Lo que dicen los columnistas

Razones

Agencias, seguridad y secrecía

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

Lo sucedido en Chihuahua, con la muerte de dos agentes estadunidenses, del director de la Agencia de Investigación Estatal, Pedro Oseguera Cervantes y de un miembro de la misma institución, fue una tragedia. Lo fue porque fallecieron funcionarios mexicanos y estadunidenses serios, que trabajaban para acabar con grupos criminales dentro y fuera de nuestro país, y porque esa tragedia algunos intentan convertirla en una farsa, en una comedia político-electoral de cara a los comicios del año próximo en Chihuahua, sin medir las consecuencias.

Habrá que establecer con claridad qué sucedió y la versión proporcionada por la comisión del estado de Chihuahua parece ajustarse bastante a la realidad: los agentes estadunidenses fueron invitados (sin atribuciones para ello) por el jefe de la Agencia de Investigación Estatal a observar el operativo en donde se incautó uno de los mayores narcolaboratorios de México, distribuido en un espacio de unas 100 hectáreas (un dato que, quienes buscan politizar en términos electorales el tema ignoran cuidadosamente) donde esos agentes no participaron operativamente, no iban armados, no portaban uniformes. La información original que dio el fiscal César Jáuregui no se ciñó a la realidad, por eso tuvo que renunciar. La relación con las fuerzas de seguridad estadunidense la llevaba el fallecido director de la Agencia de Investigación Estatal, que era, además, un funcionario bien valorado a ambos lados de la frontera. ¿Hubo irregularidades? Seguramente, pero también, como reconoció el titular de la SSC, Omar García Harfuch, la gobernadora Maru Campos no conocía a detalle esos hechos como tampoco el gobierno federal.

Los grupos duros en el Senado de Morena, todavía muy influenciados por Adán Augusto López, han tratado de darle otra dimensión al tema porque apoyan la candidatura de Andrea Chávez (a diferencia de otros sectores de Morena en el estado que prefieren al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar) y de darle un cariz electoral.

Pero en el gobierno federal, sobre todo en el Gabinete de Seguridad, saben que la clave está en la moderación ante un tema que es especialmente complejo y que se puede complicar en muchas instancias federales y estatales.

En México operan cotidianamente 13 agencias y dependencias federales estadunidenses con presencia o acreditación en el país, bajo diferentes esquemas de cooperación con el gobierno mexicano. Tienen presencia y operación en México, la Administración para el Control de Drogas (DEA); el Buró Federal de Investigaciones (FBI); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (OPDAT); el Departamento de Seguridad Interior (DHS); la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el Servicio Secreto de Estados Unidos; la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA); la Agregaduría del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Aunque no se reporta públicamente, también hay agentes de la CIA (que por norma no se acreditan como tales) y de otras agencias de inteligencia, también existe una profunda colaboración militar a través del Comando Norte, con presencia de militares mexicanos en Estados Unidos y de ese país en México, más allá de las misiones de entrenamiento existentes. Y además están todos los mecanismos de recolección de información cibernética y a distancia, como los que se recopilan vía drones, satélites e intervenciones telefónicas y de redes globales, como los que realiza la NSA.

Todos los estados fronterizos del norte del país tienen convenios de cooperación con las agencias estadunidenses, en la mayoría de los casos por encima de los acuerdos federales. Son necesarios para la operación cotidiana y terminan siendo benéficos a ambos lados de la frontera. 

Después de la detención del general Salvador Cienfuegos se expidió una Ley de Seguridad Nacional que, como dijimos aquí en aquel momento, resultaría, como ocurre, inoperante y alejada de la realidad operativa de las agencias de seguridad y de la interrelación que tienen México y Estados Unidos. Decíamos, entonces, diciembre de 2020, que “la ley es inútil porque así no funciona ninguna agencia de seguridad, ninguna registrará sus activos, ninguna compartirá gentilmente su información ni mucho menos entregará al gobierno un informe mensual de sus actividades. Sólo puede ser peor que una mala ley, una ley que no se puede cumplir. Y éste es el caso”. 

“La ley en cuestión, agregamos, dificultará la cooperación con Estados Unidos y ésa no es una buena noticia pese al abuso que han cometido algunas de esas agencias (y algunos de sus agentes) durante años, sobre todo durante la administración de Donald Trump, en México. La cooperación es insalvable e imprescindible, pero debe basarse en acuerdos firmes y claros”.

