Arsenal
El round que la oposición le ganó al Presidente
Francisco Garfias
Excelsior
Las tropas parlamentarias de Morena (el copyright es del senador Germán Martínez) fallaron en su intento de tomar la Constitución para modificar un transitorio y permitir la permanencia de los militares en las calles hasta el 2028.
El grueso de los senadores del PRI, PAN, MC, PRD y Plurales resistieron todo el arsenal que el gobierno federal puso a disposición del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para tratar de doblarlos.
El dictamen no logró la mayoría calificada que requiere cualquier reforma constitucional y, por lo pronto, fue regresada a comisiones para hacerle modificaciones. De este modo, la mayoría oficial evitó que se votara y se desechara, lo que implicaría no volver a presentarla en este periodo de sesiones.
Las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda tienen 10 días para modificar el dictamen o dejarlo en la congeladora, en caso de que no lograran convencer al puñado de senadores de oposición que les faltan (las versiones hablan de tres o cuatro). Pero si le mueven una coma, regresaría a San Lázaro, que es la Cámara de origen.
* En la sesión de ayer, pronto quedó claro que el Bloque de Contención no había cedido a presiones de gobernadores, ofertas de futuro político, promesas de recursos para los estados, amenazas a los que tienen cadáveres en el clóset. No los intimidó la presencia en el Senado y sus alrededores del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; otros nos aseguran que vieron al procurador fiscal de la Federación, Félix Medina Padilla, con el senador Manuel Velasco, del PVEM. ¿Qué hacían allí? Podemos imaginarlo.
Fue el propio Ricardo Monreal, coordinador de Morena, el que dio la señal inequívoca de que no tenía los votos para aprobar la permanencia de los militares cuatro años más de lo que hoy marca la Constitución. El coordinador ocupó el turno de la senadora Lucía Meza, para proponer que se aplazara la votación. “Yo pienso que nos podemos dar más tiempo. Yo no estoy por la prisa. No me ganan los tiempos… Estoy dispuesto a seguir discutiendo este tema”, dijo Monreal.
El ¡noooo! del Bloque de Contención fue contundente. Al senador del Grupo Plural, Gustavo Madero, le brincó una duda. Preguntó al morenista: ¿Por qué votaron contra la moción suspensiva que propuso el PAN y ahora quieren regresar el dictamen a comisiones?
Respuesta de Monreal: “La moción suspensiva que aquí se presentó yo estaba fuera. No la vi… Pude cometer un error al no estar presente en la moción suspensiva. Pero estamos en posibilidades de corregir, de regresarlo a comisiones y debatir con profundidad el 5o transitorio”. Y eso fue lo que ocurrió.
El senador de Zacatecas había señalado previamente:
“¿El 5º transitorio? Trata de extender el plazo a 2028 para que (los militares) realicen labores de seguridad pública. Nadie habló en 2019 —cuando se puso ese transitorio que obliga a las Fuerzas Armadas a regresar a sus cuarteles y bases en marzo del 2024— de que se estaba militarizando el país. Nadie, en su sano juicio, puede pensar que en 18 meses vaya a existir un cuerpo policiaco del nivel del Ejército. En 18 meses tienen que regresar a los cuarteles. Los únicos que estarán contentos son los integrantes de la delincuencia organizada”.
La panista Xóchitl Gálvez pidió el micrófono por las alusiones. Les dijo sus verdades a morenos y rémoras: “Quieren posponer el debate, porque no tienen los votos. No les alcanzó todo el dinero del mundo para corromper a la gente”.
* La priista Claudia Ruiz Massieu puso el tono de animosidad que prevaleció a lo largo del debate.
Empezó por señalar lo que todos queremos: Que termine la violencia y la inseguridad, que México tenga policías capacitadas, que las Fuerzas Armadas mantengan su prestigio y apego social, que sus integrantes dejen de ser vejados y humillados por los criminales.
“El problema —señaló— es que este debate no se trata de nada de eso… Este debate trata de cumplir una consigna para profundizar la militarización del país. Este debate trata de demostrar que se puede intentar doblar a la oposición en perjuicio de las instituciones democráticas”.
El panista Damián Zepeda no desentonó: “El único motivo por el que estamos aquí, debatiendo esta reforma para militarizar el país, es porque el gobierno hizo uso político de la justicia y logró, por esa vía, los votos (del PRI) en la Cámara de Diputados”.
* Las seis organizaciones de la sociedad civil que se presentaron el martes en el Senado para exigir a los senadores del Bloque de Contención votar en contra de la reforma al transitorio se declararon ayer en sesión permanente.
