Lo que dicen los columnistas

Toros, medios de comunicación, violencia

Mientras discutimos el toreo, miles mueren en silencio. Mientras la opinión pública debate la vigencia del toreo en una era de consumismo, la tauromaquia se apaga en la CDMX. Esquizofrenia moral: condenamos la violencia ritualizada, toleramos la violencia criminal.

Jorge Bravo | Proceso

La arena se queda vacía. El albero, terreno donde la bravura ha brillado durante siglos, enmudece por decreto. El Congreso de la Ciudad de México prohibió las corridas de toros con violencia. Estocada a una tradición centenaria celebrada y criticada. La medida, sin deliberación legislativa, típico de las embestidas de la 4T, embraveció los círculos taurinos. La decisión pone sobre la arena del ruedo la tradición y la estética del toreo e invita a reflexionar sobre la tauromaquia y los medios de comunicación.

México heredó la afición taurina de España. También una manera de narrar y transmitir el espectáculo. El cine y la televisión glorificaron la Fiesta Brava y la convirtieron en un contenido habitual. Los domingos de temporada las corridas entraban a los hogares con locutores cuya narrativa transformaba cada lance en un momento épico.

La cámara capturaba cada verónica, cada pase de pecho, cada estocada, mientras los narradores relataban la lucha entre el hombre y la bestia. Televisa ofreció a millones de hogares la emoción de las corridas y conectó la Monumental Plaza de Toros México con el público urbano.

En los ochenta Canal Once sumó su propio homenaje con Toros y toreros, programa que no sólo exhibía faenas, diseccionaba el arte taurino: la crianza del toro, la ética del matador, la filosofía detrás del traje de luces. Aquellas transmisiones eran cátedras de una tradición que se autoproclamaba arte.

Esos espacios, con su lenguaje plagado de términos como “capote”, “muleta” y “estoque”, consolidaron una cultura que, pese a las controversias y ahora lo políticamente correcto, se alimentó de la pasión, la estética y el dramatismo del espectáculo taurino.

La tauromaquia hunde sus raíces en mitos ancestrales. Culturas antiguas veneraban el toro como símbolo de fertilidad, poder y pasión. La bestia es el nexo entre lo divino y lo terrenal, símbolo imperecedero del esfuerzo humano por dominar sus pasiones.

En Creta, el Minotauro exigía sacrificios humanos; en Roma, Mithras degollaba un toro para fecundar la tierra. Los íberos convirtieron el uro en adversario ritual, danza entre la vida y la muerte que España trajo a México. Aquí, el toreo se mezcló con el sincretismo indígena. Los tlaxcaltecas usaban capotes en danzas prehispánicas. Este eco mítico forjó un legado que, pese a la modernidad, retumba en la memoria de aficionados y la narrativa mediática.

Pero la tauromaquia no es ajena a transformaciones y debates globales. En España, mientras en Madrid las corridas de toros siguen celebrándose en Las Ventas, en Barcelona la prohibición llevó a que la histórica plaza de toros Las Arenas sea hoy un centro comercial, bello monumento al consumismo que simboliza el declive de una tradición frente a nuevas “sensibilidades” sociales. La paradoja es que donde antes se veneraba el toro, ahora se venera el capital.

Este contraste desata discusiones sobre si los medios deben transmitir corridas. Para algunos, exhibir la violencia normaliza el sufrimiento animal. Para otros, ocultarla es borrar la historia.

En 2015 Francia prohibió emitir corridas en horario infantil; en México, las transmisiones ya no tienen el rating de antaño, pero su censura implicaría silenciar un legado. ¿La pantalla es cómplice o testigo? ¿Debe un infante presenciar el tercio de varas, cuando la puya penetra el morrillo del toro? ¿Es adecuado que asista, por televisión, al momento de la estocada?

Los defensores del toreo sostienen que los medios preservan un arte que se nutre de emoción, coraje y la maestría del matador. Las emisiones resaltan el ritual y la estética del espectáculo sin trivializar la violencia. Los críticos argumentan que la imagen de la violencia –enmarcada en una tradición milenaria– es incompatible con una sociedad que reclama el respeto a la vida y el bienestar animal.

