Violencia y poder
Javier Sicilia
Proceso
En México se exacerbó en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. A partir de entonces, la pasión que genera la adicción a la supervivencia ha crecido hasta ocupar una gran parte de nuestra vida social y política.
Elías Canetti, ese gran estudioso del poder que inspiró mi artículo En el espejo de Hitler (Proceso 2354) para tratar de entender algo de la psicología de López Obrador, tiene un ensayo, Poder y supervivencia, que intenta explicar uno de los mecanismos que están en la base de la violencia que se ha apoderado de México.
Según Canetti hay, en el fondo del terror y la aflicción que nos causa la presencia de un muerto, la sensación de haberlo sobrevivido, de que el muerto es el otro; “un triunfo que permanece oculto y a nadie confesamos, ni siquiera a nosotros mismos”. Algo que, si llegamos a percibir, lo minimizamos obligados por la vergüenza, pero que, nos guste o no, crea una sensación de poder. Al mismo tiempo que el muerto alimenta nuestro miedo y repulsión a la muerte, es él “quien ha muerto en nuestro lugar” y eso produce la “impresión de que hemos crecido un poco”, de que sobrepasamos la muerte.
Pero no siempre es posible ocultarlo. Está en el fondo de toda violencia, es decir, en todo acto que busca derribar a otro, dominarlo, someterlo –una forma simbólica de matarlo–. Su expresión más clara, dice Canetti, está en las violencias más primitivas, de las que el box o las artes mixtas son su expresión domesticada. Quien se lanza a combatir sabe que se arriesga a ser vencido. Pero si vence “siente aumentar su propia fuerza y afrontará con más energía al siguiente adversario”.
Conforme vence crece su sensación de invulnerabilidad. Es como si su cuerpo se revistiera de un poder sobrehumano. El prestigio y el temor que impone, así como el sentimiento de su propia grandeza, “se componen de todos los instantes en que se ha alzado victorioso sobre un enemigo abatido”. Se le teme y, muchas veces, se le admira “por la superioridad que le confiere su propia sensación de invulnerabilidad (de ser un superviviente). Él mismo desafía sin ningún escrúpulo a quien no se le somete”. A esa sensación de invulnerabilidad contribuye la ausencia de justicia: la impunidad refuerza la victoria.
Los relatos épicos, ya sean antiguos o modernos, están llenos de eso. Es su tela de fondo. En México, desde la historia de Huitzilopochtli hasta el Himno Nacional, pasando por el canon de la historia patria que se enseña en las escuelas, los corridos, los ahora narcocorridos, las series de narcos y los videojuegos, los héroes que los protagonizan –sean “buenos” o “malos”– están construidos con los cuerpos de los vencidos, de los caídos, de los sometidos y los muertos.
Cuando esa experiencia sale de sus marcos puramente narrativos y de las contenciones morales que hay en nosotros frente a la experiencia de la muerte, y se desata en la vida social, sin ninguna sanción jurídica, se vuelve, dice Canetti, una especie de adicción que no sólo busca repetirse, sino crecer hasta convertirse en una pasión insaciable. “Quien se halle poseído por ella se apropiará de las formas de vida social de su entorno, poniéndolas al servicio de esa pasión”.
En México se exacerbó en 2006 durante el gobierno de Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico. A partir de entonces, la pasión que genera la adicción a la supervivencia ha crecido hasta ocupar una gran parte de nuestra vida social y política a lo largo y ancho de los mil 973 km2 del territorio nacional.
Ya sea en sus formas menos virulentas –la violencia doméstica, el hostigamiento sexual, el maltrato, la coacción psicológica, la intimidación a través de las redes sociales incluyendo las descalificaciones, insultos, difamaciones que, disfrazados de una política de la “verdad”, López Obrador ejerce desde el patíbulo de la “mañanera”– o en sus formas más sanguinarias –los asesinatos en lugares públicos, los enfrentamientos en territorios civiles, las masacres, los cuerpos torturados, desmembrados, decapitados y exhibidos públicamente o desenterrados de fosas clandestinas–, lo que vemos a diario en México es la pasión sistemática y desbordada del poder y de sus mecanismos más oscuros.
Todos nos quejamos de su presencia. Algunos la resisten con la palabra; otros, desbordados por la violencia extrema de las armas, con el poder mismo de las armas, pero no osamos contenerla como sociedad; no osamos ponerla como el tema fundamental de nuestras prioridades humanas para detenerla.
Quizá esto se deba a que atrapados por esa misma pasión nos hemos vuelto parte de ella por temor o complicidad. Quizá porque, aun cuando no la ejerzamos de manera brutal en nuestras relaciones diarias –siempre, en algún momento, ejercemos de una u otra manera violencia– experimentamos en la muerte o en la humillación de los otros, el mismo sentimiento de supervivencia que Canetti encontró en los pliegues más recónditos de nuestras vidas cuando nos enfrentamos a la muerte o la derrota de otro.
