TEPJF revoca parcialmente sentencia y ordena al INE volver a revisar si Sansores calumnió a “Alito”
Rodrigo Vera
Proceso
Con esta resolución, el instituto debe revisar las denuncias presentadas por el PRI respecto a los audios en que supuestamente se calumnia al dirigente priista, que fueron presentados en el programa “El Martes del Jaguar”, de la gobernadora.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó parcialmente una sentencia de la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE), al ordenarle revisar nuevamente si la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, calumnió a Alejandro Moreno, “Alito”, presidente nacional del PRI.
El pleno del TEPJF, en una sesión efectuada este miércoles, aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien propuso esta resolución, con la cual se pide al INE que revise las denuncias presentadas por el PRI, respecto a los audios en que supuestamente se calumnia a “Alito” Moreno, y que fueron presentados en el programa “El Martes del Jaguar”, de la gobernadora Sansores.
En estos audios, que se han venido difundiendo desde hace meses, presuntamente se escucha al dirigente del tricolor aceptando recursos irregulares para campañas políticas, y también atacar a periodistas y medios de comunicación, lo mismo que criticar a empresarios por sus pocas aportaciones a las campañas.
El PRI y Moreno han señalado que dichos audios son falsos y calumniosos, aparte de ilegales por violar su vida privada, de ahí que le provocan daño moral al dirigente partidista y afectarán los resultados de elecciones futuras.
En un primer momento, el INE rechazó esta denuncia contra la gobernadora de Campeche, señalando que no tenía competencia ya que el asunto se encontraba bajo escrutinio judicial, puesto que “Alito” denunció a Sansores ante un juez con el objeto de que se suspendieran las emisiones de estos audios en “El Martes del Jaguar”.
Pero ahora, el TEPJF determinó que el INE sí tiene competencia en este caso, argumentando que la queja del PRI y la denuncia de “Alito” ante un juez persiguen objetivos distintos.
Mientras tanto, por orden judicial, Sansores ya no ha dado a conocer nuevos audios del dirigente priista en su programa semanal, pues de hacerlo cometería desacato y, por tanto, sería sancionada.
Arsenal
La advertencia de López Obrador y el fallo de Tribunal
Francisco Garfias
Excelsior
La mañanera advertencia del presidente López Obrador a los siete integrantes de la Sala Superior del TEPJF, en el sentido de que “le va a ir mal al que actúe de manera injusta”, nos da derecho a sospechar que incidió en la unanimidad de los magistrados que validaron el triunfo del morenista Américo Villarreal, en la elección de gobernador en Tamaulipas.
El mandatario reprochó a los magistrados su tardanza en resolver la impugnación del PAN. Los azules acusan a los guindas y sus rémoras de graves irregularidades cometidas en la jornada electoral —y antes—, que ameritan la nulidad de los comicios. Américo Villarreal ganó oficialmente al panista César Verástegui por poco más del seis por ciento de los votos. Los magistrados desestimaron, por no haber elementos de prueba suficientes, los señalamientos de una intervención del crimen organizado a favor de Villarreal, en un contexto de violencia generalizada.
“No existe elemento demostrativo que pueda suponer que existieron aportaciones en especie, y menos económica, a dicha campaña”, dijo el magistrado ponente, José Luis Vargas.
Y la magistrada Janine Otálora: “El PAN pretende la nulidad de la elección, con base en la hipótesis de posibles vínculos del crimen organizado con el candidato y el partido que resultaron electos, pero no aporta elementos suficientes para anular la elección”.
Felipe Fuentes Barrera coincidió con sus pares y se declaró a favor de confirmar la validez y la entrega de la constancia de mayoría al morenista. Habló de una “supuesta” violencia generalizada y la “presunta” intervención del crimen organizado en la elección.
El PAN sostiene que hubo financiamiento del huachicol a la campaña de Américo y que los llamados siervos de la nación favorecieron al abanderado guinda. Tampoco encontraron elementos suficientes para determinar que hubo dádivas irregulares que incidieran en el resultado.
Los magistrados tomaron su tiempo con el tema de la asistencia de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, al cierre de campaña del candidato de Morena. La única irregularidad acreditada es la intervención de la presidenta municipal de Díaz Ordaz, Tamaulipas, que hizo proselitismo abiertamente a favor de Américo. Pero no permite inferir que incidió en el margen de más de 6 por ciento con el que Villarreal ganó la elección. En suma, “no existen elementos probatorios que puedan dar como resultado la nulidad de la elección de la gubernatura del estado de Tamaulipas”, dijo el magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez.
Anoche buscamos a Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, para preguntarle ¿Qué sigue?
—Pues ya no hay cómo. Es una tristeza, repuso.
* El tema fue abordado en la mañanera. López Obrador aprovechó una pregunta sobre el futuro del gobernador saliente de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para hacer un “llamado” a los magistrados a fin de que resuelvan la elección de Tamaulipas.
