La incongruencia como medio de hacer política
Elisur Arteaga Nava
Proceso
Una autoridad competente solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que emitiera una declaración de procedencia a fin de que el señor García Cabeza de Vaca enfrente diferentes acusaciones en su contra.
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, está viviendo sus últimos días en libertad. Se le acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero (Milenio, 20 de junio). Le aguarda una prolongada estancia en prisión. Primero, en el extranjero, como sujeto a un proceso de extradición. Después como cliente distinguido del Altiplano. Va a estar algunos años a la sombra.
Hay mucho que comentar respecto a la situación jurídica y política del señor García Cabeza de Vaca. De inicio reconocer que su frivolidad, irresponsabilidad y negligencia incidieron negativamente en las elecciones celebradas a principio de este mes en Tamaulipas, el estado que está a punto de dejar de gobernar. Por su culpa, Acción Nacional perdió un bastión de poder y de votos importante. Morena se hizo de la gubernatura y del Congreso de la entidad. La derrota es políticamente imperdonable, sobre todo con vistas a la elección presidencial a celebrarse en 2024. Se perdieron esos votos cuando más se necesitaban.
García Cabeza de Vaca no es el único responsable del fracaso; son corresponsables los diputados del Congreso local y los dirigentes nacionales del Partido Acción Nacional. Los primeros por no haber dado curso, como debían, a la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y, a través de una reforma a la legislación local, haber dilatado el cumplimiento de lo mandado por la autoridad federal. Los segundos, los dirigentes de Acción Nacional, por no haber presionado para que se diera cumplimiento a la suspensión del cargo del gobernador.
Los directivos de Acción Nacional se mostraron acomodaticios y convenencieros. En 2005, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en defensa del jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, recurrió a la controversia constitucional ante la Corte para impugnar la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados, alegando que se requería de una nueva declaración local para que operara la suspensión en el ejercicio del cargo del desaforado, es decir lo mismo que se invoca por el gobierno de Tamaulipas en la controversia constitucional que ahora se ventila ante la Corte, el Partido Acción Nacional se pronunció en el sentido de que era incorrecto ese punto de vista e infundada la controversia. La Corte, por su parte, en ese entonces rechazó lo que ahora ha admitido a trámite y, de lo que ha trascendido, va a declarar fundado.
¿Por qué ahora Acción Nacional no se opuso a que se admitiera la controversia constitucional? ¿Por qué la Corte cambió de opinión y dio trámite a algo que antes declaró improcedente? ¿Ignorancia? ¿Desmemoria? ¿Falta de principios?
Una autoridad competente solicitó a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que emitiera una declaración de procedencia a fin de que el señor García Cabeza de Vaca enfrente diferentes acusaciones en su contra. Después de agotar el procedimiento de ley, esa cámara obsequió la solicitud que le fue formulada.
Ante esa declaración, García Cabeza de Vaca, para rehuir su cumplimiento, en fraude a la ley, con la complicidad de la Legislatura del estado modificaron la Constitución política local para hacer depender lo resuelto por la Cámara de Diputados de su homologación por el Congreso local.
Esa acción indebida fue cuestionada. Actualmente se ventila una controversia constitucional para determinar si la reforma es correcta y la interpretación dada por la Legislatura está apegada a la Constitución general.
Ha trascendido que el proyecto de sentencia que presentará al Pleno de la Corte el señor ministro Juan Luis González Alcántara viene en el sentido de establecer que se requiere de una nueva declaración de la Legislatura del estado de Tamaulipas para entender que el señor García Cabeza de Vaca tiene suspendida la inmunidad de que goza.
Si es cierto lo que ha trascendido a los medios, disiento del punto de vista del distinguido jurista y entrañable amigo. Me llevan a disentir de su opinión las siguientes consideraciones:
Los órdenes federal y local son completos en sí mismos. No requieren uno del otro para cumplimentar las determinaciones que emiten en ejercicio de las facultades que les tienen conferidas. Una declaración emitida por la Cámara de Diputados que suspende del ejercicio del cargo a un servidor público tiene efectos por sí, sin necesidad de una declaración complementaria que emita la Legislatura local.
