Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas

¿Democratizar o politizar a la Suprema Corte?
Luis Miguel Cano López
Proceso
Creo firmemente que se debe debatir con seriedad una transformación radical: votaciones populares para elegir a quienes integren nuestra Suprema Corte. Obviamente, votaciones desvinculadas de los partidos políticos; solo candidaturas ciudadanas.
Me imagino que debe ser muy frustrante perder un asunto en el Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia con un resultado favorable de siete votos contra cuatro. Me parece que una situación como la anterior da hasta para que se especule sobre el peso que tiene en la orientación de los votos de sus integrantes el origen de sus nombramientos. De ahí a pensar que la Corte se politiza por ello casi nada.
En cuanto a la legitimidad, creo que es más trascendente la que se gana durante el ejercicio, que la que se tiene de inicio. Como sea, la verdad sea dicha, en este sexenio ya se han realizado todos los nombramientos que corresponden, a menos que se presente una situación extraordinaria que imponga la necesidad de elegir a una persona extra para completar en pleno nuestro máximo tribunal constitucional.
Tanto en el sexenio que transcurrirá del 2024 al 2030, como en el del 2030 al 2036 deberán acontecer cinco designaciones de integrantes para la Corte; para el del 2036 al 2042 serán cuatro, y así sucesivamente. Ante este panorama también es cierto que no sería extraño para nuestra clase política querer amarrar a la Corte a base de nombramientos a modo. Con leales al régimen, con cuatro votos se logra.
¿Qué se puede hacer para evitar tentaciones de ese tipo? Seguramente muchas cosas. De inmediato se me ocurren tres: perfiles ideales, mejores procedimientos para las designaciones y cambiar las reglas de votación de los asuntos que se ven en la Suprema Corte. De lo primero ya he escrito antes, y solo debo reiterar que las siguientes dos vacantes las tienen que cubrir mujeres defensoras de derechos.
Respecto de lo segundo me niego a visitar lugares comunes. Claro que importan procedimientos más participativos que permitan a la sociedad influir efectivamente en las decisiones de nuestras autoridades. Que desde la presidencia de la República y el Senado se entienda que las designaciones para la Corte no son parte de su patrimonio político, sino una de las responsabilidades más imparciales.
Pero no me parece suficiente. Creo firmemente que se debe debatir con seriedad una transformación radical: votaciones populares para elegir a quienes integren nuestra Suprema Corte. Obviamente, votaciones desvinculadas de los partidos políticos; solo candidaturas ciudadanas. Que el solo cumplimiento de los requisitos constitucionales baste y que la autoridad electoral nacional se encargue del resto.
Intuyo que una mayoría abrumadora de especialistas tendrá el reflejo de opinar en contra de la anterior propuesta. ¿Tenemos, como sociedad, lo que hace falta para que un proceso democrático así sea posible? Me inclino a pensar que el obstáculo más grande podría ser el número de candidaturas. En mi gremio los egos suelen ser grandes. ¿La exigencia del párrafo final del artículo 95 constitucional bastaría?
No podría ser un tema cuantitativo en materia de respaldos, porque de eso existen antecedentes que ilustran los abusos que pueden generarse con ese sistema. Prefiero soñar con que un día tendremos la seriedad para que el orden de una elección como la que describo esté confiada al honor de sus participantes. Una trayectoria congruente en defensa de la Constitución debería ser lo más preciado.
Mientras tal día llega, para mí lo mejor sería que se cambien las reglas de votación en la Corte. Todos los asuntos deberían poder resolverse con mayorías simples. En su Pleno, seis votos por la inconstitucionalidad de lo que se juzga tendrían que ser suficientes; en sus Salas, tres. Lo mismo para establecer precedentes. No hay razón para que un voto tenga más peso que otro, y que una minoría pueda lo más.
Con estas reglas de votación, en ninguno de los futuros sexenios se podría apostar por nombrar personas leales para que con votaciones minoritarias frenen declaraciones de invalidez de cualesquiera normas generales, políticas públicas o actos concretos que se juzguen. Por eso me resulta evidente que democratizar de esta forma a nuestra Suprema Corte podría blindarla ante intentos para politizarla.
Juegos de poder
México deja de ser una democracia
Leo Zuckermann
Excelsior
No me gusta nada el resultado del Índice de la Democracia de Unidad de Inteligencia de la prestigiosa revista británica The Economist, publicado la semana pasada. México, de acuerdo a este reporte, dejó de ser una “democracia defectuosa” para convertirse en un “régimen híbrido” que está entre una democracia y el autoritarismo. Tantos años de esfuerzos por democratizar el país para que nos digan, desde el extranjero, que ya vamos como el cangrejo, es decir, hacia atrás. Es tristísimo.
