Lo que dicen los columnistas

La mexicana: una “justicia” selectiva y discriminadora

Una entrega precipitada pudiera orillar a Rocha Moya a suponer, fundadamente, que fue abandonado a su suerte y, por despecho, se convierta en reo colaborador en un eventual proceso que se le ventile ante un jurado de ciudadanos de Nueva York.

ELISUR ARTEAGA NAVA

Proceso

Para quienes tenían dudas respecto del concepto de justicia que tienen los de la 4T, los casos del exgobernador Rocha Moya y del senador Inzunza, comparados con los de los más de 50 extraditados a Estados Unidos de América del año pasado, son emblemáticos y hasta ejemplares. Para los primeros se exigen pruebas y un proceso legal; para los segundos fue suficiente una orden proveniente del imperio para que, sin mediar pruebas y un proceso legal, fueran remitidos. Es peligroso, y hasta suicida, estar fuera de la 4T.

La presidenta Sheinbaum tiene un buen pretexto para exigir pruebas y negar la extradición: la Constitución y las leyes. La solicitud de extradición está referida a una persona que goza de inmunidad: el senador Enrique Inzunza Cázares. También comprende a personas que no gozan de ella: los restantes.

Respecto de éstos, en observancia de la Constitución (artículo 119), de la Ley de extradición y el Tratado de extradición entre México y los Estados Unidos de América, mediando la solicitud del gobierno norteamericano, procedería solicitar a un juez de distrito, sin mayor trámite, su detención hasta por 60 días naturales, con fines de extradición. En este caso, vistos los precedentes, para quedar bien, pudieran ser entregados sin mediar proceso alguno.

Rubén Rocha Moya, por razón de la licencia al cargo de gobernador que solicitó no goza de inmunidad; ésta es inherente al cargo. Si no lo ejerce, está en las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos comunes y corrientes. Puede ser citado a declarar por el ministerio público federal y, de existir elementos, ser puesto a disposición de un juez de distrito. No se hará.

Como en el caso del general Salvador Cienfuegos, la acción del ministerio público se limitará a tomarle su declaración; en su momento, por no encontrar elementos, acordar el no ejercicio de la acción penal en su contra y disponer el archivo del expediente.

Lo anterior no implicará la existencia de un proceso penal. Para que lo sea se requiere que se abra un juicio y que intervenga un juez que, mediante una sentencia, lo declare inocente de los cargos por los que es requerido por los Estados Unidos de América. Esto es lo que para los efectos del Tratado de extradición sería el único obstáculo válido que impida su extradición.

Una entrega precipitada pudiera orillar a Rocha Moya a suponer, fundadamente, que fue abandonado a su suerte y, por despecho, se convierta en reo colaborador en un eventual proceso que se le ventile ante un jurado de ciudadanos de Nueva York.

Para evitarlo, es factible que en el “proceso penal” que se abra se le concedan todas las facilidades: que siga gozando de plena libertad, no se le exija fianza, que rinda su declaración por escrito, que al ministerio público se le pase el término para ofrecer pruebas, formular alegatos y, en su momento, para presentar el recurso correspondiente en contra de la sentencia que lo declare inocente. La sentencia, en ese caso, causaría estado.

A existir sentencia absolutoria, resultaría improcedente disponer su entrega a las autoridades norteamericanas que lo requieren.

El señor Inzunza, por ser de Morena, seguramente alcanzará gracia. Es legislador. Por razón de que el artículo 111 constitucional no distingue entre autoridades judiciales nacionales o extranjeras, para que se pueda proceder penalmente contra él, se requiere una declaración de procedencia previa. Ésta la emite la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Para que la Cámara de Diputados pueda iniciar el trámite se requiere que un particular (artículo 109, frac. IV, p. 3 constitucional) o el ministerio público federal (artículos 21 y 102 apartado A), formulen una denuncia ante ella respecto del legislador. En este caso, por mandamiento constitucional: “…mediante la presentación de elementos de prueba, …” ambos, el acusador y acusado, deben aportar los elementos probatorios; ello con independencia de lo que dispongan la Ley de extradición o el Tratado de extradición. El mandamiento constitucional, por ser supremo, está por encima de la ley y el tratado (artículo 133 constitucional).

