Lo que dicen los columnistas

«Hackeo» a la Sedena y desidia en ciberseguridad

Jorge Bravo

Proceso

No sólo se trata de una institución que procura la seguridad nacional, como la Sedena, sino de la indolencia que ha tenido México en materia de ciberseguridad en los años recientes.

El hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por los ciberactivistas Guacamaya, por su extrema gravedad, no puede pasar inadvertido ni ser minimizado como pretende el presidente López Obrador, un mandatario y su gobierno que menosprecian la tecnología, cuyas consecuencias ya las hemos visto en varios incidentes previos.

No sólo se trata de una institución que procura la seguridad nacional, como la Sedena, sino de la indolencia que ha tenido México en materia de ciberseguridad en los años recientes.

Además, a partir de la pandemia de covid-19 hemos sido testigos de un aumento en los ciberataques, tanto en cantidad como en dimensión, sin que el gobierno haya actuado para atender el problema.

En este mismo espacio hace más de dos años urgimos a que el gobierno de la Cuarta Transformación tuviera su propia Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Entonces la ciberdelincuencia ocasionaba pérdidas por 575 millones de dólares al año, 0.5% del PIB mundial. Los ciberataques a escala global, equivalentes a 3 mil millones de dólares anuales, rebasaron los ingresos del narcotráfico.

Distintos índices coinciden en señalar que somos un país de alto riesgo en materia de ciberseguridad, no sólo como objeto de ciberataques, también como generador de ciberdelitos.

Además, como parte del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) entre México y Estados Unidos, ambos gobiernos deberían estar coordinados para fortalecer las protecciones de seguridad cibernética.

Aunque EU brinda asistencia técnica a México para aumentar su capacidad para proteger el ciberespacio mediante diversas disposiciones, el DEAN parece más una carta de buenas intenciones que un compromiso serio en materia de ciberseguridad.

México tampoco ha signado el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, el primer tratado internacional vinculante que aborda los delitos informáticos y de internet para armonizar las leyes nacionales, mejorar las técnicas de investigación y aumentar la cooperación entre las naciones.

La ciberinseguridad y la cibercriminalidad en el entorno virtual son un reflejo fiel de la inseguridad pública que flagela a México en el mundo físico, por lo que se requieren normativas, acciones, estrategias, programas, presupuesto, instituciones y un responsable paralelo para afrontar el desafío.

El ciberataque a la Sedena no sólo compromete la seguridad de la información sensible y los datos personales que resguarda esa institución, sino que ha dañado seriamente su reputación en un momento en el cual el Ejército ha asumido labores civiles, como la construcción y administración del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o la discusión de la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.

La pérdida de confianza en la Sedena en materia de ciberseguridad es ineludible, máxime cuando el presidente descartó una investigación del hackeo, uno de los procedimientos básicos para responder y reponer los sistemas afectados y minimizar cualquier daño.

La inseguridad cibernética es el lado oscuro de la conectividad, la digitalización, el mayor acceso a tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la transformación digital de la sociedad, los gobiernos y las organizaciones.

La mayoría de las actividades que realizamos dependen del uso de las TIC y de estar conectados a internet. La ciberseguridad no sólo protege la información, los equipos de cómputo, los sistemas y las infraestructuras, sino también las actividades que dependen de ellas, incluidas la seguridad nacional, las transacciones financieras, la integridad de las personas, sus datos personales, imagen y patrimonio.

México no tiene una ley específica sobre ciberseguridad, pero sí disposiciones en distintas normas. El artículo 211 del Código Penal prevé el delito informático. Sin embargo, estas disposiciones son limitadas, lo que dificulta la gestión del riesgo, la protección contra los ciberataques, la detección de incidencias en los sistemas de ciberseguridad, la minimización del impacto de los ataques y la implantación de una cultura de ciberseguridad.

La poco efectiva Estrategia Nacional Digital (EDN) promueve la implementación del Protocolo Homologado para la Gestión de Incidentes Cibernéticos entre Instituciones, que busca fortalecer la coordinación entre autoridades para mejorar la prevención de incidencias cibernéticas.

Concretamente, el objetivo 5 de la EDN incluye el deseo, pero no las acciones, para “promover una cultura de seguridad de la información que genere certeza y confianza a las personas usuarias de los servicios tecnológicos institucionales y gubernamentales”.

En el marco de la EDN, en julio de 2021 se publicaron las Bases Técnicas de Seguridad Informática para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: recomendaciones mínimas de seguridad informática, pero no una estrategia integral.

Lo que no existe es coordinación, porque la ciberseguridad es un tema transversal. El objetivo tendría que ser construir una base sólida e institucional de seguridad para asegurar que los organismos gubernamentales, las empresas y la sociedad cuenten con los mecanismos y herramientas adecuadas para manejar los riesgos, así como defenderse y responder ante los ciberataques.

