México-Estados Unidos: tiempo de definiciones
Olga Pellicer
Proceso
Se avecinan momentos en que habrá que jugar muy fino para mantener el equilibrio entre ser un socio confiable del tratado económico de mayor importancia para el país y aferrarse a convicciones.
Ya han pasado varios días desde que llegó a su fin la desangelada visita de AMLO a Washington. Los resultados consignados en la declaración conjunta emitida al finalizar la reunión no ofrecen muchas luces sobre lo que sigue. Los problemas centrales de la relación –migración, seguridad e incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos establecidos en el TMEC– no tuvieron avances concretos. La declaración se limitó a dejar abierta la puerta para que se proceda a trabajar sobre ellos. ¿Qué tan lejos se podrá llegar?
El primer problema que merece un comentario es la migración. Múltiples circunstancias contribuyen a dificultar un avance positivo. En la reunión bilateral se evocó, como antecedente fundamental, la declaración sobre migración adoptada en la Cumbre de los Ángeles, reunión a la que no acudió AMLO. Se trata de un documento ambivalente en el que, por una parte, se da un paso adelante al mirar el fenómeno migratorio de manera integral para todo el hemisferio. Esto permite detectar los casos en que dicho fenómeno está encadenado, de tal suerte que lo que ocurre en la migración en Brasil, por ejemplo, afecta la pluralidad de los flujos migratorios que llegan a la frontera sur de México.
Sin embargo, esa mirada integral no permite ver la gravedad específica que presenta el caso mexicano. La situación limítrofe con el país hacia donde anhelan llegar todo los migrantes convierte a México en un caso excepcional. Un territorio en el que se acumulan el reclamo y la frustración de todos aquellos que avanzan hacia un país en donde, como declaran sus gobernantes, “la frontera está cerrada”.
Vista de esa manera, la Declaración de los Ángeles tiene poca utilidad como punto de partida para el diálogo bilateral México-Estados Unidos en materia de migración. De hecho, lo que se consigna en ella son frases reiterativas y carentes de cualquier sustancia, como “combatir de raíz los motivos de la migración”, una frase que, al no contener nada concreto, resume la trivialidad de los diálogos que han tenido lugar entre Kamala Harris y el gobierno mexicano.
Cierto que se trataron temas más específicos, como el apoyo a quienes desean entrar legalmente a Estados Unidos. No obstante, es de sobra conocido que el problema grave no es quienes desean entrar legalmente. Lo profundamente inquietante para México es el número, que había descendido y ahora crece de manera notoria, de mexicanos sin documentos que desean pasar al otro lado.
Tomando en cuenta el grado en que el tratamiento del tema migratorio está dominado por la baja calificación que al respecto recibe Biden, los prejuicios y temores que sembró exitosamente Trump y la cercanía de las elecciones intermedias en Estados Unidos, se puede asegurar que, con excepción quizá del número de visas, será muy poco lo que se logre en este ámbito.
Por lo que toca a la seguridad, el acontecimiento más importante después del encuentro es la detención del conocido narcotraficante Caro Quintero y su anunciada extradición a Estados Unidos. Se trata de un caso muy significativo por el grado en que el personaje estuvo comprometido con uno de los problemas que produjo las tensiones más serias entre México y Estados Unidos en los ochenta: la muerte del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena.
Es difícil determinar si los tiempos coinciden con la visita de AMLO a Washington y se trata de un operativo que seguramente ya estaba en marcha. Lo importante es la reconciliación tácita con la DEA, que actuó conjuntamente con la Armada para que ocurriera la detención. Más allá de que a López Obrador le guste o no, el mensaje es que su papel en México parece inevitable.
Las pláticas que tendrán lugar en el marco del Acuerdo Bicentenario se referirán al envío desde México de fentanilo, la potente droga que está causando estragos en Estados Unidos, y el tráfico de armas, cuyos efectos en el fortalecimiento del crimen organizado en México es tan evidente. Está por verse lo que se logre antes de la celebración del encuentro tripartita de noviembre.
