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La inmaculada percepción

Mexicanos al grito…

Vianey Esquinca

Excelsior

Septiembre es el mes patrio, de celebraciones mexicanas y de interpretaciones históricas. Los gobiernos han caído en la tentación de rescribir la historia para legitimarse en el poder, lograr una identificación colectiva creando héroes nacionales y antihéroes o solamente para distraer la atención de otros problemas fundamentales.

Por ejemplo, el presidente Miguel Alemán decidió crear el mito de los seis niños héroes y a pesar de que historiadores y expertos han demostrado la incongruencia y falsedad de la historia, todavía se sigue recitando en las escuelas “seis fueron los niños que murieron con valor, por defender nuestra patria, nuestra enseña tricolor…” y autoridades ponen una ofrenda en su monumento.

Es más fácil vivir con el romanticismo nacionalista que con la fría realidad. ¿Qué los niños no eran tan niños? ¿Qué nunca fue probado que los cráneos que encontraron pertenecieran a los cadetes venerados? ¿Qué ni siquiera se puede probar que Juan Escutia haya estado en el Castillo de Chapultepec y mucho menos que se haya arrojado envuelto en la bandera? No importa, hay un simbolismo heroico que funcionó y sigue funcionando.

Y aunque pareciera imposible que con la tecnología y las redes sociales que existen hoy alguien rescribiera la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reclamado lo que considera su sagrado derecho de darle “su toque” a los hechos históricos, dejando claro que la historia no la escriben los ganadores, sino los políticos y sus gobiernos.

Si en el año 2010 se celebró el Bicentenario de la Independencia y los 100 años de la Revolución Mexicana; ahora, en 2021, se vuelve a celebrar el Bicentenario de la Independencia, sólo que no el inicio, sino en la culminación, y para hacerlo más grande también se sumó los 500 años no de la conquista, sino de “la resistencia indígena”, en la que se les pidió perdón a las comunidades indígenas, aunque se estén destruyendo sus tierras por el paso del Tren Maya.

Parece que la historia mexicana es tan noble y flexible que le da a cada gobierno una oportunidad de lucimiento y de hacer las adecuaciones necesarias, no para evitar los errores del pasado y moldear el futuro, sino para modificarla a los intereses del gobierno en turno.

Hablando de aniversarios, el 15 de septiembre de 2021 también se estarán celebrando 167 años de que el Himno Nacional haya sido interpretado por primera vez y, en estos momentos, este canto tiene un significado muy actual. En efecto, los mexicanos estamos al grito, no necesariamente de guerra sino de desesperación.

Gritos por saber que el gobierno mexicano eliminó el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que hubiera permitido apoyar a los estados afectados por fenómenos naturales. Gritos por ver las desgarradoras imágenes de inundaciones en Ecatepec, varios municipios de Veracruz o en Tula, Hidalgo, ciudad en la que murieron 16 pacientes internados en el IMSS cuando se inundó y dañó el sistema de oxigenación. Gritos por el deslave del cerro del Chiquihuite, que enterró varias cajas en la colonia Lázaro Cárdenas.

Y también el país sintió el “retiemble en sus centros la tierra” con el fuerte temblor del 7 de septiembre, así como sus réplicas. Afortunadamente, en esta ocasión los daños fueron muy leves.

Con eso que todos los gobernantes se sienten con el derecho de cambiar la historia, no habría de generar sorpresa si algún día un presidente decide juntar las palabras “más si osare” y decreta que lo que quiso decir Francisco González Bocanegra es que Maseosare es un extraño enemigo invisible que está entre los neoliberales y conservadores del país, y que debe ser eliminado porque está en contra de la transformación.

El IPN en su encrucijada democrática

César Iglesias *

La Jornada

Recientemente, el Congreso del estado de Hidalgo aprobó un punto de acuerdo para enviar una iniciativa al Congreso de la Unión para reformar la Ley Orgánica del IPN. Inmediatamente, el SNTE montó una campaña de desinformación sobre sus alcances jurídicos.

Manipulando, presentó esta iniciativa como un intento de privatización. La autonomía sería la vía para que Morena en el Congreso acabara con los derechos laborales politécnicos, perderíamos el derecho a la permanencia, se eliminarían los quinquenios salariales, habría cuotas obligatorias.

El SNTE tiene razones de peso para negarse a discutir la democratización del IPN. Su propia estructura antidemocrática se ha beneficiado de la corrupción institucional en el manejo de plazas.

El movimiento de 2014 reveló que de 1996 a 2014, las diferentes administraciones del IPN otorgaron 5 mil 822 plazas docentes ¡a personal no docente que cumple funciones administrativas! Peor aún: se otorgaron mil 891 plazas docentes de tiempo completo ¡a personal sin licenciatura! Esas irregularidades son de una amplia magnitud: equivalen, aproximadamente, a un tercio de las plazas docentes en el IPN.