La notificación a que hace referencia el artículo 111 es únicamente para que la Legislatura local provea lo relativo a la suplencia del gobernador suspendido en el ejercicio del cargo, no para que homologue lo resuelto por la Cámara de Diputados o para que lo ratifique.
Lo anterior no es un punto de vista que yo haya elaborado con miras al caso concreto; ese punto de vista lo he expuesto desde hace muchos años tanto en mi Tratado de derecho constitucional (México, Oxford University Press, 1999, tomo IV, p. 1311) como en mi Derecho constitucional (Oxford University Press, México, 2016, tomo I, p. 359).
Ahora agrego un argumento adicional. En el momento en que se hace depender de la Legislatura de Tamaulipas el cumplimiento de lo resuelto por la Cámara de Diputados, en el sentido de suspender de su cargo al gobernador, se atenta, en forma adicional, contra lo que dispone el artículo 111: “Las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados o Senadores son inatacables”.
El prever la homologación de una declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados es hacerla atacable.
Si García Cabeza de Vaca tiene la convicción de que es inocente y sabe que en un futuro inmediato se le acabará la inmunidad de que goza, ¿por qué no se entregó a la autoridad que lo requería y enfrentó, sin más, las acusaciones de que era objeto? Su situación jurídica se complicó. Se quiso pasar de listo en el momento menos oportuno para él y para su partido. Recurrió al fraude a la ley para retrasar el momento en que deberá enfrentar los procesos penales que se le siguen.
Una vez que asuman el poder quienes resultaron ganadores y que termine la inmunidad de que goza, le podrán repetir al señor García Cabeza de Vaca lo que dice el dicho: “Si caes en mi tribunal, ni declaración te tomo”. Su causa ya ha sido juzgada y sentenciada.
Retrovisor
El Tribunal Electoral y la violencia política de género
Ivonne Melgar
Excelsior
Las elecciones de este sexenio se caracterizan por una paridad de género sin precedentes, enmarcada en la disparidad también inédita de la comunicación política.
Son novedades que cotidianamente ocupan a los partidos, autoridades electorales y ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Así, se espera que el próximo martes, los 11 ministros voten el proyecto de su compañera Loretta Ortiz para que en Coahuila, aspirantes al gobierno en 2023 sean mujeres, adelantando la alternancia de géneros que para 2029 se estipuló en una reforma estatal en la materia.
Aunque el Poder Judicial de la entidad suspendió la aplicación de esa ley debido a fallas en el procedimiento, la mera posibilidad ha puesto de cabeza a Morena y a la coalición del PRI, PAN y PRD, porque todos sus prospectos son varones, convalidando la sospecha de que la paridad puede ser utilizada como instrumento para excluir adversarios.
De concretarse esa propuesta, los partidos se verían forzados a postular hombres para la elección del Estado de México, ya que están obligados a la paridad.
Cabe el escenario de que el género femenino predomine en los dos estados, pues en la pista mexiquense son mujeres las cartas destacadas del PRI y de Morena.
La probabilidad existe. La consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, impulsora clave en 2021 de la paridad en las candidaturas a los gobiernos estatales, se pronunció esta semana porque ese criterio se aplique en Coahuila y en el Estado de México, adelantando que el INE tiene facultades para garantizarlo así.
El debate continuará en un México que, al cierre de 2022, tendrá nueve gobernadoras, cuando en 2018 eran dos, de un total de nueve en su historia.
Y con esta creciente presencia electoral femenina, candidatos, partidos, instituciones y ciudadanos estamos aprendiendo a identificar de qué se trata la ya legislada violencia política por razón de género (VPG), referente a actos que inhiben, restringen, limitan o quebrantan los derechos de representación de las mujeres por el hecho de serlo.