Sea lo que sea, esa pasión se apoderó del país hace mucho y crece con la solidaridad de todos.
Encarar, sin embargo, esa sensación de triunfo y poder que ocultamos cuando nos confrontamos con un muerto, y aceptar que ella es una parte tan nuestra como la que nos lleva a ir en socorro de otro, es una forma de empezar a controlarla en nuestras vidas personales, a mantenerla o devolverla a los límites en los que lo humano todavía es posible en un mundo desfigurado.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra, liberar a todos los presos políticos, hacer justicia a las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales, esclarecer el asesinato de Samir Flores, la masacre de los LeBarón, detener los megaproyectos y devolverle la gobernabilidad a México.
Juegos de poder
A ver si es cierto, Presidente
Leo Zuckermann
Excelsior
El día que tomó posesión Andrés Manuel López Obrador como Presidente, el mismísimo primero de diciembre de 2018, el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, del semanario Orión Informativo, fue asesinado en Nayarit. Cuatro días después, Diego García Corona sería la segunda víctima mortal del gremio periodístico, ahora en el Estado de México. Y luego otro y otro y otro hasta sumar 47 en lo que va de este sexenio. La última: Lourdes Maldonado, en Tijuana, este pasado fin de semana.
Gracias a la lista que publica la organización Propuesta Cívica, sabemos cada uno de los nombres de los 146 periodistas asesinatos desde que comenzó el sexenio de Felipe Calderón. En el caso del actual gobierno, además de los tres citados arriba, estos son los nombres de las personas asesinadas que laboraban en la prensa:
Margarito Martínez Esquivel, José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso Echeverría, Fredy López Arévalo, Manuel González Reyes, Jacinto Romero Flores, Ricardo López, Abraham Mendoza, Saúl Tijerina Rentería, Enrique García García, Gustavo Sánchez Cabrera, Benjamín Morales Hernández, Jaime Daniel Castaño Zacarías, Israel Vázquez Rangel, Jesús Alfonso Piñuelas, Arturo Alba Medina, Julio Valdivia, Juan Espinoza Menera, Luis Eduardo Ochoa Aguilar, Pablo Morrugares, José Castillo, Alma García, Jorge Armenta Ávalos, Víctor Fernando Álvarez, María Elena Ferral, Gitler Oseguera, Teresa Aracely Alcocer, Fidel Ávila Gómez, Álvaro Ruiz, Erick Castillo Sánchez, Nevith Condés Jaramillo, Jorge Celestino Ruiz Vázquez, Édgar Alberto Nava López, Rogelio Barragán, Juan Escamilla Bautista, Norma Sarabia, Francisco Romero Díaz, Telésforo Santiago Enríquez, Omar Iván Camacho, Santiago Barroso, Samir Flores Soberanes, Reynaldo López Salas, Jesús Eugenio Ramos Rodríguez y Rafael Murúa Manríquez.
¿Los mataron por ejercer el oficio periodístico? ¿Querían silenciarlos por el tipo de historias que estaban reportando? ¿Estaba alguno coludido con el crimen organizado? ¿O sólo fueron víctimas aleatorias, como casi cien mexicanos que son asesinados cada día en el país?
La realidad es que no sabemos las respuestas porque, tal y como ocurre con los otros homicidios de hombres y mujeres en México, la gran mayoría de los casos, más del 90%, quedan impunes.
Lo que sí sabemos es que nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer la labor periodística. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, donde más se cometen asesinatos de periodistas de todo el mundo. Una carnicería que no ha parado.
El último homicidio, el de Lourdes Maldonado, fue particularmente noticioso porque la víctima se había presentado en la conferencia matutina del Presidente el 26 de marzo de 2019 para “pedirle apoyo, ayuda y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida, porque se trata de un pleito que tengo seis años con él [Jaime Bonilla, entonces superdelegado federal quien, a la postre, sería el gobernador de Baja California] y que salió el laudo a mi favor en la Junta Federal de Conciliación. Sin embargo, hace poco regresaron el expediente y en tres semanas salió en mi contra absolutamente”.
No puede echarse en saco roto que la víctima, desde hacía más de dos años, se sentía amenazada de perder su vida. Ella misma lo expresó frente al Presidente y todos los medios de comunicación presentes.
Al parecer, el laudo laboral finalmente se ejecutó a favor de Maldonado. Llama la atención, en este sentido, la postura del Presidente sobre el posible involucramiento de su amigo, Jaime Bonilla. López Obrador, quien es lapidario en sus juicios cuando así le conviene, ahora se muestra tremendamente precavido. Por un lado, dice, “si hay vinculación con lo de la denuncia de tipo laboral y ver quiénes son los responsables, verlo con mucha responsabilidad”, pero, por el otro, advierte que “no se puede así, en automático, vincular una demanda de tipo laboral a un crimen, no es responsable adelantar ningún juicio, hay que esperar”.