En el corazón de las corridas se encuentra el toro de lidia, raza forjada a lo largo de siglos de selección y tradición. El bos taurus ibericus, no es un toro bravo cualquiera. Criado en dehesas, su bravura es resultado de siglos de selección genética. El toro de lidia es sagrado, cuya muerte ritualizada simboliza lo indómito.

Su imponente musculatura, instinto indómito y espíritu guerrero lo convierten en un adversario digno en el ruedo. Su existencia depende de la tauromaquia: sin corridas, la raza desaparecería, como casi ocurrió con el caballo andaluz tras la prohibición del rejoneo en el siglo XVIII.

Los argumentos en favor y contra la tauromaquia se enredan en un capote más allá del espectáculo. Los antitaurinos, como AnimaNaturalis, claman que la Fiesta Brava es tortura disfrazada de cultura. El toro sufre desangrado, los caballos de picadores son vulnerables, el espectáculo entrena a la sociedad en la insensibilidad. Tradición obsoleta que, en tiempos de conciencia ecológica y derechos humanos, resulta incompatible con los valores de una sociedad progresista.

Los defensores, como Tauromaquia Mexicana, replican que prohibirla es un ataque a la identidad: “Si eliminamos los toros, ¿qué sigue? ¿Los charros? ¿La danza de los Tecuanes?” Los partidarios ven en la corrida una manifestación artística, un ritual que celebra la lucha entre el hombre y la bestia. El toreo es un diálogo entre la tradición y la modernidad, cada faena es un acto de resistencia cultural. “El toreo es el único arte en el que el artista está en peligro de muerte”, decía García Lorca.

Paralelamente, en este contexto de transformación cultural y mediática, emerge la necesidad de redirigir esfuerzos hacia la conservación de especies en auténtico peligro de extinción. Mientras el toro de lidia depende de las plazas, especies como la vaquita marina (con menos de 10 ejemplares) o el ajolote (devorado por la urbanización en Xochimilco) agonizan sin atención mediática comparable. El lobo mexicano, rescatado por programas de cautiverio, lucha por recolonizar su hábitat. ¿Por qué salvar el toro bravo –creado para morir– y no especies endémicas víctimas de la negligencia?

La prohibición taurina coincide con el hallazgo de un campo de entrenamiento criminal en Teuchitlán, Jalisco, donde narcos adiestraban sicarios, espacio donde se gesta la violencia en otra manera, lejos de los reflectores del ruedo. La violencia real, no la ritual, que desangra pueblos y familias, también debería escandalizarnos.

Mientras discutimos el toreo, miles mueren en silencio. Mientras la opinión pública debate la vigencia del toreo en una era de consumismo, la tauromaquia se apaga en la CDMX. Esquizofrenia moral: condenamos la violencia ritualizada, toleramos la violencia criminal.

El toro bravo seguirá pastando en las dehesas. Su destino ya no se juega en el ruedo, sino en el Congreso. Y mientras, en Teuchitlán la sangre y la violencia sigue en la arena… sin capotes que la contengan.

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Arsenal

Rancho Izaguirre y Ayotzinapa

Francisco Garfias | Excelsior

El gobierno de Morena debe de tener mucho cuidado con el macabro hallazgo del rancho Izaguirre. No es hipérbole decir que se puede convertir en el Ayotzinapa de Claudia Sheinbaum.

La Fiscalía General de la República decidió atraer el caso en cuanto le sea entregado el expediente por la Fiscalía de Jalisco, cosa que habría ocurrido desde ayer. Lo mismo hizo la entonces PGR durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, aquel fatídico 26 de septiembre de 2014.

