Lo que dicen los columnistas

Publicidad oficial y la protección a las audiencias: la información pública como derecho

Ningún gobierno, independientemente de su signo ideológico o del porcentaje de votos obtenido en las urnas, debe ostentar la facultad de decidir qué medio vive y cuál muere según el tono de sus portadas

Octavio Islas

Proceso

En cualquier democracia sana la información pública es un derecho fundamental de la ciudadanía, no una dádiva del poder. Parte de esta información fluye mediante la comunicación gubernamental financiada enteramente con recursos públicos. Sin embargo, en México la asignación del presupuesto de publicidad oficial ha sido históricamente –y continúa siendo– una de las herramientas más perversas, eficaces y opacas de control editorial, cooptación mediática y censura indirecta.

Bajo la bandera del “cuidado de las audiencias”, la protección de los sectores vulnerables y el combate a la desinformación, el gobierno pretende articular un marco normativo que, en los hechos, funciona como una ley de censura. Lo que la narrativa oficial vende como una tutela responsable hacia la sociedad es, en realidad, el refinamiento del control gubernamental sobre el debate público.

La combinación de una distribución discrecional del gasto público con un aparato regulador dotado de facultades para sancionar los contenidos crea un entorno asfixiante para el periodismo libre.

Las campañas institucionales tienen un propósito legítimo: difundir mensajes de interés social, como campañas de vacunación, prevención de desastres naturales, ofertas culturales o la explicación de procedimientos para el trámite de servicios públicos. Su fin último es garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

La discrecionalidad como diseño de control

La entrega discrecional de recursos públicos a los medios de comunicación no responde a una falla técnica ni a una simple deficiencia administrativa. Por el contrario, opera como un diseño deliberado de control: permite premiar a quienes acompañan la narrativa oficial y castigar a quienes ejercen una labor crítica.

A principios de la década de 1980, el presidente José López Portillo retiró la publicidad oficial de Proceso y sintetizó esa lógica con una frase memorable: “No pago para que me peguen”.

El referido principio de exclusión –la pauta pública se condiciona al tono editorial de los medios– también opera en tiempos de la 4T.

El reconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de no otorgar pauta publicitaria a medios como El Universal, Reforma o TV Azteca por sus críticas al gobierno confirma la persistencia de una práctica incompatible con el pluralismo democrático: usar recursos públicos para premiar adhesiones y castigar disensos.

Tal proceder representa la rotunda negación de los “Lineamientos generales para el registro y autorización de las Estrategias y Programas de Comunicación Social”, publicados el 4 de enero de 2021 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En la práctica, la asignación de contratos millonarios responde a las razones y caprichos del pragmatismo ideológico, al margen de criterios objetivos de audiencia, alcance o costo-beneficio.

Esta semana, la periodista Delia Estévez informó que la firma Agritrop, Iglesias & Armendáriz, vinculada con Pablo Iglesias –exvicepresidente segundo del gobierno español y fundador de Podemos–, recibió cuatro millones 400 mil pesos en 2025 del gobierno de Sonora, encabezado por Alfonso Durazo. Iglesias es uno de los propagandistas favoritos del gobierno.

Asignación de premios y castigos

La política es clara: utilizar recursos públicos para fortalecer a medios y figuras afines a la línea gubernamental, mientras se debilita financieramente a quienes resultan críticos o incómodos para el poder.

La práctica no sólo es opaca: también es intrínsecamente corruptora. Rompe las reglas del libre mercado, altera la neutralidad competitiva del sector mediático y convierte la supervivencia económica de las empresas de comunicación en una cuestión de voluntad política, no de confianza ciudadana.

Cuando la línea periodística deja de responder al interés público y se somete al mandato gubernamental, el erario se convierte en una caja de presión: sirve para comprar conciencias, sofocar la disidencia y empobrecer el debate democrático.

Los resultados responden a la voluntad de control: se premia la afinidad política por encima de criterios técnicos, se castiga el disenso mediante presión económica y se distorsiona el ecosistema informativo al sustituir la competencia por dependencia gubernamental.

