Opus Dei
Ernesto Villanueva
Proceso
Es falso que el ingreso a la Obra sea sólo para los deciles más altos del país; sí hay personas de altos recursos, pero con un compromiso social, que coadyuvan con solidaridad en los hechos y no sólo en la narrativa discursiva.
El Opus Dei es de ultraderecha, excluyente y sólo da cabida a las personas de mayores recursos. En suma, estos son los señalamientos hechos de mala fe o por ignorancia. El Opus Dei (que significa Obra de Dios) ha sido una congregación fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer, un santo de la Iglesia católica, en 1928. Su vida la dedicó a mitigar las penurias de los menos favorecidos, a mejorar las condiciones de los trabajadores y a la educación como medio para salir adelante. Este texto viene a cuento a propósito de las modificaciones en sus relaciones con El Vaticano que en estos días se ha convertido en tema de la agenda pública. Se trata, sin duda, de un tema político que no es de interés de esta entrega. Aclaro también que no tengo ningún tipo de conflicto de interés con el Opus Dei, no trabajo, no me pagan ni soy militante activo de sus labores, para que no quede duda. Veamos.
Primero. El Opus Dei, desde la lógica de padres y alumnos, de la que conozco profundamente, tiene la impronta de la tolerancia. ¿Alguien en su sano juicio podría creer que un organismo de “ultraderecha” es tolerante e incluyente?. Nadie o casi nadie. Lo sé como egresado y también por mis hijos que son estudiantes del Cedros, la primaria y secundaria del Opus Dei en México. El Cedros y su Universidad Panamericana tienen altísimos niveles de exigencia académica. Y quisiera agregar un dato no menor: no hay la exigencia de que los alumnos sean católicos, como pasa en otras instituciones de primaria y secundaria privadas de alto nivel en la Ciudad de México. Obviamente, no es barato en lo absoluto, pero con un esfuerzo de la Obra, padres y alumnos se otorgan becas y grandes empresas privadas se suman para poner al servicio de los estudiantes las mejores condiciones, sean o no becados, que incluyen comida, canchas y juegos de esparcimiento, equipo de cómputo de última generación, desde el tercer año de primaria a la secundaria y después existen también otras modalidades de apoyo. Si esa escuela de “ultraderecha” brinda la mayor calidad académica gratuita a quienes tienen menos ingresos, incluido el inglés con examen de Stanford, y hay, además, respeto, tolerancia e inclusión, bienvenida sea al contrario, denostar a quienes patrocinamos esa posibilidad es una villanía aquí y ahora; debía hacerse una visita in situ, que mucho ayudaría para aclarar la confusión y reconocer que lo que hace la Obra es de gran interés público.
Segundo. Es falso que el ingreso a la Obra sea sólo para los deciles más altos del país; sí hay personas de altos recursos, pero con un compromiso social, que coadyuvan con solidaridad en los hechos y no sólo en la narrativa discursiva. Tener miembros supernumerarios y números en la Obra potencian las posibilidades de aportar, así sea en forma simbólica, a reducir la aguda brecha entre los más ricos y los más pobres. De nueva cuenta ¿quién en su sano juicio podría estigmatizar a personas físicas y morales que, por su propia circunstancia, pueden hacer múltiples donaciones en aras de mejorar la calidad académica? En este sentido hay tres instalaciones completas del Cedros (la escuela de primaria y secundaria en distintas zonas de la Ciudad de México) y además incluye la enseñanza del inglés con el sistema de la Universidad de Oxford y el francés DELF y DALF que otorga el gobierno de Francia. Clínica Universitaria en Pamplona, Navarra, cuenta con el mejor hospital de alta especialidad de Europa, lo que se dice fácil, pero requiere un esfuerzo, talento y disciplina permanentes.
Tercero. Estoy convencido de que el Opus Dei contribuye, en la medida de sus posibilidades, al objetivo común desde el sector público y privado para tener mejores posibilidades de desarrollo y, salvo error de apreciación de mi parte, la Obra es la que más recursos destina a los más necesitados y con ello se da vida a un tema fundamental hoy en día, la tolerancia y el desarrollo académico. Por lo que a mi familia y a mí concierne, no tenemos palabras de agradecimiento por esta venturosa iniciativa. Cada quien tendrá sus razones, teniendo acceso a medios, para quedarse callado, nosotros hacemos pública nuestra gratitud perenne.