La Procuraduría General de la República, a cargo de Jesús Murillo Karam, atrajo el caso que detonó en Iguala, municipio gobernado por el perredista José Luis Abarca, en el estado de Guerrero, gobernado por otro perredista, Ángel Aguirre. El desastroso manejo del tema que hizo el gobierno de Peña Nieto, verdad histórica incluida, no sólo acabó atrayendo el caso, sino además la culpa de lo ocurrido.

La debacle que vino a partir de ese momento ya todos la conocemos. Murillo Karam acabó en la cárcel.

* El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo mucho ayer del rancho de la muerte, pero para echar la culpa a las autoridades locales, como si no hubiese pasado por allí elementos de la Guardia Nacional, en septiembre del año pasado.

¿No vieron los restos óseos, los zapatos, las mochilas, la ropa que perteneció a alguien que pasó por allí? ¿No lo reportaron a sus superiores? ¿No vieron los vestigios del horror a pesar de que arrestaron a diez criminales?

Las acusaciones que hizo Gertz Manero a las autoridades locales son graves: no se realizó el rastreo de indicios o huellas de los hechos, no se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, sobre todo las prendas de vestir y zapatos que quedaron abandonados en el lugar; no se hicieron análisis físicos ni químicos, sobre los posibles hornos crematorios. No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, de los cuales tres eran robados. No se dio intervención inmediata a la FGR por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada. No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar. No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares que allí se encontraban.

El fiscal general confirmó que sí se encontraron restos humanos, pequeños trozos de osamenta.

* Salvador González, titular de la Fiscalía de Jalisco, subió un video a redes sociales en el que dice que por recomendación del gobernador Pablo Lemus (de MC), ayer mismo se entregó del expediente el caso a la delegación de la FGR en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación.

“En dicho expediente consta que desde el inicio de la actual administración estatal se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso. Hay diez personas en prisión”, recordó González.

Gertz Manero visita hoy Jalisco. La Fiscalía local coordinará su visita. Irán al rancho Izaguirre. Las madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, centros académicos, comisiones estatales de derechos humanos, periodistas y organismos internacionales también están invitados.

“Queremos que la sociedad en su conjunto, acompañe la investigación y el proceso de esclarecimiento, ofrecemos todas las facilidades… en el caso del rancho Izaguirre nadie se lava las manos. Queremos que se conozca la verdad”, dijo.

El gobernador emecista Pablo Lemus propone que, en conjunto con el gobierno federal, se instale una Comisión de la Verdad, a fin de dar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones.

* El grupo parlamentario del PAN dio conferencia de prensa sobre el tema en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Aprovechamos para preguntar sobre la postura de Gertz de descargar toda la responsabilidad en los gobiernos de MC.

Respondió el diputado Federico Döring: “Es una franca decepción lo que vimos hoy. Las víctimas no cuentan con un fiscal. Hoy vimos el papel de un vocero de Morena, con alegatos partidistas. Eso no lo merece la República ni el dolor de las familias. Si va a investigar con la misma celeridad, pericia, resultados, prontitud con la que ha investigado la fabricación y la alteración de la verdad de Héctor Melesio Cuén, tenemos un fiscal que a las víctimas ni las ve ni las oye.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, también habló del rancho Izaguirre: “Teuchitlán tiene que ser un momento de quiebre. De ahí podemos sacar mucha más información para cambiar este país. La Presidenta, al igual que el gobernador del estado, tienen la oportunidad de cambiar al país y al estado de Jalisco”.

Y la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna: “El patrón de Morena es encontrar culpables y no hacerse responsables de lo que les corresponde. El caso de Teuchitlán desnuda una realidad que va más allá de Jalisco. Estamos hablando qué, hasta el 2023, había cinco mil 696 fosas clandestinas. Estamos hablando que hay 124 mil desaparecidos registrados​”.

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Juegos de poder

Libertad de expresión amenazada

Creo en la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales de la democracia-liberal. Por tanto, debe tener el menor número de restricciones posibles por parte del Estado.

Leo Zuckermann | Excelsior

Una de las cosas que más me gusta de la democracia estadunidense es el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda Constitucional. A diferencia de otros regímenes democráticos, Estados Unidos siempre ha sido más celoso en la defensa que tienen los individuos de expresarse.