El tema más difícil al momento de escribir este artículo es el del cumplimiento de los compromisos del TMEC. Estados Unidos acaba de solicitar, a través de su representante comercial, el inicio de consultas con México respecto a múltiples medidas que favorecen a las compañías estatales Comisión Federal de Electricidad y Pemex, las cuales afectan negativamente a compañías estadunidenses operando en México en la producción de energía. Esas medidas son contrarias a compromisos asumidos por México en diversas disposiciones del TMEC.
Los procedimientos a seguir para responder a esta solicitud llevarán tiempo. Hay un lapso de 75 días para sostener consultas que, de no tener éxito, llevarían a un panel de controversias, tal y como está previsto en el tratado. No es el primer caso que llegaría a ese punto. Ya se encuentran ahí una controversia presentada por Canadá y otra, conjuntamente, por Canadá y México, esta última relacionada con la industria automotriz.
Ahora bien, esta vez se trata del tema más icónico de la política de la 4T, el de mayores consecuencias desde el punto de vista económico y de mayor trascendencia para la narrativa de nacionalismo y soberanía que tanto importa a López Obrador.
Se avecinan momentos en que habrá que jugar muy fino para mantener el equilibrio entre ser un socio confiable del tratado económico de mayor importancia para el país y aferrarse a convicciones que han conformado la ideología y el mensaje del líder con mayor impacto que ha tenido México en los últimos tiempos.
Políticas de contradicción
Julio Faesler
Excelsior
La compra de trenes chinos por la autoridad de la Ciudad de México merece comentarios. Desde hace años, México tiene sobrada capacidad para fabricar esos equipos. Nuestras exportaciones de carros de ferrocarril, autobuses de pasajeros y camiones de carga son muy acreditados.
El que el gobierno capitalino de la 4T desatienda la Ley de Compras del Sector Público que da preferencia a lo hecho en México, hasta el grado de establecer un margen de referencia en su favor, y decida una vez más comprar, como ya lo hizo con los trolebuses chinos, equipo importado sin siquiera disponer su armado aquí incorporando componentes mexicanos, daña la industria nacional y los intereses laborales.
La importación de equipos terminados demuestra que las autoridades no respaldan la industrialización del país. El asunto ya lo comentamos a la Secretaría de Economía que explicó que ella no vigila el respeto de la ley que obligue a preferir lo nacional sino es la Secretaría de la Función Pública que recibirá las denuncias de los fabricantes mexicanos afectados que, por cierto, ni se han hecho oír.
El gobierno mexicano no sólo no apoya a empresas mexicanas o regionales, sino finca pedidos a empresas de China, precisamente el país rival de EU, nuestro socio en el T-MEC.
En efecto, el consorcio formado por las empresas CRRC Zhuzhou Locomotive y CRRC Co. Ltd. obtuvo contratos para la modernización de la línea rosa por 37 mil millones de dólares que la CDMX pagará en 19 años. La empresa Zhuzhou ya está a cargo de la modernización de la Línea 1 y busca contrato para el Tren Ligero por 600 millones de pesos. El próximo 2 de septiembre se anunciará la importación de los nuevos trenes vendidos por CRRC Zhuzhou, Hidromex, CAF México, Alstom Transport México, Productos y Servicios del Centro y Materiales Drogues. Los trenes deberán entrar en operación en el curso de 2023. Las empresas mexicanas constructoras de material de transporte creadas en tiempos de los ahora odiosos adversarios de la 4T han desaparecido, mientras que China entra cada vez más en nuestra economía como las de América Latina con ambiciosos programas de infraestructura y de penetración comercial.
EU está en profunda rivalidad muy en contra de China, por lo que la cláusula 32.10 del T-MEC dicta que los socios deben aprobar cualquier acuerdo con un país que no sea de “economía de mercado”.
Este asunto tiene su profundidad y las decisiones claramente antiestadunidenses que AMLO ha venido tomando, provocan una creciente tensión no sólo en lo político, sino en nuestra vinculación económica en el sentido más amplio.
En otro asunto de importancia igualmente trascendente, el de nuestra sociedad con el T-MEC, la posición de AMLO en materia de compromisos de medio ambiente y reducción de uso de combustibles fósiles lo imposibilitan como socio confiable del T-MEC.