La publicidad oficial no debería premiar simpatías

La selección de los medios que reciben recursos públicos no debería depender de afinidades partidistas o simpatías ideológicas. Excluir a la prensa crítica del reparto de la publicidad oficial equivale a utilizar los impuestos de toda la ciudadanía –incluidos los de quienes leen, respaldan o dependen de medios independientes– para financiar un discurso oficialista único.

La jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos y libertad de expresión, respaldada por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha sido categórica: el uso arbitrario de fondos estatales para premiar o castigar a comunicadores constituye una forma de censura indirecta.

La libertad de prensa no se vulnera únicamente cuando se clausura un periódico o se encarcela a un redactor. También se afecta gravemente cuando el Estado utiliza el monopolio del presupuesto público para crear ventajas competitivas artificiales en favor de los medios complacientes.

La retórica del “cuidado de las audiencias”

La historia enseña que los regímenes autocráticos rara vez admiten que censuran. Casi siempre afirman que protegen al pueblo: de la subversión, de las influencias externas o de la desinformación.

Ante el desgaste de las formas tradicionales de coerción, el poder público ha sofisticado su discurso. Ya no habla abiertamente de supervisar periódicos ni de censurar transmisiones; ahora recurre a un lenguaje benevolente y paternalista para presentar medidas restrictivas como si fueran actos de protección.

Bajo la premisa del “cuidado de las audiencias”, la autoridad sostiene que la ciudadanía debe ser blindada frente a supuestos riesgos comunicativos, entre ellos: “Mensajes nocivos”; “noticias falsas”; contenidos que presuntamente vulneran la moral pública; coberturas consideradas contrarias a la cohesión social.

Las preguntas centrales son inevitables: ¿quién define qué es veraz y qué es manipulación?, ¿quién determina cuándo una cobertura informativa beneficia o perjudica a la audiencia?

Si la respuesta recae en instituciones gubernamentales o en entes reguladores sometidos a su control, la regulación deja de ser garantía y se convierte en censura previa, sanción posterior y administración política de la verdad.

Entregar al Estado la facultad de actuar como árbitro moral de la verdad informativa es un paso destructivo para el debate público abierto. Las audiencias no son menores de edad que requieran tutela censora: son ciudadanas y ciudadanos con capacidad de discernimiento crítico, y deben ser respetadas como tales.

Consecuencias

El impacto combinado de la asfixia económica a medios críticos y la imposición de leyes de contenido autoritarias representa un deterioro profundo del tejido democrático en México.

Para desmantelar la tentación autoritaria, México no requiere nuevas leyes que vigilen o castiguen los contenidos periodísticos; requiere, en cambio, una reforma estructural y vinculante sobre el uso del gasto público en comunicación social.

La transparencia en la asignación presupuestal no debe ser una promesa de campaña ni una posición de buena voluntad, sino un mandato legal estricto. Es urgente establecer criterios objetivos, claros y medibles para la distribución de los fondos de comunicación oficial.

Variables como el perfil de la audiencia, la cobertura geográfica, las tarifas de mercado comprobables y el impacto social deben ser los únicos factores que guíen la contratación gubernamental, eliminando de forma tajante cualquier consideración sobre la línea editorial del medio de comunicación.

De igual manera, la supervisión de estos presupuestos debe quedar en manos de organismos verdaderamente autónomos y ciudadanos, libres de las cuotas partidistas y del control directo del Poder Ejecutivo.

Ningún gobierno, independientemente de su signo ideológico o del porcentaje de votos obtenido en las urnas, debe ostentar la facultad de decidir qué medio vive y cuál muere según el tono de sus portadas.

La inmaculada percepción

No es censura, es acompañamiento

VIANEY ESQUINCA

Excelsior

De los creadores de “no fue descarrilamiento, sino movimiento de los trenes” y de “el crimen organizado no refina, sólo procesa combustible”, llega a las pantallas del país el estreno más esperado de la temporada: los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias, que no son censura, sino acompañamiento supervisado.  

En principio, nadie podría estar en contra de los derechos de las audiencias. Que la publicidad no se disfrace de noticia, que existan derechos de réplica o códigos de ética suena muy sensato. El problema surge cuando la protección comienza a exigir que la información sea “veraz”, que no esté “descontextualizada” y que la opinión quede perfectamente separada de la noticia. Esto va a provocar que el periodismo se convierta en una especie de medicamento con instructivo de uso y advertencia de contraindicaciones.