En ese sentido, la presidenta de la República, al exigir pruebas, le atinó, está en lo correcto. En efecto, su presentación es necesaria de conformidad con el artículo 109 Constitucional. En el caso prevalece el texto constitucional sobre la ley y el tratado de extradición.

Los morenos sabían que con la entrega del Chapo Guzmán y Caro Quintero; y el secuestro del Mayo Zambada, existía la posibilidad de que, ante las traiciones de las que habían sido objeto o, incluso, por alcanzar beneficios como colaboradores, los detenidos iban a soltar información que comprometiera a muchos y, sobre todo, relacionados con la 4T.

Sabiendo en las que andaban algunos de los morenos, era de suponerse que la noticia de Rocha Moya, no los debió de haber sorprendido. Llegó el momento de rendir cuentas.

Los morenos respecto de los cuales existe la sospecha de que andaban en malos pasos, estaban seguros de que no les iba a pasar nada. Ninguno de ellos, hicieran lo que hicieran, temía a las fiscalías, nacionales o locales. Su temor, con toda razón, está en el norte.

Por errores, excesos e, incluso, por posibles ilícitos de los políticos morenos, los asuntos políticos mexicanos ya no los deciden los actores políticos nativos. Mucho está en las manos de las fiscalías y cortes de los Estados Unidos de América. Son éstas las que moverán los hilos para la elección de los futuros gobernadores y legisladores, federales y locales.

Los políticos de Morena ven cómo día a día están perdiendo el poder, sin estar en posibilidad de hacer algo para evitarlo. AMLO y Claudia Sheinbaum, en diferentes momentos, se jugaron parte de su prestigio y capital político en defensa de Rubén Rocha; lo hicieron a pesar de que existían indicios de que no andaba en buenos pasos. Lo apoyaron a pesar de la mala coartada a la que recurrió: inventar un viaje a los Estados Unidos de América, en un avión particular, precisamente en los momentos en que el Mayo Zambada era secuestrado para ser llevado a Estados Unidos de América.

Hay excesos y errores: un exceso, el de Rocha: exigir a sus colegas y hasta al parecer cómplices, solidaridad a su persona, existiendo graves sospechas respecto de sus relaciones y negocios. Errores que llegan a complicidad, muy explicables: en los que incurrieron AMLO y la presidenta, al brindar al indiciado su solidaridad y apoyo, a pesar de existir cuestionamientos respecto de los negocios y enjuagues en los que posiblemente andaba.

En tiempos de la 4T, para los efectos de estar a salvo de extradiciones y de procesos penales, más vale estar dentro de ella que fuera. La justicia a secas es muy dura.

Razones

Una orden de batalla contra el narcoterrorismo

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

La estrategia antidrogas que anunció el lunes el gobierno de Estados Unidos es un punto de inflexión en las políticas de la Unión Americana en la lucha contra las drogas. La estrategia global que presentó el gobierno de Estados Unidos es mucho más que un documento doctrinal, es la hoja de ruta explícita que seguirá la Casa Blanca en la lucha contra los cárteles de la droga, íntimamente conectada con la estrategia de inteligencia y de seguridad nacional presentadas semanas atrás.

La estrategia coloca a México —junto con China, India y Colombia— como uno de los cuatro pivotes geográficos de una guerra global contra el fentanilo y los cárteles. La estrategia define al fentanilo ilícito como un arma de destrucción masiva y a los cárteles como amenazas terroristas, lo que abre la puerta a la utilización de herramientas financieras, judiciales e incluso militares en su contra. Por primera vez, Washington pone por escrito que la cooperación con México está condicionada a extradiciones, a que las empresas mexicanas pueden ser sancionadas, a que los cárteles sean perseguidos como terroristas y el campo de batalla incluye lo digital y lo económico.

Por si quedaran dudas, la carta publicada ayer por la zar antidrogas de la Casa Blanca, Sara Carter, las despeja y enfatiza que se llevará la lucha contra “el enemigo con una ofensiva implacable. La era de la contención, dice, ha fracasado. Esta estrategia sirve como nuestra orden de batalla para cazar a los cárteles en sus refugios, desmantelar sus laboratorios, incautar sus activos y cortar sus líneas de suministro. Utilizando cada instrumento del poder estadunidense, quebraremos la columna vertebral de las Organizaciones Criminales Transnacionales, especialmente aquellas designadas como Organizaciones Terroristas Extranjeras, que lucran con la muerte de nuestros ciudadanos”.