Llama la atención que en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) hayan sido tan cautos en juzgar las quejas de la gobernadora electa de Aguascalientes, Teresa Jiménez, estigmatizada por sus competidoras como corrupta y descalificada por la biografía de su pareja.
Es una discusión en pañales e impera la idea de que esos señalamientos son, en todo caso, calumnias o parte de la confrontación electoral y que no ameritan un juicio por VPG.
La magistrada Mónica Soto Fregoso ha sido la única voz de esa Sala Superior que viene pugnando por tomarse en serio esos agravios y pararlos, argumentando que sí lastiman los derechos políticos de las mujeres.
La polémica continuará cuando se analice la intervención presidencial en la contienda de Hidalgo por sus declaraciones en contra de la candidata Carolina Viggiano, de la coalición PAN, PRI y PRD, una evidencia que podría etiquetarse como indebido uso de propaganda gubernamental y violación del principio de imparcialidad, prácticas que recurrentemente el INE y TEPJF le han documentado al jefe del Ejecutivo federal y a funcionarios de su gabinete.
El juicio de inconformidad, sin embargo, que la representación jurídica de la secretaría general del PRI ha presentado, solicitando la nulidad de la contienda, plantea que ella fue víctima de VPG con “manifestaciones discriminatorias, misóginas y elitistas”, en las conferencias presidenciales y que ese dolo alteró la competencia con “la calumnia” de que iba a eliminar la pensión universal para adultos mayores, cuyos beneficiarios son la tercera parte de la lista nominal de electores. La candidata alega que sus palabras se manipularon y que es mentira que una autoridad local pueda modificar esa política.
Y aunque la diferencia entre la diputada federal y el gobernador electo Julio Menchaca es abismal y las anulaciones sólo proceden en votaciones cerradas, el tema de fondo es que el Presidente dio la pauta para la narrativa de una campaña que descalificó a la contendiente.
Debe subrayarse que, en el reciente proceso de seis elecciones, sólo Carolina Viggiano fue abierta y reiteradamente cuestionada desde el máximo espacio de comunicación política de la nación.
¿Se vale descarrilar una candidatura así? ¿Habrán de guardar silencio los magistrados del TEPJF? ¿Tendrá el mandatario cancha libre para repetir esta conducta en las elecciones que vienen?
El reclamo de Carolina Viggiano ilustra la paradoja de una paridad incrustada en la más dispareja disputa de la representación política, cuando el Ejecutivo federal tiene el talento de prender el miedo en el electorado.
Se trata de una realidad que rompe cualquier pretensión de equidad, incluso para los colaboradores de López Obrador que buscan sucederlo y que ya padecen o disfrutan, según el ánimo, apapachos, gestos, silencios, convocatorias y omisiones.
¿Cómo puede el Presidente conseguir que gane la encuesta su corcholata preferida?, pregunté recientemente a un enterado protagonista de la 4T.
“No veo problema alguno” –respondió. “Eso se arregla con una mañanera”.
Y, sí. También con una conferencia de Palacio se le descompuso la campaña a Carolina Viggiano.
Tutte le vie vanno a Roma
Julio Faesler
Excelsior
Todos los caminos llevan a Roma, dicen los italianos y nosotros diríamos que todos los datos llevan al mismo punto: el fracaso de la administración actual. El primero en advertirlo es el propio Presidente. En el rito de sus mañaneras notamos una creciente pesadez y como van repitiéndose las respuestas ambiguas a las preguntas que se le hacen y él las compone de interminables divergencias, con intención de llenar el tiempo y evitar así que se le planteen más preguntas.
Se ve que no hay posibilidad de que admita error alguno, ya que su terquedad no tiene límite. Se conocen cada vez más los datos duros: la pobreza aumenta, cada día los servicios de salud y educación se encuentran en caótico desorden y casi en ruinas, provocando la frustración y el sufrimiento de las mayorías. Se incrementa la inseguridad a pasos agigantados.
