Las lecciones de Pandora Papers
¿Cómo sostener que tener recursos personales en paraísos fiscales se armoniza con el interés público y la adhesión al espíritu de la ley en México?, una pregunta en torno a los Pandora Papers.
Ernesto Villanueva
Proceso
La serie de reportajes sobre Pandora Papers da cuenta de varios elementos que se deben extraer como conjunto de lecciones aprendidas, en aras de tomar medidas no sólo reactivas sino proactivas, más allá de la discusión de su legalidad formal o no.
Veamos.
Primero. Conviene señalar que hay consenso en el mundo en la premisa de que tener recursos personales en paraísos fiscales afecta la economía de los países, genera sospechas razonables sobre su procedencia, en virtud de la secrecía absoluta del secreto bancario y fiduciario, de la ausencia de la mínima transparencia y la falta de acuerdos o convenios para la colaboración de información relevante en esta materia. (Un estudio esencial sobre el tema se puede consultar en: https://tinyurl.com/w8bn88j4).
Los paraísos fiscales afectan el crecimiento económico, propician la desigualdad social y la asimetría económica, toda vez que quienes están en la cúspide de la pirámide económica pueden eludir (pagar menos de la totalidad de impuestos que debieran) o de plano no pagar impuestos, mientras que quienes se encuentran en la base y en los estratos medios de la estructura económica no tienen opción para no pagar los impuestos o hacerlo en menor medida (incluso en México, donde hay una absoluta opacidad sobre el destino puntual y detallado de los impuestos que cada mexicano paga) so pena de enfrentar serias sanciones. Sobra decir que sin esas garantías los paraísos fiscales perderían su atractivo.
Existen casos donde la posesión de recursos económicos en un paraíso fiscal no es un delito, ni siquiera un ilícito, pero el sentido común es implacable: ¿Cuál sería el incentivo para que una persona, mediante empresas formales abiertas en los países que son considerados paraísos fiscales, cumpla con la ley mexicana, si al hacerlo pagaría más impuestos no sólo al transferir dinero sino de manera permanente al informar sobre la evolución de sus ganancias y, peor aún, sin poder deducir impuesto alguno, porque no existe acuerdo con esos países para evitar la doble tributación? En efecto, la respuesta es en sentido negativo. Es posible que haya quien pueda cumplir con ese mandato, pero es improbable que ocurra. Y aquí no aplican las expresiones ofensivas para la inteligencia: “fue poquito”, “no sabía”, “fue por unos días”, “una mañana me despertó una luz de empatía popular y lo cancelé”, y un largo etcétera.
Segundo. En la agenda pública la discusión gira –y es preocupante– con un acento que llama la atención sobre las excepciones para que los beneficiarios finales de esta práctica en México aligeren la eventualidad de que incurran en delito o falta por semejante actividad. Por ahora, lo que se busca en medios, como resultado de los reportajes, es poner en la mesa que esa actividad se encuadra dentro de la norma jurídica y es una práctica internacional.
Salvo honrosas excepciones, la minimización de lo grave de este fenómeno refleja que los beneficiarios finales pertenecen a la esfera pública y privada con incidencia en medios de gran calado, donde la narrativa en este momento es justificar la legitimidad de esas acciones. No es una tarea sencilla salir a la opinión pública con semejante discurso, porque se encuentra desprovisto del mínimo asidero en algún convenio internacional,
tratados bilaterales, organizaciones internacionales donde México sea parte o no, estudios con rigor o incluso superficiales, donde se reivindique el rostro humano y solidario de tener recursos personales aceptando sin conceder que sean legítimos y bien ganados. Es tanto como intentar convencer que es de noche y se vive en paz cuando las personas ven que es de día y perciben la comisión reiterada de delitos de alto impacto. La verosimilitud de esa narrativa se ve muy cuesta arriba. Podrán, ni duda cabe, demostrar con despliegue de inteligencia jurídica identificar los puntos ciegos del sistema jurídico mexicano, para salir avante, pero es casi imposible ganar la doble batalla, la jurídica y la de la ética pública, sobre todo si se trata de personajes de relevancia social a quienes sí les importa la percepción social y buscan que la imagen de que única y exclusivamente buscan su provecho personal, sin la mínima expresión de empatía con los mexicanos, no quede como tinta indeleble en la memoria colectiva.
En el sector privado, al menos en México (no en Suecia, donde está regulado -exhaustivamente el control jurídico y social de las personas físicas y morales de derecho privado), esta última variable les tiene sin pendiente. El mejor escenario es no pagar impuestos y no tener una mala imagen pública, pero llegado el caso, como ahora con los datos revelados por estos importantísimos reportajes, es preferible sacrificar lo segundo para asegurar lo primero.