Esos acuerdos existen, pero no sabemos sus términos más allá de conceptos generales sobre soberanía y no intervención que, en el mundo actual, sino tienen un contexto real, terminan diciendo bastante poco. Pero lo peor que se puede hacer ante conflictos reales, como el sucedido en Chihuahua, es querer partidizar un tema que está sujeto a tantas interpretaciones y en el que, además, los hilos que entrelazan al gobierno federal, al de Estados Unidos, a las agencias, a los estados, están en muchos sentidos demasiado entrecruzados y tejidos en la secrecía.

Juegos de poder

La CIA combatiendo a los cárteles en territorio mexicano

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Lo que me parece más importante del affaire Chihuahua es que los agentes estadunidenses que participaron en el operativo para desmantelar un narcolaboratorio en ese estado eran de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).  

Esto quiere decir que el gobierno estadunidense va en serio en el combate contra los cárteles mexicanos. Su designación como “organizaciones terroristas internacionales” (FTO, por sus siglas en inglés) no ha sido meramente retórica con fines propagandísticos. Al haberlas considerado de esta forma, el vecino del norte abrió la puerta para que organizaciones militares y de espionaje, como la CIA, se involucren directamente en su combate. 

En febrero de 2025, el gobierno de Trump designó como FTO a seis cárteles mexicanos: Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Unidos, del Noreste (antes Los Zetas), del Golfo y La Nueva Familia Michoacana. Ya no se consideran como organizaciones criminales, sino terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. 

En este sentido, el gobierno estadunidense puede congelar los activos no sólo de los miembros del cártel, sino de todos aquellos que los apoyen, incluyendo intermediarios financieros, como los bancos. 

Siendo terroristas, la ley estadunidense tiene un alcance extraterritorial. Ese país puede perseguir a personas en el extranjero y solicitar extradiciones con mayor facilidad. La jurisdicción de los fiscales estadunidenses se amplía a todo el mundo. 

Como enemigos de la “seguridad nacional”, las organizaciones gubernamentales de Estados Unidos pueden realizar operaciones de inteligencia más agresivas y realizar acciones militares unilaterales, tal como hicieron en Venezuela, donde acusaron a su presidente, Nicolás Maduro, de ser miembro de un cártel denominado como FTO, justificando, así, el operativo militar para extraerlo de territorio venezolano y llevárselo a ser juzgado en Nueva York. 

Que dos o cuatro agentes de la CIA hayan participado en un operativo del gobierno de Chihuahua para desmantelar un meganarcolaboratorio demuestra que Estados Unidos ya está aplicando la legislación antiterrorista para los cárteles mexicanos. 

Anteriormente, la CIA no solía involucrarse en el tema del combate al narcotráfico. Al revés, en ocasiones utilizaba la ayuda de los cárteles para operaciones encubiertas. 

Ahí está la revelación, por ejemplo, del exagente de la DEA, Héctor Berrellez, quien ha afirmado que la CIA utilizaba a narcotraficantes mexicanos para financiar operaciones encubiertas en Centroamérica, particularmente en contra de los sandinistas en Nicaragua durante la presidencia de Ronald Reagan. Enrique Kiki Camarena, agente de la DEA, habría descubierto estos vínculos y por eso lo habrían mandado matar. Obviamente, no existe evidencia judicial de esta teoría, pero suena factible por el tipo de trabajos que hacía la CIA en ese entonces. 

De hecho, cuando ocurrió el escándalo Irán-Contras, se descubrió que, como el Congreso estadunidense había prohibido el financiamiento de los grupos que combatían a los sandinistas (los llamados “contras”), la CIA ayudó a estos grupos a financiarse por medio de redes involucradas en el tráfico de cocaína. 

Y, durante la guerra en Vietnam, la CIA apoyó a fuerzas locales de ese país y Laos involucradas en la cosecha y comercialización de opio. A cambio de este apoyo, la agencia habría realizado operaciones logísticas con ellos con el fin de apoyar la lucha del Ejército estadunidense en la región. 

Hoy, esa misma agencia cambió sus prioridades y está directamente involucrada en el combate de los cárteles del narcotráfico, ahora declarados como FTO por el gobierno estadunidense. 

