Lo que dicen los columnistas

Alianza por Pensiones Dignas

Su discurso de que todo cuanto hace es para favorecer al pueblo, contrasta con la realidad de una agenda que ha tenido por objeto concentrar el poder, restringir derechos y dificultar sus mecanismos de garantía, como el juicio de amparo.

LUIS MIGUEL CANO LÓPEZ

Proceso

Competir por todo, para que nada cambie, no me parece una solución óptima en nuestros tiempos. Colaborar en alianza con personas cuyo ejemplo inspira, por mucho, creo que es una mejor vía para enfrentar los retos de nuestra época.

Caer en otra de las trampas del oficialismo, que prospera al confrontarnos, y que postula que su reforma al artículo 127 constitucional sólo buscó eliminar «pensiones doradas», por tratarse de privilegios, tampoco abona en nada, más que en debilitarnos como sociedad.

Su discurso de que todo cuanto hace es para favorecer al pueblo, contrasta con la realidad de una agenda que ha tenido por objeto concentrar el poder, restringir derechos y dificultar sus mecanismos de garantía, como el juicio de amparo.

Los privilegios derivados de abusos de poder los pudo combatir caso a caso, por los cauces legales idóneos, pero la rendición de cuentas no le agrada a nuestro gobierno. Así que una vez más su táctica ha sido desconocer nuestros derechos.

Derechos adquiridos a pensiones dignas, por más que en nuestras precarias condiciones, parezcan exorbitantes.

Ahí la gran maniobra discursiva del oficialismo, pues en lugar de unirnos para exigir mejores condiciones de vida o enfocarnos en buscarle viabilidad a nuestros sistemas de pensiones, recortando los gastos que la corrupción nos impone, nos tiene una vez más a la defensiva de nuestros derechos más elementales.

Ante este desolador panorama, la Alianza por Pensiones Dignas ha presentado demandas de amparo contra la reforma al artículo 127 constitucional. Y una vez más, como sucede con la defensa de personas juzgadoras, llegará hasta instancias internacionales para lograr que se reparen las violaciones a los derechos de un grupo de personas que, tras trabajar toda su vida para tener tranquilidad, hoy se enfrenta a múltiples situaciones de vulnerabilidad que merman sus proyectos de vida.

Con obstáculos adicionales, dado que el Órgano de Administración Judicial, con desconocimiento del derecho a una jurisdicción natural, ha ordenado que todos los amparos contra aquella reforma constitucional sean tramitados por sólo cuatro órganos judiciales que sorprenderían si no actúan como órganos de consigna.

Algo que es de pronóstico reservado, pues ya se tiene noticia de desechamientos de otras demandas, aunque por el trabajo realizado en alianza para defender a personas juzgadoras contra la reforma judicial, exista una jurisprudencia regional que les obliga a entender que los amparos no son notoriamente improcedentes si con ellos se cuestiona un procedimiento de reforma constitucional.

Amparos que tendrían que ser admitidos por esos órganos judiciales, para luego conceder suspensiones contra la disminución de las pensiones de las personas quejosas, que están padeciendo diversidad de afectaciones para ellas y sus familias, con la disminución de más de la mitad de sus ingresos de un momento a otro.

Pero esperar que en estos casos se actúe con respeto a nuestros derechos, tristemente peca de ingenuidad.

No obstante lo cual, la batalla se debe dar, al menos para romper la ilusión, el engaño, de que vivimos en un Estado de derecho serio, en una democracia constitucional que respeta los derechos de todo mundo, para de esa forma dejar un ejemplo y una alerta para que el resto de la sociedad despierte y cada vez seamos más quienes en alianza, exigimos respeto a nuestros derechos y nos unimos en su defensa.

Arsenal

Blindaje legislativo a los narcopolíticos

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

Una iniciativa para sancionar, hasta con la pérdida del registro, a partidos que reciban financiamiento del crimen organizado o postulen candidatos del narco fue planteada por Ricardo Monreal para este periodo extraordinario de sesiones en el Congreso.

Una voz autorizada de Morena, quien habló a condición de no ser citada, nos dijo, sin embargo, que al coordinador de la bancada guinda en el Senado “no lo dejaron…”. 

No mencionó expresamente quién impidió la llegada de la iniciativa al Congreso de la Unión, pero no se necesita un sesudo análisis para deducirlo.

Iniciativas en el mismo sentido han sido presentadas por el PAN y el PRI sin que hayan sido tomadas en cuenta. 

