Lo que dicen los columnistas

Juegos de poder

¿Cuál de los dos Putin?

Leo Zuckermann

Excelsior

Platiqué ayer con Rainer María Matos Franco, quien se encuentra estudiando su doctorado en San Petersburgo, Rusia. Rainer es uno de los mexicanos que más sabe sobre ese país. Es el autor de la Historia mínima de Rusia, publicada por El Colegio de México.

Quería saber qué pensaba Rainer sobre la invasión a Ucrania y, sobre todo, la perspectiva de los rusos sobre lo que está ocurriendo en esta guerra. De los múltiples temas que tratamos, destaco dos.

Primero, me contó que las sanciones de Occidente ya se están sintiendo en la economía rusa. Sin embargo, también están encontrando la manera de darle la vuelta a muchas de ellas. Al parecer hay unas tarjetas que quién sabe cómo operan, pero permiten que la gente siga consumiendo y sacando dinero de los cajeros, a pesar que Visa, MasterCard y American Express ya no están funcionando en Rusia. Además, los pagos internacionales los están haciendo por medio de plataformas financieras de China, país que no se ha unido a las sanciones.

El segundo punto que me pareció muy interesante es sobre la tolerancia de los rusos a lo que está ocurriendo. Para ello me remonto a mi experiencia personal.

En 2015 viajé a conocer Rusia, un país fantástico que vale mucho la pena visitar. Con los rusos que conviví, pocos, pero muy educados, todos coincidían en una cosa: odiaban a Mijaíl Gorbachov. En cambio, para los occidentales, era el héroe que abrió el sistema soviético y sentó las bases para el final del comunismo y la Unión Soviética.

Los rusos veían a Gorbachov como uno de los peores gobernantes de su historia que sólo trajo inestabilidad a su país. Me quedó claro que el orden era un valor muy importante para los rusos. Todos me contaban historias de cómo, durante la época de Gorbachov y luego la de Yeltsin, dejaron de funcionar los servicios públicos. La educación y salud públicas tuvieron un deterioro muy importante. Y siempre mencionaban el tema de la basura. Según ellos, en la época soviética las ciudades estaban limpias. Luego, con la apertura, se llenaron de basura.

Las quejas seguían. Muchos perdieron sus empleos. Ya no tenían que hacer colas para conseguir productos, pero tampoco los podían obtener porque eran muy caros. Sus rublos no servían para nada. En suma, la historia de un país en crisis, desordenado, a lo que no estaban acostumbrados.

Si todos mis interlocutores odiaban a Gorbachov, también adoraban a Putin. Y no creo que lo decían por miedo. Se sentían orgullosos de su presidente porque precisamente había ordenado a Rusia. Ya no había basura en las calles, por ejemplo. La vida era de nuevo estable y predecible como en las épocas pasadas.

Encontré, además, un gusto por la cultura del hombre fuerte al estilo Stalin. De hecho, en la Plaza Roja, la tumba con más flores que dejaba la gente, aparte del mausoleo de Lenin, era la de Stalin que, para mí, se merecía que lo incineraran y esparcieran sus cenizas en las dunas de Kalmukia.

Me quedó claro que Putin le jugaba, con éxito, a presentarse como el hombre fuerte que ordena y salva al país, al estilo de Stalin.

Regreso ahora a lo que me dijo Rainer Matos. Efectivamente, a los rusos les gusta la estabilidad. Es uno de los atributos que le ha granjeado popularidad a Putin. El problema con la guerra en Ucrania es que, si se extiende por más tiempo, inevitablemente desestabilizará a Rusia. No sólo su economía (por las sanciones), sino las estructuras sociales como sucede en una guerra que se prolonga de más.

Así llegará el momento en que Putin vea afectada su imagen por la guerra. Como dice Rainer, sobre todo en una población que, de por sí, ya lo comenzaba a ver con recelo: los menores de 40 años de edad y, dentro de ellos, los más jóvenes. Hay que tomar en cuenta que alguien de 22 años sólo ha visto a Putin como su presidente durante toda su vida.

Así que este tema de la estabilidad y la guerra podría jugar un papel muy importante en el desenlace. A Putin no se le puede desordenar Rusia porque ahí pierde una de sus grandes fuentes de legitimación.

Si Putin fuera racional, en algún momento tendría que evaluar si le conviene políticamente la guerra o si llegó el momento de hundir los costos y tratar de salvar cara consiguiendo algunas concesiones de los ucranianos. Pero luego estos dictadores, que llevan mucho tiempo en el poder y se van quedando cada vez más solos y aislados, ya no actúan de manera racional, sino que se sienten tocados por la mano de Dios con la misión de ganar a toda costa.

¿Cuál de los dos Putin prevalecerá? Eso es lo que no sabemos a ciencia cierta.