La pandemia ha dejado lamentablemente varias muertes, de igual forma, por salud varios trabajadores se jubilaron, lo cual ha incrementado las plazas vacantes. Éste es el botín que pretenden obtener. Reforzar su corporativismo para disputar la dirigencia nacional.

La propuesta de Hidalgo no resuelve el problema de fondo: la democratización del IPN. Establece una junta de gobierno que subordinaría al director general y al Consejo General Consultivo (CGC) y deja intacta la estructura autoritaria que no permite la participación democrática de la comunidad estudiantil en la toma de decisiones ni avanza en la rendición de cuentas.

El movimiento de 2014 chocó directamente contra el CGC, ya que pretendieron imponer una política autoritaria neoliberal regresiva que degradaba los contenidos académicos, para que el IPN renunciara a la formación de profesionistas de primer nivel, traicionando sus orígenes cardenistas y se establecía un reglamento interno que violaba la Carta Magna, cancelando derechos políticos fundamentales.

No existen mecanismos de votación directa para poder participar en el CGC, 60 por ciento de su conformación es designada a dedazo por el director general. De los funcionarios que le deben el puesto depende qué votan y cómo lo votan. Los directores de las escuelas manejan a su antojo estas estructuras, ya que los estudiantes apenas representan 25 por ciento de su integración. Tienen ganada la discusión de facto.

El 2014 trazó la ruta para recuperar el carácter cardenista y refundar el IPN a través de la participación de toda la comunidad en un Congreso Nacional Politécnico democrático, representativo, resolutivo e incluyente. El gobierno federal terminó aceptando estas condiciones, no por demócrata, sino porque tenía encima la crisis política derivada de la detención-desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Esta discusión ha permitido volver ha plantear que el IPN debe modernizarse, tal como sucedió con la Ley General de Educación Superior, para consolidarse como un actor principal en el México del siglo XXI.

Por poner un ejemplo, a partir que se le eliminó su fideicomiso para combatir la corrupción como un compromiso de la Cuarta Transformación, no ha podido llevar a cabo la transición administrativa, porque la propia Ley Orgánica lo limita.

Desde que asumió el cargo el doctor Arturo Reyes Sandoval, varias voces le alertaron sobre actos de corrupción dentro de la anterior administración, pero no se sabe hasta ahora qué acciones planteó. Quien sí actuó fue la Función Pública que sancionó a varios funcionarios en temas millonarios como la reconstrucción de los edificios y la Fundación Politécnica. Esta última no da cuentas al IPN sobre sus estados financieros y aun así, los directores de las escuelas solicitan que se le depositen los donativos obligatorios para la inscripción.

A pesar de haber sido sancionado por retirar una demanda por más de 20 millones de pesos que tenía el IPN contra la Fundación Politécnica, al ex abogado general José Juan Camacho Guzmán le fue asignada, de forma opaca, una plaza de tiempo completo titular B en el Centro de Investigación en Computación, siendo él abogado.

En la marcha del jueves por la Defensa del Politécnico que se dirigió al Congreso de la Unión quedaron evidenciados los bandos, una comisión se desvió a Gobernación y sin acordar en asamblea alguna, al más estilo porril, se autonombraron representantes de toda la comunidad y se sentaron a negociar a espaldas de ésta.

Por otro lado, la comunidad estudiantil salió genuinamente a las calles a defender espontáneamente el centro de lo logrado en 2014, es decir, que la transformación debe producirse dentro del IPN con la participación de toda la comunidad, que para nada es el CGC, sino más bien el Congreso Nacional Politécnico (CNP).

La corrupción, la estructura antidemocrática y autoritaria del Instituto Politécnico Nacional deber ser erradicada. El gobierno federal, al iniciar el sexenio, se comprometió a realizar el CNP. Deben cumplir su palabra, de otra forma, la marea guinda no se detendrá.

* Docente de la ESCA Tepepan.

El pueblo de Cuba y la OEA

Tatiana Coll*

La Jornada

Un inmenso mar de personas apretujadas y vitales llenaba toda la plaza, marea que se extendía a perder de vista, a tal grado que Fidel Castro exclamó que no esperaba que acudiera tanta gente, y que ello era la medida inconfundible de la enorme responsabilidad que pesaba sobre los dirigentes de la revolución. Era un 2 de septiembre de 1960, se había convocado a la Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba (AGNPC) para responder con la Primera Declaración de la Habana a las resoluciones de la VII reunión de la OEA, divulgadas como Declaración de San José, que básicamente acusaban a la isla de violar la paz y estabilidad del continente, de no cumplir con los principios democráticos y de propiciar la intervención extranjera del principal enemigo: el comunismo. Esta supuesta intervención se refería a la declaración reciente de la URSS que ayudaría a Cuba en caso de agresión directa y al establecimiento de relaciones con China.