Elías Lixa, coordinador de los diputados del PAN, recordó que, hace más de un año, su partido puso sobre la mesa el problema político-electoral más grave: la intervención del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y la injerencia que tienen los gobernantes. 

“Para muestra, el caso Rocha Moya, que es vergüenza nacional”, ilustró. Recordó que su partido ha propuesto, sin éxito, la pérdida del registro a partidos que se financien con dinero del crimen organizado, sanciones penales y nulidad de elecciones para quien postule a un narcopolítico.

* El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el vicefiscal general, Dámaso Castro, también con licencia, acudieron a los locales de la FGR carnal en Culiacán para declarar sobre las imputaciones de nexos con el narco que les hizo la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Rocha se siente tranquilo y confiado de que será exonerado. Sabe que la FGR tiene color guinda y que está protegido, por ahora. 

Luego de comparecer, subió a su cuenta de X un mensaje en el que afirma:

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora en el momento que juzgue necesario. 

“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia que el Movimiento de la Cuarta Transformación ha venido saneando y legitimando”.

¿Y cómo no va a creer en la justicia mexicana si está en manos de los “jueces del bienestar”?

* Va una definición de justicia selectiva: es la aplicación sesgada de la ley, donde las autoridades eligen arbitrariamente a quién investigar, procesar o castigar. 

Se basa en el poder, el estatus o los intereses políticos en lugar de la igualdad ante la ley.

¿Le suena?

Y es que ayer llegó a la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua.

Diez diputados locales de Morena la acusan de haber permitido que agentes de la CIA participaran en la destrucción de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, con participación de agentes de la CIA, lo que constituye “violaciones graves a la Constitución y a la legislación”. 

La gobernadora panista está citada a comparecer este miércoles a las 10 de la mañana ante la FGR en Ciudad Juárez. No tiene obligación de asistir, pero ella quiere “dar la cara”.  En su opinión, es una persecución política con doble rasero, comparado con el caso Rocha Moya.

* La muy polémica y sospechosista iniciativa sobre la causal de nulidad por injerencia extranjera puede sufrir modificaciones. “Estoy abierto para poder aceptar las que sean pertinentes”, dijo ayer el diputado Ricardo Monreal, autor oficial de la iniciativa.

En conferencia de prensa celebrada después de la reunión de la Junta de Coordinación Política, órgano de gobierno en San Lázaro, precisó que la iniciativa puede “mejorar, aclarar, enriquecer las causales para la procedencia de la nulidad. La iniciativa ha sido duramente criticada por opositores del oficialismo. Personalmente, estoy convencido de que Morena se está pertrechando ante eventuales derrotas en las elecciones intermedias de 2027.             

Le preguntamos a Monreal cuáles serían los límites para determinar que hubo injerencia extranjera en las redes sociales. Respondió: “Primero, que sea determinante. Tiene que haber pruebas fehacientes de que haya influido en el resultado electoral”.

—¿Quién determina si tal o cual intervención extranjera influyó en el resultado electoral? —preguntamos.

—El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación —respondió.

—Pero el tribunal está controlado —insistimos.

—Bueno, pues si partimos de eso, entonces nadie puede. Es falta de seriedad todo eso. Entonces ya no se puede hacer nada. 

“Yo sí creo en el Tribunal. No está controlado y está integrado por personas probas y honestas”, aseguró. 

¿En serio?

Razones

“Todos libres o todos presos”

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

En el capítulo final de la extraordinaria serie que se exhibe en la plataforma Mubi, titulada M (por Mussolini), el hijo del siglo, basada en el primer tomo, acaba de salir el quinto y último, de la tetralogía de Antonio Scurati sobre el fascismo y su líder, hay un momento que define el futuro del movimiento y de su dirigente.  

En su primer año de gobierno, cuando se descubre el cadáver del diputado socialista, Giacomo Matteotti, asesinado por las camisas negras, por órdenes indirectas del propio Mussolini, el régimen está a punto de caer, la presión nacional e internacional para castigar ese crimen es enorme. La policía logra detener a los autores materiales, pero falta el autor intelectual. Mussolini está tentado a entregar a un líder de las camisas negras para evitar una ruptura total con las demás fuerzas políticas. 

