Competir ¿conecta? a México
Jorge Bravo
Proceso
El 10 de septiembre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cumplió 9 años de haber sido creado en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica de 2013. El regulador lanzó una campaña de comunicación social con el slogan de “competir conecta a México”, pero ¿realmente es así?
La creación del IFT ha sido uno de los mayores aciertos legales e institucionales para otorgarle robustez a uno de los sectores más relevantes para la economía, la sociedad y de importancia transversal para el resto de las actividades e industrias de México.
El comunicado conmemorativo del IFT señala que “en cuanto a los servicios de telecomunicaciones, hay mayor penetración y cobertura, lo que significa que hoy más personas están conectadas”.
Es indudable que en 9 años hay más mexicanos con tecnología y conectados a Internet, pero si se hace un análisis comparado con América Latina, donde ningún país tuvo una reforma estructural al sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, ninguno tiene una regulación en materia de preponderancia y ningún mercado tiene un regulador constitucional autónomo tan robusto como el IFT, resulta que México fue uno de los países que menos creció en servicios de telecomunicaciones.
El IFT presume que se triplicó el número de líneas de Internet móvil, al pasar de 27.4 millones en 2013 a 108.8 millones en 2021, con lo que se tienen 86 líneas por cada 100 habitantes en diciembre de 2021, comparado con 23 líneas hace 9 años.
El crecimiento es notable y hay que celebrarlo, pero 12 países de la región tienen una mayor penetración de banda ancha móvil que México. Nuestro país creció 302% en el periodo 2013-2021, pero Chile (que ya estaba más conectado que México) creció 344%, Panamá 350%, Bolivia 706% y Perú 940%, con base en las estadísticas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
El IFT celebra que en servicios fijos la penetración de Internet aumentó 72.5%, para ubicarse en 69 accesos por cada 100 hogares en diciembre de 2021, luego de que en 2013 había 40 accesos de Internet fijo por cada 100 hogares. El mercado de banda ancha fija creció 104% al pasar de 11.8 a 24.1 millones de accesos.
Es correcto, pero una vez más otros países de la región como Argentina (167%), Brasil, (194%), Chile (186%), Colombia (185%) o Perú (189%), por sólo citar algunos, tuvieron un mejor desempeño que México en cuanto a banda ancha fija.
La pregunta es: ¿por qué otros países, incluso más conectados que México y que no vienen de tan atrás, y sin una reforma constitucional tan ambiciosa, siguen creciendo en servicios de telecomunicaciones más que México?
El IFT es la autoridad exclusiva en competencia económica en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones. Claramente, el regulador valora mucho la competencia, al grado de que es la palabra inicial de su lema de comunicación social por su noveno aniversario. El IFT traduce “competencia” con beneficios a favor de la población mexicana y es cierto.
Pero en la práctica resulta que no hay suficiente competencia en el mercado de televisión de paga. En ese servicio no compiten todos los operadores que tienen infraestructura habilitada para ofrecer la TV por suscripción, porque pesa una prohibición regulatoria sobre la red más amplia, la de Telmex.
En 9 años de vida del IFT ha crecido el índice de concentración en TV de paga (hay menos competencia) y es el servicio que más ha incrementado sus tarifas al consumidor final en el mismo lapso. La concentración y la insuficiente competencia en TV de paga no están contribuyendo a conectar México, porque la TV de paga está cada vez más asociada con el servicio de Internet fijo.
En enero de 2022, el pleno del IFT decidió postergar la entrada de Claro TV al mercado de la televisión de paga y ordenó que se elaborara un nuevo proyecto de resolución sin las inconsistencias del que fue votado esa fecha. América Móvil había comprometido una inversión de 8 mil millones de pesos en fibra óptica para incrementar la conectividad de los mexicanos. El IFT desairó la inversión, la competencia en ese mercado y la conectividad que traería consigo.
En radiodifusión, hay que reconocer que México fue el primer país de América Latina en migrar a la Televisión Digital Terrestre. Ahora se transmiten mil 269 canales digitales de TV abierta, cuando en el primer trimestre de 2013 había 311 canales. Además, existe una tercera cadena de TV abierta que compite con Televisa y TV Azteca y también 32 nuevos canales de TV abierta regionales.