Si los lineamientos son aprobados, un conductor que informe que la economía va mal debería incluir la advertencia: “Opinión. El desempeño económico puede variar según la institución consultada”. Después, al mencionar que aumentó la violencia, otra leyenda ocuparía media pantalla: “Esta información contiene cifras que podrían provocar incomodidad a servidores públicos. Consulte a su defensor de audiencias”. Además, ante un comentario como “la estrategia federal fracasó”, deberá registrarse un mensaje previo señalando: “El siguiente segmento contiene adjetivos. La autoridad recomienda discreción”.

También habrá que distinguir con precisión quirúrgica dónde termina el dato y dónde comienza la interpretación. “El peso cayó 2%” sería información. Explicar que cayó por incertidumbre ante una decisión o una ocurrencia del Congreso sería análisis/opinión. Cada noticia necesitará subtítulos para aclarar qué informa, qué interpreta y qué puede derivar en una queja. 

La descontextualización promete momentos aún mejores. Cualquier funcionario podrá alegar que una declaración fue sacada de contexto porque faltaron los 45 minutos anteriores, la gráfica y los antecedentes históricos que explicaran lo que realmente quiso decir. 

Luego está la información “falsa”, un concepto peligrosamente cómodo cuando alguien debe decidir qué merece ese calificativo. Una investigación periodística suele comenzar donde termina la versión oficial. Muchas historias que primero fueron negadas, ridiculizadas o calificadas de mentira terminaron por confirmarse meses después. Entonces se podría señalar: “El gobierno niega estos hechos. Consuma esta información bajo su propio riesgo”.

El mecanismo incluye defensorías de las audiencias y la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones intervenga cuando haya inconformidad con la respuesta del medio. Esa comisión ya no es autónoma; forma parte de la arquitectura gubernamental, por lo que el gobierno se convertiría en juez y verdugo.

Así de ridículos resultan estos lineamientos, como inverosímil es la defensa oficial de que no habrá censura, sino protección, acompañamiento, criterios, recomendaciones, procedimientos y mecanismos que, al final, se traducen en buscar a toda costa evitar esa información tan incómoda para el poder. 

“El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”, decía recurrentemente Andrés Manuel López Obrador, y lo que se está haciendo con los lineamientos no sólo es abrir el camino a la censura, sino considerar al ciudadano incapaz de distinguir una noticia sin el auxilio del Estado. Curiosa preocupación por un pueblo que sobrevive a promesas de campaña sin que nadie le ponga la leyenda: “exceso de promesas incumplibles”.

El país está enfermo

RAFAEL ÁLVAREZ CORDERO

Excelsior

Una de las medidas fundamentales para evaluar la situación de un país es el nivel de salud de su población. En México, durante mucho tiempo, la labor de médicos visionarios llevó a la creación de múltiples organismos e instituciones para ofrecer salud a los ciudadanos; la atención más o menos dispersa se concretó con la creación del IMSS, luego el ISSSTE y otros organismos; México contaba con decenas de hospitales de alta especialidad, cientos de clínicas, y la cobertura en salud aumentó con la creación del llamado Seguro Popular, que atendía a millones de ciudadanos carentes de cobertura. 

Hasta que llegó el infausto 2018, cuando el señor que ya no está decidió destruir todo lo que se había construido, su ignorancia, tan grande como su maldad, lo llevó a cancelar el Seguro Popular de un plumazo, sin reparar en las consecuencias. Después trató de controlar la salud con un “detente” durante la pandemia de covid-19, y junto son su subdirector de Salud, Hugo López Gatell, llevó a la muerte a más de 300 mil mexicanos (por cierto, este asunto no ha concluido).

Su desprecio por la salud causó una crisis en el abasto de medicamentos que pretendió solucionar con proyectos fallidos de abastecimiento, que terminó con la creación de una Megafarmacia que no funciona.

Podemos seguir enumerando los fracasos surgidos de aquel individuo, la realidad es que mucho de lo que se había logrado desapareció, y ahora vemos las consecuencias.