Tercero. Por lo que se refiere a los políticos o a personas (jurídicas o físicas) privadas que tienen relaciones con el ámbito público, estas revelaciones periodísticas generan muchas preguntas, entre ellas las siguientes, sólo en forma enunciativa: ¿Cómo sostener que tener recursos personales en paraísos fiscales se armoniza con el interés público y la adhesión al espíritu de la ley en México? ¿Cómo demostrar sin dejo de duda que, aceptando que sería ir contra su propio interés, enteraron en tiempo y forma al Sistema de Administración Tributaria de la existencia de una empresa en un paraíso fiscal, pagaron sus impuestos y periódicamente envían sus estados de cuentas para pagar impuestos en México sobre las ganancias obtenidas en aquél? ¿Cómo sostener que todos los estudios sobre los paraísos fiscales están equivocados y que, en realidad, la mejor opción para México reside en que los mexicanos (incluso organizándose para alcanzar los montos requeridos) transfieran sus recursos a paraísos fiscales? ¿Cómo apoyar fervientemente al sistema impositivo mexicano en público y al mismo tiempo tener su patrimonio, o parte de él, en paraísos fiscales? ¿Cómo demostrar, aunque sea con sofismas (mentiras disfrazadas de verdad), honestidad y desactivar la percepción de que actúan con simulación y una doble moral?
Y otras interrogantes generales: ¿Alguien podría creer que un beneficiario final mexicano articularía toda una campaña de medios para aligerar la magnitud de tener dinero en los paraísos fiscales si los Pandora Papers no se hubieran publicado? ¿No sería bueno que, en México, donde a diferencia del legítimo y constitucional principio de presunción de inocencia para los gobernados, existe la presunción, con más razón que sin ella, de corrupción en los gobernantes, se estableciera por ley la aplicación de exámenes de control de confianza por organismo autónomos especializados con procesos debidamente estandarizados (aquí ya traté el tema: https://tinyurl.com/kucaeyfw)? Ya hay un precedente en México, que es la excepción a la regla: Benjamín Robles Montoya, vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, aprobó un verdadero examen de control de confianza (https://tinyurl.com/4m37kxpm). ¿Cuánta dosis de honestidad aguantan los mexicanos? ¿O se seguirá al infinito practicando la regla de oro de que el único pecado que no se perdona es la falta de complicidad?
De naturaleza política
Divide Bartlett al oficialismo
Enrique Aranda
Excelsior
Centavos, pero cada semana
el gas es más caro…
Confrontado como nunca antes con Andrés Manuel López Obrador y los suyos en lo que va de la infructuosa gestión sexenal, el sector empresarial registró un nuevo agravio, a través ahora de Manuel Bartlett, quien este viernes no dudó en lanzar una velada advertencia —“una clara amenaza para llamarla por su nombre”, diría alguno— contra quienes, vía multimillonarias inversiones, desarrollaron infraestructura que hoy por hoy, al amparo de contratos legales, hay que decir, suplen la incapacidad e ineficiencia de la Comisión Federal de Electricidad para generar la energía que el país requiere.
Algo debe saber o alcanza a vislumbrar el impresentable poblano sobre el futuro de la regresiva iniciativa de reforma eléctrica, ahora a consideración del Legislativo, cuando claramente a destiempo, decide involucrarse en un debate de suyo complejo y, palabras más o menos, refiere que de aprobarse aquella, el gobierno cancelará todos los contratos que ahora mantiene para comprar energía producida por privados, a los que no pagará indemnización alguna y obligará a todas las empresas y consorcios —Femsa, Oxxo, Telcel y más— a adquirirla de la (cuasi) “monopólica” empresa del Estado.
Tal fue la repercusión y el nivel de respuesta que la imprudencia de Bartlett mereció por parte de las diversas cúpulas, de empresarios “cercanos” al infructuoso gobierno que, incluso el coordinador de la bancada de Morena y titular de la Junta de Coordinación Política en el Senado, el zacatecano Ricardo Monreal, debió salir al paso y pedir “prudencia y recato”, a cerrar la boca, pues, a servidores públicos en tanto, dijo, que el Constituyente Permanente se pronuncia sobre la polémica propuesta de contrarreforma respecto de cuyo contenido, por cierto, ya al cierre de la semana se aseguraba “tendría algunos cambios” con miras a posibilitar su aprobación por parte de la oposición, en la cámara alta al menos…
No deberá pasar mucho tiempo, pues, antes que podamos estar en capacidad de precisar la intención, origen y alcance real de los dichos del imprudente titular de la Comisión propuesta a convertirse, al más puro estilo de su homóloga venezolana y en el supuesto de que la reforma legal propuesta transitara sin cambios, en el “nuevo-viejo” monopolio de la 4T…
ASTERISCOS
* Será la otrora respetable, tremenda, perdón, Suprema Corte, que preside el cuestionado Arturo Zaldívar, quien finalmente resuelva la disputa por el manejo de los millonarios recursos de la Fundación Mary Street Jenkins y el control de la Universidad de las Américas-Puebla (UDLAP), en especial lo que, con todo, no deja de ser esperanzador, ¡en particular para los estudiantes tomados como “rehenes” en el conflicto! Bien…
* Categórico desmentido de la doctora Desirée Sagarnaga Durante a críticas que hacía su gestión como representante del IMSS en Baja California incluimos en nuestra pasada entrega, sin realizar la debida confirmación, particularmente en lo referente a la supuesta realización de adjudicaciones al margen de la normatividad y actos de nepotismo. Comprendemos su malestar y, claro, ofrecemos las disculpas por el caso…
¿Hacia otro tiempo socialdemócrata?