La semana pasada, la embajadora en jefe de la Oficina de Acuerdos Comerciales de Estados Unidos anunció el inicio de consultas sobre presuntas violaciones de México al T-MEC, que afectan directamente a las empresas de ese país como las de Canadá, en cuanto a los contratos que se han formalizado.
Una fase de conversaciones se inicia de inmediato y tardará 30 días. En el caso de no llegarse a un acuerdo, se comenzará el proceso de consultas de 75 días, al cabo de los cuales se instalarán paneles en que participaran los dos gobiernos y un árbitro. De no llegarse a acuerdos, las sanciones que pueden aplicarse a nuestro país podrían ser compensaciones arancelarias, cuyo valor total podría ascender a un monto de 30 o 40 mil millones de dólares.
El tema nos obliga a cumplir con las obligaciones aceptadas por el embajador Seade en los últimos momentos de las negociaciones de Peña Nieto y encabezadas por Ildefonso Guajardo, actual diputado.
Seade se limitó a eliminar la palabra petróleo del texto dejando vivos otros párrafos importantes que, como tratado internacional, son de jerarquía constitucional, lo que puede llevar el diferendo a tribunales internacionales.
La insistencia en que Pemex y CFE continúen sus programas con combustibles fósiles entorpece la producción de energías limpias. El gobierno de México dispone que estas dos entidades son las que han de recibir y distribuir las energías limpias que producirían los particulares.
El problema no sólo involucra la relación estadunidense, sino que está vinculado a decisiones internacionales que contienen la obligación de reducir el uso de combustibles fósiles para alcanzar a reducir la emisión de gases que aumentan a contaminación ambiental.
AMLO ridiculiza el problema, en lugar de hacer lo posible por resolverlo.
Con ello ha agravado la situación en una ruta de costosa confrontación para todos.
Es improbable que el resultado llegue al extremo de castigos a la producción mexicana de la que dependen miles de trabajadores. Los 75 días de consultas deberán servir para resolver lo que la diplomacia sabe atender.
El que AMLO anuncie que el 16 de septiembre se pronunciara sobre este crítico asunto no tiene que interpretarse como clarín de guerra, sino la solución que el interés que todos necesitan.
Arsenal
Choque entre corcholatas y exclusión de militantes en Morena
Francisco Garfias
Excelsior
En Morena se perfila un choque de corcholatas, una lucha entre facciones; exclusiones e intolerancia a lo largo del proceso hacia la elección del candidato presidencial. Lo vemos a poco menos a un año, 10 meses y algunos días de la elección del sucesor de AMLO. Este fin de semana se elegirán 3 mil consejeros estatales –10 por cada uno de los 300 distritos– que irán al congreso nacional de mediados de septiembre.
Allí se aprobará un método para “elegir” candidato o candidata: encuestas. Pura simulación. En voz baja, los morenistas confiesan que sólo un voto cuenta: el del gran elector.
Aun así se escuchan fuertes protestas por la intolerancia de los radicales hacia los moderados.
El mismísimo senador Ricardo Monreal, quien no alcanzó la categoría de corcholata, porque el Presidente no lo destapó, ya anunció que no va a participar en ese proceso de elección de los consejeros estatales. Dice que tiene “vicios de origen”.
“Está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso. Por eso decidí no participar, pudiéndolo haber hecho de la alcaldía Cuauhtémoc o de mi tierra donde nací: Zacatecas”, explicó el senador.
Hay militantes, como Alejandro Rojas Díaz Durán, que se quejan de que unilateralmente los rasuraron del padrón, junto con Gibrán Ramírez. Ambos son afines a Monreal.
Los sacaron sin que exista un proceso de expulsión o suspensión de derechos, sino únicamente el criterio arbitrario de las dirigencias.
Mario Delgado, presidente, y Citlalli Hernández, secretaria general, no muestran tamaños para sacar adelante, sin sobresaltos, el congreso nacional del partido más importante de México.
Ya el presidente López Obrador dio el manotazo en la mañanera del pasado jueves:
“Y que si llegan ahí con ‘traigo línea, yo soy el bueno’, responde: ‘Sí tú eres el bueno, tú vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia’.