La medición de Pobreza Multidimensional, elaborada por el Inegi mostró que el acceso a la salud fue una de las principales carencias que ha sufrido la población mexicana, y en 2024, estuvo sólo por debajo del acceso a seguridad social, “30.6 millones de personas presentaron esa carencia en el ámbito urbano, en el ámbito rural la cifra fue de 13.9 millones”.

Y en 2026, más de 44 millones de personas (cerca de 34%) carecen de acceso efectivo a servicios de salud públicos. Esta limitación se agrava por la escasez de medicamentos, la saturación de hospitales y un alto gasto de bolsillo familiar en consultas y farmacias privadas.

Esto tiene graves consecuencias: millones de personas no tienen un registro activo en instituciones como el IMSS, ISSSTE u otro sistema público. Muchas recetas médicas no se surten de forma completa en las clínicas de gobierno.

Los hospitales públicos sufren por falta de personal, equipo médico y tiempos de espera muy largos Gasto de bolsillo: los pacientes y sus familias deben pagar por su cuenta medicinas y estudios médicos privados  

Y para evidenciar lo que ocurre en el sector salud, médicos y enfermeras, incluso camilleros de clínicas y hospitales se han manifestado en numerosas ocasiones, señalando las carencias de sus sitios de trabajo, que les impiden ofrecer a los pacientes un servicio digno y una atención oportuna.

Esto lleva a los organismos como la OCDE a confirmar el deterioro de la salud de los mexicanos, con diversos parámetros: esperanza de vida: 75.5 años en promedio, ubicándose al final de la lista junto a Letonia (muy por debajo del promedio de 81.1 años)

Gasto en salud: 1,588 dólares por persona al año, lo que representa 5.9% del PIB, frente a los 5,967 dólares del promedio del organismo. Personal médico: 2.7 médicos y tres enfermeras por cada mil habitantes, una de las densidades más bajas registradas. Infraestructura: 1.0 cama de hospital por cada mil habitantes, frente al promedio de 4.2 de la OCDE.

Yo he tenido conocimiento de casos de carencias: un paciente con problemas pulmonares recibió cita para consulta hasta el 8 de diciembre; otro no ha sido operado de próstata desde hace dos meses, porque el quirófano está en reparación, y uno más, ha ido a recibir sus medicamentos por ya cuatro veces, pero sin éxito; multiplique usted estos casos por miles y esta es la situación del país.. 

Y desafortunadamente, no vemos en el horizonte a un individuo, médico, especialista, visionario o lo que sea, capaz de revertir estas carencias, capaz de hacer un alto en el camino y reestructurar el Sector Salud en todos sus ámbitos. Ninguno de los funcionarios actuales, -a algunos de los cuales yo respeto y admiro- pueden superar el monumental embrollo burocrático que consume millones de pesos y no logra nada. 

Es urgente que surja un individuo o un grupo de expertos en administración de la Salud para que se reconozcan las carencias: en diseño, en planeación, en organización, en abastecimiento, en solución de los problemas emergentes, para que poco a poco los ciudadanos veamos un Sector Salud saludable y efectivo, porque si no, seguiremos lamentando la enfermedad y la muerte trágicas e inútiles de cientos, miles de mexicanos.

Como médico, ya retirado, pero teniendo en la mente al proverbio de Hipócrates: “Primum non nocere”, espero que esta gravísima situación mejore, porque está de por medio la salud y la vida de todos los mexicanos.

Aprender de los errores

ROLANDO CORDERA CAMPOS

La Jornada

“Una decisión que parecía correcta, pero cuyas consecuencias no fueron suficientemente previstas, colocó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un callejón sin salidas satisfactorias para todos”, escribió Raúl Trejo (“UNAM: examen, fraude e inteligencia artificial”, Nexos, 28/7/26), y agregó: “Ahora la UNAM tiene la oportunidad de convertir este tropiezo en aprendizaje. No se trata de renunciar a la tecnología (…) La Universidad tiene que esclarecer la dimensión de las trampas y explicar cuánto influyeron en los resultados (…) Será necesario identificar fallas en los mecanismos de vigilancia y supervisión, así como evaluar el desempeño de la empresa contratada y de los funcionarios universitarios a cargo de esas tareas”.

