Lo que dicen los columnistas

Una iniciativa más para el archivo

Elisur Arteaga Nava

Proceso

No es necesario modificar la Constitución para alcanzar el fin que doña Olga y don Ricardo persiguen. Lo que sí es urgente es que se pongan a estudiar la Constitución.

Los senadores Olga Sánchez y Ricardo Monreal presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa por virtud de la cual proponen reformar la Constitución Política para agregar una fracción VI al artículo 121. De aprobarse, se incorporaría de manera expresa y detallada la función notarial.

Todo hace suponer que la promotora de la iniciativa es la senadora Sánchez, y para que tuviera peso político buscó, no la solidaridad sino la complicidad del señor Monreal. Éste, que es buen jurista, no leyó la iniciativa o se dejó convencer. También la firmó.

La iniciativa, en el fondo y la forma, es técnicamente incorrecta, inoportuna e innecesaria. Tiene un vicio más: tiende a beneficiar a un gremio, el del notariado. La senadora Sánchez, ahora que puede, está llevando agua a su molino y previendo a distancia: es hija de notario, ella es notaria con licencia, está casada con un notario y es madre de una notaria. En fin, aunque retirada, pertenece al gremio, lo conoce y, como se ve, vela por él.

Los autores de la iniciativa incurren en un vicio; no es menor, tampoco intrascendente: confunden la Constitución Política, que se entiende que es fundamental y suprema, con un reglamento o, en el mejor de los casos, con una ley, que son inferiores y derivados. Prueba mi afirmación el hecho de que en la iniciativa se pretende regular, y con detalle, la profesión de notario y su ejercicio. Cosa que es ajena a un Código Fundamental. El vicio no es privativo de ellos, sólo lo reiteran. Los ejemplos sobran: artículos 2º, 18, 20, 27, 28, 41 y muchos otros más.

En la iniciativa se observa otro vicio. Por virtud de un artículo transitorio se propone prohibir a personas mayores de 75 años, que ya son notarios, el ejercicio de su profesión.

Con la iniciativa, alguien que está en posibilidad de hacerlo, procura dar seguridad al gremio al que pertenece su familia y, de paso, al hacerlo, afecta a la competencia.

Los notarios tienen como competidores “desleales” a los corredores públicos. Éstos, sin reunir los supuestos rigurosos requisitos que deben cumplir aquellos, desempeñan la función fedataria respecto de un rubro específico: actos mercantiles. Éste representa un renglón de ingresos importante. Tener competencia en él merma la economía de los notarios.

La iniciativa es discriminatoria de los corredores; éstos, a pesar de desempeñar la misma función, no se incluyen en la iniciativa. No existe razón para que queden excluidos y sí motivos para temer que la omisión pudiera derivar en que queden al margen del ejercicio de las funciones que actualmente desempeñan.

El artículo 121 constitucional, al que se propone agregar una fracción VI, prevé y regula lo que se denomina cortesías interestatales; también limita el ámbito de vigencia de las leyes locales. Son obligaciones que se imponen a los poderes y las autoridades locales, con relación a los actos, registros y procedimientos que realizan los poderes y órganos públicos de otros estados. Regula materias técnicas y, por ello, están fuera de la comprensión de la mayoría de los mortales; por esa circunstancia no había sido reformado. Quienes en 1917 lo aprobaron no entendieron de lo que trata, salvo una que otra excepción: Paulino Machorro Narváez, Hilario Medina, Fernando Lizardi y David Pastrana Jaimes, que fueron excepcionales juristas.

Los especialistas, sobre todo los que se dedican al derecho internacional privado, lo han estudiado a conciencia, encontrado sus más remotos antecedentes, formulado y presentado proyectos de reglamentación. En esta actividad está don Eduardo Trigueros Sarabia.

Quienes ahora proponen modificar el artículo 121 no lo conocen; tampoco entienden su contexto. No saben lo que hacen; no por ello merecen perdón.

El artículo 121 alude a los títulos profesionales en forma genérica; nada tiene que ver con la regulación de una profesión en específico, como es la del fedatario.

