¿Amputar la ciencia en México?
Tonatiuh Guillén López
Proceso
La historia individual de las entidades que hoy integran al sistema de Centros Conacyt se ha caracterizado por numerosos desafíos y, sobre todo, por trayectorias de éxito impulsadas por comunidades responsables, comprometidas y de indeclinable vocación científica.
El conflicto en curso en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), institución científica de vanguardia y con amplio reconocimiento nacional e internacional, ha puesto en cuestión el futuro de los Centros Conacyt –sistema que integra a 27 centros científicos y tecnológicos–, así como el futuro de la política científica y de la ciencia en México. No es un asunto menor, pues están en juego una herramienta fundamental del desarrollo del país, así como la formación de científicos y tecnólogos que surgen de estas instituciones. Está en juego algo muy serio.
De entrada, la historia individual de las entidades que hoy integran al sistema de Centros Conacyt se ha caracterizado por numerosos desafíos y, sobre todo, por trayectorias de éxito impulsadas por comunidades responsables, comprometidas y de indeclinable vocación científica. Con recursos y sin recursos, durante periodos difíciles y otros con crecimiento, son instituciones que han avanzado notablemente. Después de varias décadas de esfuerzo, hoy son centros de vanguardia, dedicados a la formación de generaciones de científicos y produciendo conocimiento y tecnologías especializadas.
Se trata así de instituciones de excelencia, pequeñas pero potentes. Está en la naturaleza del conocimiento especializado y de la formación de alta calidad la concentración de recursos en comunidades reducidas. Así es en el mundo, por la naturaleza misma de la creatividad dedicada a abrir fronteras del conocimiento. La alta especialización es de punta, literalmente. Otra cosa es la difusión del conocimiento, su divulgación masiva o su transferencia a los procesos educativos de cada país. En ese caso, la tarea corresponde a muchas más instituciones, a los sistemas educativos nacionales y a la contribución de medios de comunicación en todos los formatos.
La alta especialización y las comunidades que realizan esta función son bienes nacionales. Son plataforma de desarrollo. Y puede demostrase proyecto por proyecto, generación por generación de jóvenes, producto por producto académico, tecnología por tecnología desarrollada. Los Centros Conacyt han hecho la tarea de manera excepcional. Reitero, con excelencia.
No son instituciones perfectas, por supuesto. Requieren cotidianamente adaptaciones, ajustar criterios, reordenar recursos y modificar prioridades cuando es necesario. No es novedad realizar cambios. Los centros lo han hecho, lo hacen cotidianamente desde sus comunidades, desde sus herramientas colegiadas y desde sus cuerpos de investigación e instancias directivas.
La base de la exitosa trayectoria de los Centros Conacyt han sido dos elementos fundamentales: sus cuerpos colegiados internos (consejos, comisiones, juntas, cuerpos académicos) y sus órganos de gobierno y asambleas de asociados, en su caso. Es decir, se trata de una institucionalidad compleja, compartida, corresponsable, que discute de manera abierta y que se evalúa a sí misma rigurosamente mediante procedimientos internos y por instancias externas.
Para ser claro: no existe entre las instituciones del Estado algo comparable al rigor de evaluación del desempeño, tanto de la institución en su conjunto, como de cada integrante del personal científico y académico. Cada integrante, uno por uno, continuamente, de manera programada, con indicadores y metas predefinidas. El ingreso, la promoción y la permanencia del personal científico tiene procedimientos e instancias de esta naturaleza, internas y externas. Simple no es.
Puede apreciarse que el modelo institucional de los centros no es lineal, mucho menos vertical. Se mueve entre planos paralelos: los colegiados internos de las comunidades y las instancias de evaluación externa. Las segundas, basadas en órganos de gobierno integrados por instituciones relevantes, como la SFP, SHCP, SEP, Segob, SRE, SE, otras secretarías federales, gobiernos de los estados, universidades e incluso por científicos en lo individual. Es un modelo corresponsable, sujeto a puntual evaluación colegiada, con criterios e instancias académicas. Además, existe una sistemática evaluación jurídica y administrativa de los recursos presupuestales y de los recursos que generan los propios centros.
La evaluación del desempeño de los centros y sus comunidades es así una maquinaria compleja, no burocrática ni discrecional. Estos mecanismos han posibilitado su estabilidad institucional y el mejoramiento de sus tareas. Ahora bien, desde esta perspectiva, el proyecto de la actual administración del Conacyt –en especial el que quiere imponerse al CIDE– implica destruir décadas de experiencia institucional colegiada y corresponsable.
Conviene recordar que el nombramiento unilateral y sin consulta de las direcciones de los centros y la inexistencia de cuerpos colegiados ya ocurrió, no es novedad, pues fue el punto de partida en la historia de estas instituciones. Esa práctica debió cambiarse, justamente por su disonancia con la naturaleza de las funciones científicas; es absurdo pretender un regreso al pasado.
