2021– que la centralización de hospitales del PIB iniciará en entidades gobernadas por Morena para evitar resistencias de los gobernadores, estructurando un sistema de salud compartido con expediente clínico único. Y aclaró que no fue posible que el PIB pasara a operar los servicios del Insabi porque sus trabajadores corresponden al Apartado A. Siguió la Operación Centralización que, bajo la responsabilidad del IMSS, inicia tareas censando todos los servicios sanitarios en Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Oaxaca y Sonora con vistas a operarlos en el PIB.
Entonces ¿se montará esta universalidad de facto sobre el actual PIB, estructurada sobre qué modelo de atención y con qué capítulo laboral?
Respecto al actual PIB hay que subrayar que, lamentablemente la 4T asumió que, después de 41 años de operación su Modelo de Atención Integral a la Salud (MAIS) estaba intacto. Una grave inexactitud que conlleva severas consecuencias. En realidad, éste MAIS -gracias al Prian (2000-18)- hoy vive una descomposición orgánica: impone servicios médicos degradando el equilibrio que debía acompañarlos con actividades de Acción Comunitaria realmente preventivas. Veáse, Sánchez, Leal, Escobar, León, Acción comunitaria en el IMSS-B. Visiones operativas de la otra historia, 2021. ¿Se montará sobre éste PIB la universalidad?
Sobre el modelo de atención hay que recordar que, desde abril de 2019, la 4T adoptó como su estrategia madre –para orientar la entera política sectorial– el modelo alternativo sanitario de Atención Primaria a la Salud (OPS) contenido en el Informe de Salud Universal de OPS. También se pusieron sobre la mesa los modelos de SSA: APSI-1 y del Insabi: SABI, en el marco del informe OPS. Y con la pandemia encima, arreció la lluvia de modelos estatales (Chiapas, Tabasco, Puebla, Oaxaca), también presentados como de APS, aunque específicamente diseñados para mitigar la propagación del Covid-19, con la OPS y el Instituto de Salud Pública. Deben agregarse el modelo comunitario de la CDMX y los Comités Comunitarios del Régimen IMSS-Ordinario que, presentados como APS, operaron sobre la pandemia. Veáse, Sánchez, Leal, Escobar y León, Seis modelos de atención en la 4T, 2022. Por su prioridad sólo preventiva, es claro que ninguno de ellos compite con el equilibrio atención médica-acción comunitaria del MAIS, aún en su ruinoso estado actual. Entonces ¿sobre qué modelo se montará la universalidad?
Finalmente, sobre el capítulo laboral el propio Robledo reconoció que no fue posible que el PIB pasara a operar los servicios-Insabi porque sus trabajadores corresponden al Apartado A. Entonces ¿sobre qué capítulo laboral se montará la universalidad?
Sin discutir aún la condición de afiliación-coberturas, para mejorar servicios y seguir salvando vidas, lo deseable sería servirse del Modelo IMSS de Atención (Régimen Ordinario), también en el Issste, con significativos aumentos salariales para los equipos de salud y con el capítulo laboral plenamente definido.
Siguiendo la toma de decisiones presidencial-unipersonal que conformó la agenda sectorial 4T (federalización), corresponde, ahora, informar al decisor AMLO sobre los riesgos en curso. Porque sin modelo de soporte y equipos de salud bien remunerados, no hay 4T.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco.
¿Hacia un nuevo paradigma de cooperación internacional para el desarrollo?
Gerardo Bracho *
La Jornada
Poco se sabe aún del Plan mundial de fraternidad y bienestar cuyos lineamientos expuso hace unos días el presidente López Obrador en la ONU. Pero podemos desde ya destacar que se funda en principios que, de consolidarse, ayudarían a sacar al paradigma de la cooperación internacional para el desarrollo de la postración en que se halla desde hace años. Este paradigma, que se consolidó en las primeras décadas de la posguerra, se fundó en una rígida división Norte-Sur (N-S): los países del Norte, identificados por el Banco Mundial como países de renta alta (hoy definida por un PIB per cápita mayor a 12 mil 695 dólares anuales) adquieren la responsabilidad de otorgar cada año 0.7 por ciento de su PIB en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para apoyar el desarrollo de las naciones del Sur, cuyo PIB per cápita está debajo de ese umbral.