En relación con el discurso de odio, por ejemplo, el vecino del norte es mucho más tolerante que los países europeos. En “Brandenburg vs. Ohio”, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió que la restricción aplica al discurso que pueda incitar o incite una violencia inminente. En Europa, sin embargo, la prohibición es más amplia: incluye a discursos que puedan afectar el orden público o los derechos de terceros.

Desde su nacimiento como nación independiente, Estados Unidos siempre ha tenido una cultura de mayor rechazo a la intervención gubernamental cuando se trata de limitar la expresión de los individuos. Europa, en cambio, cuenta con una tradición más estatista; después de los terribles resultados de los regímenes totalitarios basados en teorías raciales, en particular el nacionalsocialismo alemán, Europa limitó de manera decidida los discursos de odio.

En Estados Unidos está permitido que grupos neonazis y/o supremacistas blancos puedan expresar pública y libremente sus opiniones, lo cual está prohibido en varias naciones europeas; la incitación al odio racial o religioso se castiga con multas o penas de prisión.

En lo personal, me chocan los discursos de odio. Sin embargo, siguiendo la tradición americana, no estoy de acuerdo en restringirlos.

Creo en la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales de la democracia-liberal. Por tanto, debe tener el menor número de restricciones posibles por parte del Estado.

Me temo que con Donald Trump en la Presidencia las cosas están cambiando en el vecino del norte.

Para mal.

Ahí está el caso, por ejemplo, de Mahmoud Khalil, estudiante de la Universidad de Columbia en Nueva York, una de mis alma mater. Palestino de origen, criado en campos de refugiados en Siria, llegó a Estados Unidos a estudiar. Eventualmente obtuvo su residencia permanente.

En 2024, fue una de las figuras centrales en las protestas estudiantiles de Columbia que tanto escándalo causaron por sus claros tintes antisemitas, muy en línea con el grupo terrorista de Hamás.

Hace unos días, agentes de inmigración lo detuvieron con alevosía y ventaja. Lo trasladaron a una prisión en Luisiana. Aunque todavía no lo acusan formalmente de nada, el gobierno de Trump quiere deportarlo por su participación en las protestas invocando un poder que tiene el Ejecutivo de hacerlo con “extranjeros acusados de socavar la política exterior de Estados Unidos”.

Khalil, al parecer, repartió propaganda de Hamás en el campus de Columbia. Hay que recordar que este grupo palestino es considerado como terrorista en Estados Unidos.

Yo no estoy de acuerdo con las posturas palestinas radicales de Hamás. Mucho menos con el antisemitismo de los que supuestamente rechazan las políticas del Estado de Israel, pero su odio es más bien contra los judíos.

No obstante, defiendo el derecho que tienen a manifestarse y decir, con toda libertad, todas las barbaridades que quieran, incluyendo sus discursos de odio.

También, como lo he dicho en este espacio, creo que todos los odiadores deben ir a sus mítines y expresar sus puntos de vista con el rostro destapado. La libertad conlleva la responsabilidad de dar la cara. No se vale invocar el derecho a la libertad de expresión con el rostro encubierto.

Sí, que den la cara, como lo hizo Khalil.

Me parece un retroceso para la República estadunidense que el gobierno lo detenga, prive de su libertad y pretenda deportarlo por sus chocantes puntos de vista.

Nos recuerda las épocas del macartismo de los años 50 del siglo pasado cuando desde el Senado estadunidense se hicieron listas negras de individuos con presuntos vínculos comunistas generando el despido de sus trabajos de varios de ellos. Un capítulo negro de la democracia de ese país protagonizado por el senador Joseph McCarthy, cuyo asesor principal era nada menos que Roy Cohn, el gran mentor de Donald Trump.

El futuro de Mahmoud Khalil lo decidirá el Poder Judicial. Un juez ya ordenó su traslado de Luisiana a Nueva Jersey para que ahí se litigue su caso. Por el bien de la libertad de expresión, ojalá lo liberen y pueda seguir viviendo en Estados Unidos expresando sus puntos de vista, por más groseros que sean.