Las ironías de sus fracasos están en el ejemplo de la inauguración, ayer, de una refinería que, en un principio se dijo que costaría 7 mil millones de pesos y al día de hoy, inconclusa, costará al menos 13 mil millones. ¿Qué se inauguró? Sólo las oficinas del complejo Dos Bocas que entrará en producción de gasolinas en dos o tres años, coincidiendo con la creciente importancia de vehículos eléctricos.
Otra obra paradigmática, el AIFA, que costó 75 mil millones, está aún sin terminar, carente de vías de acceso, con controladores (muchos) improvisados, equipos todavía sin instalar, todo ello ante la urgencia por desviar vuelos del AICM al Felipe Ángeles, a su vez limitado por la dilación en recuperar la primera categoría aeronáutica internacional perdida hace más de un año.
La joya de la corona: el Tren Maya, construcción hecha sin la autorización ambiental, con tramos que amenazan el frágil subsuelo yucateco, con vestigios de 10 mil o más años, obra encargada a los militares, hecha a base de contratos sin licitación alguna, blindadas sus irregularidades, como las de otras obras de infraestructura de este régimen, por el decretazo que las convierte en asunto de seguridad nacional.
En lo económico, nuestros intercambios se concentran en 85% en el gran mercado norteamericano, donde el T-MEC, avalado en los últimos momentos de negociación por AMLO, contiene gérmenes de controversias jurídicas que costarán millones de dólares para cubrir indemnizaciones a empresas extranjeras a causa de las cancelaciones y violaciones a los derechos adquiridos.
La inseguridad es la que más ha afectado al mexicano en su vida diaria a lo largo y ancho del país. Desde 2018, México está a la cabeza de los países más peligrosos del mundo. Las cifras de muertes en lo que va de la presente administración es de 123 mil, la más alta de los últimos dos sexenios. Municipios enteros tienen autoridades impuestas por las mafias, convirtiéndolos en centros de producción y distribución de narcóticos.
En más de la tercera parte del territorio nacional su fuerza supera a la del gobierno. El asesinato de los dos jesuitas en la sierra de Chihuahua motivó una firme declaración de la Iglesia católica, insistiendo en que se actúe más allá de meros abrazos para contener la ola criminal. Como respuesta, el Presidente simplemente tachó de hipócritas las denuncias de los sacerdotes.
En lo económico, la política de López Obrador ha ahogado a miles de pymes que debieran ser, como en otros países, la fortaleza básica nacional. Al relegarlas de apoyos financieros y administrativos se han desocupado millones de brazos de trabajo, engrosándolos a la corriente migratoria. La política de atender con programas sociales sólo el consumo familiar y no extenderlos a la producción de pequeñas y medianas industrias ha privado al país del vigor de miles de unidades económicas.
Visto lo anterior, nada nos indica que vaya a cambiar el rumbo que lleva el gobierno de Andrés Manuel. Su terquedad, que se ufana en mencionar, le impide tomar en cuenta enderezar objetivos y atender opiniones de quienes lo pueden orientar a no repetir errores.
Entrando al cuarto año de gobierno es lógico prever que el tiempo hasta las elecciones presidenciales de 2024, se desperdiciará en incesantes ataques y escaramuzas ofensivas entre los aspirantes. Más importa el perfil personal de los individuos en juego que las propuestas concretas de los partidos y sus plataformas. Esperemos que el ambiente no se enturbie con violencias.
A esta luz, ¿acaso sería más sensato para el ciudadano dedicarse sólo a sus actividades personales y familiares, y sustraerse de preocupaciones políticas? Definitivamente, no. Por solidaridad e interés personal, es evidentemente más importante hacer lo que pueda para evitar que el próximo sexenio 24-30 replique las funestas frustraciones que el gobierno nos receta.
