Disonancias: remesas, pobreza y municipios
Tonatiuh Guillén López
Proceso
Ordenados los municipios del país en función de la distribución per cápita de remesas, el primer lugar corresponde a Tlapa de Comonfort, en Guerrero, con 62 mil 150 pesos por persona en 2021, que equivaldrían a 5 mil 160 pesos mensuales para cada habitante.
Las remesas familiares que México recibe cotidianamente en enormes cantidades tienen impactos fundamentales para el conjunto de la economía y, sobre todo, son la red de protección social más relevante para millones de familias que directa o indirectamente se benefician. Si se considera al conjunto de las remesas del año pasado (51.6 mil millones de dólares) y, del otro lado, el total de población del país conforme al último censo (126 millones), en promedio a cada persona le corresponderían algo más de 8 mil pesos anuales. Vista la distribución per cápita y desde la perspectiva municipal, los resultados proyectan escenarios más que interesantes.
En principio, algo más de 50 municipios del país reciben 30% de las remesas; nos referiremos en la presente nota solamente a ese conjunto. De este grupo, los de mayor pobreza –usando la estadística del Coneval– son al mismo tiempo los que reciben los ingresos por persona más elevados. No se trata de los municipios con mayor población, como sería el caso de Tijuana, que recibe las mayores remesas de todo el país. Por el contrario, si se enlistan los municipios receptores en función de las remesas por persona, los de mayor población son los que reciben menos dinero del exterior. Y al revés, los de menor población tienden a recibir mayores remesas, considerando el indicador per cápita.
Una característica compartida por los municipios con más remesas per cápita es su indicador de pobreza y tener una población reducida. La tendencia muestra que los de menor población al mismo tiempo son los de mayor pobreza y, además, los de mayor ingreso per cápita de remesas. Como puede suponerse, para este grupo de municipios las remesas son extraordinariamente importantes, vitales en el sentido literal del término. Su pobreza es añeja, estructural, y han permanecido en el olvido para las políticas de desarrollo estatales y federales, ahora y prácticamente desde siempre.
Bajo esas históricas condiciones de exclusión, se las “arreglan por su cuenta”, dicho coloquialmente, mediante dos tradicionales prácticas: la emigración y las remesas, que son caras de una misma moneda. Ambas vías han sido insuficientes para superar la inaceptable pobreza, pero son su mayor recurso disponible. No obstante, como se mostrará enseguida, nominalmente las remesas pudieran tener la capacidad cuantitativa para superar la pobreza de los principales municipios receptores, pero no sucede así.
Ordenados los municipios del país en función de la distribución per cápita de remesas, el primer lugar corresponde a Tlapa de Comonfort, en Guerrero, con 62 mil 150 pesos por persona en 2021, que equivaldrían a 5 mil 160 pesos mensuales para cada habitante. Una familia de cinco integrantes tendría unos 26 mil pesos mensuales solamente por remesas. Sin embargo, a pesar de esas cantidades, al mismo tiempo el municipio de Tlapa tiene 71.8% de su población en condiciones de pobreza, conforme a los criterios de Coneval. Siendo así, la notoria disonancia entre las cifras sugiere que existe una concentración muy elevada en los destinatarios finales de las remesas.
El segundo municipio más importante en remesas por persona es Puruándiro, Michoacán. En este caso el per cápita fue de 51 mil 500 pesos en 2021, equivalentes a 4 mil 300 pesos mensuales para cada habitante. No obstante, 51.8% de su población vive en condiciones de pobreza. Es decir, como sucede en Tlapa, se infiere que la concentración de las remesas es también elevada. Un escenario similar corresponde al tercer municipio del orden, Huajuapan de León, Oaxaca, con un per cápita de 44 mil 600 pesos anuales, que corresponderían a poco más de 3 mil 700 pesos mensuales por habitante. Parecido a los casos anteriores, Huajuapan tiene un porcentaje de 45.4% de su población en condiciones de pobreza, comparativamente menor, pero igual apunta a que existe una elevada concentración de las remesas.