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Astillero

Fiscal malabarista a conveniencia // Gertz no decepciona // Imprecisión y discrecionalidad // La mira en sitio clave de Jalisco

Julio Hernández López | La Jornada

No decepcionó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Fue el de siempre, el sabido. Malabarista del derecho, acomodador a petición de parte superior, lento a conveniencia, enredador a título de un presunto estado de derecho que trata de lucir como si refulgiera. Congruente con su historial, sin engaño alguno.

El objetivo central fue cumplido: primer informe, sin nada esencial que informar, salvo el centrar los dardos en la indefendible fiscalía jalisciense de justicia, exhibida en su ineficacia y abandono, que no se entienden desde la incapacidad o sólo la torpeza, sino en el cuadro de complicidades criminales del periodo de gobierno encabezado por Enrique Alfaro, en continuidad de lo antes sucedido durante gobiernos panistas y priístas igualmente entendidos, en mayor o menor grado, con la realidad dominante de estados como Jalisco.

Gertz acusa a la fiscalía jalisciense de graves conductas, pero al mismo tiempo espera que esa fiscalía le proporcione el material adecuado para ver si la federal atrae el caso estadual, tan contaminado y deformado, pero, a fin de cuentas, base para que tome decisiones el jefe del aparato igualmente contaminado y deformado de la FGR. El implacable fiscal federal se deja todas las puertas abiertas para optar en su momento por la que más le convenga. No ejerce de manera contundente la facultad de atracción del caso manipulado y por manipular, y remite todo a la discrecionalidad que podrá ejercer en futuros momentos y circunstancias.

La discusión central seguía asumiendo posicionamientos a partir de las no definiciones o pocas definiciones emitidas por Gertz. Los opositores a la 4T tachaban al fiscal de maniobrar en lo sustancial, es decir, en el presunto encubrimiento de la no probada condición de centro de exterminio del rancho Izaguirre y la supuesta conversión de México en un narcoestado (con Trump y sus halcones frotándose las manos). Los seguidores de la 4T, por su parte, se aplicaban en enfatizar que no hay comprobación de tal centro de exterminio y que la responsabilidad sustancial (casi única, según algunas voces) recae en Jalisco, su fiscalía, su ex gobernador Alfaro y, dependiendo de su comportamiento en estas horas definitorias, del actual mandatario, Pablo Lemus.

Mientras tanto, en tierras jaliscienses se han producido enfrentamientos de fuerzas federales con presuntos criminales en zonas de particular influencia del jefe del cártel con denominación local, pero negocios y fuerza a escalas nacional e internacional. En Sinaloa se desató hace más de seis meses la feroz guerra entre dos bandos, llamados mayitos y chapitos, con saldo negativo para ambas partes y graves consecuencias para la población en general de la región, no sólo en Culiacán. Parecía que la organización criminal jalisciense, con varios mandos principales que son oriundos de Michoacán, estaba un tanto a la distancia de graves perturbaciones como las del noroeste, pero con los enfrentamientos de días recientes y lo sucedido ayer se vislumbra que va entrando al túnel de temporada que al final tiene los jurados, las cárceles y los intereses de Estados Unidos.

Como suele suceder cuando se aprehende o persigue a personajes relevantes de los cárteles, hubo quema de vehículos, bloqueos carreteros e intercambio de disparos de armas de fuego, con saldo mortal. La presidencia municipal del sitio clave colocó un mensaje en redes sociales: Informamos a la ciudadanía de Autlán y sus alrededores que esta tarde se han registrado sucesos de seguridad en zonas cercanas al municipio. Ya se verá hasta dónde avanza la acometida contra el cartel con sede occidental, ¿sólo una venganza por agresiones mortales contra militares y advertencia fuerte por hechos como las desapariciones y los campamentos? ¿O el intento de detención del otro jefe criminal de primer nivel, para efectos de extradición?