La historia de los centros y sus comunidades se ha caracterizado por construir instancias de corresponsabilidad y procedimientos colegiados. Su propósito fue ir tomando distancia de concepciones que los equipararan con alguna oficina gubernamental, a donde pudiera llegar cualquier jefe o contratar a cualquier empleado. Nada de eso. La especialización y la generación de conocimiento no pueden ser una decisión burocrática. Generar conocimiento no fluye mediante una circular; eso es imposible aquí y en cualquier lugar del mundo. Se trata de un ejercicio de comunidad especializada, interna, externa e internacional.
Así que al final el dilema es sencillo: ¿nos importan verdaderamente la ciencia, la tecnología, sus instituciones y sus comunidades, o bien las regresamos décadas atrás y las convertimos en oficinas burocráticas, imponiendo directores que no podrán dirigir por carecer de una comunidad de referencia, como es la penosa situación del doctor Romero Tellaeche? Si el modelo que pretende imponerse al CIDE es el destino de los Centros Conacyt, las capacidades de México para generar conocimiento, formar científicos y desarrollar tecnologías avanzarán hacia un pozo. Las comunidades académicas existen, son entidades orgánicas y base de la actividad científica y la formación de alto nivel.
Si bien los Centros Conacyt no son instituciones perfectas, no hay duda de que están entre lo mejor que tenemos. Lo correcto sería impulsar su modernización y fortalecer sus metas con base en sus comunidades, que siempre se han comprometido con el desarrollo del país, por genuina vocación y con independencia de gobiernos y partidos. Sería un grave error pretender anularlas, pues al hoyo irían también nuestras capacidades científicas, que son limitadas a pesar de lo avanzado. Tengamos claro que no existen las segundas, sin las primeras.
Cabe destacar que el conflicto en el CIDE y la orientación de la actual política científica posicionan en la agenda nacional la consolidación de la autonomía académica y de gestión de los Centros Conacyt, justo como reacción al modelo centralizado y vertical que pretende imponerse. Son tiempos para revisar con todo detalle lo que está sucediendo y, sobre todo, tiempos para abrir espacios y escuchar a las comunidades académicas, que no son ni han sido el enemigo de alguien.
*Profesor PUED/UNAM, expresidente de El Colegio de la Frontera Norte, excomisionado del INM.
Una pluma, una libreta y la muerte
Francisco Garfias
Excelsior
En México es muy alto el precio a pagar por la libertad de expresión. Van cuatro periodistas asesinados en un mes y 53 en lo que va del sexenio. Son diez más que los normalistas de Ayotzinapa, pero no son rentables políticamente. Nunca, en ningún sexenio, había corrido tanta sangre de reporteros, fotoperiodistas, editorialistas. Cada que cae uno escuchamos en Palacio Nacional el mismo estribillo: “No somos iguales, la diferencia es que hoy no hay impunidad”. ¿No hay impunidad? La realidad, admitida por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, es que nueve de cada diez asesinatos de periodistas han quedado sin sentencia en estos tres años. Ayer mataron a Roberto Toledo en Zitácuaro. Tres sicarios para eliminar a un hombre cuya única defensa —como bien dijo Armando Linares López, director de Monitor Michoacán— era una pluma, un lapicero, una libreta. Su muerte se suma a la José Luís Gamboa, en Veracruz, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en Tijuana, todas ocurridas en enero de 2022. Nombres que, muy pronto, quedarán en el olvido, mientras sus victimarios andarán, por allí, cobrando por otras “chambas”. Toledo era editorialista de Monitor Michoacán, un medio digital que reiteradamente había recibido amenazas de muerte por “exhibir a funcionarios y políticos corruptos”, dijo el director Linares, en un video en el que se le quebró la voz. Las amenazas fueron cumplidas ayer. “¡Malditos aquellos que atentaron contra la vida de un inocente!”, remató con dolor e impotencia.
* De la situación que vivimos en el país hablamos con el senador Emilio Álvarez Icaza, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exombudsman capitalino y, desde ayer, vicecoordinador del Grupo Plural en la Cámara alta. De entrada, nos dice que todos los indicadores en derechos humanos, en este gobierno, no sólo están en alarma, sino en crisis. “Así como van las cosas, este gobierno va a acabar con el peor registro en los indicadores en materia de periodistas asesinados, defensores de derechos humanos, personas desaparecidas, homicidios violentos. Este gobierno está rebasando los niveles dramáticos de las épocas de Calderón y Peña, en tres años. No se está entendiendo que se requiere el músculo del Estado para revertir, no sólo en términos de los ataques más dramáticos, sino la acción de la justicia. Aquí, la Fiscalía autónoma está resultando absolutamente omisa. No entiende el Presidente que una de las derrotas más importantes de Calderón y Peña fue justo en la agenda de derechos humanos.