De esta manera, la principal paradoja de los tres municipios es recibir un monto importante de recursos mediante las remesas y, de otra parte, sobrevivir entre una aguda pobreza que nominalmente pudiera ser aliviada por éstas. Es claro que la relativa desconexión entre remesas y pobreza municipal requiere de análisis más finos y, sin duda, la incorporación de variables adicionales, como son los entornos comunitarios, productivos e, inevitablemente, los delictivos.
En el panorama nacional de la relación entre remesas, pobreza y poblaciones municipales, destaca que las primeras son centrales para la reproducción familiar y, en sentido más amplio, para la vida social y económica de los municipios. Son vitales, mucho más importantes que cualquier programa gubernamental. Más aún, en determinados casos –como pasa con los tres municipios que reciben más recursos per cápita– nominalmente pudieran ser capaces de reducir notablemente las condiciones de pobreza, lo cual no ocurre. Las disonancias son notorias y, por lo pronto, solamente registramos su reverberación.
Por otra parte, considerando ahora a los municipios que tienen muy importante actividad económica, que reciben importantes remesas y que al mismo tiempo incrementan pobreza, sobresalen los inaceptables casos de Acapulco, con 52.1% de su población en pobreza; hace 10 años el porcentaje fue de 49.1%. También destaca el municipio de León, Guanajuato, con 45.9% de población en pobreza; hace 10 años era de 36.8%. Y la alcaldía de Iztapalapa, en CDMX, con 43.9% de población en pobreza; hace 10 años era de 36.4%. De mal en peor.
En estos últimos casos no solamente las remesas son un soporte social de primera importancia, sino que además las propias economías locales y su entorno inmediato tienen grandes capacidades, suficientes para generar un cambio sustancial en las condiciones de vida, lo cual tampoco ocurre. En este grupo de municipios –al que se suman muchos más– encontramos una disonancia adicional que apunta especialmente hacia las élites económicas y gubernamentales, dedicadas a concentrar riqueza y poder sin preocuparse del bienestar social, dejando de lado la ética y la responsabilidad públicas. Si se lo propusieran con sinceridad, sus respectivas poblaciones vivirían en condiciones mucho mejores… pero evidentemente esa posibilidad es muy distante a su horizonte e incluso ajena a su naturaleza actual.
*Profesor PUED/UNAM, excomisionado del INM.
Juegos de poder
Ya basta de tanto bullshit y pónganse a trabajar
Leo Zuckermann
Excelsior
Es el colmo. El país viviendo otra crisis de violencia y los políticos, en lugar de dar respuestas, se dedican a apuntar el dedo hacia otro lado. El presidente López Obrador está convencido de que los hechos se magnifican porque existe un complot de sus adversarios conservadores para perjudicar al gobierno. Desde la oposición se escuchan voces asegurando que los actos de intimidación a la población civil que ocurrieron en Jalisco, Guanajuato, Baja California, Chihuahua y Michoacán fueron orquestados por el gobierno de AMLO para justificar la militarización de jure de la Guardia Nacional (ya lo está de facto). Qué ridículo hacen unos y otros con estas “explicaciones” de quinta.
No dudo que haya gente que se crea una de estas dos versiones. Pero, seamos serios, frente a la magnitud del problema de la inseguridad del país, que lleva tres sexenios sin resolverse, lo único que nos receta la clase política mexicana, sean de izquierda o de derecha, estén en el gobierno o en la oposición, es lo que los estadunidenses denominan como bullshit, es decir, algo que no tiene sentido alguno o una franca mentira.