Comparto con Trejo la necesidad –la legítima exigencia– de esclarecer el asunto, porque no es lo mismo el uso de tecnología que la contratación de un servicio; tampoco la necesidad de contar con procesos de selección que ampliar la matrícula o querer equiparar omisiones y errores humanos con chapucerías.

Desde luego que no es un buen momento para la Universidad y sus comunidades, pero tampoco lo es para la sociedad desde la cual se dispararon absurdas campañas, juicios sumarios, contra el rector Leonardo Lomelí Vanegas y algunos de sus colaboradores. Este lamentable hecho, configurado por mentalidades patológicas, así como delictivas, debería llevarnos a cuestionar con rigor y seriedad, sin oportunismos ni demagogia, temas centrales que nos competen a todos, desde luego a los universitarios, pero también al Estado y a la sociedad en su conjunto: el de la educación pública y de las universidades, los métodos de selección, la matrícula, así como la conveniencia de formar un sistema nacional de universidades –por cierto, planteado en otras ocasiones–.

Un tema no menor, en cuyo abordaje debe hacer punta nuestra UNAM, de la mano con el resto de las universidades públicas mexicanas, es el de la juventud y sus diversas y agudas problemáticas. Su salud mental y capacidades preventivas, sus accesos a la cultura y el festejo, en fin, sus maneras de entender y acercarse a la construcción de comunidad y sociedad, donde anidan muchos de las graves amenazas a la salud pública de México y los mexicanos.

El compromiso de los universitarios debe partir de un reconocimiento diáfano de su papel en la sociedad y con la cultura y los conocimientos. Si entráramos en arenas deliberativas como las sugeridas, descubriríamos pronto que la sustancia de nuestro quehacer se define con la educación y con la vida en la universidad. De aquí la exigencia a ser responsables, (auto)críticos, inflexibles con la obligatoriedad de la deliberación y el respeto a los demás, sabiendo que una colectividad que acepta la rutina y la inercia o la trampa como modo de vida contribuye a la desintegración de la comunidad y de sus propias personalidades en formación. “La UNAM (…) no podía convalidar el intento de engaño, que además afectaba a no pocos cientos (quizá miles) de estudiantes que habían actuado de buena fe. Cualquier opción (…) causaría malestar entre algunos”, opina José Woldenberg, “pero era absolutamente necesario poner de pie lo que algunos quisieron colocar de cabeza” (“UNAM: el toro por los cuernos”, El Universal, 4/8/26).

Si bien lo que importa ahora es que las irregularidades –de todo tipo y calibre– presentadas en la aplicación del examen sean esclarecidas con prontitud y seriedad, no se puede ocultar que han sacado a flote asuntos centrales. Es una enérgica llamada de atención que debe abrir un debate para recuperar la confianza, no sólo en los procesos de admisión, sino entre nosotros, en el compromiso con la educación, la cultura y su cultivo.

La obra de M. Ilin en México

ÁNGEL CHÁVEZ MANCILLA*

La Jornada

La polémica desatada a mediados de 2023 sobre los libros de texto de la Nueva Escuela Mexicana permitió rememorar la oposición de la Unión Nacional de Padres de Familia y de organizaciones de derecha como El Yunque a los libros publicados por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, organismo creado bajo el gobierno de Adolfo López Mateos en 1959, y también despertó el recuerdo de la llamada educación socialista impartida bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas. No obstante, quedó por evocar la presencia en México de los libros del escritor soviético Iliá Yákovlevich Marshak, conocido como M. Ilin (1895–1953).

Ilin nació bajo el gobierno zarista en San Petersburgo y en su juventud trabajó como obrero petrolero. Después del triunfo de la revolución socialista de octubre de 1917, ingresó a la Escuela Superior Técnica para estudiar ingeniería química. No obstante, la influencia de su hermano mayor, Samuel Marshak, quien era escritor y traductor, orientó a Iliá a convertirse en escritor, llegando a ser uno de los más reconocidos autores infantiles, con la peculiaridad de hacer divulgación científica para niños a partir de una concepción racional del mundo, que contribuía a inhibir las explicaciones mágicas y religiosas de los fenómenos sociales y naturales.