“Hoy no sólo tenemos más violencia, más homicidios, sino un proceso de militarización en todos los órdenes y frentes. Justo lo que ofreció este gobierno, en términos de momento país, es lo contrario que estamos viviendo. Hay una parte importante del movimiento de derechos humanos desactivado, desmovilizado, bien porque se sienten partícipes de este grupo, bien porque no quieren criticar al gobierno, bien porque no quieren salir en las mañaneras”, puntualizó.
* Un ejemplo de la forma como los morenos subordinan el tema de los derechos humanos a la grilla lo dio el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la reunión plenaria de los senadores guindas, al hablar de la Comisión Especial para Investigar Abusos y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz. Mas importante que los derechos de centenas de veracruzanos encerrados en las cárceles de esa entidad por el delito de “ultrajes a la autoridad” —propio de una dictadura— es cuidar la imagen de un gobernador de Morena, a fin de no darle armas a la oposición. Va lo que dijo Adán, con Ricardo Monreal a un costado: “Esa comisión a lo mejor beneficiaba más los intereses políticos de la oposición que los intereses políticos de este grupo parlamentario. “Imagínense, y se los digo con todo el respeto, nosotros mismos estábamos abriendo el debate sobre si convenía o no desaparecer los poderes en un estado que gobierna alguien emanado de este movimiento”. Sabemos que Monreal tuvo que enmendar el rumbo. Nos cuentan que en la Junta de Coordinación Política reconoció que, con los senadores que le son leales, podía mantener viva la polémica comisión, pero eso significaba sacrificar la unidad del grupo parlamentario. Optó por no dividir. Su gesto fue bienvenido en la mañanera de ayer. El presidente López Obrador dijo que las puertas de Palacio Nacional están abiertas no sólo para Monreal, sino hasta para los adversarios. Reconoció que el senador de Zacatecas es uno de los precursores de Morena. Hay quien afirma que Monreal se juega su última carta como coordinador parlamentario con la reforma eléctrica. “Si no se aprueba, lo remueven”, vaticinó un senador de oposición.
* La última y nos vamos: la expetista Nancy de la Sierra ya es la nueva coordinadora del Grupo Plural en el Senado.
Nudo gordiano
Ese México impune
Yuriria Sierra
Excelsior
Se quebró, un nudo se hizo en su garganta. Inevitable y lleno de impotencia. La noticia que nadie quiere dar. Los periodistas jamás tendríamos que ser la noticia, menos cuando se trata de este tipo, pero Roberto, como Lourdes, Margarito y José Luis, se sumó a la lista de miembros de la prensa cuyas voces han sido apagadas como representación, una de tantas, del clima de violencia e impunidad en el que vive el país.
“Va a ser una transmisión bastante breve. Sólo queremos dar a conocer lo que hace unos días dijimos y que venimos arrastrando desde hace meses, desde hace semanas. El equipo de Monitor Michoacán ha venido sufriendo una serie de amenazas de muerte. El día de hoy, finalmente, estás amenazas se cumplieron y hoy asesinaron a uno de los miembros de nuestro equipo…”, palabras de Armando Linares, el director del medio para el que trabajaba Roberto Toledo. “Nuestra única defensa es una pluma…”, agregó. Roberto fue atacado por tres personas en Zitácuaro.
Versiones reportadas por la prensa local aseguran que Roberto no era periodista, pero sí apoyaba la labor de Marcos Joel Vera, un abogado con un espacio editorial en aquel medio michoacano; medio que consideró este asesinato como uno contra el gremio periodístico por las amenazas que le precedieron. No es para menos.
Un crimen contra la prensa o no, repito: representación, una de tantas, del clima de violencia e impunidad en el que vive el país. La misma impunidad que permite a los grupos criminales disparar en la zona de Chilapa, Guerrero; la misma con la que se abren ráfagas en Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas, contra miembros del Ejército o población civil; esa impunidad que no da tregua, que aborda vehículos, más poderosos que los operados por las fuerzas federales, esos con los que se siembra el miedo.
Así es como se ha vivido en este país, nuestro país, en estos primeros días del año. Enero, donde reinó esa impunidad que se propaga tan rápidamente. Esa impunidad que le quitó la vida a Lourdes Maldonado, a pesar de que llevaba días denunciando y advirtiendo; esa impunidad que está a nada de hacer embajador a un hombre del que pesan señalamientos de acoso sexual; esa impunidad que, con soberbia, se da la libertad de pedir denuncias a esas mujeres víctimas para, entonces, tal vez creerles.