Con una fuerza incontenible resonaban las consignas: ¡con la OEA y sin la OEA, ganaremos la pelea!; ¡Fidel, Fidel, que tiene Fidel que los americanos no pueden con él!;

la preferida era: ¡Fidel seguro, a los yanquis dales duro! También se escuchaban voces de reconocimiento para Raúl Roa, el canciller de la dignidad; se conocía ya el bravo y contundente discurso que pronunció en Costa Rica: yo acuso, sin miedos ni remilgos, de manera implacable a la más poderosa y agresiva nación del mundo, al abandonar la sesión: me voy con mi pueblo y con mi pueblo se van de aquí los pueblos de nuestra América.

La AGNPC era el instrumento inapelable mediante el cual la revolución estableció la democracia directa asamblearia en aquellos torrenciales años. Las principales decisiones fueron tomadas así, baste recordar la histórica aprobación del carácter socialista con un mar de fusiles levantados, empuñados para la victoria sobre el invasor, que bombardeaba y desembarcaba tropas por Playa Girón. Mareas parecidas aprobaron las leyes revolucionarias: la de reforma agraria, recuperación de los bienes malversados, conversión de los cuarteles en escuelas, nacionalización de la educación y de las grandes empresas estadunidenses y muchísimas más. Al mismo tiempo se integraban poderosas organizaciones populares: de pequeños agricultores, mujeres, estudiantes, las milicias, trabajadores, pioneros, artistas, y los emblemáticos Comités de Defensa de la Revolución.

La AGNPC y las organizaciones representaron el doble poder que construyó la transformación revolucionaria (René Zavaleta); un poder popular que se institucionalizó en 1975, convirtiéndose en la columna vertebral del poder político en Cuba a través de los diversos órganos de representación del poder popular, sus asambleas municipales, provinciales y nacional, con una capacidad no sólo legislativa, sino ejecutiva y con delegados que rinden cuentas cada seis meses, son revocables y no tienen salarios especiales.

La Primera Declaración de la Habana, a su vez, representó una aproximación al análisis de la condición de dependencia histórica, con sus principales determinantes: la dominación financiera y monopólica imperialista, la complicidad de las clases latinoamericanas dominantes-dominadas, el descarnado proceso de sobrexplotación de las fuerzas laborales, la falsedad de las promesas desarrollistas estadunidenses. Condiciones que prevalecen aún. Recordaba también a los principales próceres revolucionarios y su insistencia en la necesaria autonomía frente a poderes subyugantes. Esto generó un impacto tan certero que se convirtió en el motor creador de la teoría de la dependencia (Ruy Mauro Marini).

La declaración se estructura con nueve puntos; el primero es el rechazo total a la Declaración de San José; el segundo: “la AGNPC condena enérgicamente la intervención abierta y criminal que durante más de un siglo ha ejercido el imperialismo estadunidense sobre todos los pueblos de nuestra América: México, Nicaragua, Haití, Puerto Rico, Cuba, República Dominicana y Panamá, convertidos en territorios ocupados. Esa intervención afianzada en su supremacía militar, en tratados desiguales y la sumisión de gobernantes traidores, ha convertido la tierra de Bolívar, Hidalgo, Juárez, San Martín, O’Higgins, Sucre, Artigas, Tiradentes y Martí que la quisieron libre, en zona de explotación y traspatio financiero y político Yanqui. Es el norte revuelto y brutal que nos desprecia”.

En varios puntos desglosa detalladamente estas condiciones, condena la Doctrina Monroe, el panamericanismo predominante; denuncia el latifundismo y la explotación brutal de recursos, la pobreza y devastación de este sistema inhumano; denuncia la carencia de escuelas y hospitales, sin maestros ni médicos. El sexto punto reafirma que la democracia es incompatible con la oligarquía financiera, con el terror del KKK, con el asesinato de la familia Rosenberg. La AGNP expresa su convicción de que la democracia no puede consistir sólo en el ejercicio de un voto electoral casi siempre ficticio. Los gritos de Cuba sí, Yanquis no acompañaron sin cesar. El punto nueve fue el rechazo total a la Declaración de la OEA y a la pregunta de ¿Qué hacemos con ella?, un atronador grito de rómpela tiró la declaración a la basura histórica, lugar donde debe estar la OEA.

* Investigadora de la UPN. Autora de El Inee.

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