El Frente Cívico Nacional, Sí Por México, Poder Ciudadano, Sociedad Civil México, Poder Ciudadano y los exgobernadores del PAN que pertenecen a Unidos por México permanecerán vigilantes de lo que ocurra las próximas semanas con la aplazada reforma.
Número cero
Morena gira hacia una era postLópez Obrador
José Buendía Hegewisch
Excelsior
Morena vive tiempo de marea agitada a su interior por las incógnitas sobre el rumbo que tomará en el futuro, a pesar de encabezar las encuestas hacia 2024. En su tercer Congreso Nacional, el partido en el gobierno ha decidido llevar el “gobierno al partido” para encumbrar una nueva nomenclatura con la cual retener el poder en la próxima elección presidencial. Lo hizo con la mirada puesta en el horizonte de una era postLópez Obrador que abriría el fin de su sexenio, cuando su máximo líder dice que se alejará de la política.
Un hecho relevante en el que se ha reparado poco es el mensaje de López Obrador al congreso con su declinación a ser consejero nacional, invitado por la dirigencia. En el congreso se nombró al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como nuevo presidente del Consejo Nacional y se renovó la integración del órgano de dirección que, según estatutos, es la segunda autoridad del partido, sólo por debajo del Congreso Nacional. La decisión de no asistir al cónclave partidista le sirvió para recordarles —como ha dicho varias veces— que se retirará de la política al concluir su mandato, lo que incluiría al partido que fundó en 2011 para alcanzar la Presidencia.
Morena es un fenómeno político-electoral porque, con tan sólo siete años de vida, logró alcanzar el poder bajo el liderazgo carismático de López Obrador y su experiencia de trabajo en las bases en otros partidos de los que salió para fundarlo. Desde el gobierno, la relación con su partido no ha sido tersa, pues ha amenazado incluso con renunciar si se corrompe y hasta pedir el cambio de nombre. Hace apenas unos días volvía a cargar contra la “desubicación” de militantes que “no quieren aceptar que el pueblo manda”, para deslindarse del nombramiento de su candidato de acuerdo con los viejos cánones del “tapadismo” presidencial. Su reclamo permanente ha sido dejar claro que “luchamos muchos años para que no se usara el gobierno a favor de ningún partido”, en referencia a los procesos electorales internos y la cargada oficial.
En efecto, ésta fue leitmotiv de las denuncias de fraude durante tres décadas como opositor, pero ahora no queda clara su valoración sobre el desembarco del poder de los gobernadores y de los equipos de los presidenciables en el aparato, incluido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. La reorientación de Morena apunta más a la conformación de un partido de representación territorial de “hombres fuertes” que a un proyecto para institucionalizarlo. Los gobernadores se constituyen en una nueva nomenclatura y se reparten el partido hasta 2025, para controlar las candidaturas y marcar el rumbo después de que haya concluido el sexenio.
¿Hay una redefinición en función de pactos regionales? En Morena no hay liderazgos que rivalicen con el de López Obrador, pero el ejercicio del poder con su consolidación como primera fuerza política y el control territorial en dos terceras partes del país confiere a los gobernadores una fuerza que hace sólo tres años simplemente no existía. El ejercicio del poder transforma y comienza a pasar factura al esquema de partido-movimiento que López Obrador había defendido para anclar su proyecto de la 4T. Pero ahora su reconfiguración parece apostar a esa nomenclatura para asegurar la continuidad una vez que el partido tenga que navegar sin su líder indiscutido.
El rumbo preocupa a grupos internos por implicar la marginación del movimiento social que llevó a López Obrador a la Presidencia en favor de la dirigencia partidista. Su lectura es que este esquema los acercará a la vieja práctica de usarlo como instrumento del poder público para ganar elecciones, a pesar de la cantaleta de decir que son distintos como sustento de la promesa ética de honestidad y combate a la corrupción. Les preocupa que Morena se conforma en estructuras verticales no muy diferentes a las que antes criticó y toma definiciones políticas amorfas y pragmáticas que rehúyen a la crítica interna y castigan a la disidencia como traición.
¿Qué piensa el Presidente de la orientación de su partido? ¿Comparte la redefinición o su distancia indica que ya lo soltó para concentrarse en el fin de su gobierno? Éstas son las preguntas que hoy flotan dentro de Morena y reclaman una toma de postura de López Obrador porque no dejó de estar presente en el Consejo, aunque no haya asistido.