Los autores de la iniciativa comentan que en el otorgamiento de los fiat de notario existen abusos de parte de las autoridades locales. Es cierto. Es público y notorio que, en algunos estados, los gobernadores, antes de entregar el cargo, benefician a sus amigos; una forma de hacerlo es concederles una patente de notario, aunque los agraciados no tengan la mínima idea de lo que se trata. Hay abuso. Pero la solución está en las leyes que regulan esa materia, no en la Constitución Política.

Para evitar abusos en la materia de parte de las autoridades locales, está el primer párrafo del artículo 121: “El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: …”

Con base en ese precepto y, además los artículos 3º, 5º y 73, fracción XXV, el Congreso de la Unión aprobó una Ley de Profesiones y, con ello, puso fin a los abusos de los gobernadores. Todavía a principios del siglo XX se observaba que ellos expedían títulos profesionales a sus amigos.

El Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que deriva a su favor de esos preceptos con relación a profesiones, en la ley puede disponer que las patentes de notario deberán otorgarse a través de concursos y dar las bases generales para que ellos se celebren. Al hacerlo, evitaría favoritismos o malas voluntades, como hasta ahora se ha observado.

No es necesario modificar la Constitución para alcanzar el fin que doña Olga y don Ricardo persiguen. Lo que sí es urgente es que se pongan a estudiar la Constitución y a los tratadistas que han comentado el precepto. Con fundamento en el párrafo inicial del artículo 121, pueden poner límites a los abusos que se observan en el otorgamiento de patentes de notario.

Los autores de la iniciativa pretenden elevar a nivel constitucional un fuero: el de notarios. Su razonamiento implícito es: una vez que se apruebe la reforma nadie podrá detenernos. Bajo el expediente de que existen criterios de que las reformas a la Constitución no pueden ser impugnadas por ninguna vía, incluyendo el amparo, de aprobarse, nadie podrá inconformarse. Además. existe el principio de que ley posterior deroga a la anterior: lex posterior derogat priori. Excluiremos a los viejos y repartiremos sus notarías entre nuestros parientes y amigos.

Están equivocados y mal de la cabeza. Pasan por alto algo elemental: que los artículos 4º y 5º de la Constitución reconocen a los ancianos y a todos los mexicanos el derecho y la libertad de ejercer una profesión, siendo lícita, sin límite de edad. Esos preceptos, con base en lo que dispone el artículo primero constitucional, a los principios de interpretación conforme, pro persona y el derecho convencional, prevalecen sobre cualquier precepto que con posterioridad se introduzca en la Constitución que los restrinjan o supriman.

Juegos de poder

El Presidente frente a la adversidad

Leo Zuckermann

Excelsior

Es sabido que el presidente López Obrador, cuando se siente amenazado, siempre se radicaliza con el fin de consolidar su posición frente a su base electoral más dura. Una y otra vez lo ha hecho a lo largo de su carrera política: saca su peor cara en la adversidad. Así lo hizo cuando salieron los videoescándalos, lo desaforaron o perdió las elecciones presidenciales de 2006 y 2012.

Nuevamente, López Obrador enfrenta una situación adversa. A la luz pública ha salido una historia de posible conflicto de interés, incluso de tráfico de influencias, relacionada con su hijo José Ramón López Beltrán. Agréguese los números recientemente publicados que demuestran el fracaso económico de su administración; la violencia que, lejos de resolverse, se agrava en varias entidades del país; o las encuestas que demuestran que las próximas elecciones no serán un día de campo para su partido, Morena, y que la popularidad presidencial va a la baja.

En los últimos días, el Presidente ha perdido la capacidad de controlar la agenda pública como lo había hecho a lo largo de su sexenio por medio de las conferencias mañaneras. Otros temas que son negativos para él y su gobierno han dominado en los medios de comunicación tradicionales ni se diga en las redes donde antes las fuerzas lopezobradoristas tenían una superioridad notable.