“Estoy esperando que el Tribunal resuelva. Se han tardado y eso genera más especulación y más confrontación; difamaciones y guerra sucia. Sin duda, hay presiones, pero yo hago una reflexión: si se comete una injusticia, no se va a resolver nada; al contrario, se van a agravar las cosas y le va a ir mal al que actúe de manera injusta. Ya no son los tiempos de antes. Ojalá y sirva este llamado. No se pueden fabricar delitos”, puntualizó.
* Tamaulipas ocupó dos horas y media de debate en la Cámara de Senadores. Ése es más o menos el tiempo que tuvo que esperar en el recinto el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para iniciar su comparecencia por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno.
Los ánimos se encendieron debido a que Américo Villarreal presentó, pasada la una de la tarde, una segunda licencia, después de haber retirado la primera, en la que alegó que era perseguido político del gobernador García Cabeza de Vaca. El PAN argumentó que la licencia lo inhabilitaba para ser gobernador. Sacó a relucir la Constitución de Tamaulipas, que ordena a los candidatos a separarse del cargo 120 días antes de la elección.
El senador Ricardo Monreal subió a tribuna para manifestar que el ordenamiento sólo aplica hasta el día de la elección y no en el periodo entre la jornada electoral y la toma de protesta. “Una vez que es gobernador electo, puede regresar, incluso, es constitucional que se reincorpore y que mañana solicite licencia o un día antes de tomar protesta, pues no se lo impide la Constitución”, afirmó el coordinador de la bancada guinda.
Se refirió a casos en los que diputadas y diputados que son electos como alcaldes de sus municipios se reincorporan a sus funciones legislativas, mientras toman protesta en su nuevo cargo.
Astillero
El reto de Américo // No a gobierno mafioso // Cabeza de Vaca, ¿cárcel? // Gertz, ineficaz ante Murillo Karam
Julio Hernández López
La Jornada
El gran reto de Américo Villarreal Anaya consiste en alejarse lo más posible del estilo mafioso de cogobierno (sometimiento, en muchos casos) que políticos de los partidos Revolucionario Institucional y, en el sexenio que está por terminar, de Acción Nacional, han sostenido con los poderosos y vengativos cárteles del crimen organizado asentados en Tamaulipas.
No le será fácil al médico cardiólogo de 64 años sustraerse a la realidad dominante de esa entidad que es señalada casi como una tierra sin ley, una de las más peligrosas del país. De entrada, el saliente Francisco Javier García Cabeza de Vaca le ha obstruido, a extremos incluso inusuales en otras transiciones de poder público entre bandos sumamente confrontados, el asomo oportuno a los archivos, activos, mandos y controles del aparato gubernamental estatal, con candados especiales en materias delicadas.
Pero el propio Villarreal ha sido tocado, cargado o afectado (ya se irá viendo) por referencias de presuntos acercamientos o entendimientos con esos factores del crimen organizado que siempre están prestos para encontrar vías de acceso a candidatos o miembros relevantes de los equipos de campaña para hacer aportaciones económicas o dar ayudas de presión o disuasión sociales, según se necesiten, a cambio de posteriores periodos de benevolencia a sus negocios delictivos.
El Partido Acción Nacional, y con enjundia personal el gobernador saliente, Cabeza de Vaca, han pretendido frenar la validación del triunfo electoral del morenista Villarreal mediante alegatos que incluyen el de presuntos apoyos de la delincuencia organizada a la campaña del hijo de quien fue gobernador priísta de 1987 a 1993, como parte de la tecnocracia impulsada por Miguel de la Madrid, quien antes lo había hecho senador por Tamaulipas.
Resultó paradójico que Cabeza de Vaca acusara de colusión con el narcotráfico y asuntos similares a Américo Villarreal, dado que el propio panista ha estado largamente acusado de graves hechos de corrupción, propios de un cártel de saqueo presupuestal y colusión con esos poderes fácticos dominantes, a tal grado que por hechos de escala menor fue desaforado en la cámara federal de diputados, pero salvado por la estatal, en un rudo forcejeo jurídico y político que podrá reanudar la fase de las órdenes de aprehensión en cuanto el panista deje de ser gobernador.
En abierta desesperación, Cabeza de Vaca intentó encarcelar a Villarreal mediante acusaciones procesadas en la jurisdicción local, lo que llevó al morenista a un extraño zigzagueo táctico de regreso al Senado e inmediato desistimiento. A fin de cuentas, los magistrados electorales federales dieron visto bueno a la victoria electoral del candidato de Morena, quien tomará posesión del cargo este sábado.
En el camino, pero no necesariamente sepultadas, quedan algunas acusaciones relacionadas con presuntos financiamientos delictivos de campañas morenistas, entre ellas la de Tamaulipas. En ese tenor se ha señalado el caso del empresario, presuntamente huachicolero, Sergio Carmona Angulo, asesinado el pasado 22 de noviembre en Nuevo León, y también se ha mencionado una reunión de Villarreal con el senador zacatecano José Narro y un empresario al que señalan también en negocios oscuros, Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias el Gerry, encuentro en cuyo contexto desaparecieron dos marinos.