¿O pensamos que estos hechos son inconexos? En realidad, todos han sido posibles por esa palabra que hemos repetido tanto líneas arriba: impunidad. Impunidad que nos hizo contar cuatro miembros de la prensa asesinados en un mes. Impunidad, el elemento seguro ante cualquier hecho delictivo. En México pasa todo y nada: contamos hechos atroces, pero ninguna consecuencia…
Pensar el porvenir cercano
José Blanco
La Jornada
Después del 15 de febrero el presidente López Obrador iniciará una gira para explicar al pueblo mexicano el sentido de la reforma eléctrica, porque, dijo, tiene derecho a la información y, además, será en su beneficio. También recorrerán el país funcionarios federales, con el mismo propósito. Por lo visto, el Presidente ha concluido que las dos semanas de parlamento abierto no suscitarían el voto suficiente. Es necesaria la movilización popular.
Tras dos semanas de parlamento quedará claro que los empresarios privados, sobre todo extranjeros, están dispuestos a defender a rajatabla sus ganancias malhabidas, no sólo con una batería de especialistas al servicio de sus oscuros intereses, sino también mediante una campaña de desinformación y cínica propaganda.
No deja de ser llamativo que Morena, el partido que llevó al poder a AMLO, no sea un instrumento apto para el propósito presidencial. Morena, que debía abarcar a la mayor parte de los grupos y clases sociales en todo el territorio, emite espots televisivos y no mucho más. En el parlamento no están los intelectuales y los estudiosos de Morena, acaso porque compraron la cuchufleta de que es un asunto técnico, no político ni ideológico. El debate sobre los asuntos técnicos de la generación, transmisión y distribución del fluido pasa por el debate, pero no está ahí la sustancia del mismo, sino, en primer lugar, en la aritmética de los costos, precios, procesos y vías por los cuales los privados roban y, segundo, en los términos para volver un derecho social de los mexicanos el acceso al fluido, garantizado por el Estado. Llevar al artículo 4 constitucional el derecho a la energía, control constitucional por el Estado de la industria eléctrica, fortalecimiento de la CFE.
La debilidad de Morena procede de la endogamia divergente de los grupos que lo habitan y mal dirigen. Más de tres años han pasado y no ha surgido de su seno un proyecto para la indispensable continuidad de la transformación social y política, al término de la gestión de AMLO. La gira anunciada por el Presidente, seguida del ejercicio de revocación de mandato, serán un refresh a su legitimidad y a su fuerza para tomar decisiones. Pero servirá, en lo fundamental, al efecto de dar un fin adecuado a las decisiones ya tomadas y en marcha. El pueblo que lo eligió no sabe aún cuál es el futuro que le promete la 4T, más allá del fin del sexenio: no falta tanto.
El capitalismo global neoliberal está en profunda crisis, pero no habrá un batacazo final espectacular. Habrá una decadencia de largo plazo de altas y bajas llena de riesgos, como el que ha provocado Biden en Ucrania. Con el TLC-TMEC, México evitó las crisis recurrentes por el desequilibrio comercial con el exterior, pero también soldó a fuego su dependencia económica con Estados Unidos. Canceló la posibilidad soberana de decidir el rumbo y forma de su industrialización. Por tanto, México tiene que centrar sus decisiones en la producción de todos los bienes que satisfagan la vida del pueblo mexicano, mientras vigila de cerca y decide sobre la genética, la robótica, la inteligencia artificial y la nanotecnología que han llegado para quedarse. Eso significa recuperar pensamiento y decisiones para la educación y la estructura productiva.
Si el marco programático más general de la 4T no varía, se entiende que un gobierno más allá del actual tendría que hacer que se cumplan en los hechos los actuales derechos sociales constitucionales. Obras son amores y no buenas razones, decían las abuelas de antes. Tendría asimismo que avanzar en la creación de nuevos derechos sociales y de las formas institucionales que los vuelvan hechos efectivos.
Sería de esperar también un avance en las formas de la democracia popular; un no claro a la democracia entendida como circulación de las élites políticas; un avance en las disposiciones legales para dar cabida a la pluralidad de las formas organizativas del pueblo y unirlas a una renovación de fondo de la democracia directa y representativa.
Un asunto que se ha vuelto profunda preocupación por todo el mundo es la educación en todos los niveles. Si el cambio científico y tecnológico antes apuntado provoca impactos en la vida social que obligan a la educación a repensarse una y otra vez, en México la carga está vastamente acumulada: hace mucho tiempo que no hay un proyecto educativo que ilusione a los más y los forme para una sociedad más civilizada, más cultivada en las ciencias, en las artes, en las humanidades. Además, se ha sumado la terrible conmoción aún imposible de medir y evaluar que está dejando la pandemia. El alcance de la deserción escolar real, en todos los niveles, se concretará en tres años o más, y debe ser descomunal. Y, como siempre, es originada por el abandono de los más pobres, lo cual reforzará uno de los nexos negros de la desigualdad. Parece evidente: no se trata de poner a niños y a jóvenes al corriente; la tarea que espera al país es ciclópea.