Las funciones del gobierno, como la prestación de servicios públicos y la seguridad nacional, deben ser resistentes y resilientes a los ataques cibernéticos.

El Congreso de la Unión trabaja con parsimonia en la elaboración de una propuesta de Ley Federal de Ciberseguridad, a partir de 15 iniciativas de ley de diferentes partidos. Las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y del Senado se comprometieron a presentar un borrador en septiembre de 2022.

Los legisladores vuelven a trabajar a marchas forzadas una vez que ha ocurrido un incidente de ciberseguridad grave, evidenciados en su falta de compromiso y enfoque de ponerse de acuerdo en lo importante para México. Ellos también son responsables del hackeo a la Sedena, junto con un gobierno que se resiste a entrar de lleno a la era digital, con sus oportunidades y retos. 

Juegos de poder

¿Una aerolínea del Estado propiedad del Ejército?

Leo Zuckermann

Excelsior

Los políticos suelen tomar malas decisiones económicas porque no están arriesgando su dinero, sino el de los contribuyentes. Total, si las cosas salen mal, ellos no pierden nada. La cuenta la pagan los mexicanos.

Nuestro Presidente no es la excepción. Le encantan los megaproyectos que son un barril sin fondo para el erario.

Un aeropuerto, el Felipe Ángeles, que tiene 66 operaciones por día. El de la Ciudad de México, Benito Juárez, tiene casi mil. Con esa escasa operación, el AIFA nunca recuperará su costo de capital y tendrá que ser subsidiado durante muchos años.

La refinería de Dos Bocas iba en ocho mil millones de dólares. Si todo sale bien, terminará en 20 mil. A ese costo, tampoco se recuperará el capital invertido. Y, como la demanda de productos refinados de petróleo irá a la baja por la electrificación de los automóviles, también acabará generando pérdidas para Pemex, es decir, a los mexicanos.

Ni se diga el Tren Maya. Sabido es que los proyectos ferroviarios en todo el mundo son un desastre como negocio. Se requiere mucho capital que difícilmente se recupera. Una vez más, el Estado tendrá que subsidiar la operación de varios de los tramos por la falta de demanda de pasajeros y carga.

Bueno, pues este gobierno que es un “genio” para este tipo de proyectos paquidérmicos, ahora quiere hacer una aerolínea comercial. Y, cómo no, que la opere el Ejército. Otra ocurrencia más que nos costará a los contribuyentes.

El negocio de las aerolíneas es glamuroso para sus dueños, pero muy complicado. Son pocas las que resultan rentables. Muchas quiebran, otras consiguen subsidios del Estado por su importancia económica y los empleos que generan.

El problema es que requieren de mucho capital y dependen de manera crítica del precio del combustible. El gran inversionista Warren Buffett, quien le ha entrado al negocio de las aerolíneas y siempre ha salido corriendo, dijo un día:

“Si un capitalista previsor hubiera estado presente en Kitty Hawk, les habría hecho un enorme favor a sus sucesores al derribar de un disparo a Orville (uno de los hermanos Wright). La demanda de capital de la industria aérea a partir de ese primer vuelo ha sido insaciable. Los inversionistas han vertido dinero en un pozo sin fondo”.

Son, efectivamente, eso: un barril sin fondo. En México, han quebrado varias. Recuerdo a Mexicana, Interjet, Aero California, Taesa, Líneas Aéreas Azteca y Aviacsa. Para efectos prácticos, Aeromar ya se encuentra en quiebra (no le pagan ni a sus proveedores ni a sus empleados).

Los inversionistas privados que compraron Aeroméxico en 2007 se arrepintieron de meter ahí su dinero. Después de limpiar la empresa y mejorar su administración, Aeroméxico tuvo que declararse en bancarrota en Estados Unidos por la pandemia de covid-19. Sobrevivió después de reestructurar sus pasivos, pero los accionistas originales tuvieron que diluirse, perdiendo dinero.

López Obrador ya confirmó que existe la idea de formar una aerolínea comercial propiedad del Ejército. El Presidente afirmó que tendría diez aviones rentados más el avión presidencial. La idea sería volar a sitios que “no son atendidos por las líneas actuales”, es decir, las rutas no rentables (por eso las actuales no van para allá).

A López Obrador le gustaría que se llamara Mexicana “porque es regresarle a la nación un símbolo, un emblema”. Las utilidades, según el mandatario, se utilizarían para financiar las pensiones de los soldados.

Es puro delirio. Desde hoy, apuesto doble a sencillo que no habrá utilidades. Al revés, los contribuyentes acabaremos pagando los subsidios para que pueda seguir operando. Lo mismo que el AIFA y el Tren Maya, dos negocios que también serán operados por la misma empresa castrense de nombre Olmeca-Maya-Mexica. Barriles sin fondo.