En radio, por primera vez se licitaron frecuencias y ahora hay 244 nuevas estaciones de radio comercial, además de 25 concesiones de uso indígena, 289 de uso social, 125 comunitarias y 207 públicas.
Sin duda, hay más competencia en radio y televisión, pero es increíble que no estén habilitados los derechos de las audiencias desde que fueron reconocidos en la Constitución y la ley secundaria.
Hay más canales de TV y más estaciones de radio, pero más competencia en radiodifusión no habilita más derechos. El IFT tutela los derechos de las audiencias, pero ha sido totalmente omiso sobre las acciones de inconstitucionalidad, los litigios y los diferendos en materia de derechos de las audiencias. Tenemos más competencia en radiodifusión, pero menos derechos de los receptores de los servicios de radio y televisión.
La competencia económica tiene beneficios para el consumidor como más oferta y mejores servicios de telecomunicaciones a mejores precios, detonando la productividad, la inversión y la innovación; pero la competencia no es suficiente para conectar un territorio.
Lo que conecta y digitaliza un país es la política pública de inclusión digital, precisamente donde no existe competencia ni mercados rentables, donde hay población vulnerable y desconectada. El IFT está obligado a realizar las acciones necesarias para contribuir con los objetivos de la política de inclusión digital universal. Competir es importante, pero no es suficiente para conectar México, hace falta política pública digital. Para eso, el IFT no tiene un slogan a 9 años de su creación.
Juegos de poder
Otra vez, saldrán airosas las Fuerzas Armadas
Leo Zuckermann
Excelsior
Veamos, primero, los hechos.
Uno. La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, presidida por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, publica su Informe y, con base en las nuevas evidencias, la Fiscalía General de la República (FGR) solicita 83 órdenes de aprehensión, 20 de ellas de miembros de las Fuerzas Armadas.
Dos. Días después, la FGR cancela 21 de estas órdenes, 16 correspondientes a militares que habían sido acusados de delincuencia organizada, incluyendo al coronel Rafael Hernández Nieto, quien se desempeñaba como comandante del Batallón de Infantería con sede en Iguala cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace ocho años.
Tres. Extrañamente, los fiscales de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que venían investigando seriamente el caso durante este sexenio, no son los que solicitan y luego cancelan estas órdenes de aprehensión. A dicha Unidad ni siquiera le avisan de estas decisiones.
Cuatro. Días después, el titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo, presenta su renuncia. El presidente López Obrador confirma la dimisión y acepta: “Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”.
Cinco. Nuestro colega Jorge Fernández Menéndez entrevista al general brigadier José Rodríguez Pérez, preso en el Campo Militar Uno por delincuencia organizada a raíz del Informe de la Comisión presidida por Encinas. El inculpado afirma que la única prueba que existe en contra de los militares presuntamente involucrados en el asesinato y desaparición de los estudiantes son las declaraciones del líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias El Cabo Gil. Se dice inocente y califica como una vileza y cobardía las acusaciones que le han hecho a raíz del Informe de la Comisión de la Verdad.
¿Qué nos dice la suma de estos cinco puntos?
Que existe un enfrentamiento dentro del gobierno de López Obrador.
Por un lado, está la Comisión de la Verdad de Encinas cuyo valor ha sido demostrar la participación activa del Ejército en el asesinato y desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Por el otro, el Ejército tratando de negar esta versión con el fin de minimizar el impacto mediático que podría tener en la opinión pública.
En medio se encontraría la FGR que ha jugado un papel patético. Apoya a la Comisión con órdenes de aprehensión al personal militar, y luego retira la gran mayoría de ellas. Y en toda esta faena deja afuera nada menos que a su fiscal especial, quien termina renunciando.
A la cabeza de este batidillo se encuentra el presidente López Obrador.
Por un lado, tiene que cumplir su promesa de resolver el caso de Ayotzinapa, demostrando que su gobierno es diferente al pasado, aunque esto involucre a altos mandos de la Fuerzas Armadas. Por el otro, el mandatario tiene una alianza estratégica con soldados y marinos. Como nunca, los militares se encuentran involucrados en todo tipo de labores del gobierno federal. Ejército y Marina son los dos grandes pilares de López Obrador. Y, naturalmente, el Presidente no quiere hacer enojar a sus aliados.