Nadando entre tiburones
El sexenio más difícil no será éste…
Víctor Beltri
Excelsior
López Obrador ha sido —con mucho— el peor Presidente de nuestro país en la historia reciente. El sexenio más difícil, sin embargo, no será el que ahora vivimos, sino el que tendrá que enfrentar el siguiente titular del Ejecutivo, al recibir un país dividido y contrahecho, al gusto —y la mediocridad— del mandatario en funciones.
Una mediocridad que resulta asfixiante. En materia de seguridad —por ejemplo— el Presidente nos ha presumido como parte central de su estrategia la reunión que mantiene todos los días, a las seis de la mañana, con un “gabinete de seguridad” que le reporta cifras, datos, estadísticas; el recuento de los últimos sucesos y tendencias, la lista de atrocidades, las historias desgarradoras —convertidas en simples números— que el Presidente nunca ha sido capaz de entender, y ante las que no sabe cómo reaccionar.
Y nunca lo ha sabido. Desde 2004, cuando en medio de otra terrible crisis de seguridad descalificaba a quienes protestaban la ausencia de su gobierno. “Son unos reverendos mentirosos, esos señoritingos, esos pirrurris de la derecha”, señalaba. “Ahí andan con su campañita en favor de la paz y sus moñitos blancos, ¿de qué paz hablan?” O un año después, en 2005, cuando su gran amargura era que la prensa le diera más relevancia al fallecimiento del papa Juan Pablo II que al desafuero de un alcalde provinciano. “Sencillamente fueron horas y horas de comentarios sobre el Papa, de reportajes sobre el Papa, y no dejaron el momento en que estaba la Sección Instructora resolviendo. Yo estoy, desde luego, pidiendo por la recuperación del Papa, pero ayer en la televisión fue abundante y, desde luego, es una nota importantísima que le preocupa a la gente, pero repetían y repetían y repetían…”.
O como en la actualidad, diecisiete años más tarde, cuando sus políticas públicas han costado la vida de cientos de miles de personas, pero él continúa asegurando que todo se desarrolla de acuerdo a lo que había planeado. Quizás ése sea el gran problema: “vamos bien”, afirma el Presidente al justificar la ausencia de resultados; “abrazos y no balazos”, responde cuando se cuestionan las funciones de una Guardia Nacional que ha nacido con órdenes expresas de no intervenir. “Estamos atacando las causas”, arguye mientras le inyecta más y más dinero a las clientelas electorales creadas con sus “programas del bienestar”; “nosotros no somos iguales”, al cuestionarse la corrupción en su gobierno o la posible cercanía con grupos vinculados al crimen organizado.
El sexenio más difícil, sin embargo, no será el que ahora vivimos. El mandatario ha sido capaz de evadir sus responsabilidades al tiempo que mantiene una gran aprobación, pero lo cierto es que la mera popularidad no puede ser suficiente para resolver, por sí misma, la cantidad ingente de problemas que han sido originados —y descuidados— por un Presidente mediocre que se ha dedicado más a ejercer el poder en su propio beneficio que a gobernar para todos los mexicanos.
El problema real será para el próximo presidente, quien tendrá que dar solución a la herencia maldita del mandatario en funciones, mientras que recibe no mucho más que los despojos del país que alguna vez soñamos y tratamos de construir juntos. El problema real será para la ciudadanía que, dividida y fracturada, tendrá que encontrar la manera de volver a unirse en torno a algo que no sea un caudillo: el problema real será para la oposición, que no supo prepararse para el reto, ni construir más opciones ni personajes distintos a los mismos que hemos visto desde hace treinta años.
El problema real será para los obradoristas más contumaces, que tendrán que responder por su falta de criterio —y sentido común— durante el nefasto periodo del peor Presidente de la historia reciente: el problema real será para todos aquellos que no han comprendido que la construcción de un tren sin destino no es un asunto de seguridad nacional. Brindar seguridad a los nacionales, en cambio, sí lo es.
Juegos de poder
¿Nos engañó AMLO o cambió de opinión?
Leo Zuckermann
Excelsior
Cuando se escriba la historia de este sexenio se tendrá que mencionar el cambio de ciento ochenta grados entre la promesa de campaña de López Obrador y lo que finalmente hizo como Presidente en su relación con los militares. Como candidato, insistió en la necesidad de regresar a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles porque la militarización de la seguridad pública no funcionaba. Luego, ya en el poder, no sólo le dio por completo el control a soldados y marinos de la seguridad pública, por medio de la Guardia Nacional, sino que le otorgó decenas de tareas más que les correspondían a los civiles.