Número cero

El colapso del fiscal

José Buendía Hegewisch

Excelsior

El presidente López Obrador sostiene a Gertz a pesar de la suma de escándalos que involucran al primer fiscal general autónomo en la historia del país y, con ello, envía un pésimo mensaje de impunidad. Arguye que su remoción por la filtración de la grabación de una conversación suya es una postura política y el caso debe resolverse por la ley. Al contrario, el gran impacto público de la defensa del fiscal lo convierte en un asunto político que cierra el paso a la justicia.

El affaire Gertz ha dado la razón a las críticas en el origen de la Fiscalía en 2019 por la falta de reformas constitucionales que limitaran la influencia del Ejecutivo en la designación y remoción del fiscal. En efecto, su permanencia está en la órbita del Ejecutivo y dependerá del tono al que eleve sus disputas personales con la Corte o figuras cercanas al Presidente, como Julio Scherer, más que por el interés público de la institución que encabeza.

La boca del fiscal no deja dudas de la connotación política del caso por tratar de salir al paso del escándalo como víctima del “linchamiento” mediático. No hay más que atender su respuesta sobre la divulgación de una grabación que, aunque ilegal, es de interés público. En su contenido delata su pretensión de intervenir en el juicio de amparo que la Corte deberá resolver sobre el encarcelamiento de un familiar político suyo que él acusa de la muerte de su hermano.

El escalamiento del caso es grave para el gobierno porque lo asocia a pugnas intestinas. Su defensa como víctima de grupos de interés no ha hecho más que ahondar el cariz político con su denuncia de “extorsión mediática criminal” y apuntar a cuatro abogados que investiga cercanos al entorno del exconsejero jurídico de la Presidencia. Su aseveración no sólo es política, sino que la carga de sus palabras apunta a algo todavía mayor, como los cortocircuitos en la geografía política, precisamente, al interior del poder.

Curiosamente, López Obrador ha puesto fecha para que este asunto se resuelva tras de que la ley decida la situación de Alejandra Cuevas. La Corte está en un trance difícil por el costo de un fallo que convalidara un acuerdo o presiones para mantenerla en la cárcel. Aunque tampoco un resultado contrario borraría otras acusaciones que envuelven al fiscal, como el uso de recursos del Estado para litigar un caso personal ni las de triangulación de millones de dólares a través de la UDLA a paraísos fiscales. Menos aún, atribuir la filtración de las grabaciones a los abogados, cuando la propia Fiscalía será juez y parte en la investigación de ese delito de espionaje.

El desenlace de la ruta legal puede abrir el terreno político para procesar su destitución, aunque mucho dependerá del lugar al que lleve su pugna personal. El citatorio del Senado para llamar a rendir cuentas al fiscal puede respaldar una intervención del Presidente y desmarcarlo de una reacción negativa de Gertz que desboque el escándalo mediático. Puede ser una manera de cercar a un fiscal que, como enseñan sus respuestas, se ve acorralado y cuenta con armas para defenderse con delicados expedientes y averiguaciones en su poder.

En su propio laberinto, el fiscal se ha colocado en ruta de colisión con otros poderes e incluso con Palacio Nacional, que, hasta ahora, lo ha sostenido a un alto costo político. Que puede ser mucho mayor por la sospecha de un pacto de impunidad si, desprovisto de prestigio y credibilidad, se aferra al cargo como víctima de extorsión política en su contra. El caso es, eminentemente, político porque su permanencia simboliza el fracaso de la autonomía de la Fiscalía como la mayor apuesta por la justicia de este gobierno. Así como también es político porque su salida obligaría al Presidente a acordar con la oposición el nombramiento de un nuevo fiscal.

La gestión de Gertz ha dado la razón a las críticas con que nació la Fiscalía por la falta de reformas constitucionales que aseguraran su autonomía. La urgencia de poner en marcha un nuevo modelo tras dos años de fuerte presión política y de la sociedad civil muestra sus carencias para combatir la crisis de impunidad. Uno de los fenómenos más graves que azota al país y del que el propio fiscal aparece como el primer beneficiado.

La 4T bajo la lupa: ¿alternancia política o cambio de régimen?

Mario Patrón

La Jornada

Y a plenamente adentrados en la segunda mitad del camino del gobierno de López Obrador y en la víspera de un proceso de revocación de mandato con tintes de ratificación, la autodenominada Cuarta Transformación (4T) debate su eficacia como proyecto político, en medio de un entorno en que confluyen la pervivencia de las estructuras patriarcales y la crispación social, con nuevas y muy perturbadoras expresiones de violencia exacerbada en entornos de macrocriminalidad. Dicho clima sólo ha intensificado el aura de claroscuros que ha acompañado la marcha del proyecto de la 4T, polivalente y de grandes narrativas, que se ha revelado como difícil objeto de análisis y deliberación en la opinión pública.