“‘Es que, mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, mi compañero, mi amigo, jugamos canicas juntos’. Pues sí, puede ser, pero eso no cuenta. Y no hay dedazo…”.
Eso de que no habrá dedazo está por verse. Por lo pronto, hasta el muy disciplinado Marcelo Ebrard, vía un grupo afín, que coordina la senadora Malú Mícher, pide “piso parejo”, algo que le pareció “ofensivo·” a López Obrador.
Malú Mícher, portavoz del movimiento que apoya a Ebrard, ha solicitado al presidente de Morena, Mario Delgado, una reunión con todos los aspirantes a la candidatura presidencial del partido para acordar mecanismos ordenados, equitativos y justos”.
Y es que los marcelistas hicieron público un posicionamiento, el pasado 24 de julio, en el que manifiestan “gran preocupación” por las acciones de promoción personal que favorecen, sin decirlo, a Claudia Sheinbaum y a Adán Augusto López Hernández.
Estas acciones, aseguran, implican el uso de recursos materiales y humanos, que no sólo atentan contra la equidad, sino que llegan a potenciales irregularidades.
A eso hay que agregar el favoritismo del gran elector hacia la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y a Adán Augusto, el supuesto plan B.
Este último, secretario de Gobernación, no oculta su valemadrismo frente a las leyes. Dijo que no le importan las sanciones que le pueda imponer el INE debido a realizar proselitismo “porque ya lo van a desaparecer los diputados con la reforma electoral”.
Agregue la simulación, disfrazada de democracia, que hasta los morenistas ven, pero que el presidente del partido, Mario Delgado, niega con vehemencia. “Sabemos que cuando hay piso parejo, no hay que andar echando tanto brinco”, dijo en referencia a Monreal.
*Navegando por internet me topé en Twitter con un video de Miguel Ángel Alba Díaz, obispo de Baja California Sur, en el que se pregunta:
“¿Qué esperábamos en 2018, cuando masivamente salimos a votar por un proyecto de transformación y qué nos han dado?
“Esperábamos –dijo– que hubiera más igualdad, que disminuyera la pobreza, que hubiera oportunidad de estudio y de trabajo digno para las nuevas generaciones, que hubiera seguridad en nuestras calles, ciudades, plazas y campos.
“Yo no quería un sistema médico como el de Dinamarca, pero sí quería algo que funcionara. A veces recibimos desilusiones y desencantos. Ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos que recibimos”.
La imposibilidad del centro
Fabrizio Mejía Madrid
La Jornada
Los viejos partidos que sostuvieron el régimen de la transición democrática convivían en el centro. A inicios de la década de los 90 del siglo pasado se decía que izquierda y derecha eran términos que ya no funcionaban porque se habían terminado las ideologías. Así, la propuesta fue dividir la geometría entre modernizadores y globalifóbicos, como los llamó Ernesto Zedillo. Para la izquierda electoral, se planteó un solo camino: resignarse a los ineludibles mercados, el de mercancías y el de votos, y a la nueva ciencia del neoliberalismo. La izquierda europea, por ejemplo, acabó por no poderse distinguir de la derecha y la derecha triunfante, propuso una sociedad sin políticos que fuera generando instituciones que, sin ser del Estado, dependían de los contribuyentes. La naturalización de la técnica como una respuesta no-ideológica a los problemas fue una manera de despolitizar la política y desdemocratizar la democracia, ya que la ciencia no tiene por qué darle explicaciones a nadie. El centro se alimentaba de la idea de que el neoliberalismo no era una ideología, sino un conjunto de herramientas de gestión de las decisiones. Por eso, no creían en proyectos de nación –lo moderno era ser global–, sino en votar por asuntos: un gran centro donde se podía saltar de un extremo a otro. En Europa y en Estados Unidos, el asunto se convirtió en la inmigración a través de los ojos del desempleo, y se fortaleció el fascismo ahora con temas ecologistas y mujeristas. El centro se fue perdiendo en la revelación anunciada de que el neoliberalismo era una ideología que justificaba la concentración de la riqueza y creó al sujeto de la autoayuda.