López Obrador nos debe una explicación. ¿Por qué cambió de opinión con respecto al papel que jugarían los militares en su sexenio? ¿Por qué en lugar de retirarlos paulatinamente a sus cuarteles para que se dedicaran a la seguridad nacional decidió darles un poder sin precedentes desde que los civiles llegaron a la Presidencia del país con Miguel Alemán en 1946?
¿Cambió de opinión o, en realidad, ése era su plan y mantuvo escondida esta baraja?
Digo esto último por el cable confidencial que envió la Embajada de Estados Unidos en México al Departamento de Estado fechado el 31 de enero de 2006 que se hizo público gracias a WikiLeaks. En él se relata la reunión del entonces embajador Antonio O. Garza con el entonces candidato presidencial del PRD, López Obrador, quien iba acompañado de José María Pérez Gay (QEPD) y Rogelio Ramírez de la O.
Cito lo que tenía en mente el hoy Presidente hace 16 años, de acuerdo a la plática que tuvo con el embajador estadunidense sobre el tema del incremento del consumo de drogas y los programas de combate al narcotráfico:
“AMLO expuso su doble plan para combatir ambos problemas. Primero, dijo, quiere dar más poder y autoridad a los militares en operaciones antinarcóticos porque es la menos corrupta de todas las agencias de México y podría ser la más efectiva. Señaló, sin embargo, que esto requeriría una enmienda constitucional, pero creía firmemente que podía sacarla adelante. También explicó que darles más autoridad a los militares limitaría a la Procuraduría General de la República (PGR), que AMLO consideró demasiado corrupta para liderar la iniciativa antinarcóticos. La segunda parte de la ecuación, según AMLO, sería la consolidación de las dos organizaciones de aplicación de la ley e inteligencia regresándolas a la Secretaría de Gobernación (Segob). Propuso acabar con la Secretaría de Seguridad Pública y devolver la Policía Federal Preventiva así como el organismo de inteligencia (Cisen) a la Segob. El plan, como dijo AMLO, ayudaría a ahorrar dinero, acabaría con las luchas internas entre agencias y le daría a la Segob un papel más prominente en los problemas internos”.
Esto pensaba AMLO doce años antes de que tomara posesión como Presidente. Claramente ya tenía en mente darles más poder a los militares.
Sin embargo, López Obrador se pronunciaría en contra de la militarización de la seguridad pública conforme se fue incrementando a partir del sexenio de Felipe Calderón. En su última campaña de 2018, AMLO incluso protagonizó varios choques verbales con las Fuerzas Armadas por el tema de las desapariciones forzadas y su partido, Morena, del que era líder máximo, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior que había aprobado la Cámara de Diputados en 2017 y reglamentaba la participación del Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado.
Ahora el Presidente quiere trasladar por completo la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por decreto o modificando las leyes secundarias, cuando esto violaría la Constitución que adscribe dicha organización a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo un mando civil.
¿Siempre pretendió AMLO involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, más otras tareas, y lo ocultó o creía que el Ejército y la Marina deberían regresar a sus cuarteles, pero luego cambió de opinión cuando llegó a la Presidencia? Si es lo primero, engañó al electorado al no revelar sus verdaderas intenciones. Si es lo segundo, nos debe una explicación detallada de por qué dio un giro de ciento ochenta grados.
ACLARACIÓN Y DISCULPA
En mi última colaboración del jueves pasado mencioné un comentario de Denise Maerker en el programa Tercer Grado, de Televisa. Desafortunadamente, sin consultarme, el editor de la sección de Opinión entrecomilló dicha idea como si mi colega hubiera dicho eso textualmente. No fue así. Denise nunca dijo eso, tal y como apareció en la versión impresa del periódico, que pudo corregirse en la de internet. Lo lamento mucho. A nombre de todo el equipo de Excélsior, le ofrezco una disculpa sentida a mi muy respetada y admirada Denise.
Ejército y Guardia Nacional: una reflexión
Bernardo Bátiz V.