Ya lo es, de hecho, el AIFA. Este año en que comenzó a operar el 21 de marzo, la Secretaría de Hacienda tuvo que darle 419 millones de pesos de subsidios a Olmeca-Maya-Mexica. El año que viene, está presupuestado el doble: 836 millones de pesos. Hay escasos vuelos, pero, eso sí, funciones de lucha libre y música popular gratuitas.

Viene la aerolínea del Ejército. Ya encarrerados, con el dinero que no es suyo, querrán hoteles, casinos y restaurantes. Hasta que el presupuesto público ya no dé para más subsidios de empresas no rentables y tengan que venderse esos activos. Yo quiero ver quién va a ser el gobernante valiente que se atreverá a decirle a los soldados y marinos que les van a quitar sus juguetitos.

Astillero

Acotar a PRI y MC // Claudiopanismo: un solo candidato // AMLO incluye dos nombres // Monreal, ¿en vía de perdón?

Julio Hernández López

La Jornada

La presentación del nuevo membrete opositor no significó mayor cosa, ni en términos de pronunciamientos ni de objetivos: Unid@s, la denominación anunciada ayer, es más de lo mismo; segmento opositor unifacético (una misma cara, a fin de cuentas).

Es decir, se busca empujar a los partidos que quedan después del Alitazo (Acción Nacional, lo que queda del PRD y guiños al esquivo Movimiento Ciudadano) para que firmen compromisos con la sociedad civil, entre ellos el de presentar un solo candidato contra Morena y sus aliados pues, según luego tuiteó uno de los oradores, Emilio Álvarez Icaza “será un grave error de la oposición si no es capaz de entender que dividida le facilita a @lopezobrador_ mantener su destructivo proyecto”.

El nuevo intento unitario de esta oposición empresarial (Gustavo de Hoyos habló en nombre del combo gerencial que integra con Claudio X. González, quien no estuvo como orador) y partidista (el PAN como única estructura real, por sí mismo y con ramales de la sociedad civil) pretende cerrar el paso a una candidatura presidencial priísta, sobre todo si ésta fuera encabezada por el gobernador saliente de Oaxaca, Alejandro Murat, tan entendido con el obradorismo que el Presidente de la República ha anunciado su participación en un homenaje que le harán antes de dejar la gubernatura.

El claudiopanismo también busca evitar una postulación de Movimiento Ciudadano, con el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, o incluso alguna escisión del morenismo, como podría suceder con Ricardo Monreal, de larga y estrecha relación con Dante Delgado, el principal accionista de MC, o Marcelo Ebrard. En realidad, al proyecto 4T le convendría empujar una candidatura priísta y/o una escisión convenida (Monreal o Ebrard), para dividir ese voto opositor.

Por lo pronto, el Presidente incluyó en su baraja mañanera dos cartas hasta ahora desdeñadas. Notable fue el mencionar a Ricardo Monreal, el coordinador de senadores morenistas que a dueto con Adán Augusto López Hernández logró maniobrar lo suficiente para que se aprobara la permanencia de las fuerzas armadas en la Guardia Nacional hasta 2028. La mención de Monreal, al añadirlo a la tercia oficial, Sheinbaum, Ebrard y López Hernández, suena al pago político que se ha mencionado que el secretario de Gobernación ofreció al zacatecano si realmente ayudaba a sacar adelante la iniciativa de permanencia militar.

Faltaría una reunión en Palacio Nacional con Monreal al frente de la bancada morenista. Y también faltará ver si el senador rebelde acepta las condiciones ya fijadas para la designación de la candidatura presidencial 2024, en específico las encuestas de opinión que Monreal repele por considerar que no reflejan una realidad colectiva, sino un procesamiento individual o de cúpula.

Fernández Noroña tampoco suscita emociones políticas en Palacio Nacional. Pero es la propuesta del Partido del Trabajo para ese procesamiento demoscópico que harán los partidos aliados: Morena, con su tercia de una; el del Trabajo, con el diputado Fernández Noroña (que no está afiliado a ningún partido), y el Verde, que aún no perfila su propuesta sabidamente perdedora en cuanto a la suerte principal (que decidirá Morena), pero le servirá para continuar en su papel de parasitismo útil que ha jugado en diversos sexenios con diversos ocupantes de la silla presidencial.

Astillas

el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ya ex gobernador de Tamaulipas, dejó un desorden administrativo enorme, deudas y evidencias de saqueo y corrupción, según han señalado el entrante, Américo Villarreal, y algunos de sus funcionarios (video con Martha Olivia López: https://bit.ly/3ThhyXg )… Omar Castañeda, diputado federal de Morena, presentó una iniciativa para que la Sedena y la Marina puedan operar una línea aérea. De aprobarse, sería una cesión más de lo civil a lo militar…