Todo lo dicho se podría aplicar en forma literal a los casos de Rubén Rocha Moya y los otros nueve acusados por Estados Unidos de colaborar y ser parte del entramado de colaboración y complicidad con el Cártel de Sinaloa. Pero el gobierno federal y la FGR parecen decididos a ignorar la realidad y tratar de cubrir con un discurso falsamente soberanista, lo que constituye un andamiaje de protección a los funcionarios acusados y por ende a los grupos criminales transnacionales. Nada viola más la soberanía de un país que la impunidad de los funcionarios que trabajan con los narcocárteles.

No se asume, primero, que hay pruebas de todos los colores y sabores de esas complicidades: no de ahora sino desde hace años. Que los acusados están desprestigiados y están condenados por la propia sociedad: los números que publica ayer en su columna Javier Tejado Dondé de un estudio elaborado por la plataforma Brandwatch durante el fin de semana, “deja ver que la conversación del tema es gigante: 1.35 millones de menciones y un alcance potencial de 1.8 mil millones de personas, con 11 tendencias en X. Pero el gran dato es que la actitud nacional hacia el gobernador con licencia de Sinaloa es 75% negativa, 21% neutral y apenas 4% positiva. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en este tema, 75% de actitud negativa, igual que Rocha Moya. Pero le va peor a Morena, que representa 28% de la conversación y trae 90% de negativos, 9% de neutrales y apenas 1% de positivos”.

Ante eso, la estrategia del gobierno es hacer todo lo posible por no detener ni extraditar a Rocha y sus cómplices que, recordemos, están acusados de delitos que Estados Unidos considera equiparables al terrorismo. No es verdad lo que dice el gobierno de que Estados Unidos debe presentar pruebas concluyentes y exhaustivas antes de proceder a la detención: lo que pide Estados Unidos, o sea la detención provisional con fines de extradición, como ya lo hemos dicho aquí desde la semana pasada, lo único que requiere es la expedición de las órdenes de aprehensión por la justicia del país reclamante o sea de Estados Unidos. Tampoco es verdad que esa información se debe mantener en secrecía: en ninguna parte del tratado de extradición ni con EU ni con ningún otro, lo dice. 

Lo que está haciendo la FGR es una estratagema para investigar a los acusados dentro del país, no encontrar nada, exonerarlos, como ya lo adelantó la FGR apenas 24 horas después de las solicitudes de detención y, argumentando que ya han sido investigados en México, negar las extradiciones. 

Es una estrategia suicida porque copia lo hecho con el caso Camarena en 1985, pero olvida que las normas han cambiado, que se está violando el tratado de extradición, que Estados Unidos tiene una visión y una posición global radicalmente distinta y mucho más dura, como se pone de manifiesto con la política antidrogas dada a conocer ayer y que se sustenta en dos definiciones adicionales que son claves en todo esto: que los cárteles son organizaciones terroristas, lo que según las leyes estadunidenses les da sustentos legal para realizar hasta acciones militares extraterritoriales; y que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, lo que aumenta aún más los instrumentos legales unilaterales. 

Lo que se vulnera es el mecanismo completo de cooperación en materia de extradición, la confianza entre las autoridades y uno de los pocos instrumentos que han funcionado en la relación bilateral en seguridad, con el agregado de que la mira está puesta en las redes de complicidad política que se quieren mantener impunes. Esas rupturas, esa vulneración de la confianza, nunca queda sin respuesta.

Juegos de poder

López Obrador: de la purificación a la podredumbre

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Cito a mi amigo y colega, Carlos Bravo Regidor, sobre Morena y el caso Rocha et al.:  

“Más allá de una crisis, estamos ante una implosión moral. Independientemente de cuál termine siendo el desenlace de esta historia, el oficialismo ya perdió cualquier capacidad de presentarse como campeón de la honestidad pública. Su respuesta, antes que repudiar la captura criminal, fue ganar tiempo; antes que la vergüenza, fue el cálculo; antes que demostrar integridad, fue tratar de encubrir”.