López Obrador está tratando de resolver este dilema en una arriesgada jugada para quedar bien con los dos bandos. Su narrativa es la de “las manzanas podridas”. No es que las Fuerzas Armadas hayan participado activamente en el asesinato y desaparición de los 43 de Ayotzinapa como institución (lo cual comprobaría que sí fue un “crimen de Estado”), sino que malos elementos de la corporación, corrompidos por el crimen organizado, habrían participado en la comisión de estos delitos. Luego entonces, es necesario castigar a las “manzanas podridas” para dejar limpiecitas las instituciones castrenses que son sus aliadas estratégicas.
Igual le funciona al Presidente esta estrategia, igual y no. Como puede quedar bien con las dos partes, también puede quedar mal. Por un lado, se vería como un mandatario al que doblaron las Fuerzas Armadas y, por el otro, como el comandante en jefe que no cerró filas con sus subordinados y desprotegió al Ejército y Marina a la hora de los guamazos.
Si tuviera que apostar quién ganará en este enfrentamiento dentro del gobierno, lo haría por el Ejército. Por una razón fundamental: tienen más poder, hoy más que nunca. El Presidente les abrió la puerta de par en par a los militares y ya se metieron hasta la cocina del gobierno civil. No veo al Presidente arriesgando la buena relación que tiene con ellos a cambio del espinoso asunto de Ayotzinapa. Como en su momento hizo Peña Nieto, López Obrador acabará protegiendo a las Fuerzas Armadas. Eso creo. A ver qué pasa.
Nudo gordiano
La no “consulta”
Yuriria Sierra
Excelsior
“No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución (…) la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular; la materia electoral (…) la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas…”, un fragmento del artículo 35 constitucional, que es necesario recordar luego de lo anunciado ayer en Palacio Nacional.
La consulta que no es consulta, va. No se puede llamar así, porque al hacerlo se estaría violando la Constitución. Así que mejor será un “ejercicio participativo”. Adán Augusto López siguió el guion anunciado por el Presidente y resolvió así su promesa, ésa que debió sacarse de la manga ante la imposibilidad para el aval de la reforma con la que, dicen que el PRI, planteó mantener al Ejército en tareas de seguridad hasta el 2019. Conocemos el desenlace de esa intención. Por eso apareció ya en el calendario este “ejercicio participativo”: será el 22 de enero próximo, a partir del 10 de octubre iniciará la campaña de difusión, llamarán a todos los brazos posibles dentro del Estado para que se difunda a todo el territorio nacional. No será operado por el INE, dicen que para que no pida mucho presupuesto, pero más bien porque el instituto no podría realizar este “ejercicio” claramente violatorio de las leyes y evidentemente innecesario.
La seguridad pública es uno de los temas que no puede someterse a un ejercicio de opinión. La estrategia de combate a la delincuencia no puede depender hoy de una reforma que no ha logrado consenso o mediano diálogo en el Legislativo, pero que sí ha generado encontronazo entre Poderes de la Unión.
Tres preguntas que podrán responder, dicen, quien se identifique con un documento oficial y CURP. Los resultados los darán a conocer un día después… y viene lo mejor, el colmo: el resultado no será vinculante.
Será cosa de días para que este gobierno, abrazado en el discurso de austeridad, nos diga cuánto se gastará en un ejercicio que servirá para nada y que tendrá, además, efectos negativos en el entendimiento de algo de lo que López Obrador parece estar muy orgulloso, esa idea que menciona cada que tiene oportunidad sobre que la democracia es el poder del pueblo y que en la democracia el pueblo manda. Ahora convoca a ese pueblo a responder las preguntas de este “ejercicio participativo”, aun sabiendo que no va a pasar nada, porque no será vinculante. El resultado es lo de menos.
Y entonces que siga pregonando que la democracia es la voz, el poder del pueblo, de ese pueblo al que va a cansar y desencantar de que cada vez que me da su opinión no pasa absolutamente nada. ¿O de qué servirá? Hoy, sólo como mecanismo de presión para su partido, el que no logró sacar la soñada reforma.
México SA
Economía sólida para relevo sexenal // De comparecencias y pastillas de sal // ¿Y las investigaciones contra Alito?