Nada podremos hacer sin realizar, desde ahora, una acción política ciudadana traducida en una alianza firme entre PAN, PRI y PRD, y, posiblemente, Movimiento Ciudadano y con ello dejar atrás el caos que hoy lastra nuestro avance.
No hay de otra. Éste es el camino.
México SA
Refinería Olmeca=soberanía energética // No se consumó la infamia privatizadora // Ulises Ruiz confisca edición de La Jornada
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Llegó el día: el presidente López Obrador inauguró la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, infraestructura necesaria para fortalecer la soberanía energética del país que ha sido vilmente cuestionada por los mismos que ayer aplaudían como focas por obras imaginarias como la Bicentenario de Felipe Calderón, onerosas y corruptas como la Estela de Luz del propio Borolas o los 307 hospitales inconclusos de Peña Nieto, por citar solo tres ejemplos de los muchos que hay.
Con la puesta en marcha de la Olmeca concluirá la importación masiva de combustibles (en 1990 el banderazo de salida lo dio Carlos Salinas de Gortari) que, gracias a los neoliberales, significó una permanente sangría para las finanzas nacionales, aunque, cierto es, un jugosísimo negocio para el grupo de amigos del régimen. Solo con Fox, Calderón y Peña Nieto a tal fin se destinaron alrededor de 300 mil millones de dólares y con cada barril adquirido en el mercado foráneo la soberanía energética del país se debilitaba.
Tiene razón el presidente López Obrador cuando subraya que en los 36 años del periodo neoliberal o neoporfirista nunca se construyó en el país una refinería; durante todo ese tiempo se apostó a vender petróleo crudo y comprar en el extranjero gasolinas, diésel y otros combustibles; de manera deliberada y por corrupción, los gobernantes buscaban destruir la industria petrolera nacional. No podemos olvidar que acabaron con la petroquímica, que dejaron en estado lamentable las seis refinerías que se construyeron a lo largo de nuestra historia y que reformaron la Constitución para privatizar el petróleo, aunque no les alcanzó el tiempo para terminar de entregar todos los yacimientos y consumar esa gran infamia.
El nuevo gobierno decidió aplicar una política energética distinta, destacó el mandatario, y en materia petrolera el objetivo claro es dejar de exportar crudo y procesar la materia prima en el país para ser autosuficientes en gasolinas y diésel. Por eso, desde que llegamos, al tiempo que invertíamos en exploración y extracción de petróleo para frenar la constante caída en la producción, decidimos modernizar las seis refinerías existentes (y adquirir en su totalidad la de Deer Park, Texas), lo cual nos ha permitido aumentar a casi al doble la capacidad productiva: es decir, pasamos de transformar 485 mil barriles diarios a 863 mil hoy, y el año próximo se tendrá capacidad para procesar un millón 200 mil barriles.
México se prepara para dejar de importar gasolina, diésel y turbosina, ser autosuficientes, crear empleos en el país y dedicar estos combustibles al mercado interno y al desarrollo nacional. Es un cambio profundo, un gran viraje, de vender el petróleo crudo a transformar la materia prima, producir los combustibles y venderlos en el mercado interno.
Además, detalló López Obrador, decidimos reiniciar la construcción de la coquizadora de Tula, que había quedado parada (por los patrones de los aplaudidores de ayer y críticos rabiosos de hoy), con una inversión cercana a 2 mil millones de dólares. Imaginen lo que es dejar tirados equipos que se conviertan en chatarra cuando se trata de inversión pública, dinero del presupuesto, del pueblo. Poco a poco hemos recobrado la rectoría del Estado en la planeación y el desarrollo nacional.