Es evidente que al Presidente ni le gusta haber perdido el control de la agenda pública ni que los asuntos que se ventilan le perjudiquen tanto. Ante esta realidad, fiel a su estilo, ha comenzado a radicalizarse.

Esto explica sus ataques personales en contra de los periodistas y activistas sociales que lo sacan de quicio. Los dos conductores de Latinus (Carlos Loret y Víctor Trujillo Brozo) y la presidenta de México Contra la Corrupción e Impunidad (María Amparo Casar), quienes son los responsables de haber publicado el reportaje sobre la casa que habitó su hijo José Ramón por varios en meses en Houston, Texas, propiedad de un alto directivo de un contratista de Pemex. A Carmen Aristegui, quien continúa realizando su destacada labor periodística que vigila y critica a los poderosos, sean estos quien sean, incluyendo los actuales. A distintos medios (Nexos, Animal Político, Reforma, El Universal), así como a todo aquel que el Presidente siente como crítico de su gestión.

No se defiende López Obrador con argumentos basados en evidencia empírica. No. Lo hace con injurias y mentiras personalizadas.

El Presidente se sube al ring cual si fuera boxeador de pueblo y no el jefe del Estado mexicano. El resultado, como lo han dicho varios colegas, es la degradación de la figura presidencial. Tan sólo hay que ver la contundente respuesta de Brozo a López Obrador, que corrió como pólvora en las redes, para darse cuenta de la pérdida de respeto a la investidura del jefe del Ejecutivo federal.

Lo que hemos visto en los últimos días es al López Obrador irascible que se le olvida el puesto que ostenta. Se presta a los insultos y burlas, tal y como lo hizo en 2006 cuando se autonombró como “Presidente Legítimo”. Él, que tanto criticó a Peña Nieto por haberse convertido en el “payaso de las cachetadas”, ahora se está poniendo en el mismo lugar.

Nada de eso le conviene a México. No funciona un país con terribles problemas económicos, de seguridad pública, sanitarios y educativos con un Presidente enojado, llevando las peleas al terreno de lo personal, soltando insultos a diestra y siniestra, radicalizando su discurso y degradando la investidura presidencial.

Ahora, en un intento por recuperar el control de la agenda pública, López Obrador ha anunciado una “pausa” en las relaciones de México con España. La típica cortina de humo para tapar los problemas reales del país, incluyendo el caso de su hijo José Ramón, quien todavía no sale a explicar por qué el ejecutivo de Baker Hughes le prestó una lujosa casa por varios meses en Houston. Wag the dog o cajas chinas de naturaleza nacionalista. Esas que tanto gustan a la galería.

El nuevo mensaje desde Palacio Nacional: es hora de ponerle un alto a los gachupines voraces que se sienten los nuevos conquistadores de México. Muy bien. A envolverse en la bandera como si estuviéramos en el siglo XIX, durante el movimiento de Independencia. A ver si es chicle y pega y nos olvidamos de la Casa Gris, de la falta de crecimiento económico, la inflación, los muertos cotidianos, el desabasto de las medicinas o la tragedia educativa que ha dejado la Covid-19.

Así, lo que se empieza a vislumbrar es un cierre de sexenio muy complicado. Por un lado, problemas sin resolverse y agudizándose día con día. Por el otro, un gobierno dirigido por un político que, cuando se siente amenazado, saca lo peor de él mismo para consolidar el apoyo de su base electoral más leal. Como diría el coronel Kurtz en Apocalypse Now: “el horror”.

Número cero

El estrés del poder

José Buendía Hegewisch

Excelsior

La subida de tono de las acometidas en el discurso presidencial contra la prensa, organizaciones civiles y sus críticos, y ahora otros países, desnuda un Presidente angustiado y a la defensiva. La retórica belicosa con la que el Presidente trata de blindarse de las noticias negativas revela una personalidad al borde de un ataque de nervios más que su destreza para marcar la agenda. En los últimos tiempos, de hecho, ha perdido el control de la conversación pública y caído en exabruptos que no convienen a su gobierno.