Astillero
Morena ganó tiempo // Marrullería en el Senado // Más días para cooptar // Oposición victoriosa
Julio Hernández López
La Jornada
Fue una especie de victoria temporal, con pinta de reversión definitiva en pocos días. Ciertamente, los opositores a la ampliación del dominio militar en la Guardia Nacional pudieron frenar ayer en el Senado tal pretensión, dado que Morena y sus aliados, más sus compras recientísimas, no alcanzaban la mayoría calificada necesaria para modificaciones constitucionales, pero la marrullería monrealista de alargar el proceso legislativo, al regresar el dictamen a comisiones, regala tiempo de oro a los operadores 4T (con el secretario de Gobernación como pieza central, promisor y garante) que ya estaban ayer mismo a punto de completar la aritmética requerida y ahora tendrán un intervalo ideal para generar en el flanco opositor más deserciones incentivadas.
La resistencia opositora en el tema de la Guardia Nacional difícilmente soportará el peso de los intereses y las ambiciones. El primer ejemplo de esa precariedad lo dio el senador panista de Yucatán Raúl Paz, quien en cuestión de horas pasó de ser blanquiazul a guinda, con la entrega inmediata de un nombramiento morenista de bisutería (ser enlace con empresarios, una especie de Alfonso Romo de mentirijillas) aunque, en realidad, el cambalache deseado por el más reciente de los tránsfugas se refiere a la candidatura al gobierno de Yucatán.
El caso de Paz no es sino un ejemplo de la guerra por votos que ha desplegado el oficialismo, con el secretario Adán Augusto López Hernández instalado en una mesa de café de un hotel inmediato al Senado para negociar cambios de posturas opositoras, y similares faenas de cooptación realizadas por personajes como el embajador de México en España, Quirino Ordaz, el ex gobernador de Sinaloa que tuvo el descaro de tuitear presiones al senador priísta Mario Zamora para que votara en el sentido deseado por Morena y acompañantes.
Sin permitirse tanta exhibición, otros mandatarios estatales, no sólo morenistas, estuvieron y seguirán presionando a senadores renuentes a apoyar la continuidad militar en la Guardia Nacional. Los ejecutivos locales que no atiendan el exhorto a pastorear votos en el Senado en favor de la opción Sedena podrían correr el riesgo de que sus pedidos de auxilio ante desbordamientos del crimen organizado sean recíprocamente desatendidos.
En el PRI no era ni ha sido novedad el negociar votos por posiciones políticas, prebendas y soluciones a temas o problemas grupales, familiares o personales. Alito, como ejemplo del recular oportuno, fue inspiración de senadores priístas que prometían fidelidad opositora a Miguel Ángel Osorio Chong, aunque negociaban con Adán Augusto y, algunos, se desdecían de lo hablado con el titular de Gobernación para luego encarecer reversas y realineamientos.
En ese segmento de priísmo congénitamente oportunista reside el principal riesgo, casi definitorio, para la burbuja triunfalista de una desvalida oposición senatorial a la marcha militarista en curso: el aparato 4T aprovechará el tiempo extra para incrementar conminaciones y ofertas. El secretario Adán Augusto podrá presumir de buenos resultados operativos, aunque no gane encuestas de opinión, y el presuntamente desahuciado del morenismo, Ricardo Monreal, podría recuperar indulgencias de Palacio Nacional gracias a sus esfuerzos, hasta teatrales, de posposición hechos ayer.
Astillas
El gobernador de Texas, Greg Abott, suma esfuerzos en el acariciado propósito de que Estados Unidos declare como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos. Por lo pronto, así lo ha determinado en su ámbito estatal mediante una orden ejecutiva, alegando un alto número de personas muertas por envenenamiento con fentanilo. Luego ha escalado el tema al pedir a Joe Biden que haga lo mismo contra los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. La clasificación de terrorismo facultaría a realizar actos armados de Estados Unidos contra esas organizaciones incluso o, sobre todo, en territorio mexicano.
Militarización: voces de la memoria
Víctor M. Quintana S.
La Jornada
Estos días hay algunas opiniones tan críticas como repentinas sobre la militarización, cocinadas en microondas, al calor del enfrentamiento partidario. Pero también hay otras, también críticas, que se han venido exponiendo y documentando desde hace años. Es muy importante diferenciarlas y atenderlas.
Desde 2009 empezamos a presentar en estas páginas los perniciosos efectos del Operativo Conjunto Chihuahua, por parte del Ejército dentro del marco de la calderonista guerra contra las drogas.