La Jornada
El Presidente anunció hace poco, que enviaría al Congreso un proyecto de reformas a la Constitución para que la Guardia Nacional, impulsada por él, pasara a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. A bote pronto, legisladores de oposición, sin dar alguna razón, sin aguardar al debate, declararon que no votarían por esa propuesta, a sabiendas de que sin su voto no pasaría. Reformar la Constitución requiere mayoría calificada.
Ya habían advertido que ningún proyecto de López Obrador, el que fuera, contaría con su aprobación. Ignoraron el proceso parlamentario que exige un debate e intercambio de razonamientos, antes de la decisión y olvidaron que cada legislador, en conciencia y oyendo pros y contras, debe votar libremente.
El Presidente, dijo entonces, que, para lograr su propósito, emitiría un decreto personal. Peor –dijeron sus críticos–, estará entonces violando la Constitución y redondeará la militarización del país; entonces, tronándose los dedos, angustiándose, arguyeron: Ahora sí estamos en una dictadura y seremos otra Venezuela.
Recordaron que en tiempo de paz los soldados deben estar en sus cuarteles, de los que no pueden salir sino a pelear con el enemigo, dispuestos a matar o morir. Lo que propone este Presidente es militarizar al país, para no sé que designios malignos.
Hago un paréntesis. Un par de viejos amigos, hace ya años, discutieron un buen rato, yo sólo fui testigo, sobre el trabajo de los militares, uno de ellos, además de capitán primero, era licenciado en derecho, el otro era el ingenioso e inteligente (ya no está en este mundo) Eduardo Martínez de la Vega, autor de unos cuentos para contadores que debieran conocerse más.
Eduardo argüía que los soldados eran unos parásitos, que no hacían nada bueno ni útil para nadie, ni para ellos mismos. El capitán jurista, algo amoscado, alegó que los militares son muy trabajadores, no paran; en la madrugada, antes de que salga el sol, se paran de la cama al toque del clarín, se asean a toda prisa, sacan brillo a sus botas, cepillan sus uniformes y apresurados, no sin antes dejar tendidos sus camastros, salen al patio a formarse.
De ahí en adelante, decía el capitán, no paran ni un momento, marchan, hacen ejercicio, saludan a la bandera, van al rancho, vuelven a la formación, obedecen a sus superiores y así todo el día, hasta la hora de dormir, a la que llama otro sonoro toque. Eduardo, sacaba de sus casillas a su interlocutor, preguntando socarrón para qué servía a la patria todo eso, si no había guerra, ni asonada, ni siquiera un motín.
Ambos, pienso, tenían algo de razón, como casi siempre sucede.
Es que uno de ellos pensaba en el Ejército del siglo XIX; aguerrido y defensor con variada suerte, del territorio y soberanía, un año si y otro también; españoles, franceses, ingleses, estadunidenses, nos invadieron y el pueblo armado, convertido en Ejército Mexicano, se batió constantemente, por la patria; Eduardo pensaba en el Ejército de mediados del siglo XX.
Todavía poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas armó a campesinos y obreros y luego, Ávila Camacho creó la reserva y organizó el Servicio Militar Obligatorio, para quienes cumpliéramos 18 años.
Después no ha habido guerras y el tiempo corrió, cambiaron costumbres y modelos. ¿Por qué, entonces, se rasgan las vestiduras? El Ejército se está convirtiendo en algo diferente a aquel otro, heroico y sacrificado, ahora, conserva las mismas cualidades, pero en tanto hay paz, se ocupa de actividades benéficas para todos.
Durante años, no tan lejanos, el Ejército o se aburría en sus cuarteles o salía a enfrentarse a su propio pueblo, a manifestantes diversos, a estudiantes, a maestros de la CNTE.
Veamos con buenos ojos el cambio; el Ejército sigue entrenándose para defender la patria, su honor, su integridad, su soberanía. Para eso está. Pero qué bueno que tenga el plan DN-III para salvar vidas y bienes, y ahora construya aeropuertos y caminos; ¿por qué nos asombra que use su entrenamiento y su disciplina para vigilar instalaciones de Pemex, para tender vías, para apoyar la vacunación y rescatar mineros?
La Guardia Nacional tomó sus primeros elementos, no de soldados entrenados para abatir al enemigo, sino de policías, de la Marina y de la Defensa, entrenados para investigar, preservar pruebas y lugar de los hechos y cumplir órdenes de los jueces. Son militares, pero también investigadores, peritos y guardianes del orden y ahora, en sus cursos de capacitación, además del manejo de las armas, aprenden derechos humanos y equidad de género.