Y, mientras Jesús Murillo Karam ha obtenido una suspensión judicial definitiva para no ser sujeto a proceso penal, aunque aún puede recurrir a segunda instancia la Fiscalía General de la República, con Alejandro Gertz como más que sospechoso fiscal ineficaz en expedientes clave, en tanto (¡oh, ironías!) hoy dan conferencia de prensa los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que podrían dejar de colaborar en la investigación del caso Iguala por no tener condiciones adecuadas para su trabajo.
México SA
SAT va por $100 mil millones // En la mira, 20 corporativos // Claudio X. González, deudor
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
La batalla es permanente, porque la contraparte se niega a aceptar que llegó a su fin el paraíso fiscal del que gozaron los grandes privilegiados del régimen neoliberal, durante el cual cientos de miles de millones de pesos en impuestos les fueron condonados y todavía les regresaban cantidades estratosféricas. Evadir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) era legal, arguyen, y cómo no, si ellos mismos hacían las leyes que los beneficiaban.
Se trata de la casta divina, los grandes contribuyentes (aquellos con ingresos superiores a mil 500 millones de pesos anuales), es decir, los causantes con multimillonarios ingresos y fortunas de ensueño, nutridas éstas, precisamente, por la constante evasión, condonación y devolución de impuestos, mecanismo facilitado, estimulado y aplaudido por el régimen neoliberal.
Pero la batalla es doble, porque de acuerdo con el SAT, los grandes contribuyentes –trucos legaloides de por medio– pagan, si lo hacen, tasas impositivas que ni lejanamente corresponden a sus multimillonarios ingresos. Por ejemplo, los fabricantes de cemento en el país (mercado que acapara Cemex, el emporio regiomontano ligado al otrora Grupo Monterrey) pagaron (2019) una tasa fiscal efectiva de 4.48 por ciento (cuando les corresponde no menos de 30 por ciento).
Otro caso que ilustra sobre la evasión legalizada es el de la banca privada que opera en el país (mayoritariamente extranjera). En los primeros siete meses de 2022 obtuvo utilidades netas por 130 mil millones de pesos, pero la tasa fiscal efectiva que pagó, si lo hizo, fue de 5.33 por ciento, cuando le corresponde una de 30 por ciento, por lo menos. Lo mismo sucede con las casas de bolsa, aseguradoras, sociedades financieras y de inversión, y afianzadoras, la mayoría de ellas (por no decir todas) propiedad de la misma banca privada.
Deben sumarse los corporativos mineros (los dedicados a la extracción de oro, canadienses en su mayoría) que pagaron –2019– una tasa efectiva de 5.51 por ciento; plata (con la familia Bailleres a la cabeza), 6.78 por ciento, y cobre (con el tóxico Germán Larrea en primerísimo lugar), 7.98 por ciento. Además, las enormes empresas farmacéuticas: 4.4 por ciento; trasnacionales automotrices con plantas productivas en el país, 1.3 por ciento, y así por el estilo. Sólo para el comparativo, las personas físicas con actividad empresarial están obligadas a pagar una tasa de 35 por ciento.
Pues bien, lo anterior viene a colación porque en la mañanera de ayer el presidente López Obrador reveló que entre 20 y 30 grandes contribuyentes se están rezagando en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; no han pagado (el adeudo ronda 100 mil millones de pesos) y son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión. Siempre son las grandes corporaciones económicas y financieras.
De acuerdo con el mandatario, en algunos casos no han cumplido con el fisco porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo, para que se siga apoyando a la gente y para no contratar deuda, no endeudar al país. Hay resistencias, porque imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales; no pagaban o si lo hacían les devolvían los impuestos a los grandes empresarios y corporaciones.
López Obrador citó un caso: “una vez me habló el dueño del Grupo Bimbo (propiedad de la siempre pía familia Servitje) que habían vendido una de sus empresas y que iban a pagar sus impuestos, creo que mil o mil 500 millones de pesos. Se la vendió a una empresa extranjera, creo que es donde hacen las paletas de chocolate (Ricolino), y le platicaba que ese dinero era el equivalente a los mil millones destinados este año a caminos en las zonas más pobres de Guerrero, que es La Montaña. Le digo: ‘los mil millones son mil millones para caminos’. Entonces, para eso es el presupuesto. Antes, pues en un ambiente de corrupción y de complicidades se podía decir: ‘¿cómo voy a pagar si se van a robar el dinero en el gobierno?’ Ahora no, ahora el dinero es para inversión pública, para el bienestar de la gente”.
Y en la plática salió el adeudo fiscal (desde 2014) del inefable Claudio X. González: adeuda al fisco cerca de 17 millones de pesos, pero estoy seguro de que terminará pagando.
Las rebanadas del pastel
¿Será que Jesús Murillo Karam ya tiene un pie fuera del reclusorio? La mafia de jueces, ministerios públicos y fiscalías es una verdadera vergüenza para el país.