“Uy, son los conservadores que controlan los medios de comunicación los que atizan la violencia”. “Uy, no, son los lopezobradoristas que quieren instaurar una dictadura militar”. ¡Por favor! Déjense ya de tonterías y pónganse a trabajar. Juntos, gobiernos y opositores, para darnos seguridad a los mexicanos. Recuerden que la tarea primordial del Estado es precisamente ésa. Basta de excusas y de apuntar el dedo a los de enfrente.
Los mexicanos llevamos muchos años sufriendo un deterioro en este tema. Sí, es cierto, a López Obrador le heredaron un país incendiado en materia de inseguridad. Pero también es cierto que el Presidente actual no ha podido apagarlo. Ni porque se reúne diario con el gabinete de seguridad ni porque ha repartido miles de millones de pesos de programas sociales ni porque repite la bobería de “abrazos, no balazos” ni porque tortura las estadísticas para presumir supuestas mejorías temporales ni porque tiene una Guardia Nacional de más de cien mil elementos.
Ahí están los muertos de Calderón, los muertos de Peña y ahora los muertos de López Obrador. Cientos de miles de mexicanos han sido asesinados en estos tres sexenios. Una carnicería que ha estado acompañada de olas de secuestros y extorsiones.
Ya nos hemos acostumbrado. Lo vemos con normalidad. Pero, de vez en cuando, hay un crimen que nos cimbra. O vemos las escenas de delincuentes vestidos de militares incendiando tiendas, camiones y vehículos, además de disparar en contra de la población civil. Ciudades enteras apanicadas por una violencia que parece perfectamente organizada para infundir miedo.
Que si es la sucesión del liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación porque Nemesio Oseguera El Mencho se está muriendo. Que si son bandas pequeñas que se están disputando los territorios. Que si todo comenzó con una riña en un penal entre grupos delincuenciales. Que si secuestraron a miembros de la Guardia Nacional para que dejaran libres a ciertos criminales. La prensa está llena de explicaciones estos días. Y los políticos se regodean echándose la culpa los unos a los otros.
¿Y luego?
¿Dónde está el Estado mexicano?
¿Qué está haciendo para resolver un problema que parece crónico?
Basta ya de payasadas. La solución, lo sabemos hace mucho, es fortalecer toda la cadena que tiene que ver con la procuración de la justicia para evitar la impunidad. Los expertos lo han dicho hasta el cansancio. Requerimos mejores policías, fiscales, jueces y cárceles. Necesitamos gastar más dinero público con el fin de construir capacidades institucionales. Que el Estado se haga presente por medio de sus instituciones que detienen, procesan, castigan, custodian y rehabilitan a los delincuentes.
De nada sirve tener la mejor policía del mundo si los fiscales son una bola de ineptos que no tienen la capacidad de demostrar su culpabilidad. De nada sirven fiscales eficaces si los jueces son corruptos. Ni qué decir de las cárceles que se convierten en centros donde se llevan a cabo acciones criminales, como la operación de redes de extorsión.
Por el amor de Dios, por favor, pónganse a trabajar en lugar de estar dando excusas tontas. Ya estuvo bueno de tanto bullshit. Queremos resultados, no politiquería de la peor calaña. Compórtense como lo que son: funcionarios de un Estado que debe proveernos seguridad a los ciudadanos. 129 millones de mexicanos se los agradecerán.
Razones
Seguridad, educación: el declive
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
El declive de una administración se pone de manifiesto de muchas formas, pero dos de ellas suelen ser evidentes: la negación de la realidad y el círculo cada vez más estrecho de los círculos internos de poder en torno al propio mandatario, cerrando la interlocución sólo a quienes se considera leales, aunque esa lealtad se base en la incompetencia. En el inicio de este último tercio de la administración López Obrador estamos viendo precisamente eso.
Decía Sófocles que “un Estado donde quedan impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo termina en el abismo”. Es inconcebible que, luego de una semana de extrema violencia y sin proporcionar una versión seria y verosímil de lo sucedido en Guanajuato, Jalisco, Ciudad Juárez, Tijuana, Tecate y Michoacán, las autoridades salgan con que todo lo que vimos con incendios, muertes, bloqueos y ataques a la población civil fue un montaje.