Vamos bien. ¿Por qué aferrarse al pasado y pensar en un Ejército del siglo XIX, si estamos en el XXI. ¿Por qué querer volver al Ejército represor de Tlatelolco, si estamos abriendo camino a uno nuevo, constructor, solidario y cercano a la gente? No se trata de militarizar al país, se trata de hacer civil y popular al Ejército.
México SA
Trabajo y Economía, ¿cómplices? // Barones, impunes y mezquinos // Mineros, explotados e inermes
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
A lo largo de los años los siempre voraces y mezquinos barones de la minería, con elevadísimo número de concesiones en el bolsillo (especialmente las otorgadas en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto) y la descomunal extensión territorial que ellas amparan (lo que ha estimulado el neolatifundismo en el país), han contado con la decidida complicidad (por acción u omisión) de las dos instituciones del Estado mexicano (las secretarías de Economía y del Trabajo) encargadas, por ley, de inspeccionar, supervisar y, en su caso, sancionar a las empresas mineras.
Dichas instituciones suelen hacer como que tapan el hoyo sólo después de alguna tragedia (y éstas se suceden con terrible frecuencia) en la que los únicos afectados son los trabajadores mineros y sus familias, mientras las autoridades mantienen impunes a los barones del sector, quienes nada hacen por mejorar las condiciones de seguridad en las minas concesionadas. Se trata de un círculo perverso que, al parecer, nadie está interesado en desactivar.
La información publicada ayer por La Jornada (Arturo Sánchez Jiménez) da puntual cuenta de lo anterior. Dice así: “desde 2007, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado deficiencias en la operación de la Secretaría de Economía –dependencia que otorga las concesiones mineras– respecto del control del padrón de títulos de concesión en el sector minero y de los pagos de los derechos, así como la falta de sanciones por incumplimiento de los concesionarios y una marginal cobertura de las visitas de inspección”. De igual manera, “en las más recientes revisiones hechas por la ASF, correspondientes a las cuentas públicas 2019 y 2020, el organismo fiscalizador encontró que la Secretaría de Economía –que realiza visitas de inspección a las concesiones mineras, mientras la supervisión de las condiciones laborales de las minas corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social– llevó a cabo 92 visitas de inspección anuales, lo que significa que sólo revisó 0.4 por ciento de las casi 25 mil concesiones que estaban vigentes”.
Con base en esa información, se conoce que la Secretaría de Economía sólo inspecciona, anualmente, a una minúscula porción de las 25 mil concesiones por ella otorgadas –las que, a su vez, tienen varias zonas productivas dentro del enorme territorio que cada una de ellas ampara–, y ese negligente comportamiento se repite en la Secretaría del Trabajo, pues tampoco hace lo que legalmente le corresponde. En el mejor de los casos, las inspecciones y supervisiones de ambas se concentrarían en los grandes consorcios mineros (la mayoría propiedad de Germán Larrea, la familia Bailleres, Carlos Slim y las mineras canadienses), siempre con la posibilidad de que los inspectores y supervisores sean maiceados por los patrones (recuérdese el caso de Pasta de Conchos).
Pero no sólo la ASF ha reiterado sus advertencias sobre el sector de la minería. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha denunciado que una gran cantidad de minas de la zona carbonífera (de Coahuila) no cuentan con condiciones de trabajo que garanticen la seguridad de sus trabajadores, quienes además carecen del equipo y/o de la capacitación necesaria para realizar sus labores de acuerdo con las condiciones de seguridad e higiene que señala la normatividad.
Las condiciones en esos centros de trabajo son desastrosas, pues la mayoría de las minas no cumple con las normas de seguridad e higiene; los pozos no cuentan con salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, y tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; el empleo que generan los pocitos es inseguro, subregistrado y altamente peligroso; Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país”. Además, las secretarías del Trabajo y de Economía son omisas en el desempeño de algunas facultades que la normatividad les otorga.
Y ese análisis de la CNDH data de 2011, de tal suerte que 11 años después las condiciones y actitudes no se han modificado.
Las rebanadas del pastel
Por cierto, hoy se conmemora el 256 aniversario de la victoria de la primera huelga minera en América. Estalló en Real del Monte, en Pachuca, Hidalgo.