Que la CIA esté realizando estas labores es una mala noticia para el gobierno de México. Sus agentes son, por definición, espías que recaban y analizan información utilizando fuentes confidenciales, pero también realizan operaciones encubiertas en el extranjero (la legislación estadunidense prohíbe hacerlo en su territorio). Por razones obvias, el gobierno de ese país, oficialmente, siempre niega estas intervenciones. 

No sabemos lo que los dos agentes de la CIA (más otros dos que supuestamente también participaron, según el LA Times) hicieron en el operativo de Chihuahua. Si no hubieran muerto en el accidente carretero, nunca nos hubiéramos enterado de su presencia. Hoy, gracias a eso, sabemos que la CIA ya está operando en México en temas de combate al narcotráfico. 

Conociendo cómo opera esta agencia, estamos viendo, me parece, el comienzo de una historia que tensará mucho la relación bilateral entre México y Estados Unidos.

En el quirófano

Niñez en riesgo: entre la obesidad y la desnutrición

RUTH RODRÍGUEZ

Excelsior

La salud de la niñez mexicana está marcada por una doble problemática: altas tasas de obesidad y malnutrición. 

Pero también por afecciones en el periodo perinatal, donde se presentan malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas y bajo peso.

En los últimos años, la mortalidad infantil en México ha aumentado, se tiene una tasa aproximada de 13.4 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos, cifra que está muy por encima de países como Estados Unidos, Chile y Canadá.

Este jueves se celebra el Día de la Niña y el Niño en nuestro país y el panorama en la salud de los infantes no es favorable y menos cuando, por enfermedades diarreicas agudas que se pudieron prevenir, se siguen muriendo pequeños menores de un año de edad. En los países de ingresos bajos, ésta es la tercera causa de muerte en niños.

De acuerdo con el Inegi, la mayor carga de las defunciones en menores de un año está en el nacimiento y en los primeros días de vida de un bebé. Tan sólo en 2024 se contabilizaron 17 mil 421 muertes. A esta radiografía se suma que nuestro país tiene uno de los primeros lugares mundiales en obesidad infantil. La obesidad entre niños de 5 a 11 años casi se duplicó en dos décadas, pasando de 9% en 1999 a 17.5% en 2023.

Actualmente, se estima que casi 36% de los escolares de 5 a 11 años presenta sobrepeso y obesidad.

De acuerdo con el Inegi, los tumores cancerígenos y los accidentes forman parte de la mortalidad en nuestros niños y niñas. Y no hay que olvidar que los bajos esquemas de vacunación que se tuvieron en los últimos años también provocaron que la población infantil se enfermara de sarampión, varicela, tos ferina y neumonía, entre otras.

No hay duda de que el gobierno federal tiene todavía una gran deuda con los niños y niñas de México en mejorar su salud y que todos puedan tener acceso oportuno a los servicios médicos del país; pero también en garantizar que tengan un desarrollo, en todas sus esferas, saludable.

ABATELENGUAS

En nuestro país, 40% de las cirugías de vesículas en los hospitales públicos del país se siguen haciendo de manera convencional (cirugía abierta); cuando en muchos países ya sólo se usa la de mínima invasión (que son incisiones muy pequeñas) a través de nuevas técnicas endoscópicas y laparoscópicas o de cirugía robótica.

Usar cirugía de mínima invasión, explica María Fernanda Torres Ruiz, de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica (AMCE), reduce tiempos de hospitalización, complicaciones y costos, además de brindar beneficios directos a la calidad de vida de los pacientes. El gran reto de México será incorporar esta nueva tecnología al sistema de salud mexicano y que esté al alcance de todos los pacientes.

Por primera ocasión, México fue la sede del Congreso Mundial de Cirugía, encuentro bienal que se realizó de manera simultánea con el 34º Congreso Internacional de Cirugía Endoscópica y el 18º Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica, cuya organización recayó en Eduardo E. Montalvo Javé, presidente de la AMCE.

BAJO EL MICROSCOPIO

La presidenta Claudia Sheinbaum se enojó con su equipo de salud federal por no decirle de las carencias en medicinas y médicos que se tenían en el municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, que la población le hizo saber durante su visita a este lugar. ¡Y cómo no se va a molestar!, pues sólo basta recordar que el desabasto de medicinas se convirtió en una “losa muy pesada” para la 4T en el sexenio pasado y que en esta administración han querido revertir. Valdría la pena que la mandataria hiciera visitas sorpresa a los hospitales federales y estatales para que escuche de viva voz a los pacientes y no se quede sólo con las “dulces cifras” que el equipo de salud federal (SSA, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar) le da semanalmente.

