Número cero
Caso Lourdes Maldonado: sin Estado no hay prensa
José Buendía Hegewisch
Excelsior
La libertad de prensa está en crisis por una ingesta permanente y sistemática de violencia que mata o silencia. El hartazgo define el estado de un gremio que, pese al cansancio por la repetición de esta dosis, se moviliza para exigir seguridad y expresar repudio por otros tres asesinatos de periodistas tan sólo en enero de 2022. En esta situación grave y decisiva, el Presidente, gobernadores, fiscales y los mecanismos de protección parecen parte del paisaje de las zonas de silencio que se extienden por los ataques del crimen.
A 10 años de la ley y creación del Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, los asesinatos no sólo continúan, sino que cada sexenio se rompen nuevas marcas. Al de López Obrador se le acaba el tiempo para frenar esta carrera contra la libertad de expresión porque los 50 asesinados en su gestión superan ya a las anteriores. El problema es que ni el gobierno federal ni los estatales y municipales dan muestras de voluntad para aplicar la ley o saber qué hacer para prevenir, castigar y, sobre todo, evitar la impunidad. Hasta ahora, nada ha funcionado, si con Calderón cayeron 48 y en el de Peña Nieto fueron 47, el actual ya es el más mortífero, según Artículo XIX.
El gremio comienza a salir del letargo y habitual desunión con movilizaciones en 23 estados tras la más reciente ejecución, la de Lourdes Maldonado, en Tijuana, pero, en cambio, la respuesta de las autoridades no ha sido muy diferente. El Presidente habla de la obligación de su gobierno de evitar los asesinatos y pide confianza de que se investigará sin proteger a nadie, para enseguida desestimar como “politiquería” las denuncias que hiciera la víctima contra Jaime Bonilla antes de siquiera abrirse las pesquisas. Maldonado acudió a la conferencia mañanera, en 2019, para denunciar temer por su vida en el caso de un litigio laboral con una empresa del exgobernador de Baja California que, a la vista de los hechos, al menos tendría que obrar en las líneas de investigación y no ser desechada como causa o efecto de politiquear.
Su caso ha impactado particularmente por denunciar sus temores en la conferencia mañanera y también por ser uno de los siete profesionales asesinados bajo protección del mecanismo, que se creó en 2012 como medida extraordinaria ante la incapacidad de la seguridad y justicia para garantizar el trabajo de la prensa. Aunque López Obrador dice que ahora no habrá impunidad, su profesión de fe choca con datos de su gobierno, que reconocen más de 90% de las investigaciones sin castigo, al igual que en el pasado. Seguir creyendo que puede haber resultados distintos sólo por creerse diferente es el camino de repetirlos. Porque lo que sigue sin aparecer es la fuerza del Estado, más que la posibilidad de mejorar los mecanismos de protección para prevenir las amenazas con nuevas reformas legales.
Las cifras son suficientes para pensar que no es prioridad del gobierno ni de las autoridades locales, donde se comete el grueso de los delitos contra la prensa. La situación, sin embargo, es demasiado grave para mantener vivo el compromiso con la libertad de expresión de la 4T desde que llegó en 2018. La Secretaría de Gobernación sabe del riesgo de perder esa batalla para el gobierno y, por ello, se dispone a abrir una consulta para una nueva ley general que mejore el Mecanismo. Parte de reconocer la complejidad de las fuentes de amenazas, porque incluyen a las autoridades locales como parte del problema por sus vínculos con el crimen organizado, y podría agregarse a casi cualquier poder —formal o informal—, que tiene un bajo costo en usar la violencia para acallar a la prensa.
Mas no tienen claridad sobre el modelo a seguir cuando los crímenes y la impunidad muestran que el Mecanismo no puede suplir la incapacidad de la justicia con chalecos antibala o botones de pánico. La facultad de atraer los delitos cometidos en los estados con la federalización es una mejora que abrió el Mecanismo, a la que ahora podría sumarse la homologación del delito a nivel nacional, protocolos de actuación y fortalecer la prevención sobre respuestas reactivas. Pero, en cualquier caso, subsiste el problema de la justicia y lo poco convincente que es para poderes dispuestos a matar la verdad matando periodistas.