A las oficinas de El Duce se presentan entonces los fundadores del movimiento, los jefes de las fuerzas de choque: es la rebelión de los sectores más duros del fascismo que le advierten a Mussolini que hay que “continuar con la revolución o acabar con todo”. Y eso significa, le dicen, que “todos los fascistas estén libres o todos terminen presos”, incluyendo al propio Mussolini. El incipiente líder fascista, todavía con un gobierno de minoría, emprende la fuga hacia adelante, no entrega a nadie y da una suerte de golpe de estado legislativo que le permite quedarse, sin tener la mayoría, con la suma del poder. Ya sabemos cómo continuó la historia. Eso es lo que ocurrió allá en los años 20, hace un siglo, con Mussolini. 

En el México de hoy, la decisión gubernamental de no entregar a nadie ni a Rubén Rocha ni a Enrique Inzunza ni a ninguno de los otros funcionarios sinaloenses acusados de ser parte de las redes de protección y complicidad del crimen organizado a Estados Unidos, donde existen pruebas y testimonios en su contra en un proceso judicial contra ellos que ya comenzó, recuerda aquella escena de Mussolini confrontado con los duros de su movimiento: “todos libres o todos presos”.

 Ayer comparecieron en lo oscurito, en la delegación de la FGR en Culiacán, Rocha, Inzunza y los otros acusados (salvo Gerardo Mérida y Enrique Díaz que se entregaron a la justicia estadunidense), sólo como “testigos”, porque como se ha dicho desde el Ejecutivo y la Fiscalía “no hay pruebas” contra ellos. 

El jueves pasado en la reunión con el director del Homeland Security, Markwayne Mullin, se ratificó que no se entregará a los acusados. Nada de lo que hemos visto en los últimos días permite pensar que el resultado será diferente, pese a que las presiones de Estados Unidos son evidentes y públicas y de que el costo puede ser altísimo para el país.

Los “testigos” salieron fortalecidos de la FGR, por lo menos así lo mostraron en sus mensajes de X o en las declaraciones que dieron a los medios. No se sienten, por las autoridades, perseguidos, sino impunes. Se equivocan. Habrá que esperar la respuesta de EU, que inevitablemente llegará, porque la suya no es una ocurrencia, sino una política de Estado. 

Qué enorme diferencia la forma en que ha sido tratada por la FGR la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto al tratamiento de Rocha y los sinaloenses acusados de narcotráfico. Mientras las citas de los sinaloenses fueron secretas, a escondidas, no se los vio, llegaron con camionetas blindadas y con protección, se informó de las comparecencias cuando ya habían ocurrido y fueron como testigos, no como imputados, a la gobernadora Campos se la acusa no se sabe de qué (porque el citatorio invoca un caso al que la propia gobernadora no puede acceder); no se sabe tampoco a título de qué, porque el documento a veces la trata, según dijo el gobierno, como testigo, pero en él invocan preceptos legales que la hacen aparecer como imputada; una comparecencia inconstitucional porque está protegida por el fuero constitucional. Campos fue citada en Ciudad Juárez, cuando la sede del gobierno y su domicilio están en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua. Se divulgó el lugar y la hora de la misma para hacer una exhibición mediática. Y no hablemos del nuevo citatorio acusando a la gobernadora de “intento de secuestro” contra Javier Corral, cuando el ahora senador iba a ser detenido y fue protegido por el entonces fiscal capitalino, ahora en la FGR, Ulises Lara. Corral está acusado de múltiples delitos y la protección del gobierno capitalino y federal le permitió protestar como senador y seguir impune gracias al fuero, el mismo que la FGR no le respeta a la gobernadora.

Todo es un burdo y torpe manejo mediático y político para tratar de ocultar y distraer la negativa a entregar a los funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de narcotráfico. Y actúan contra una gobernadora a la que paradójicamente acusan de haber combatido a los grupos criminales con apoyo estadunidense.

Todos libres o todos presos, le dijeron los duros del movimiento a Mussolini, y El Duce prefirió la fuga, la ruptura del orden constitucional y el camino a la dictadura, al costo incluso de aliarse más tarde con Hitler, en lugar de entregar a los que habían asesinado al líder opositor, a Matteotti. No sé por qué me recuerda al México de hoy.

Juegos de poder

En el futbol y la política, ¿qué hacer cuando algo ya no funciona?

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

De una manera u otra, todos nos hemos enfrentado la terrible situación de darnos cuenta de que algo ya no funciona. Solemos cometer el error de creer que el tiempo, de alguna forma milagrosa, resolverá el problema cuando, en realidad, es un pretexto para no tomar decisiones costosas.  