Las rebanadas del pastel
¿Coincidencias? Ayer La Jornada no circuló en Oaxaca debido a lo que a todas luces es resultado del clásico operativo de incautación masiva de ejemplares por orden de los caciques estatales. Resulta que en la edición respectiva, nuestro diario publicó la denuncia del fiscal del Estado y primer Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert, que a la letra dice: en 2006 y 2007 los pueblos de Oaxaca exigieron la renuncia del (entonces) gobernador Ulises Ruiz Ortiz, quien “utilizó a Los Zetas y a grupos criminales para reprimirlos. Fueron asesinadas 26 personas, varias de ellas ejecutadas extrajudicialmente. Centenares fueron detenidas arbitrariamente y torturadas. Otras más desaparecidas”. También narró cómo fue que presentó el caso sobre la violación a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad en Oaxaca, ante la Corte Penal Internacional de La Haya, responsabilizando a Ruiz Ortiz, pero también a los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Eso y mucho más, pero causalmente la edición de La Jornada desapareció de la entidad. ¿Quién será el responsable de la misteriosa confiscación?
Cuatro priístas del apocalipsis
José M. Murià
La Jornada
Un partido político que llegó a ser omnipotente, entre otras cosas porque resultó ser producto de una revolución triunfante, cuando la cúpula del poder consideró conveniente dar el gran derechazo decidió que el PRI se convirtiera también en uno de sus secuaces.
No importó que sus enormes bases estuvieran amoldadas al viejo cuño revolucionario: la dirigencia dio el gran viraje, consumando una vergonzosa alianza y poniéndose a las órdenes de los enemigos de antaño, pero el resultado fue que el grueso de la militancia dio muestras de mayor dignidad que sus jefes y no los siguió.
¿Cómo pretendieron tales líderes carentes de vergüenza que su cauda de simpatizantes y afiliados vieran con buenos ojos, en 2018, por caso, una alianza de sus cabecillas con un personaje de por sí tan detestable como Ricardo Anaya, cuando éste se había pasado al menos los dos años anteriores despotricando, ofendiendo y agrediendo indiscriminadamente a todos los militantes del PRI, incluso de manera soez, por todos los medios posibles?
La verdad es que tales fariseos se sobrestimaron, máxime que incluso tres de los capos, verdaderos jinetes del apocalipsis, se manifestaron claramente a favor de que el PRI cambiara de colores, de siglas y de plataforma ideológica… es decir, que dejara de ser lo que era. Recuérdese que quienes con voz más fuerte lo manifestaron en primer lugar fueron sus propios presidentes casi sucesivos: Enrique Ochoa Reza, la señora Claudia Ruiz Massieu y Salinas de Gortari. Dejemos al margen al muy digno militante guerrerense de nombre René Juárez Cisneros (qepd), quien lo presidió entre ambos durante apenas un par de meses. Pero luego lo remachó el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, poco antes de las elecciones en las que ganó por abrumadora mayoría don Andrés Manuel López Obrador, sumando más votos que todos sus rivales juntos…
¿De dónde sacó Morena tal cauda de sufragios, además de los suyos propios? Pues de lo que había sido hasta entonces la gran base priísta. Resulta imposible hallarlos en otro lado. No es difícil de imaginar la razón: la plataforma del joven y triunfante organismo político es la que más se asemeja al antiguo partidazo, ofreciendo además desafanarse de muchos de los vicios que éste padecía y sigue padeciendo.
Después de la debacle uno pensaría que el PRI podría haber reaccionado y procurar la recuperación de sus fuerzas de antaño, pero resultó que se coló a su cúpula un personaje incluso de peor ralea, que ahora no hallan cómo sacárselo de encima. El tal Alito, que es como el máiz de aguas, malo y picado, ha dado muestras sobradas de que tiene todos los méritos para ser considerado como el cuarto jinete del apocalipsis priísta.
Como decían antiguamente en mi barrio: se juntó la ronda con los piteros. Si los tres personajes mencionados anteriormente dejaron al Revolucionario Institucional al borde del abismo, el actual presidente del mismo ya está preparándose, con el mayor garbo y altanería, para dar el gran paso al frente.