Tiene razón, pero el asunto creo que es peor porque ésa fue la reacción del gobierno actual frente a una situación que ya había minado seriamente la moralidad de la 4T. Me refiero a la decisión del entonces presidente López Obrador de ungir a Rubén Rocha como candidato a gobernador de Morena en Sinaloa. El propio agraciado reconoció que él se quedó con esa candidatura, a pesar de no haber ganado la encuesta del partido. Fue el presidente quien se la adjudicó directamente.

¿Por qué?

Difícil pensar que el presidente no estaba enterado de los vínculos que tenía Rocha con el Cártel de Sinaloa.

Y lo que vino después…

Imposible que no se haya enterado de toda la evidencia de cómo este grupo del crimen organizado operó en la elección sinaloense para que el candidato de Morena ganara la gubernatura.

Las pruebas de los vínculos de Rocha con la delincuencia terminó siendo pública y notoria.

Si López Obrador hubiese tenido alguna duda, ésta se despejó por completo cuando Estados Unidos secuestró y se llevó de manera ilegal a ese país a El Mayo Zambada, una operación en la que estuvo presente Rocha y que terminó con el asesinato de Héctor Melesio Cuén, homicidio que el gobierno de Rocha trató de encubrir.

¿Por qué protegió López Obrador a Rocha a pesar de una evidencia tan apabullante?

López Obrador llegó al poder con una agenda de “purificar la vida pública del país”. Con el buen olfato político que lo caracterizaba, el tabasqueño entendió el enojo ciudadano que había durante el sexenio de Peña por la corrupción. Había que limpiar moral y políticamente al Estado.

“Estamos impulsando una revolución de las conciencias –decía López Obrador–. No sólo es un cambio de gobierno, es un cambio de mentalidad, un cambio moral. La purificación de la vida pública tiene que ver con que todos actuemos con honestidad”.

Efectivamente, el proyecto lopezobradorista tenía un aire de superioridad moral. A los que no estaban de acuerdo con él los consideraba inferiores en sus valores.

Y sí, el presidente logró algunos avances en el ejercicio del servicio público. Hubo menos ostentación y privilegios visibles en la alta burocracia, por ejemplo.

Sin embargo, no hubo cambios en la corrupción que cotidianamente sufre la ciudadanía. Peor aún, comenzaron a aparecer casos de corrupción mayor en algunas cúpulas gubernamentales, incluyendo historias que involucraban a la parentela presidencial.

Me llama la atención que gente que apoya a la 4T utilice el argumento de que ciertas situaciones de corrupción gubernamental, como vínculos de gobernantes con criminales, existían antes que llegara Morena al poder. Pues claro que existían, pero fueron ellos los que prometieron, y no se cansaron de repetirlo, que serían diferentes.

Entonces, ¿dónde quedó la purificación de la vida pública? En Sinaloa, no.

Al revés. En ese estado hubo un deterioro moral desde el día uno en que eligieron que su candidato en la boleta fuera Rocha. Un gobernador que se alió con los criminales para ganar la elección y luego poner las instituciones estatales al servicio del Cártel de Sinaloa.

Ya lo había dicho cuando se destapó el escándalo de Adán Augusto López Hernández y La Barredora en Tabasco: se les acabó ese insoportable aire de superioridad moral que presumían.

Cada vez se hunden más en el pantano de la inmoralidad.

López Obrador ganó un capital político enorme con su promesa de purificar la vida pública del país. Sigo pensando que a él no lo movía el dinero, como sí fue el caso de Peña. Que, efectivamente, quería pasar a la historia como un buen presidente que trabajó a favor de los más pobres del país y se propuso abatir la corrupción. Si ese efectivamente era su objetivo, no entiendo por qué escogió a un tipo como Rocha para gobernar un estado y por qué lo apoyó incondicionalmente cuando ya había suficiente evidencia de sus vínculos con el crimen organizado.

Así, el sexenio pasado acabamos con más podredumbre que purificación.

Encima tienen que venir los estadunidenses a restregarnos nuestras miserias en la cara. ¿Acaso no se imaginó López Obrador que esto podría suceder?

¿Por qué traicionó su promesa de purificar la vida pública del país?