A dos décadas resulta curioso releer, por ejemplo, dos libros canónicos del centro, La reinvención de la política, del alemán Ulrich Beck, o La tercera vía, del británico Anthony Giddens, que trataron de sustituir la izquierda-derecha con una sociedad armónica donde no era esto o aquello, sino esto y aquello. Una lleva a la polarización del conflicto, la otra, a que cada quien permanezca en su propio código postal. Sin izquierda ni derecha, las cosas en conflicto eran, según Beck: adentro-afuera; seguro-riesgoso; moderno-contramoderno, y político-privado. Una inocencia con respecto a la ciencia los lleva a decir que la experimentación genética es un pragmatismo de la anticipación o que el ecologismo es una democratización de Dios. Con esas ganas de que ya no hubiera ideologías, sino modernidad y contramodernidad, es decir, novedad y tradición, se justificaron revisiones de la historia europea, donde el nazismo y el bolchevismo habían promovido una guerra civil entre 1917 y 1945 contra el liberalismo democrático al que ninguno de sus historiadores ve pactando con el fascismo. Estoy pensando en el libro de Ernst Nolte que el FCE publicó en español en pleno salinismo. Ahí se fuerza una semejanza entre la Revolución de octubre bolchevique y el golpe de Estado fallido de los nazis en 1923. Y se esculpa a los liberales que parecen, no abocados a los negocios con la Alemania de la dictadura nazi –como sucedió–, sino pasmados ante la lucha de los Frentes Populares contra la expansión del fascismo. Para la historia oficial de los neoliberales, convenía que el mundo fuera culpa de las ideologías. Como lo escribió Norberto Bobbio: No hay nada más ideológico que la afirmación del fin de las ideologías.
El centro en México fue posible por la lucha contra el Partido Único. Si eras de izquierda o de derecha, querías que el PRI perdiera una elección presidencial. Recuerdo todavía a un intelectual autodenominado de izquierda que tuvo la temeridad de escribir que había democracia, aun con el triunfo anticipado del PRI. Pero nadie le prestó atención. El centro se alimentó de esa idea de que la democracia era una armonía pluralista de la que se ayudaban decenas de organizaciones civiles que sustituían con su técnica, metodología y evaluaciones, las decisiones del Estado. No hay posiciones, sólo problemas, fue el lema publicitario del fin de las ideologías. Así, el centro no veía a derecha e izquierda como contradictorios entre sí, sino como complementarios, contra su enemigo que era la represión y el fraude electoral del PRI. Todavía faltaba que, ya en el poder presidencial, Acción Nacional incurriera en las mismas prácticas. Como PRI y Acción Nacional compartían ideas del país, negocios mutuos, y hasta familiares, parecía que el centro sería el nuevo régimen bipartidista. Pero llegó al poder una izquierda que puso en el campo de disputa la contención de la desigualdad brutal y la lucha por la equidad.
¿Cuál es el centro que se propone ahora? Del lado de Morena, sería aminorar las tensiones con las empresas que no pagaban impuestos, que usaron el autoabasto como saqueo, y quizás hasta con la academia de los fideicomisos inescrutables. Del lado de la derecha, serían los autoproclamados libertarios, esos que no quieren pagar impuestos, le dicen negocio a la especulación con criptomonedas, y creen que los derechos son, en realidad, servicios para quien pueda pagarlos. Ambos reconocen la desigualdad, pero proponen, desde Morena, el retorno a la subvención de las empresas y, desde la oposición, los programas de caridad que dependen, no de los derechos constitucionales y la universalidad de su reparto, sino de la supuesta empatía de los filántropos. Pero volviendo a Bobbio: La existencia del gris no reduce en lo mínimo la diferencia entre negro y blanco.
México SA
Huelgas mineras, 15 años // Tres gobiernos, cero solución // T-MEC: no tienen la razón
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Quince años han transcurrido, y en ese periodo ninguno de los tres presidentes constitucionales, los cinco secretarios del Trabajo, ni los nueve de Gobernación movieron –ni lo han hecho– un dedo para resolver las tres huelgas mineras que estallaron simultáneamente el 30 de julio de 2007, todas en minas concesionadas a Grupo México, del tóxico barón Germán Larrea.