Los frentes de problemas aumentan. También crecen con el trabajo de trinchera con el que trata de hacer inexpugnable a la 4T. Pero los ataques, lejos de abrir el camino a reformas constitucionales aún pendientes y que presenta como imprescindibles para consolidar su proyecto, como la eléctrica, la político-electoral y de la Guardia Nacional, socavan su investidura. En éste, su cuarto año, el Presidente comienza a sufrir la ansiedad del tiempo que se acorta para cumplir promesas, dar resultados, concluir sus obras y dejar atada la continuidad del legado.

La situación apurada, afligida, se ve en el calado de la reacción a las denuncias sobre el posible conflicto de interés en su gobierno que lo mantienen descolocado por su temor a caer en el mismo costal de los anteriores. También en las repuestas agresivas y pendencieras a las críticas de periodistas, a los cuestionamientos de EU a la reforma eléctrica (“contaminan 10 veces más que México”). Y hasta en otros escándalos, como el de la ivermectina en la CDMX.

La lectura de complots y campañas de sus enemigos es el rasero que elige como estrategia para protegerse de las balas o el fuego de la crítica connaturales a su encargo, al costo de arriesgar obligaciones tan centrales como la libertad de expresión y la responsabilidad de explicar dichos y hechos de su gobierno. Parecen tales sus apuros de no fallar, sin prácticamente ninguna meta de su gobierno cumplida, que pierde la serenidad.  

La mejor defensa no es el ataque, menos cuando su principal recurso es el control de la narrativa. El denuesto al trabajo periodístico y su inclusión a mafia del poder, inclusive a algunos periodistas que antes ensalzó, comienza a afectar la fuerza discursiva y capacidad disuasiva. Los ataques aumentan el riesgo para el trabajo de la prensa y proyecta la promesa incumplida de protección a la libertad de expresión. Antes de esto, su respuesta al tercer crimen ocurrido en enero pasado contra la periodista Lourdes Maldonado fue anunciar una nueva sección de la mañanera para presentar detenidos por crímenes, lo que también refleja su estrés por la justicia o bien frustración por sus escasos resultados. Al menos que sea mediática.

La impunidad en estos crímenes es la cara más visible e impactante de un malestar más profundo por la incapacidad de pacificar al país, recuperar la seguridad, revertir la pobreza e, incluso, terminar todas las obras emblemáticas en su sexenio. Aunque técnicamente le restan tres años, el adelanto sucesorio consumirá el último tramo en la lucha interna, y el escaso margen de un par de años es insuficiente para llevar al país a una nueva era. Ni en un sexenio podría agotar la agenda y, por eso, lo que preocupa detrás de los ataques son las decisiones que podrían tomarse para salvar su palabra y acallar, sin argumentos, a los críticos. La angustia no es buen consejero, como muestra su sorpresivo anuncio de “pausa” a las relaciones con España, sin mayor explicación que rechazar que “nos sigan robando” como “tierra de conquista”, presumiblemente por sus inversiones en energías limpias.

Pero la moderación del tono no vendrá solamente del ejercicio recomendado para bajar el estrés ni de constar que abrir guerras por todos lados es un juego en que nadie gana o dejar de pelear solo contra cualquier molino al que ve con cara de enemigo. Tampoco de la mayor dificultad de establecer la agenda, como ha logrado conservar a lo largo del sexenio, sino del impacto en su popularidad. Éste es el disuasivo para un Presidente que sabe ser pragmático cuando necesita recuperar la serenidad y evitar que decaiga su investidura, como le exigen los tres años que aún tiene por delante.

México SA

México, rescatista de capitales españoles // Con neoliberales, promiscuidad cupular // Fox-Borolas-EPN: oro, espejitos y coimas

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

En la mañanera de ayer Octavio Romero, director general de Petróleos Mexicanos, reflotó el asunto de los astilleros gallegos rescatados por Pemex (otro sucio negocio en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto) que en su momento causó indignación social, pero la supuesta autoridad que procura justicia no se tomó la molestia de realizar una mínima investigación por actos de corrupción, toda vez que en ellos aparecían involucrados integrantes del primer círculo de Los Pinos, con el serafín Juan Camilo Mouriño a la cabeza.