Es inverosímil hablar de montajes o conspiraciones opositoras cuando lo que evidentemente tenemos es un ataque concertado de grupos criminales con acciones que la prensa internacional ha calificado, incluso, como terroristas. Pero, más grave aún, después de cinco días de ataques continuos y concatenados a varias ciudades del país, no hemos visto una respuesta de las autoridades que sea proporcional al nivel de la provocación. No hay operativos especiales ni jefes de plaza detenidos ni operaciones que vayan más allá de preservar el orden después de la violencia sufrida. Todo ha quedado en la impunidad. Y el gobierno federal argumenta supuestas conspiraciones conservadoras. Incluso, si fuera así, tiene que haber delincuentes que perpetraron los hechos que sufrimos en buena parte del país durante una semana: ¿quiénes son?, ¿dónde están?, ¿qué acciones se han tomado contra ellos por los incendios, saqueos, asesinatos? Para el gobierno, el país está en paz.
Lo que sucede es que se confía más en las supuestas lealtades (que, en política, cuando son perrunas, se convierten rápidamente en traiciones) de ciertos colaboradores que en los juicios críticos. Decía Robert Kennedy que “la maldad de muchos no está en lo que dicen acerca de su causa, sino en lo que dicen sobre sus propias contradicciones”. ¿Cómo confiar en colaboradores cercanísimos que hace muy poco opinaban exactamente lo contrario de lo que defienden ahora?, ¿quién le habla al Presidente con la verdad?
La designación de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública entra en esa lógica. La nueva titular es una mujer de todas las confianzas del Presidente, está con él desde el año 2000 recibiendo las quejas ciudadanas que le llegaban, primero, al jefe de Gobierno capitalino y, ahora, al Presidente de la República. Fue maestra y hace 12 años dirigente de la Sección 9 del sindicato que controlaba entonces la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Una mujer respetable. Pero hasta allí llegan sus atributos para ser secretaria de Educación Pública, uno de los sectores más castigados del país, sobre todo luego de dos años de pandemia durante los cuales el deterioro de la educación, desde la infraestructura hasta la calidad, ha sido más que notorio.
La educación seguirá en las manos de los personajes que se han apropiado de ella sin generar ni siquiera algunos contenidos serios, los que han hablado de una reforma que ni ellos mismos comprenden. Como Marx Arriaga, el teórico del sector, que considera que “leer por goce es un acto individualista” y califica a la educación actual como “el modelo neoliberal meritocrático conductista, punitivo, patriarcal, racista, competencial, eurocéntrico, colonial, inhumano y clasista… un negocio que absorbe miles de millones de pesos al año con la promesa de calidad, crecimiento sostenido, enciclopedismo, especialización, competencias, todo para generar un modelo meritocrático, elitista, patriarcal y racista, que utiliza la educación como un factor de legitimización de la diferencia, del clasismo y de la supuesta movilidad social”. Tantos adjetivos, tanta palabrería y ni una sola idea original.
En realidad, estos personajes ligados a la CNTE son los principales impulsores de la privatización de la educación. ¿Qué puede ser más privatizador que exigir que las plazas del sector público sean un patrimonio personal?, ¿qué privatiza más la enseñanza que la irresponsabilidad de dirigentes magisteriales que se toman más días para marchar, manifestarse, hacer plantones o bloquear calles que para dar clases?, ¿qué impulsará más a una familia a enviar a sus hijos a una escuela privada que una escuela pública cerrada?, ¿quién quiere que se ignoren contenidos científicos, calificaciones, estudios de idioma? Estos grupos son los verdaderos impulsores de la privatización de la educación. Esos son los más conservadores, los más reaccionarios del escenario político nacional.