Con base en 60 indicadores agrupados en cinco categorías (pluralismo y proceso electoral; libertades civiles; funcionamiento del gobierno; participación política; y cultura política), el Índice de la Democracia clasifica a 165 países en cuatro posibles tipos de regímenes políticos: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido, régimen autoritario.
Hasta el estudio pasado, México era una democracia defectuosa. Cito la definición de este tipo de regímenes, según el estudio de 2021: “Estos países tienen elecciones libres y justas y, aunque haya problemas (como violaciones a la libertad de prensa), se respetan las libertades civiles básicas. Sin embargo, hay debilidades significativas en otros aspectos de la democracia, incluyendo problemas en la gobernabilidad, una cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación política”.
Según The Economist, ahí estábamos hasta el año pasado. Ahora hemos pasado a ser un régimen híbrido. Aquí la definición: “Las elecciones tienen irregularidades sustanciales que a menudo impiden que sean, a la vez, libres y justas. La presión del gobierno sobre los partidos y candidatos de la oposición puede ser común. Las debilidades serias son más frecuentes que en las democracias defectuosas: en cultura política, funcionamiento de gobierno y participación política. La corrupción tiende a ser generalizada y el Estado de derecho es débil. La sociedad civil es débil. Por lo general, hay acoso y presión sobre los periodistas y el Poder Judicial no es independiente”.
Entre 2020 y 2021, cuatro países pasaron de democracias defectuosas a híbridos: Ecuador, Paraguay, Túnez y México.
¿Por qué la degradación en la calificación de nuestro país?
Cito el reporte:
“El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, continuó sus esfuerzos para concentrar el poder en el Poder Ejecutivo. En agosto, López Obrador dijo que buscaría una reforma integral de las autoridades electorales del país, ya que cree que tienen prejuicios contra su gobierno y dijo que están ‘al servicio de la antidemocracia’. López Obrador también intensificó sus ataques contra los medios de comunicación y se volvió cada vez más intolerante con los críticos, incluso entre sus aliados. Altos niveles de violencia de los cárteles del crimen organizado tuvieron un impacto en las elecciones intermedias de junio y plantea riesgos crecientes para la democracia mexicana. A pesar de los persistentemente altos índices de aprobación del señor López Obrador, los mexicanos expresan bajos niveles de confianza en el gobierno. México ahora se clasifica como un ‘régimen híbrido’ en lugar de una ‘democracia defectuosa’ y las tendencias arriba mencionadas sugieren que es probable una mayor erosión de la democracia de México a medida que se acerquen las elecciones presidenciales de 2024”.
La regresión autoritaria en México no es exclusiva en América Latina, una región que se está caracterizando por el crecimiento de populistas iliberales como, según el reporte, Jair Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador y el propio López Obrador.
Los simpatizantes del lopezobradorismo dirán que esta es la visión de una revista de la derecha neoliberal que tanto daño le ha hecho al mundo entero. Están en su derecho de pensar así. Yo más bien creo que The Economist es una publicación que siempre ha estado a favor de la causa liberal, es decir, del libre mercado, la democracia liberal, la globalización y la inmigración. El lector consuetudinario de esta columna sabrá que yo coincido mucho con estas posturas. Por eso, me preocupa y entristece que su Unidad de Inteligencia haya degradado el tipo de régimen político que tenemos a uno más autoritario.
Pero, después de lo que hemos visto en los últimos meses, y sobre todo en los días más recientes, ¿cómo no estar de acuerdo en que estamos en un claro proceso de regresión democrática liderado desde la mismísima Presidencia de la República?
SNTE, democracia amafiada
Luis Hernández Navarro
La Jornada
Por palabras no para. Al igual que en 1988 Jorge de la Vega Domínguez calificó los fraudulentos comicios de 1988 como un triunfo claro, contundente e inobjetable de Carlos Salinas de Gortari, ahora, Alfonso Cepeda, el general al frente del autoproclamado ejército intelectual de la 4T, asegura que los procesos electores para cambiar directivas del sindicato magisterial en algunos estados, fueron pulcros, impecables, democrático e irreversibles (https://bit.ly/3JnoehR).
Cientos de miles de maestros en todo el país disienten de esta valoración. Por ejemplo, del profesor Mario Roldán Roblero, egresado de la Normal Rural de Chiapas y dirigente de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Él sostiene que esos comicios son una farsa anticonstitucional.