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México SA

Infonavit huele a podrido // Cloaca de muchos sexenios // Denuncias ante la FGR

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Lo que en un origen (1972) se planeó como una institución con fines sociales para beneficiar a los derechohabientes terminó por convertirse en una enorme cloaca –como tantas otras creadas por el Estado mexicano en diferentes sexenios–, donde se enlazaron oscuros intereses de directivos, representantes obreros y patronales, un ejército de jueces, notarios, despachos de abogados, constructoras privadas, coyotes y mucho más, todo en detrimento de quienes supuestamente serían los ganadores.

Y no es otra que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en donde se apriete –y no mucho– salen toneladas de pus. Desde el inicio del presente sexenio, un día sí y el siguiente también, su director, Octavio Romero, ha denunciado el rosario de atracos en contra de los derechohabientes y el uso del presupuesto del Estado para fines totalmente distintos a los autorizados.

Las primeras denuncias se hicieron públicas a escasos días del arranque del gobierno de la presidenta Sheinbaum: salarios de los funcionarios cercanos a 300 mil pesos (más del doble del presidencial), pago por asistencia a las sesiones de asamblea (entre 60 y 90 mil pesos cada una), cadena de complicidades, despojó de vivienda a 249 mil derechohabientes mediante juicios masivos ilegales, lo que generó pagos ilegales por 29 mil millones de pesos a despachos de abogados. Además, fraudes, corrupción, estafas, despojo de viviendas, tráfico de influencias, directivos involucrados, triangulación de recursos, multimillonarias indemnizaciones irregulares, connivencia empresarial y sindical en el consejo de administración, sueldos y prestaciones ilegales, condonación fiscal a las constructoras, contrataciones ilegales, venta de un mismo inmueble hasta en cuatro ocasiones, colusión de empleados, notarios, despachos de abogados, integrantes del Poder Judicial, empresas, peritos valuadores y mucho más, todos organizados para saquear a la institución y a los derechohabientes. Y ello, sexenio tras sexenio.

La mata sigue dando, porque Octavio Romero no ha dejado de desazolvar el Infonavit. La Jornada (Jared Laureles) lo reseño así: : “El Infonavit ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por corrupción y conflictos de interés en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes, que despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes”, es decir, en contra de los supuestos beneficiarios.

En la asamblea de ayer, Romero denunció que, tras las modificaciones legales aprobadas por el Congreso, se deja atrás décadas en las que se desvirtuó el verdadero espíritu del tripartidismo por parte de actores que hicieron negocios privados a costa de los acreditados. Alianzas corruptas entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos, constructoras y otros actores, permitieron que se otorgaran múltiples créditos para una misma vivienda y dieron lugar a las ventas sucesivas de los mismos inmuebles.

Pero no quedó ahí: producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes sin ser notificados fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales. Este despojo costó a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos; además, (esa mafia) adeuda al instituto más de 2 mil millones de pesos por entregar vivienda de mala calidad o no entregar.

Documentó el caso de la empresa Telra Realty, contratada para diseñar una plataforma de soluciones de vivienda, pero que incumplió con el contrato de 100 millones de pesos, y en lugar de ser penalizada, recibió por autorización del Consejo de Administración una indemnización por 5 mil millones de pesos. Ello desvirtuó el verdadero espíritu del tripartidismo y dio paso a la utilización del Infonavit para satisfacer intereses económicos particulares al amparo del supuesto consenso entre los tres sectores que lo integran (gobierno, patrones y líderes obreros).

Las rebanadas del pastel

Como buen rapiñador que es, Trump quiere cobrarse a lo grande los 350 mil millones de dólares que según él Estados Unidos aportó al régimen de Kiev. Más allá de las tierras raras ucranias que quiere incorporar a su inventario, ahora pretende quedarse con las centrales eléctricas de ese país. La propiedad estadunidense de esas plantas sería la mejor protección para la infraestructura energética ucrania. ¿Y Zelensky? No picha ni cacha.