El modelo educativo actual garantiza extensión (últimamente ya ni eso), pero no profundidad ni calidad y, sobre todo, ha dejado de ser un factor de movilidad social. El Estado ha dejado de lado su responsabilidad de consolidar cada día la escuela pública y la educación se vuelve así, un factor más que fomenta la pobreza y la desigualdad.
Eso es lo que más ha estancado la movilidad social en México. El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades. La única opción para romper ese esquema es una educación pública con calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad.
Astillero
Leticia Ramírez, un enigma // De izquierda, a la SEP // Largo trecho con AMLO // ¿Y el proyecto?
Julio Hernández López
La Jornada
Pocas designaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador para cargos de primer nivel han resultado tan inesperadas como la de Leticia Ramírez Amaya en la Secretaría de Educación Pública. Su especialidad es la Atención a la Ciudadanía, cargo que ejerció con el político tabasqueño en la jefatura del gobierno capitalino y luego con el sucesor, Marcelo Ebrard. Hasta ayer fungía como directora del mismo rubro, en la Coordinación General de Política y Gobierno que ejercía César Yáñez Centeno, quien pasó a ser subsecretario de campaña de Adán Augusto López Hernández en la Secretaría de Gobernación.
Fue profesora frente a alumnos más de 10 años, pero en las tres décadas recientes ha ocupado cargos en la estructura de las administraciones capitalina y federal (también fue asesora de Tania Müller en la Secretaría del Medio Ambiente, con Miguel Ángel Mancera como gobernante), ocupó la Secretaría de Organización de Prescolar, Primaria y Niveles Especiales en la chilanga sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), y en el Partido de la Revolución Democrática fue secretaria de organización del comité nacional, atenta al financiamiento y operación de las brigadas electorales del Sol Azteca.
Participó en la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas, una de las múltiples fracciones del maoísmo, según señalan Sergio Dunstan y Érick Juárez en https://bit.ly/3SWummW. Vale leer, para contexto, Los caminos del maoísmo mexicano a través de tres personajes: El maestro Adolfo Orive Bellinger, el caudillo Aquiles Córdova Morán (dirigente de Antorcha Campesina) y la mujer empoderada, Rosario Robles, artículo de Ricardo Mendoza, https://bit.ly/3bUELyC. Ayer mismo, el dirigente actual de la sección 9 magisterial, Pedro Hernández, señaló en entrevista con Azucena Uresti que la nueva titular de la SEP no tiene prendas académicas o de investigación sobre el tema. Más que celebrar, es de preocupar tal nombramiento, señaló.
Manuel Gil Antón, profesor del Colegio de México y especialista en asuntos educativos, respondió ayer a pregunta expresa que el haber sido profesor de grupo no implica la capacitación suficiente para ocupar la secretaría federal de Educación Pública. Se puso como ejemplo personal: lleva décadas dando clases y consideró que eso no le da prendas para ocupar la SEP; opción que, por lo demás, no busca (https://bit.ly/3pmE0le)./
Ramírez Amaya será la tercera titular de la SEP en lo que va del sexenio. El primero fue Esteban Moctezuma Barragán, quien lo había sido con Ernesto Zedillo, al igual que secretario de Gobernación. Llevaba tres lustros al servicio de Ricardo Salinas Pliego, principal accionista del Grupo Azteca, como director de la Fundación Azteca, cuando pasó al equipo obradorista, desde donde otorgó beneficios a su antigua casa empresarial.
Luego llegó Delfina Gómez, normalista que también fue profesora de grupo escolar, pero consumió su tiempo en espera de ser postulada por segunda ocasión como candidata a gobernar el Estado de México. Como puede verse, la educación pública no ha sido una prioridad del ejercicio presidencial 2018-2024. Su conducción fue entregada a proyectos grupales y la nueva encargada no parece contar con fuerza ni condiciones para frenar el fuerte burbujeo futurista en la SEP ni la predominancia expansiva de una corriente sexenal abiertamente preferida.