México SA

Trump arrasa la economía global // Hunde a la comunidad de naciones // Albanese: “necrocapitalismo”

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Entre las innumerables piruetas mentales que hace cotidianamente, Donald Trump se niega a admitir que su agresión a Irán, junto con el genocida Benjamin Netanyahu, no sólo fue ilegal y fallida, sino que ha desmoronado la de por sí mínima credibilidad sobre la “invencibilidad del imperio”. Son más que notorios los nefastos efectos políticos, militares y diplomáticos para Estados Unidos y el resto del mundo, y día a día los económicos pulverizan los bolsillos de los consumidores a lo largo y ancho del planeta. Pero el enloquecido magnate insiste, por mucho que su “credibilidad” y “aceptación” caen en picada, incluso entre su círculo original de “apoyo”.

La inflación, el barril de petróleo están en las nubes (cerca de 114 dólares, promedio), los combustibles rápidamente se encarecen (el precio promedio de la gasolina en su país se ha incrementado 34 por ciento, y el del diésel, 36 por ciento), la economía en su conjunto echa chispas, crecen los índices de pobreza y los consumidores ya no sienten lo duro, sino lo tupido. Y todo ello repercute en la economía global sólo porque el megalómano inquilino de la Casa Blanca se aferra a su falsa creencia de que “ganó” en Medio Oriente. Todo, por decisión de un fulano totalmente desacreditado, que ve “enemigos” por todas partes, siempre “asesorado” por el genocida Netanyahu.

Cómo estará el ambiente, que hasta los organismos “internacionales”, regentados por Estados Unidos desde hace ocho décadas, han encendido los focos rojos. El Banco Mundial, por ejemplo, que advierte sobre los efectos negativos de la escalada de precios de la energía (los más altos desde hace cuatro años, lo que a la par ha provocado una crisis en el suministro de crudo) y “la grave conmoción” mundial por el “conflicto” en Medio Oriente, provocado por la pareja infernal de Trump y Netanyahu, por el sostenido incremento en los precios de los productos básicos.

Del análisis de dicho organismo “multilateral” se toman los siguientes pasajes. Va, pues: se prevé que este año, los precios de la energía aumentarán 24 por ciento hasta alcanzar su nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022, dado que la guerra en Medio Oriente está provocando grave conmoción en los mercados mundiales de productos básicos. Los precios generales de éstos aumentarán 16 por ciento, impulsados por el vertiginoso incremento de los precios de la energía y los fertilizantes y por los máximos históricos que han alcanzado los precios de varios metales claves.

Los ataques a la infraestructura energética y las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de 35 por ciento del comercio mundial de petróleo crudo transportado por mar, han desencadenado la mayor crisis mundial de suministro de petróleo registrada hasta la fecha, con reducción de alrededor de 10 millones de barriles por día. Incluso, tras situarse en niveles moderados desde su máximo reciente, a mediados de abril, los precios del petróleo Brent se mantuvieron más de 50 por ciento por encima de los niveles registrados a principios de año (ayer cerró en 114 dólares). Se pronostica que en 2026, el petróleo Brent alcanzará un promedio de 86 dólares por barril, un marcado aumento con respecto a los 69 dólares registrados en 2025. Estos pronósticos suponen que las perturbaciones más agudas terminarían en mayo y que a finales de 2026, el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz volvería gradualmente a los niveles anteriores a la guerra.

El “conflicto” golpea la economía mundial en oleadas acumulativas: primero con el aumento de los precios de la energía, luego con el incremento de los de alimentos y, por último, con el avance de la inflación, que elevará las tasas de interés y encarecerá aún más la deuda. Los más pobres, que gastan la mayor parte de sus escasos ingresos en alimentos y combustibles, serán los más perjudicados, al igual que las economías en desarrollo, que ya se ven agobiadas por una pesada carga de deuda. Todo esto es un recordatorio de una cruda verdad: la guerra es el desarrollo a la inversa.

Las rebanadas del pastel

Demoledor, pero absolutamente real, el calificativo que utiliza Francesca Albanese, relatora especial para los territorios palestinos de la ONU: la existencia del “necrocapitalismo”, es decir, aquel que permite y promueve “el genocidio que está perpetrando Israel contra el pueblo palestino, al que además somete a un apartheid a la vista de todo el mundo. No hay un Estado de Israel bueno y otro malo; no, hay un Estado de Israel que está perpetrando un genocidio”. Y nadie detiene la masacre.