Roldán, nacido en el municipio chiapaneco de Frontera Comalapa, orgullosamente campesino, promotor de la lucha ejidal, acompañante de comunidades evangélicas y católicas que buscan la igualdad social, asegura que el nuevo reglamento para los relevos seccionales deja fuera de la jugada a 99 por ciento del magisterio.
Conocedor del entramado gremial, el docente explica: “En los artículos 8 y 9 del reglamento de elecciones directivas, que se sacaron de la manga, se establece como uno de los requisitos para ser elegible tener ocho años de antigüedad y haber sido miembro de un comité ejecutivo seccional anterior. En el caso de la sección 40, esto se traduce en haber sido charro. Porque los comités seccionales anteriores, todos, han estado en manos del charrismo sindical”.
Añade: En el título 4 de su reglamento, en el artículo 18, el inciso A y 1, están las atribuciones del comité nacional en el proceso. Ellos sacan la convocatoria. Ellos validan las planillas. Ellos nombran las mesas electivas, presidentes, secretarios, escrutadores. Ellos designan a quiénes van a trasladar las casillas. Ellos cuentan. Ellos manejan el padrón, las cuotas. Ellos todo. ¿Dónde está el piso parejo? ¿Dónde está la democracia sindical? Dejan a un lado la voluntad de las delegaciones, la voluntad del magisterio.
Pese a que el general del autoproclamado ejército intelectual de la 4T tiene la sartén por el mango en las elecciones seccionales, sus planillas han sufrido dos derrotas. En la sección 3 de Baja California Sur se registraron cinco planillas, tres afines a él y dos opuestas. A pesar del acarreo y las presiones, la ganadora fue la opositora roja, con 4 mil 199 votos, es decir, 43.36 por ciento de la votación. La verde (oficial) alcanzó sólo 2 mil cuatro votos, 20.7 por ciento.
Tampoco le fue bien a Cepeda en la sección 31 de Tlaxcala. No obstante las amenazas para intentar coaccionar el voto, la planilla opositora Suma Magisterial (azul) obtuvo 8 mil 506 votos, contra 7 mil 442 de Lealtad (blanca). Sin embargo, se impidió el registro de los maestros honestos y sólo se aceptó a docentes que han formado parte del comité sindical y tuvieron aval del comité nacional o seccional. En lo que fue una pugna intercharra, perdió el candidato del dirigente estatal saliente, y ganó una maestra ligada a comités anteriores. La CNTE calificó los comicios de simulación en que se mantienen las mismas artimañas para garantizar elecciones a modo (https://bit.ly/3pzjb5G).
En el artículo El SNTE y la democracia ventrílocua (https://bit.ly/3sF6fwp) documenté lo sucedido en otras secciones. Hoy hay un panorama más amplio. Más allá de lo amañando de las contiendas, destacan dos hechos: la baja participación del magisterio en las votaciones; el segundo es que el triunfo de las planillas de Cepeda se da, además de las trampas, gracias a la pulverización del voto opositor en varias planillas. Eso significa que, en términos absolutos, el dirigente nacional del SNTE y su grupo controlan tan sólo una pequeña minoría del magisterio.
El recuento de daños es ilustrativo. En la sección 25 de San Luis Potosí participaron siete planillas, seis contrarias a la oficial. La oficial naranja Unidad Sindical 26, que llevó a votar ilegalmente hasta estudiantes de las escuelas normales, consiguió 16 mil 502 votos. El resto 19 mil 311.
En la 24, de Querétaro, se registraron cuatro planillas, tres opositoras a Cepeda. La naranja (oficial) amenazó a maestros con quitarles los interinatos y ofreció préstamos personales, para autos y becas, mediante FomaQro. Obtuvo 5 mil 443 votos. Las restantes tuvieron 7 mil 115.
En la 57 de Yucatán compitieron tres planillas, dos opositoras a Cepeda. No se presentaron los porcentajes finales de la votación. El triunfo de la naranja (oficial) fue factible porque se rasuró el padrón y se permitió el registro de la planilla Rosada, sin cumplir el reglamento. Obtuvo 2 mil 825 votos, contra 3 mil 188 votos de los opositores.
En la 27 de Sinaloa contendieron cuatro planillas, tres opositoras. La naranja (oficial) hizo campaña seis meses antes, embarazó urnas e impidió a maestros votar, aunque tenían derecho. Consiguió 14 mil 417 votos, contra 15 mil 820 de las otras.