Astillero
Bonilla, el empresario (y político) // Triunfo laboral de Lourdes Maldonado // Revisión de pagos y cuentas // ¿Recibirá cargo con AMLO?
Julio Hernández López
La Jornada
Es obligado tener a Jaime Bonilla Valdez en la lista de investigaciones por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, el domingo anterior en Tijuana.
Como empresario, mantuvo una postura de prepotencia y marrullería ante la demanda por despido laboral injustificado en una televisora de su propiedad (PSN), litigio que finalmente fue ganado por quien ahí había sido conductora de programas noticiosos. Obligado a pagar por esa derrota, Bonilla debía poner a disposición de la periodista sus libros contables, lo que abría la puerta a una eventual difusión de irregularidades judicialmente punibles.
No sabes lo que viene, había comentado la periodista luego de ser notificada del triunfo de su demanda y de su inminente designación como depositaria interventora de Primer Sistema de Noticias (PSN), un consorcio de empresas de medios masivos de comunicación, conformado por una sociedad mercantil concesionaria de cuatro estaciones regionales de amplitud modulada y una estación de frecuencia modulada; una concesionaria de televisión abierta en Ensenada, Baja California, y una plataforma web. El canal televisivo transmite a través del canal 45 y en su logotipo se menciona como Tijuana-San Diego, La voz del pueblo (www.psn.si).
Lourdes Maldonado había dicho: Tengo la obligación legal de revisar la documentación contable y dar fe de que todo está legal, que se paga Infonavit, SAT, Seguro Social, que paga impuesto sobre la renta y que paga IVA. Y Bonilla no paga nada de eso, porque en los seis años que yo estuve allí, jamás vi que a nadie nos entregara nada ni se firmara nada (https://bit.ly/33SjCB2).
No pudo la periodista asumir tal papel interventor ni recibir el pago por los seis años que trabajó en PSN y los nueve que mantuvo su demanda laboral. Nada de lo antes mencionado significa una relación obligada con los hechos criminales del domingo reciente, pero parecería una preocupante predisposición exculpatoria el atenuar de antemano esas circunstancias.
Como político, inversionista en campañas y proyectos políticos, Bonilla llegó a gobernar Baja California por dos años, pero pretendió forzar leyes locales y Constitución federal para regalarse más años de ejercicio sin pasar por las urnas. Su administración estuvo regida por los caprichos, los arranques declarativos, las malas cuentas y las disputas incluso con miembros de su partido, Morena, entre ellos la actual mandataria estatal, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
En su primera conferencia de prensa como gobernadora, Marina del Pilar denunció en Mexicali una serie de irregularidades graves cometidas durante la administración de Bonilla: pago de rentas onerosas, contratos al doble de lo que debería cubrirse, proyectos sin culminación, entre otras anomalías. La sucesora, morenista, destacó el caso de una planta fotovoltáica: revisaremos los certificados de inversión que son por 6 mil millones de pesos, porque es un contrato desfavorable para el estado y se está haciendo una revisión técnica, jurídica y financiera (https://bit.ly/3g2J756).
Por lo pronto, el Presidente de México aceptó ayer en su conferencia matutina de prensa que Bonilla podría integrarse a su equipo, lo cual comenzó a mencionarse semanas atrás, en especial a mitad de diciembre, cuando el ya ex gobernador visitó Palacio Nacional. La presidenta de Mexicali incluso publicó ese día en redes sociales que Bonilla se incorporaría como subsecretario.
¿Y ya después verá la posibilidad de Jaime Bonilla en su gabinete?, le preguntaron ayer al presidente López Obrador, quien respondió: Sí, pero eso es otro asunto. ¿Por qué ahora hablar de eso? En Mexicali, el fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio, declaró que hasta el momento no existen indicios científicos para relacionar el asesinato de Lourdes Maldonado con su ejercicio periodístico o con el litigio laboral con el ex gobernador Jaime Bonilla (https://bit.ly/3G6xaWC).