Astillero

Rochamoyismo sin Rubén // Gobernadora continuista // Vicefiscal cómplice // Maru: argumentos falsos

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

En Sinaloa pareciera que no se desea aprender la lección o que se apuesta a una improbable desmemoria al paso del tiempo.

La nueva gobernadora, interina, ha optado por la continuidad del grupo del saliente Rubén Rocha Moya a la hora de hacer sus primeros nombramientos. Ella misma, desde luego, es una muestra de dicha continuidad, pues ocupó cargos legislativos y de gobierno bajo patrocinio del mandatario ahora con licencia. Pero la marca facciosa ha sido confirmada al nombrar al encargado de la Secretaría General de Gobierno (posición que ocupaba la propia Yeraldine Bonilla antes de sacarse la rifa del tigre): Pablo Francisco Bedoya Bañuelos, quien era jefe de la Oficina del entonces gobernador Rocha Moya.

En lugar de Bedoya se nombró en la Oficina de la gobernadora a José Ismael Inzunza Sosa, quien era director de Gobernabilidad Democrática (¿organizarán concursos para conseguir estas cuasi poéticas denominaciones?) con el mismo mandatario que ahora está bajo licencia formal, pero no en la conformación de organigramas.

El rochamoyismo sin Rubén físicamente presente hubiese seguido tan campante en cuanto a un vicefiscal insostenible si no fuera porque se atravesaron algunas publicaciones. Uno de los 10 señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos es Dámaso Castro, por proporcionar “a Los Chapitos acceso a información sobre investigaciones en curso y cateos e incautaciones planificados por el Ejército o la Marina de laboratorios de drogas y casas de escondite, donde almacenaban drogas, armas y dinero, lo que permitía a Los Chapitos trasladar sus operaciones y las pruebas de actividad delictiva” (Riodoce: https://goo.su/Svzzz ).

Dicho vicefiscal fue corresponsable del impune montaje delictivo que pretendió adjudicar a un asalto nocturno con pretensiones de robo de vehículo la muerte del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien había sido asesinado en la mañana y en el mismo lugar donde fue secuestrado (25 de julio de 2024) Ismael El Mayo Zambada, luego llevado a Estados Unidos. El montaje fue confirmado por la fiscalía federal a cargo de Alejandro Gertz después de que el citado Mayo, mediante un escrito, denunció la farsa.

La FGR no volvió a tocar el asunto. La titular de la fiscalía sinaloense, Sara Bruna Quiñonez Estrada, hechura de Rocha Moya, renunció por “recomendación” del entonces gobernador y sigue intocada. Y el vicefiscal Dámaso Castro, impune al menos hasta ayer en que, ante el señalamiento público de tamaña burla e incongruencia, “decidió” separarse de su cargo.

En Chihuahua se vive una similar pretensión de impunidad al cobijo de las turbulencias políticas. La gobernadora panista Maria Eugenia Campos, llamada Maru, se aferra a una interpretación tramposa de las razones por las cuales debe ser investigada y probablemente castigada. Aduce que se le intenta sancionar por estar destruyendo narcolaboratorios, cuando no hay ninguna imputación específica por tal motivo.

En realidad, y en ello no hay escapatoria retórica ni partidista posible (a menos que se llegue a alguna negociación en las alturas), a la gobernadora Campos se le imputa responsabilidad en las maniobras que permitieron a agentes extranjeros operar en suelo mexicano, contra lo establecido en la Constitución y las leyes correspondientes, y bajo posible tipificación del delito de traición a la patria.

Y, mientras la Presidenta ha puesto acentos discursivos importantes en Puebla, en el marco de la conmemoración del triunfo de las armas nacionales ante las invasiones extranjeras y con el telón de fondo de la Estrategia Nacional de Seguridad 2026 de Estados Unidos, que de manera amenazante pretende imponer responsabilidades punibles, incluso de manera directa, invasiva, a los países (México en primer lugar) que a juicio de la Casa Blanca no entreguen cuentas contundentes (ya no “cooperar”, sino aportar resultados concretos) a criterio unilateral del gobierno gringo.