En la 37 de Baja California se inscribieron tres planillas. Para que triunfara la blanca (oficial) hubo coacción del voto y acarrero de votantes. Cosechó 6 mil 299 sufragios.
El proceso electoral del SNTE para renovar direcciones seccionales es, como señala el maestro Roldán, inconstitucional (impide elegir y ser elegido). Simple y llanamente, es un ejemplo de democracia sindical amafiada. Más temprano que tarde se descarrilará.
Astillero
Televisa, W Radio, concesiones // AMLO revira y se engalla // José Ramón y Carolyn informan // Ricardo Anaya, ¿orden de aprehensión?
Julio Hernández López
La Jornada
Dos personajes de la política nacional pronunciaron ayer palabras similares: No me voy a dejar. Uno (Andrés Manuel López Obrador) lo hizo en Palacio Nacional, durante una conferencia de prensa en la que se declaró dispuesto a pelear duramente contra intereses que, dijo, van contra la llamada Cuarta Transformación. Otro (Ricardo Anaya) habló desde algún lugar desconocido, frente a una cámara de video, y aseguró que seguirá luchando por México (es de suponerse que está en el extranjero), aunque, por lo pronto, prefirió desatender el citatorio imperativo que un juez le giró para comparecer en diligencias relacionadas con actos de corrupción desde la política.
El primero, jefe real de Morena y habitante de Palacio Nacional, siguió sacando pecho en cuanto a su hijo José Ramón, quien la víspera había dado a conocer un comunicado sobre su situación laboral y migratoria que agregó dudas y críticas al anterior estatus en el que sólo se hablaba sin precisión de un presunto conflicto de intereses con la empresa de asuntos petroleros Baker Hughes.
Ahora, el propio López Beltrán puso bajo la lupa al Grupo Vidanta, cuyo dueño, Daniel Chávez Morán, es miembro del consejo asesor de la Presidencia de la República y supervisor honorario, designado por el mismo Presidente, del Tren Maya. Hijos de Chávez Morán crearon en Houston, Texas, una empresa en la que han dado empleo como asesor legal y así le facilitaron la obtención de una visa de trabajo a López Beltrán, según declaró la noche del domingo mediante un breve texto.
Además del comunicado de José Ramón, su esposa, Carolyn Adams, hizo lo propio y aportó detalles de la manera en que realizó la operación de arrendamiento de la casa de Houston con larga alberca y la adquisición mediante hipoteca de otra, con menos lujo. En general, los López Adams salieron a dar su versión de temas que llevan dos semanas en una polémica que ha consumido tiempo de la mañanera presidencial. Se afirma que no ha habido ni habrá conflicto de interés.
La situación fue reconocida por el Presidente de la República que, engallado, volvió a poner en su pantalla mañanera las cifras de los presuntos ingresos anuales del comunicador Carlos Loret de Mola, a quien dedicó 21 menciones durante su conferencia de prensa.
Además, rozó, sin nombrarlos, el tema delicado de Televisa y la estación radiofónica W, propiedad del grupo español Prisa, por la mitad de las acciones. Lo hizo luego de asegurar que pedirá al instituto de la transparencia que investigue y aclare los recibos y facturas de Loret. Como le dijeron que ese instituto no puede intervenir, pues el involucrado no es servidor público, López Obrador deslizó: No, todos estos medios tienen que ver con lo público. Todos son entidades de interés público, son concesiones que otorga el Estado. Y es importante también el debate sobre esto.
En tanto, el panista Anaya decidió incumplir, sin justificación inmediata, un citatorio judicial. La Fiscalía General de la República tiene la opción de solicitar en contra del ex candidato presidencial una orden de aprehensión, pero no lo hizo de inmediato, por lo cual el juez declaró abierta esa posibilidad por si la FGR quisiera utilizarla.
Tampoco quiso utilizar la Fiscalía marca TortuGertz la posibilidad de llevar el caso de Emilio Lozoya y los sobornos de Odebrecht a las alturas largamente prometidas: la acusación del órgano autónomo ya no incluyó a los plácidos Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray o José Antonio Meade, pues consideró que los millones de dólares fueron para disfrute exclusivo de la familia de Lozoya y de él mismo, chivo no expiatorio pero sí solitario que apresuró su infortunio al comer pato a la pekinesa en un restaurante de las Lomas de Chapultepec.
Ya se verá si esa exclusividad del ánimo punitivo se mantiene en el ámbito de Lozoya y sus familias o la FGR intenta algún otro giro telenovelero al asunto, siempre en busca de un final feliz para los altísimos ex funcionarios públicos del pasado reciente que siguen intocados.