En este contexto, académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla recién presentaron el cuaderno de investigación titulado La 4T bajo la lupa, con el objetivo de deshebrar, desde distintas perspectivas y agendas, el desempeño del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación alrededor de las principales problemáticas que desde hace décadas arrastra nuestro país, especialmente en derechos humanos y democracia. El conjunto de nuevas narrativas, reformas legislativas y políticas públicas impulsadas por la 4T son analizadas en este documento desde una clave estrictamente académica que procura tomar distancia de las mediaciones ideológicas, con el propósito de problematizar si, con la 4T, estamos frente a un proceso de cambio de régimen o ante una simple alternancia política.

Uno de los temas centrales de este análisis son las políticas de seguridad y su eventual traducción en una efectiva pacificación del país. Respecto de ello, el documento da cuenta de la acentuación de un proceso de militarización, ciertamente iniciado antes del actual gobierno, pero al que éste ha contribuido de manera sustancial mediante la cesión a las fuerzas armadas de cada vez más funciones civiles, ignorando no sólo el historial de violaciones a derechos humanos que pesa sobre la milicia, sino también el discurso de abierta crítica y rechazo a la militarización de la seguridad pública que el propio Andrés Manuel López Obrador dirigió a gobiernos anteriores cuando fungió como uno de sus principales opositores, y que le llevó en campaña a formular la promesa de regresar el Ejército a los cuarteles. Hoy, transcurridos tres años de gobierno, no podemos hablar de un cambio de régimen cuando se presentan casi dos quejas al día ante la CNDH contra las fuerzas armadas, y cuando la violencia alcanza cifras récord para un trienio: 105 mil 804 víctimas de homicidio entre diciembre de 2018 y noviembre de 2021.

El cambio de régimen se juega también alrededor de la deuda histórica de atención y resolución de las demandas del movimiento feminista. En el marco de las recientes manifestaciones multitudinarias por el 8M, las mujeres han persistido en evidenciar la indiferencia de la 4T ante el recrudecimiento de la violencia patriarcal que produjo al menos mil 4 feminicidios en 2021, la cifra más alta desde que se tiene registro. En sentido contrario al esperado, la gestión de la presente administración ha minimizado la violencia de género; todo indica que ha optado por actuar desde una lógica transaccional donde en el plano discursivo se reconocen los derechos de las mujeres, pero en la realidad prevalece la impunidad frente a la violencia de género.

Otro tema especial es la libertad de expresión, entendida como condición consustancial al ethos democrático y su calidad. Sólo en lo que va de 2022 han sido asesinados siete periodistas; suman 32 en el sexenio. Estas cifras prefiguran al actual periodo como el más peligroso para ejercer el periodismo, pues comparativamente las actuales cifras están ya muy por encima de las arrojadas por las tres administraciones anteriores. Simultáneamente, la mañanera ha terminado configurándose como un espacio de disputa por la verdad, desde el que un día sí y otro también se enderezan duras expresiones reactivas contra periodistas y medios de comunicación. A la luz de las evidencias, lo cierto es que el gobierno federal no ha modificado las pautas de relación entre el Estado y los medios de comunicación, pues luego de tres años pareciera que la fórmula plata o plomo sigue privando en el entorno de la libertad de expresión.

Un último tema transversal que analizan los académicos de la Ibero Puebla es la dimensión económica. Al respecto, con justicia se reconoce la estabilidad de los indicadores macroeconómicos, especialmente si se tiene en cuenta el contexto de crisis pandémica todavía vigente; más allá de ello, frente a un gobierno que se autoasignó la tarea de una transformación histórica de la vida nacional, la pregunta fundamental que hay que responder es si se han impulsado eficazmente nuevos modelos de generación de condiciones de vida para toda la población que superen las perspectivas desarrollistas de antes y que modifiquen prioritariamente la pauta de relación entre el Estado y las comunidades indígenas y campesinas. Con tal estándar de ponderación, se advierte que durante la primera mitad del actual sexenio, se ha dado mayor continuidad a las medidas desarrollistas y a los proyectos extractivistas y de comercialización de los bienes comunes.

Este paso analítico de la retórica a los resultados que recoge el cuaderno de la Ibero Puebla muestra ejemplos fehacientes de la supervivencia de viejas prácticas y estrategias de gobierno que, no obstante, se proclaman erradicadas. Lo cierto es que, sin condiciones efectivas de pacificación en México mediante la reconstrucción de tejidos sociales, sin un contexto en que pueda ejercerse cabalmente la libertad de expresión, sin procesos reales de igualdad sustantiva que atraviesen las estructuras de los poderes público y privado, así como el entramado de la educación y la cultura; y sin modelos de desarrollo que estén arraigados en los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas, difícilmente podemos decir que estamos ante un cambio de régimen histórico, sino sólo de una alternancia política en la que se han modificado las narrativas y ciertos énfasis de gobierno, pero no realmente las políticas y estrategias de gobierno ni, mucho menos, las estructuras del poder público.