Tres lustros, y el conflicto sigue sin solución. Las obligadas negociaciones del caso brillan por su ausencia, porque tal parece que el gobierno de la república ha sido cómplice de Larrea (en el caso específico de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto) o de plano le tiene miedo al barón, pero lo cierto es que miles de mineros siguen en pie de lucha sin que autoridad alguna escuche sus exigencias, las cuales, dicho sea de paso, son totalmente justas.
El 30 de julio de 2007 La Jornada publicó que “el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana estalló este lunes tres huelgas simultáneas en las secciones 17, 65 y 201, pertenecientes al corporativo Grupo México, por las ‘constantes violaciones a los contratos colectivos y la falta de seguridad e higiene en sus minas y plantas. La ausencia de seguridad e higiene ha causado la muerte de 75 mineros, incluyendo los 65 fallecidos en Pasta de Conchos, y que haya ‘decenas de mutilados’; 3 mil trabajadores de esas secciones ubicadas en Guerrero, Sonora, y Zacatecas, decidieron colocar las banderas rojinegras hasta tener respuesta a sus demandas por parte del corporativo”.
El Grupo México, denunciaba el sindicato, no quiere revisar el contrato colectivo de trabajo ni establecer medidas de seguridad, pero sí promueve despidos injustificados y envía grupos de choque para intimidar a los trabajadores, los cuales ya no pueden tolerar esa situación; desde hace más de un mes han requerido la intervención del titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, para buscar solución al conflicto, sin que haya algún planteamiento del funcionario; la Secretaría del Trabajo está creando un ambiente para dividir nuevamente al sindicato (por cierto, esas declaraciones las hizo Carlos Pavón, entonces secretario de asuntos políticos de dicho sindicato, quien fue el primero en chaquetear y fundar un sindicato blanco, tras cometer fraude y terminar en la cárcel).
Cuando estallaron las tres huelgas, en tiempos de Calderón, el palacio de Bucareli estaba ocupado por Francisco Ramírez Acuña; después llegaron en cascada Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez-Mont (abogado corporativo del propio Grupo México), Francisco Blake Mora y Alejandro Poiré, mientras en la Secretaría del Trabajo despachaba Javier Lozano Alarcón y más adelante Rosalinda Vélez Juárez. Todos operaron a favor de Grupo México. Lo que sí hicieron fue, en 2010, reprimir a los mineros de Cananea y desalojarlos violentamente, al tiempo que la empresa hizo una lista negra para que ninguno de los huelguistas pudiera emplearse en esa población.
Con Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chongo y Alfonso Navarrete Prida despacharon en Gobernación, mientras en Trabajo lo hicieron el propio Navarrete Prida y Roberto Campa Cifrián. Actuaron exactamente igual que los calderonistas.
Se esperaba que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional la situación sería otra y las tres huelgas se resolverían. No ha sido así. En Gobernación, Olga Sánchez Cordero y Adán Augusto López no hicieron lo pertinente, y en Trabajo Luisa María Alcalde, para variar, no ha movido un dedo.
Lo que sí ha hecho Andrés Manuel es instruir a la titular del Trabajo, en julio de 2019, y al de Gobernación, en enero de 2022, para que hicieran lo conducente e instalar una mesa de negociaciones entre las partes para resolver el ya añejo conflicto laboral. La primera no hizo absolutamente nada y el segundo comenzó muy bien, sólo para que poco a poco olvidara la instrucción presidencial, sin resultado alguno, amén de que el corporativo, sin más, dijo que no participaría.
En fin, hoy se cumplen 15 años del estallido de las tres huelgas y todo se mantiene como al principio. ¿Hasta cuándo?
Las rebanadas del pastel
Se calienta el tema del T-MEC: si tener acceso a ese mercado nos implica ceder soberanía, no lo aceptamos. No vamos a entregar nuestra independencia a ningún gobierno extranjero. Aun cuando tengan muchos lambiscones vendepatrias que les aplauden en nuestro país, no tienen razón, advierte López Obrador.