La anterior es una de tantas historias de generosidad de, al menos, Fox, Borolas y Peña Nieto con el capital español, al que le abrieron las puertas de par en par: finanzas, petróleo, gas, energía eléctrica, construcción, turismo y muchísimo más, siempre con cargo al erario, porque se dio promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España como tres sexenios seguidos, y nuestro país llevaba la peor parte, lo saqueaban (AMLO dixit).

La historia reflotada inició en julio de 2007, cuando Juan Camilo Mouriño despachaba como jefe de la Oficina de la Presidencia de la República. Al serafín de Calderón, con la venia de éste, se le ocurrió la brillante idea de rescatar, con dinero de Pemex, a los astilleros Hijos de J. Barreras, ubicados en Vigo, Galicia, España, dada su muy precaria condición financiera. El plan incluía no sólo la inyección de capital, sino la compra de 51 por ciento de las acciones de la empresa gallega, la construcción de dos floteles y la generación de 4 mil empleos… en España.

Para concretar lo anterior, Juan Camilo Mouriño viajó a la tierra de sus padres (él era madrileño) para comunicar a los dueños de los citados astilleros que mi gobierno está muy interesado en el establecimiento de acuerdos con el sector naval gallego (aunque quebrados). Queremos encargar nuestros barcos en Galicia, pero también que inversionistas gallegos puedan entrar en México para ayudarnos a desarrollar este sector ( La Voz de Galicia, 18 de julio de 2007). Y comenzaron las cortesías del gobierno calderonista, aunque el serafín no pudo ver realizado su sueño, porque un año después perdió la vida en un avionazo.

Ello no canceló la operación: Calderón pasó la estafeta a Enrique Peña Nieto y este encargó a Emilio Lozoya concretar el negocio, lo que rápidamente hizo el hoy el inquilino del Reclusorio Norte. Todo, con enormes pérdidas para el erario mexicano e impunidad plena para los involucrados.

Octavio Romero detalló: cuando terminaron de construirse los floteles resultó que Pemex no los necesitaba; se encargaron nada más para darles el negocio, para darles viabilidad a los astilleros y entonces se decide venderlos, porque no se requerían. Costaron alrededor de 80 millones de euros cada uno, se ofrecieron en el mercado, pero nadie quería pagar arriba de la mitad de lo que le habían costado a Pemex. No sólo se les dio dinero y se les compraron acciones, sino que se les dio un trabajo, que se cobró a sobreprecio y al final del día la empresa siempre producía pérdidas; Pemex nunca ganó un solo centavo. Fue indudablemente un pésimo negocio para Petróleos Mexicanos.

Pero no solo los gallegos. Romero recordó a la trasnacional española Repsol. En tiempos de Fox: proyectos para extraer gas en la Cuenca de Burgos, contratos que le daban todas las ventajas a la empresa; perforó miles de pozos para dar utilidad a la empresa; esta cobraba por la perforación; al final del día no fue exitoso y hoy conocemos la historia: Pemex importa gas.

Uno más: derivado de esos proyectos, cuando llegamos nos encontramos con un contrato que tenía Pemex con una empresa que había construido un gasoducto Poza Rica-Tula. ¿Cuánto gas se extraía? Nada. ¿Desde cuándo? Nunca se extrajo gas. Habían trascurrido cinco años de que se había construido el gasoducto y era un pago de 100 millones de pesos mensuales por no transportar absolutamente nada.

Y como los citados, muchísimos casos más (Iberdrola, OHL, bancos, turismo, etcétera), todo con cargo al erario, en el entendido de que no hay negocio en el que participen que no huela a podrido.

Las rebanadas del pastel

Anuncia López Obrador que la Secretaría de Gobernación mediará entre el sindicato minero y Grupo México. Qué bueno, pero ¡sorpresa!: desde julio de 2019 eso mismo encargó a Luisa María Alcalde, y nada.