Ayer, el Presidente volvió a hablar del tema y se comprometió, de nuevo, “a aclarar este crimen y a evitar que continúen los asesinatos de periodistas y de los ciudadanos”. Como siempre, se diferenció de los gobiernos anteriores: “nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.
Muy bien, Presidente. Le tomamos la palabra. Que se aclare el crimen de Lourdes Maldonado y 46 periodistas más que han sido asesinados durante su sexenio. Que se evite que la lista siga creciendo. Demuéstrenos, en los hechos, no en las palabras, que ustedes sí son diferentes de los gobiernos pasados.
México SA
Lozoya a punto de dejar la cárcel // Otro cochupo del Poder Judicial // Reanuda mesa minera en Segob
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
Lo dicho: una vez más, la autoridad judicial hace el trabajo sucio, disfrazado de legalidad, para que el delincuente Emilio Lozoya Austin abandone el Reclusorio Norte y siga su proceso en libertad. Primero lo hizo (viernes pasado) con el caso de Agronitrogenados –un descarado fraude a la nación– y ahora va por el de Odebrecht, un estercolero que involucró a la clase política de no pocos países latinoamericanos, aunque en ellos sí encarcelaron a varios, incluidos varios ex presidentes. Por el contrario, en México todos los presuntos implicados permanecen intocados y la versión pública del expediente rasurada a más no poder.
La Jornada (César Arellano y Gustavo Castillo) lo reseñó así: un tribunal unitario en materia penal con sede en la Ciudad de México determinó que el juez de control del Centro de Justicia Federal con sede en el Reclusorio Norte revise si el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin debe permanecer en prisión preventiva en el juicio que enfrenta por los sobornos de Odebrecht (10.5 millones de dólares). Mañana (hoy) se realizará la audiencia donde el impartidor de justicia decidirá si le cambia la medida cautelar (léase liberarlo). El tribunal federal ordenó que se analice la apelación que realizó el ex funcionario a efecto de que se resuelva si es procedente dejarlo en prisión preventiva o recupera la libertad. En el caso de Odebrecht a Lozoya se le acusa de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa, por lo que el juez del caso le dictó prisión preventiva.
Entonces, el operativo está aceitado y con el caminito limpio, porque el pasado viernes el mismo tribunal unitario determinó procedente modificar la prisión preventiva por el caso de Agronitrogenados para que Lozoya abandonara el Reclusorio Norte. Sin embargo, como bien lo advirtió un funcionario consultado por La Jornada en esa ocasión, tal decisión no implica que deje la prisión, toda vez que el ex funcionario enfrenta el juicio por los sobornos de Odebrecht, y tampoco se traduce en la cancelación de los cargos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la compra con sobreprecio a favor del mafiosi Alonso Ancira.
Quedaba una piedra brasileña en el camino: la prisión preventiva por Odebrecht, de tal suerte que la misteriosa cuan larga mano del grupo político que mueve los hilos (el dinero es uno de ellos) en el Poder Judicial apresuró el pendiente para que también por este caso Lozoya sea liberado y regrese a su casa, en donde cómodamente se mantuvo (sólo para asistir a lujosos restaurantes) desde su extradición en julio de 2020.
Cuando el pasado viernes se conoció la decisión judicial de modificar la medida cautelar de prisión preventiva (léase liberar a Lozoya Austin, en el caso Agronitrogenados), de inmediato la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó una demanda de juicio de amparo para que sea revisada la constitucionalidad de dicha resolución y solicita la suspensión de sus efectos a fin de evitar una obstrucción en la continuidad de los procesos.
Pero más tardó en secar la tinta del texto de la demanda presentada el viernes pasado que la propia UIF en verse en la necesidad de hacer lo propio por segunda ocasión (en menos de dos días laborables), ahora por el caso de Odebrecht. “Presentamos un amparo contra la revocación de un tribunal unitario, respecto a la resolución de prisión preventiva de Emilio N, dictada por el juez” en el proceso que lo involucra con el consorcio brasileño.
En síntesis, fraude a la nación, corrupción galopante, lavado de dinero, asociación delictuosa, cohecho y muchos delitos más resultan, a ojos del citado tribunal unitario, peccata minuta. Se necesita cara muy dura para proceder de esa forma, pero no hay que olvidar que en este país ser delincuente de cuello blanco es garantía de impunidad, y de ello hay sobradas pruebas.
Las rebanadas del pastel
Hoy reanuda la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación (la misma que Luisa María Alcalde no tuvo tiempo de instalar en 30 meses, pero Adán Augusto lo hizo en 24 horas), con la participación del sindicato minero y (se supone) representantes de Grupo México (del tóxico barón Germán Larrea). La coordina Alejandro Encinas, subsecretario de Población y Derechos Humanos. El objetivo es lograr acuerdos definitivos para solucionar la huelga estallada en junio de 2007 en Cananea (más las de Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas).