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
En línea con lo enunciado el 8 de septiembre, cuando el presidente López Obrador presentó al Congreso su paquete económico 2023, ayer el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, detalló que, además de cumplir con los gastos obligatorios, la propuesta se enfoca a canalizar recursos públicos a sectores prioritarios (inversiones social y física, así como para salud, seguridad y educación que favorecen el bienestar de los mexicanos), además de atender a los grupos poblacionales más rezagados, el desarrollo económico regional e incluyente, y el reforzamiento de las medidas para combatir la inflación y la carestía. Con todo ello, dijo el funcionario, sentaremos las bases de los trabajos del gobierno de México para el próximo año y de cara al fin del sexenio.
Muy lejos quedó la práctica de los tiempos priístas, cuando los titulares de las áreas económico-financieras federales (en especial las secretarías de Hacienda y de la extinta Programación y Presupuesto) sufrían un verdadero calvario, pues sus comparecencias en el Congreso se prolongaban durante 10 o 12 horas, sin que los funcionarios siquiera tuvieran permiso para ir a lo más elemental. Por cierto, esta sádica rutina fue rota en 1982 por Ramón Aguirre Velázquez, cabeza, a la sazón, de la SPP, quien, desesperado y con la uretra vencida, solicitó permiso al pleno para darse una vueltita por el baño, porque, de plano, no aguantaba más.
En alguna ocasión, Miguel de la Madrid (quien también fue titular de la SPP) comentó en corto que las comparecencias ante el Congreso implicaban una preparación detallada, incluso con asesoría médica (que conllevaba el consumo de pastillas de sal y/ o medicamentos para retener líquidos), siempre con el objetivo de no verse en la penosa necesidad de hacer lo que el protocolo impedía (ir al baño) en las 10 o 12 horas que duraban sus exposiciones, al término de las cuales irremediablemente salía a toda velocidad para el fin descrito. Ahora esas presentaciones suelen ser más civilizadas, pero no así la sarta de estupideces que algunos diputados y senadores lanzan a diestra y siniestra.
Pero bueno, el punto es que ayer Ramírez de la O estuvo en San Lázaro y de su exposición se toman los siguientes pasajes. Va, pues: “el programa incluido en el paquete 2023 anticipa que la economía de México será impulsada por el fortalecimiento del mercado interno y la relocalización de empresas hacia nuestro país. En este contexto, se prevé que ese año el crecimiento real del producto interno bruto (PIB) alcance un rango de entre 1.2 y 3 por ciento.
“Se anticipa que los ingresos petroleros alcancen 1.3 billones, impulsados al alza por un mayor precio del crudo de exportación y los resultados de la política pública en materia energética impulsada por esta administración. Igual-mente estimamos que la recaudación tributaria alcance 4.6 billones, monto que representa un incremento de 11.6 por ciento en términos reales con respecto a lo aprobado para 2022.
Así, proponemos un gasto total neto de 8 billones 299 mil millones de pesos, 26.4 por ciento del PIB y un aumento de 11.6 por ciento en términos reales respecto al publicado en el presupuesto del presente año. En su interior, el gasto programable es de 5 billones 958 mil millones de pesos y el no programable de 2 billones 341 mil millones. Anotamos que 8 de cada 10 pesos del gasto neto total corresponden a gastos obligatorios, siendo los más importantes el costo financiero, las pensiones y jubilaciones, las participaciones a estados y municipios, el gasto de empresas y entidades, así como el gasto de los ramos autónomos.
Las estimaciones y proyecciones empleadas por la Secretaría de Hacienda son prudentes y brindan a la administración margen de maniobra para que, en su caso, se puedan realizar ajustes sin poner en peligro la inversión física y social. México continúa creciendo. Durante la primera mitad del año el crecimiento económico de nuestro país ha sorprendido al alza y se ha ubicado por encima de los pronósticos de los analistas de principio de año.
Las rebanadas del pastel
El tal Alito desapareció de la Noche del Jaguar, ya no hay mentadas de parte de los morenistas, se dejó de comentar y documentar las inagotables tropelías del príista, y todo aparentemente en calma, pero el silencio y la apestosa práctica de voltear para otro lado no borra la condición de hampón del campechano. ¿Dónde quedaron las investigaciones -federales y estatales- de la supuesta justicia?