Como ejemplo me parece fascinante lo que ocurrió con el equipo de futbol Cruz Azul en esta temporada. 

La directiva había contratado a un entrenador con buen palmarés y que prometía mucho: Nicolás Larcamón. La temporada comenzó de maravilla. Cruz Azul llegó a colocarse como el líder de la competencia con grandes posibilidades de entrar a la liguilla y ganar el campeonato. 

Hasta que las cosas dejaron de funcionar. 

Cruz Azul ligó nueve partidos sin conseguir una victoria. 

A una fecha que terminara la fase regular, ya con el equipo calificado a la liguilla, la directiva decidió despedir a Larcamón. Muchos expertos futbolísticos pensaron que esto era una locura. Criticaron la decisión por radical y pronosticaron que el equipo no lograría trascender en la liguilla. 

Yo, como aficionado cruzazulino, aplaudí la decisión. Era más que evidente que el equipo no estaba funcionando. Un equipo, por cierto, armado con varios futbolistas talentosos. Larcamón, en ese defecto que tienen los directores técnicos que se ponen muy creativos cambiando las posiciones naturales a los jugadores, había perdido el toque y, peor aún, el control del equipo. 

La directiva pudo dejarlo ahí, a ver si el tiempo hacía el engañoso milagro de mejorar, para ver cómo eliminaban al Cruz Azul en la liguilla y, ahí sí, despedir a Larcamón comenzando de nuevo la siguiente temporada. 

No se esperó y tomó una decisión arriesgada. Adelantó la salida del director técnico sustituyéndolo con su auxiliar, Joel Huiqui, quien modestamente regresó a los futbolistas a sus posiciones naturales, los dejó jugar, corrigió errores de su predecesor y, muy importante, mejoró el ambiente lúgubre que había en el vestidor. 

El cambio se vio desde el primer partido dirigido por Huiqui. Cruz Azul regresó a jugar bien con resultados positivos. A partir de que corrieron a Larcamón, jugaron un total de siete partidos oficiales, logrando cuatro victorias y tres empates coronándose el domingo pasado como campeón del futbol mexicano en cancha ajena. 

Correctamente, los expertos futbolísticos han reconocido el orden defensivo que impuso Huiqui, pero, sobre todo, su manejo emocional para estabilizar al vestidor, conectar con los jugadores y ejercer un liderazgo con un perfil más discreto que Larcamón. 

A la distancia, ya con el campeonato en el bolsillo, es muy fácil decir que la directiva del Cruz Azul acertó en su decisión de tomar al toro por los cuernos y despedir a Larcamón en vísperas de que terminara la fase regular del campeonato. 

La realidad es que fue una decisión audaz y valiente. 

Eso es lo que hay que hacer cuando algo ya no funciona: actuar. 

Ah, pero cómo nos cuesta trabajo hacerlo a los humanos. 

Por eso todo mi respeto y admiración a la directiva cruzazulina, encabezada por Víctor Velázquez. El décimo campeonato de La Máquina tiene más mérito por el dramatismo de haber cambiado de entrenador de esa manera tan osada. 

Llevo el tema ahora al plano de la política. 

Es evidente que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación ya no funciona en varios aspectos. 

En la economía, logró bajar el número de pobres y redistribuir el ingreso. Pero esto es insostenible sin crecimiento económico. La realidad es que la economía no camina; ya acumula ochos años de estancamiento. Sería el momento de tomar decisiones osadas. Por ejemplo, reventar las telarañas ideológicas del estatismo anacrónico de López Obrador que detuvo sectores enteros, en particular el energético. 

Ni qué decir del cada vez más evidente pacto del partido gobernante con el crimen organizado en diversos estados de la República. La Presidenta tiene la enorme oportunidad de limpiar su movimiento en lugar de seguir defendiendo lo indefendible.

La manera de hacer política como se hizo en el sexenio pasado ya no funciona. Ni aquellos pactos ni las mañaneras propagandísticas. Es hora de que Sheinbaum encuentre su estilo personal de gobernar y tome una posición ofensiva en lugar de defensiva. 

Porque, para regresar al futbol, como demostró el técnico de Pumas, Efraín Juárez, en la final contra Cruz Azul, con una estrategia defensiva a ultranza no se ganan campeonatos.

