Recibe el Congreso propuesta de modificaciones al Código Penal del Estado, para combatir la corrupción

Durante la cuarta sesión de su actual periodo ordinario, la Sexagésima Cuarta Legislatura estatal recibió una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones al Código Penal del Estado de Campeche, debidamente armonizado con el modelo nacional, para posibilitar el combate a la corrupción de manera más enérgica.

La iniciativa, promovida por el diputado José Antonio Jiménez Gutiérrez, subraya en la exposición de motivos que esta propuesta “no sólo tiende a ampliar el catálogo de supuestos por los cuales ciertas conductas sean de ahora en adelante sancionable por afectar el correcto ejercicio del servicio público, sino también tiene la finalidad de fortalecer instituciones como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, quien además tendrá la obligación de perseguir y buscar el resarcimiento del daño o en su caso, la sanción para que estas conductas que durante años se normalizaron”.

La propuesta de modificaciones y adiciones al Código Penal del Estado de Campeche, “debidamente armonizado con el modelo nacional, posibilita el combate a la corrupción de manera más enérgica, el robustecimiento del esquema normativo estatal en contra de estas conductas y su confrontación de manera más eficiente, con el fin de que permitan a las autoridades contar con instrumentos jurídicos que faciliten a las autoridades de los órdenes de gobierno local cumplir con los objetivos planteados en la Carta Magna, con bases claras y precisas para combatir los actos de corrupción y con ello, consolidar y perfeccionar el orden democrático y alcanzar una mayor justicia social”.

Se agrega que por ello se crea el capítulo denominado “Simulación de Reintegro de Recursos”, que castiga con penas severas al servidor o ex servidor público que ordene o autorice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias del ente público, con la finalidad de resarcir el patrimonio o solventar las observaciones determinadas por la autoridad fiscalizadora y posteriormente, los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto al que originalmente estaban destinados, para que dichas conductas que tanto han lastimado a nuestro Estado a lo largo de los últimos doce años no se vuelvan a repetir.

Además, se crea el relativo a “Incumplimiento del Deber Legal” que establece como hipótesis delictiva un tipo por omisión que pretende castigar a los servidores públicos que dejen de cumplir con las funciones inherentes a su cargo, empleo o comisión con fin ilegítimo; esto, “con el objeto de prevenir que las personas que reciben una remuneración con cargo al erario sean omisos e indolentes en el cumplimiento de sus atribuciones contenidas en ley, ya que, son y serán actuaciones que dañan a nuestra población”.

La próxima sesión será el jueves 14 de octubre, a las 11:00 horas.