Y que no se olvide de los Institutos Nacionales de Salud, que son considerados la “joya del sector salud” por su alto nivel de especialización médica, en los cuales, desde hace años, sus directivos hacen malabares para estirar los pocos recursos que tienen para atender a la población que no tiene seguridad social, en donde hasta políticos y funcionarios del gobierno federal prefieren atenderse.

Astillero

Sheinbaum, cambio con piezas conciliadoras // Sale Montiel, entra Ramírez // Candidaturas: ¿repartir-compartir? // CIAgate: gobernadora embrollada

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Sin novedad: Ariadna Montiel ha dejado la Secretaría del Bienestar para quedar en disponibilidad de asumir el próximo domingo la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

La presidenta Sheinbaum hizo un terso anuncio en presencia de la secretaria saliente y su equipo de coordinadores y operadores, además de quien la relevará a partir de hoy, Leticia Ramírez Amaya, profesora egresada de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, quien fue secretaria de Educación Pública durante dos años, en un lapso entre Delfina Gómez, quien se había ido a buscar el gobierno del estado de México, y Mario Delgado, que luego de presidir Morena asumió tal secretaría al iniciar el sexenio claudista.

De confirmarse, como todo apunta, la transferencia de Montiel del gabinete de Sheinbaum a la presidencia de Morena (lo cual sucedería el próximo domingo), habrán de conjuntarse la experiencia y el acervo de la afinada política asistencialista 4T con las necesidades y expectativas del partido dominante rumbo a elecciones que podrían complicarse por una serie de factores externos (una economía mundial afectada por Trump y su guerra contra Irán; el afán agresivo de ese trumpismo contra la 4T a pretexto del narcotráfico) y, marcadamente, internos.

Los factores internos que podrían entorpecer la marcha electoral y provocar tropiezos en varias plazas provienen de la lucha nada soterrada entre facciones del propio Morena, y no se diga de sus partidos “aliados”, además de la prevalencia de criterios de pragmatismo atroz que han llevado y pretenden seguir llevando a personajes impresentables, a niveles municipales, estatales y nacionales, a candidaturas que en los hechos van contra el propósito fundacional de la regeneración nacional.

Los perfiles políticos anunciados fortalecen, por lo demás, la percepción (solía decirse que en política, lo que parece, es) de que la presidenta Sheinbaum se mantiene sobrellevando realidades políticas que no le permiten imponer su indubitable sello en los cambios de estas horas. Ariadna Montiel es un personaje surgido en el contexto del bejaranismo aliado siempre a Andrés Manuel López Obrador y fue llevada por el tabasqueño a su más alto escalón público hasta ahora: el de la estratégica secretaría ejecutora de las más preciadas políticas asistencialistas; y ahora, si se confirma su instalación en el mando de Morena, seguirá entre las dos aguas dominantes de la navegación actual, con un enorme lote de candidaturas a repartir-compartir.

Leticia Ramírez Amaya también tuvo el mayor impulso a su carrera política en el sexenio obradorista. Estuvo a cargo de la atención ciudadana durante las administraciones de López Obrador y Marcelo Ebrard en la Ciudad de México y fue asesora de la Secretaría del Medio Ambiente con Miguel Ángel Mancera, también en la capital del país. Con AMLO en Palacio Nacional fue titular de la misma área de atención ciudadana y de ahí pasó a encabezar la SEP. Con Sheinbaum ocupó hasta ayer la Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.

En otro tema: diríase que con Estados Unidos y sus agentes intervencionistas las aguas se van serenando voluntariamente a fuerzas, así que el conflicto se traslada casi por completo al territorio partidista y electoral de Chihuahua, su gobierno panista y la posibilidad morenista de ganar los comicios del año próximo. La gobernadora María Eugenia (Maru) Campos va cometiendo errores que sólo podrían entenderse si forman parte de un libreto de provocación elaborado por sus aliados, como la CIA.

Senadores del partido gobernante, a su vez, avanzan en la descalificación de la gobernadora y su complaciente partido, Acción Nacional, llegando incluso al señalamiento explícito de que se estarían cometiendo traiciones a la patria, pero sin dar aún el paso consecuente, el retiro del fuero y la consignación penal, a que obligaría la retórica guinda desbordada.