México SA

Telebasura y abonos chiquitos // Salinas Pliego no ha pagado // Maru Campos: juicio político

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

El señor de los abonos chiquitos e intereses de agiotaje está doblemente “ofendido” y con el hígado estallado por dos situaciones concretas: a) la tremenda desnudada pública que le ha puesto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al documentar que apenas ha pagado 43 por ciento de su adeudo fiscal, por mucho que él diga “ya pagué todos los impuestos”, y b) por la invitación pública que ha hecho la presidenta Sheinbaum para que “no vean Tv Azteca”, dada la permanente cuan voluminosa difusión de noticias falsas, a lo que el magnate marca Fobaproa califica de “censura”, “violación de la libertad de expresión” y al “derecho a la información”, a sabiendas de que estas dos últimas no incluyen falacias, especialidad –no única, desde luego– de la televisora del Ajusco.

Sobre el cacareo que hace Ricardo Salinas Pliego (“ya pagué todos los impuestos; pídales a los del gobierno que le dejen de robar cobrándole impuestos, no sea pendejo”), la Secretaría de Hacienda detalló: “En cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial (obviamente el del barón) se encuentra en proceso de hacer un pago al SAT por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, durante el periodo 2026-2027. De dicha cantidad, a la fecha, ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación 13 mil 979 millones 904 mil 51 pesos. El resto de los pagos se lleva a cabo en parcialidades hasta julio de 2027”. Y ya en plan de “recomendación”, uno de los “caminos” marcados por el abonero dice así: “Sólo hay dos formas de tener en la vida: producir o robar”, y queda claro cuál ha sido su opción.

Al descubierto su falacia fiscal (una de tantas), Salinas Pliego se sintió “injuriado” por la citada invitación presidencial y ondeó la bandera de la “libertad de expresión”, pero siempre de un solo lado, el suyo, con un interminable inventario de noticias falsas y campaña sucias, lo que desde luego no permite el ejercicio de ese derecho. Obvio, el magnate tiene una forma muy particular de entenderlo, porque esa libertad es de ida y vuelta, sin mentiras. Es decir, cotidianamente usa sus redes sociales para referirse de la manera más abyecta a quienes disienten con él, pero se “ofende” si alguien se la regresa.

La historia de la televisión en México comienza y se desarrolla desde el poder público (de Miguel Alemán a Enrique Peña Nieto; “soy un soldado del PRI y del presidente”, presumía Emilio El Tigre Azcárraga) y siempre ligada al poder político, el que, a cambio de apoyo irrestricto, durante décadas le garantizó producir y transmitir todo tipo de telebasura y difundir campañas sucias contra los opositores. A cambio, sus dueños obtuvieron generosa cuan recurrente condonación de impuestos, multimillonarias pautas publicitarias, todo tipo de concesiones para otros “nichos de negocios” y, la joya de la corona, innumerables contratos del sector público, el mismo del que tanto reniegan “empresarios” como Salinas Pliego, quien en Tv Azteca sólo se subió al carro de esta historia y a lo que entendieron como “libertad de expresión” y “derecho a la información”. Sin embargo, “olvidó” que cambiaron las reglas del juego y ahora se dedica a llorar y a atacar por la pérdida de privilegios.

En otro orden, ahí está la gringa Maru, que ya no sabe cómo justificar que no asistirá a la Fiscalía General de la República (aunque días atrás dijo exactamente lo contrario) para comparecer ante la autoridad por la ilegal presencia y operación de agentes de la CIA (y de otras corporaciones estadunidenses) en territorio de Chihuahua. Y esta especie de pata salvaje (a cada paso que da, una cagada) permite adelantar que en lugar de librarla cada vez la coloca cada más cerca de la cárcel, sin olvidar lo más reciente, que no lo último: su subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, Ricardo Fernández Acosta, está ligado al cártel de Sinaloa.

Por si hubiera duda, ayer la Cámara de Diputados recibió la solicitud de juicio político contra Maru Campos (suscrita por 11 diputados morenistas de Chihuahua) y una de sus histéricas defensoras, la panista balbuceante Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva, se vio en la penosa necesidad de informarlo. Y ya no hay vuelta de hoja.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, la “apanicada” (Fox dixit) “gobernadora” se niega a presentarse, pero el otro ya se apersonó ante la autoridad. Ayer, Rubén Rocha, gobernador sinaloense con licencia, compareció ante la Fiscalía General de la República (sede Culiacán), donde respondió a los cuestionamientos realizados por una agente del Ministerio Público Federal.