México SA
Fracasó el plan de Lozoya // Permanece encarcelado // Juez: posibilidad de fuga
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Excelente noticia: el delincuente Emilio Lozoya permanece en la cárcel tras su intento –a un tris de ser exitoso– de recuperar la libertad para seguir su proceso penal en tal condición. El ex director de Pemex y su banda de abogánsters, más uno que otro cochupo en el Poder Judicial, lograron dar tres de los cuatro pasos necesarios para lograr su objetivo: el cambio de la medida cautelar de prisión preventiva por el caso de Agronitrogenados para que el indiciado quedara libre y el par de impugnaciones (que fueron desechadas) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por dicha modificación, pero les faltó el decisivo (el caso Odebrecht), el que le abriría la puerta de salida.
Tras el segundo intento de dejar sin efecto la prisión preventiva (ahora por el caso Odebrecht), y después del segundo rechazo a la impugnación de la UIF, Lozoya tenía preparada la maleta para abandonar el Reclusorio Norte (lamentablemente en esa instalación no hay sucursal del restaurante Hunan) y cómodamente regresar a casa, pero la sorpresa no sólo es que el ex director de Pemex se queda enchiquerado, sino que, aunque escasos, hay jueces que dignifican su función dentro de la podredumbre del Poder Judicial.
Así lo informó La Jornada (Gustavo Castillo y César Arellano): el juez federal José Artemio Zúñiga ratificó hoy que el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, debe permanecer preso al confirmarse que no han cambiado las condiciones del ex funcionario y existe la posibilidad de fuga. De esa manera cerró la audiencia realizada ayer en el Reclusorio Norte. Lozoya Austin seguirá encarcelado en esa prisión capitalina, donde se encuentra desde el pasado 3 de noviembre.
La posibilidad de fuga que sustenta la decisión del juez Zúñiga no es casual. Hay que recordar que Emilio Lozoya Austin huyó del país antes de que se liberara orden de aprehensión (julio de 2019) en su contra y se le declarara prófugo de la justicia. Resultó suficiente que alguien le informara oportunamente que la Secretaría de la Función Pública lo inhabilitaría para ocupar puestos públicos y que la Unidad de Inteligencia Financiera (mayo de 2019) a punto estaba de congelar sus cuentas bancarias del ex director de Pemex (también las de esposa y hermana) para que el ex funcionario utilizara la ruta de escape.
Finalmente lo capturaron en España y tras unos meses en la cárcel fue extraditado a México, donde gozó todo tipo de cortesías, con el pretexto de ser testigo colaborador, y la inagotable paciencia del fiscal Gertz Manero, hasta que el pato del Hunan hizo la chamba. De allí al Reclusorio Norte, en donde él y sus leguleyos armaron el fallido plan de escape, el cual, dicho sea de paso, no debió costar dos chelines, amén de que contó con la participación directa del mafioso grupo político al que pertenece (su padre, en primer lugar, Emilio Lozoya Thalmann, salinista de hueso colorado) y al que sirvió generosamente durante su paso por la ahora empresa productiva del Estado a la que, por cierto, destrozó productiva y financieramente.
De acuerdo con la información de La Jornada, el juez Zúñiga señaló que el ex director de Pemex cuenta con una red familiar que se encuentra en el extranjero y puede ayudarlo a evadir la justicia mexicana, ya que su esposa e hijos, de nacionalidad alemana, radican fuera del país y cuentan con los recursos para que pueda ocultarse en otra nación. Además, reiteró que Lozoya Austin posee una cuenta bancaria con 2 millones de euros que podría utilizar.
La audiencia de ayer se realizó por determinación del tercer tribunal unitario que resolvió que el juez Zúñiga debería analizar elementos de prueba que en la audiencia del 3 de noviembre (de 2021) no se tomaron en consideración al dictársele a Lozoya la medida cautelar de prisión preventiva justificada. En esa fecha el juez dictó prisión preventiva a Lozoya por el caso de sobornos a cargo de la empresa brasileña Odebrecht y delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Y los analizó: Lozoya permanece encarcelado. Faltan los cómplices.
Las rebanadas del pastel
¿Qué defienden los rabiosos opositores a la reforma eléctrica? Un botón: las sociedades de autoabasto no están autorizadas para vender energía y, sin embargo, 110 de ellas vulneran la ley al contar con casi 70 mil asociados que no pagan su consumo de electricidad y se han convertido en monopolios privados extranjeros (Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE).