Astillas: Apenas fue nombrada Leticia Ramírez en la SEP, apareció en escena Elba Esther Gordillo, planteando la necesidad de dialogar. Quien fue cacica del SNTE hizo alianza seis años atrás con Delfina Gómez… A Adán Augusto le salió respondona la presidenta municipal de Mexicali: el titular de Gobernación quiso justificar a Montserrat Caballero (a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender, dijo Augusto), luego de que dicha alcaldesa había llamado al crimen organizado a cobrarle facturas a quien se las debiera, no a civiles inocentes. No me traicionan los nervios ni me tiembla la mano, aseguró Caballero…,
La izquierda mexicana debe ser feminista
Santiago Nieto Castillo
La Jornada
En la entrega anterior reflexionaba acerca de algunos de los temas que considero deben formar parte de la construcción de una agenda de izquierda con miras a atender las principales causas que exige el contexto social actual en nuestro país y en otras latitudes. En este sentido, un gobierno de corte socialdemócrata que aspire en 2024 y pretenda diferenciarse de los conservadores debe asumir, entre otras, la causa feminista. Y uno de los ejemplos más positivos que podemos encontrar es en el ámbito de la política internacional con la iniciativa del gobierno federal de impulsar una política exterior feminista que se consolide en el corto y mediano plazos.
En 2020, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, promovió ante la ONU una política exterior feminista con el objetivo de generar un cambio en términos de igualdad de género y lograr una transformación social en un sector predominantemente dominado por hombres. De esta manera, México se convirtió en uno de los primeros países en el mundo en asumir públicamente una política exterior de estas características que implica, de acuerdo con el canciller Ebrard, orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género.
En esa tesitura, entre las acciones paritarias que se han llevado a cabo bajo el liderazgo del canciller, destacan los nombramientos de más mujeres en puestos de representación exterior, como embajadas y consulados, y al interior de la sre, lo que evidencia una congruencia ideológica de género y una visión compartida con el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que la mejor política exterior es la interior. La cancillería, a través de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, ha impulsado los más altos estándares en materia de igualdad de género en la revisión del Programa de Trabajo de Lima, que pretende hacer visible el impacto diferenciado del cambio climático en las mujeres y tener el sustento para contar con un plan de acción con base en la interseccionalidad. La delegación mexicana se distinguió por su liderazgo en la negociación de estos temas, que fue uno de los reducidos logros de la COP25, y cuya acción se logró en colaboración y alineación con la sociedad civil.
Asimismo, se han impulsado mejoras a la normatividad del Servicio Exterior Mexicano (SEM) que permiten construir un entramado institucional y garantizar un ascenso igualitario, al corregir las diferencias estructurales que prevalecen en la actualidad. Entre las acciones positivas, destacan: licencia de maternidad y paternidad, sistema de cuidados, inclusión, movilidad y ascensos. La 29 generación del SEM, que ingresó en 2019, es la primera en la historia en ser paritaria.
Por otro lado, se fomenta la visibilización del personal femenino en todas las acciones y espacios de la cancillería, con el fin de generar una imagen dignificadora de la contribución de las mujeres al trabajo de la Secretaría y la política exterior. La ruta de acción y plan de trabajo propuestos por el canciller en este sexenio se ha enfocado en cinco ejes principales: a) liderazgo internacional en materia de género; b) mejoras organizacionales para un ambiente de desarrollo igualitario; c) erradicación de la violencia; d) visibilización de personal femenino de la Secretaría, y e) complementariedad con otras acciones globales y nacionales. Las políticas deben ir acompañadas de acciones, una agenda de izquierda feminista debe dar continuidad a aquellas medidas que mejor impacto han tenido en los sectores más desfavorecidos, como lo han sido las mujeres en este país, identificar y reconocer estas acciones es nuestro trabajo como ciudadanía de cara a las elecciones de 2024.