Rolando Cordera Campos
La Jornada
Sin temores ni recato, quien probablemente suceda a la señora Merkel en la Cancillería Alemana, el dirigente social demócrata Olaf Scholz, ha delineado lo que puede ser uno de los ejes para un gobierno capaz de inaugurar una nueva era socialdemócrata para Europa.
Renacer que, de cierta manera, había sido ya adelantado en los países nórdicos tras las recientes victorias sucesivas. Sin embargo, la probabilidad de un relevo en esa dirección desde la gran coalición del SPD y los demócratas cristianos teutones, podría ser no sólo una confirmación alentadora de un giro en la atribulada Unión Europea, sino toda una fuente de inspiración progresista para prácticamente todo el orbe, a pesar del enorme peso de la adversidad y la confusión reinantes.
El mundo todo afronta un enorme desafío que este dirigente ha calificado de existencial: cada día es más claro que lo que está en cuestión y peligro inminente es la especie humana y sus modos de vida acuñados y probados por siglos de prueba y error, también de grosero abuso, hasta topar con una naturaleza en posición de ataque, lista para saltar… sobre todos nosotros.
La entrevista con Der Spiegel, que el periodista Raudel Ávila difundió hace unos días en El Universal, está cargada de lecciones y mensajes, de aliento y de retos, en particular ahora que el gobierno decidió imponer un cambio radical a la pauta energética, también sustancialmente modificada en 2013. Para Scholz, no parece haber duda sobre la urgencia de formular y poner en acto una política industrial de nuevo tipo que pueda dar lugar a modalidades renovadoras de la economía mixta, dirigida a cambios estructurales de gran calado en la industria energética. “(…) debemos acelerar nuestros esfuerzos y entender que el calentamiento global sólo puede ser detenido mediante una política industrial distinta (…) las plantas de electricidad que operan mediante la combustión de carbón constituyen la elección más perjudicial”.
De lo que se trata, sugiere, es de construir consensos de gobierno que, articulados por alguna noción de bien común o bienestar general, abran puerta y espacio a mejores formas de vida para todos. Su partido, asegura, no es ni puede ser un partido de nicho, sino de masas y mayorías; con los ojos puestos en el futuro y la construcción de un bienestar justo y justiciero que sea el fruto de políticas públicas formuladas en un ambiente deliberativo y democrático. De lo que se trata es de impulsar el ascenso social a través de políticas públicas y no obstruirlo.
En el mismo sentido el sociólogo chileno Ernesto Ottone escribió recientemente: “si no se produce un cambio muy significativo en la calidad de la política que incluya la existencia robusta de un sujeto reformador y progresista que fortalezca el espacio disminuido de la centroizquierda, el país no podrá alcanzar un desarrollo capaz de crear riqueza y mayor igualdad social a la vez, ni de hacer las transformaciones productivas necesarias para tener éxito en un proceso de globalización cada vez más complejo y exigente, quedaremos prisioneros de un conservatismo mediocre o de quienes diseñan el futuro con propuestas del pasado ( La Tercera , 4/9/21).
Bien haríamos en tomar nota de los acomodos y reacomodos del mundo; aclimatar entre nosotros un pensamiento de esta naturaleza debería ser tarea de los progresistas de todos los flancos. Una misión expresa y rigurosamente comprometida con el respeto y la modulación política y social de la restricción democrática que obliga a todos: gobernantes y gobernados, dirigentes y opositores, adversarios que nunca enemigos.
Seguir por la actual pauta de confrontación sin tregua ni descanso, aunque sean enfrentamientos virtuales, desembocará en el desarraigo de no pocos; el enconchamiento de muchos y la enajenación o, de plano, el cinismo de gran parte de la comunidad políticamente activa, para que de repente por no haber advertido las señales, a la vuelta de alguna envenenada esquina topemos con la violencia sin más.
Las acusaciones sin medida alguna, el acoso manifiesto contra destacados científicos, acciones que han sido repudiadas por todas las comunidades académicas, como es el reciente manifiesto de los investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM, no pueden ser, no deben serlo, prólogo ni anticipo de una política científica que se quiere transformadora. Habría que dejar en el archivo muerto la inopinada iniciativa de la Fiscalía como el principio de una era presidida por la búsqueda sensata de consensos. De construcción de nuevos acuerdos en lo fundamental, como lo aconsejara desde el siglo XIX el gran pionero Mariano Otero.
Mucho que aprender, arriesgar y enmendar, pero más por imaginar y poner a prueba en este enorme momento en que, como especie, hemos empezado a jugarnos la vida presente y futura ante las embestidas de una Natura maltratada, nada menos que por la especie racional.