El paradigma N-S siempre ha funcionado mal: muy pocos países se han graduado y superado dicho umbral y muy pocos donantes alcanzan o han logrado el famoso objetivo de 0.7 por ciento. Peor aún, ese paradigma ha venido encubriendo el franco retroceso en otras demandas históricas del Sur que se antojan más importantes que la propia ayuda, como el acceso a tecnologías o la construcción de regímenes de comercio y movimientos de capital conducentes al desarrollo. Pero si el paradigma N-S cojeaba, con los albores de este nuevo siglo entró en franca crisis. Ello básicamente por dos razones: primera, por la multiplicación de los llamados males globales generados por fenómenos como el cambio climático, la perdida de la biodiversidad, la contaminación de océanos y las pandemias, que afectan a todas las naciones, pobres y ricas. ¿Qué países y cómo deben combatir estos males? El paradigma N-S, centrado en el desarrollo de las naciones pobres, no ofrece respuesta y, segunda, por la irrupción en el escenario internacional de las potencias emergentes encabezadas por China que se despegaron del resto del Sur, pero sin graduarse y sin rebasar el umbral del desarrollo establecido por el paradigma N-S. ¿En estas circunstancias, era realmente posible seguir tratando a China o a México con el mismo rasero que a Angola o a Guatemala, todos ellos clasificados hoy como países de renta media con derecho a recibir AOD? Era evidente que no. Pero el paradigma tradicional N-S, con su rígida barrera entre donantes y receptores, tampoco ofrece una alternativa.
Con la brújula del paradigma N-S rota, todas las agendas de la cooperación internacional para el desarrollo, desde la superación de la pobreza y los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el cambio climático y ahora la pandemia, vienen tropezando con la misma piedra: ¿Quién debe pagar y cuánto? ¿Cómo repartir la carga? Las naciones no se han podido poner de acuerdo. Las emergentes generan cooperación, muchas veces copiosa y generosa, pero una y otra vez han esquivado asumir responsabilidades concretas; reclamando, no sin razón, que ellos aún tienen mucha pobreza y capacidades limitadas. Las ricas, por su parte, explotando esa reticencia han tendido a diluir sus responsabilidades históricas. Por resultado, tenemos mucho menos cooperación internacional que la que requerimos y un paradigma N-S en crisis.
Es en este contexto que la propuesta de López Obrador incluye un elemento realmente innovador. Ésta invita a que cada uno de los países del G-20 aporten 0.2 por ciento de su PIB anual a un fondo administrado por la ONU para combatir la pobreza extrema en el mundo. Dada la composición mixta del G-20, la iniciativa conlleva un llamado a que las potencias emergentes del Sur miembros del grupo asuman compromisos concretos frente a los problemas comunes de la humanidad y del planeta. Este tipo de llamado no es nuevo. Sí lo es que venga de un líder de una potencia media como México. Es de suponer que esta iniciativa no incidirá en el viejo compromiso de los países ricos de aportar 0.7 por ciento de su PIB anual como AOD. De llegar a coexistir, estos dos esquemas apuntalarían a lo que se podría considerar un reparto justo de las cargas globales para combatir la pobreza extrema y fomentar el desarrollo: las naciones ricas del G-20 estarían dando 0.9 por ciento de su PIB (0.2 por ciento de su PIB al fondo que propone México y 0.7 por ciento como AOD) y las naciones emergentes del Sur, 0.2 por ciento, además de que éstas estarían recibiendo una parte (presumiblemente reducida) del nuevo fondo para combatir la pobreza extrema. De esta manera, las potencias emergentes asumirían responsabilidades adecuadas a sus circunstancias y capacidades en sintonía con el principio de Responsabilidades Comunes, pero Diferenciadas que el Sur viene impulsando desde hace años sin que a la fecha la haya podido aterrizar en esquemas concretos.
La iniciativa mexicana está a discusión. Uno puede preguntarse si en vez de utilizar al G-20 como referencia, no se debiese recurrir a las categorías de países de altos ingresos y naciones de ingreso medio alto del Banco Mundial, lo cual permitiría sumar a países como Suecia y Tailandia como donantes. También se puede cuestionar si las contribuciones que las naciones deben aportar son las adecuadas y si deben ser enteramente voluntarias o si es tiempo de considerar al menos parte de ellas como obligatorias, como las cuotas que se dan para pertenecer a la ONU.
Pero más allá de estos detalles, lo importante es destacar el principio que anima a la propuesta y que debería transportarse a otras agendas, empezando por la de cómo atajar los males globales. No sabemos si la iniciativa de México, que incluye otros elementos novedosos, como llamar a los multimillonarios y a las grandes multinacionales a sumarse al esfuerzo, prosperará. Sí es posible vislumbrar que los principios que la animan abren la puerta a un nuevo paradigma post-N-S de cooperación internacional para el desarrollo.
* Especialista en temas de cooperación internacional y miembro del Servicio Exterior Mexicano.