Las obras de M. Ilin explican la historia y el funcionamiento de objetos y máquinas presentes en la vida cotidiana moderna, por ejemplo el automóvil, el reloj, el libro y el alumbrado. A cada uno de estos objetos dedicó un libro y, además, realizó un compendio de pequeñas descripciones de otros artefactos en su obra Las cosas que te rodean. Esta labor tenía el interés de transmitir a los niños que las máquinas producto del desarrollo científico facilitan el trabajo y la vida de la sociedad humana; en este sentido, la obra de Ilin coincidía con lo que el escritor mexicano Germán List Arzubide deseaba transmitir con su obra Troka, el poderoso.

También fue de interés de Ilin explicar a los niños el proceso histórico de la evolución de la sociedad humana, desde el sometimiento pleno a la naturaleza que padecieron los primeros seres humanos, pasando por el descubrimiento del fuego y la construcción de herramientas cada vez más complejas para la producción y la transformación de la naturaleza. Esto lo plasmó por medio de una narración sencilla en el libro que escribió con su esposa, E. Segal, Cómo el hombre llegó a ser gigante, que tuvo su primera edición en México en 1944 por el Fondo de Cultura Popular (FCP), editorial del Partido Comunista de México, y que posteriormente gozó de múltiples rediciones en distintas editoriales, incluidas Diana, Quinto Sol y Época.

El interés de Ilin iba más allá de difundir una visión científica de la naturaleza y la sociedad por medio de la concepción materialista de la historia; también deseaba contribuir a la construcción de la sociedad socialista. Por esto se impuso la tarea de explicar, de forma sencilla, al público adolescente y general, la forma en que la revolución socialista de 1917 puso a disposición de los trabajadores el desarrollo científico y tecnológico, así como los cambios que esto generó en la forma en que la humanidad transformaba y usufructuaba la naturaleza gracias a la planificación socialista. Esto lo plasmó en dos libros: Las montañas y los hombres, que incluyó cinco relatos sobre la construcción de obras para llevar agua a zonas desérticas, la creación de barreras forestales contra climas inclementes, la construcción de represas y, en general, la mejora de la vida en el campo y las ciudades bajo el gobierno soviético, y El gran plan, en el que describió los proyectos de industrialización y colectivización de la tierra que formaban parte del primer plan quinquenal de la Unión Soviética.

El libro El gran plan fue contemplado como material de formación por la Secretaría de Educación Pública (SEP) durante el periodo de la educación socialista y, cuando fue publicado por el FCP, incluyó un apéndice del profesor, pedagogo y militante comunista José Santos Valdés, en el que se sintetizan los resultados de los primeros dos planes quinquenales.

La cercanía de la obra de Ilin con el sistema educativo mexicano no fue una novedad, pues las obras de este escritor ya habían sido utilizadas satisfactoriamente como material pedagógico no sólo en la Unión Soviética, sino también en España durante el gobierno republicano, pues la editorial Estrella, vinculada al Partido Comunista de España, publicó varios títulos de este autor. Incluso en Estados Unidos, durante la década de 1930, la obra de Ilin se convirtió en un éxito de ventas, aun entre lectores externos a los círculos militantes, y fue acogida incluso por la editorial de libros de texto Houghton Mifflin.

Jaime Torres Bodet comenzó la ofensiva contra la educación socialista durante su primer periodo como titular de la SEP, que inició en 1943, pero concretó el golpe hasta 1946. Por tanto, los ocho libros de M. Ilin publicados por el FCP en la primera mitad de la década de 1940 aún encontraron terreno fértil entre militantes y maestros que deseaban difundir una cosmovisión marxista de la realidad entre sus alumnos.

Una virtud de las publicaciones de los libros de M. Ilin por el FCP es que la mayoría de éstos están ilustrados con las obras de artistas como N. Lapshin, A. Komarov y E. A. Furman, incluidas en las ediciones soviéticas. Este elemento aporta a estas ediciones un atractivo estímulo para la lectura del público infantil.

La obra de M. Ilin comenzó a publicarse hace alrededor un siglo; no obstante, sigue teniendo vigencia como instrumento para fomentar, por medio de una prosa sencilla y atractiva para los niños y adolescentes, una visión científica de la naturaleza y la sociedad, así como para difundir que es posible y benéfica una nueva forma de organización de la sociedad.

*Historiador de la ENAH.