El 28 de marzo de 2008 el general Jorge Juárez Loera, jefe de dicho operativo, lo inició con su memorable frase: Mi orden de cateo es el marro. Se enviaron más de 2 mil soldados a Chihuahua y, al reforzarse el operativo, un año después, se agregaron 5 mil 332 elementos. El Ejército tomó el mando de la policía municipal y del Centro de Readaptación Social de Juárez (https://bit.ly/3f3kqbJ).
La presencia del Ejército en las calles tuvo estos resultados para esta frontera: antes de implementarse, en 2007, hubo 316 homicidios dolosos; en 2008 el número de homicidios se elevó a mil 607; en 2009 el total ascendió a 2 mil 643; en 2011, año en que Calderón inició el programa Todos somos Juárez, llegó a 3 mil 117 homicidios dolosos.
Antes del operativo todo el estado de Chihuahua presentaba una tasa de 14.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, dos años después de éste, la tasa ascendió a 148.91 por cada 100 mil habitantes. El total de delitos cometidos en el estado de Chihuahua en 2007 fue de 34 mil 800; para 2010, la cifra se elevó a 66 mil 125, 90 por ciento más. En Juárez los feminicidios, que en 2007 llegaban a 30, ascendieron a 96 en 2008 y a 163 en 2009. Ese año Ciudad Juárez encabezó la lista de las urbes más violentas del mundo, con 188.7 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El robo de vehículos se incrementó más de 300 por ciento en tres años. Todo esto lo denunciamos en estas prestigiadas páginas (https://bit.ly/3UqtZ4L, https://bit.ly/3SjCyw2 y https://bit.ly/3xARgHj).
Entonces, la primera conclusión de la presencia del Ejército en las calles chihuahuenses y fronterizas todos estos años es que, lejos de reducir la violencia y los índices delictivos, los disparó notoriamente. Lo señalamos con toda claridad cuando Calderón fue a Harvard a presumir su plan Todos somos Juárez (https://bit.ly/3Bton0P).
La presencia militar en Chihuahua esos años de la guerra calderoniana tuvo otros costos muy dolorosos: se incrementaron las violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, etcétera, documentó Human Rights Watch. Para septiembre de 2011 ya se habían presentado mil 92 denuncias, tan sólo en Ciudad Juárez, contra los elementos del Operativo Conjunto Chihuahua.
Hay un caso muy emblemático: el 29 de diciembre de 2009 fueron detenidos y desaparecidos por Ejército en el ejido Benito Juárez, Chihuahua, los primos Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera. El caso se llevó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 28 de noviembre de 2018 declaró al Estado mexicano responsable de la triple desaparición en el contexto del Operativo Conjunto Chihuahua, de militarización y graves violaciones a los derechos humanos. Cita los datos de la CNDH que documentó 10 mil 930 quejas contra la Secretaría de la Defensa entre 2007 y 2017, asentó Aída Hernández Castillo (https://bit.ly/3qOnIlF).
La segunda conclusión de esta terrible experiencia es que, además de disparar la violencia y la criminalidad, la presencia del Ejército en seguridad pública acarrea graves violaciones a los derechos humanos. Ni qué decir de los atropellos de los militares en la Operación Cóndor y la guerra sucia de los 60 y 70.
Yéndonos al presente, también hemos expuesto en estas páginas el ambiente de violencia en amplias zonas de Chihuahua con todo y la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército: control territorial por el crimen organizado; más de mil 700 personas desplazadas, la mayoría de indígenas, de 2012 a 2017; asesinatos de dirigentes indígenas en Guadalupe y Calvo y Bocoyna y el de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en Cerocahui, en junio pasado; miles de hectáreas de bosque taladas ilegalmente, extorsiones, cerco de comunidades, etcétera. Igual como sucede en la Sierra de Guerrero, o en las comunidades zapatistas en Chiapas o en la zona nahua de Michoacán.
Nuestra tercera conclusión es que la actual estrategia de la Guardia Nacional no ha sido eficaz para contener la violencia que afecta más severamente a las zonas indígenas del país.
Esas son las razones por las que no creemos en la militarización como salida a la inseguridad que vivimos; y nos preocupa que les den más poderes a las fuerzas armadas y se doble el presupuesto bajo su control. El Ejército ha cambiado de piel, lo revelan los uniformes garigoleados de los generales, pero no entendemos cuál es el cambio de fondo en sus actitudes para dar toda la confianza. No somos Alitos, tenemos memoria.