México SA

Maru Campos, palmípedo salvaje // Sheinbaum: renuncia no alcanza // Crisis institucional en Chihuahua

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

A estas alturas, nadie duda de las muy limitadas capacidades del pato salvaje que dice “gobernar” CIAhuahua, pues, deposición tras deposición, cada día que transcurre se enfanga más y, en consecuencia, ya tiene encima un proceso federal que terminará por hospedarla en alguna cárcel del país. De hecho, la Fiscalía General de la República (FGR) inició dos carpetas de investigación relacionadas con hechos ocurridos en ese estado, una por el narcolaboratorio desmantelado entre el 17 y el 18 de abril, y otra por la presunta participación de elementos de la Agencia Central de Inteligencia en acciones antidrogas en colaboración con la Agencia Estatal de Investigación de esa entidad ( La Jornada, Gustavo Castillo).

La FGR informó que en el caso de los agentes de la CIA se inició la indagatoria “por sus características y relevancia, además de considerarse la posibilidad de que se hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional” ( ídem). Entonces, ajusten sus cinturones, que esto apenas comienza.

Pero no sólo eso, porque para protegerse –según ella– de lo que ya tenía encima decidió cortarle la cabeza al fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui (otro de los involucrados en este enjuague, quien debe entender que no es lo mismo defenderse desde esa posición jerárquica que como ciudadano de a pie), y culpar de todo a su director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes (muerto en el “accidente” en el que también fallecieron los dos agentes de la CIA), quien “incorporó” a los agentes al operativo, “sin que participaran”, de acuerdo con lo dicho por Wendy Paola Chávez Villanueva, cabeza visible de la “unidad especializada” creada por Maru Campos para realizar una “investigación a fondo” de los citados sucesos (¿en serio alguien cree en su “independencia”?) Entonces, ¿culpables? El fiscal caído y el policía muerto, y la gringa Campos se lava las manos. Grandioso.

Con todo, lo anterior no satisfizo a la palmípeda y se aventó otra deposición. Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública del Senado de la República invitaron a Maru Campos a que explicara la participación de agentes de la CIA (léase la violación a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución) en operativos contra el narcotráfico en el estado que dice gobernar, concretamente en la sierra Tarahumara. La “invitación” fue hecha en tiempo y forma, con base en la norma. Legal, pues.

Pero la señora estaba muy ocupada y no se le pegó la gana asistir a la cita. ¿Y por qué no compareció? Bueno, según dijo, “para no comprometer y salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones en curso” (es decir, las que supuestamente realiza su incondicional Wendy) y, por si fuera poco, “garantizar la debida conducción institucional de la información y el respeto a la seguridad nacional” (o lo que es lo mismo, la ley que ella misma violó).

Pues bien. En esto Maru Campos también se sacó la rifa: el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, deploró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, haya difundido primero en algunos medios de comunicación que no asistiría a la reunión a la que fue invitada, sin notificarlo previamente a esa Cámara del Congreso. “Es una ilegalidad más que refleja una brutal crisis institucional en Chihuahua; me enteré por los medios de comunicación que decía que no le da cuentas al Senado; pues es otra ilegalidad, es otro problema institucional; van de tontería en tontería; no sé quién asesora al gobierno del estado, pero no es una actitud sensata, apegada a la ley y a la prudencia política”.

Por si faltara algo, en la mañanera de ayer la presidenta Sheinbaum fue muy clara: “el pueblo de México tiene derecho a saber la verdad; viene la renuncia de un funcionario (el fiscal César Jáuregui), pero tiene que seguir la investigación. No es que haya renunciado el fiscal y ahí se termina todo, y esto no es una postura sólo de la Presidenta, sino que ya se realizan las investigaciones correspondientes porque no es un asunto menor, pues se trata del respeto a la soberanía de cualquier mexicano o de cualquier gobierno. Tiene que cumplirse la ley. Le corresponde a la FGR hacer la investigación, pero se tiene que aclarar todo. No es menor, tanto en la relación con Estados Unidos como en el cumplimiento de la ley”.

Entonces, Maru Campos acumula deposiciones y promete más, mientras hunde al estado que dice “gobernar”.

Las rebanadas del pastel

Sigue el circo del payaso Trump en el estrecho de Ormuz, y el barril mexicano de exportación llega a 101.77 dólares.