La inmaculada percepción
El testamento del Presidente
Vianey Esquinca
Excelsior
El viernes pasado, una vez más se demostró que, cuando no está Andrés Manuel López Obrador, su gabinete pierde la cabeza; no fueron ni eficientes ni transparentes para comunicar la situación médica del mandatario. Incluso recurrieron a la mentira, pues a las 16:15 pm, el vocero presidencial Jesús Ramírez dijo, a través de un tuit, que el Presidente había ingresado al Hospital Central Militar “para llevar a cabo una revisión médica de rutina programada”.
El coordinador de Comunicación Social seguramente aparecerá el próximo miércoles en el Quién es Quién en las mentiras de la siempre “implacable” e “infalible” Ana Elizabeth García Vilchis porque que lo que escribió fue falso. No una, no dos, sino tres horas y media después, casi a las 8 de la noche, la Secretaría de Gobernación informó que el Presidente había ingresado para realizarse un cateterismo. Sin embargo, a las 20:11 pm mandaron una corrección al primer boletín agregando que el Presidente tenía antecedentes “de hipertensión y cardiacos”.
Finalmente, llegó la buena noticia, el Presidente apareció ayer en un video señalando que se encontraba bien. La mala noticia es que habló de que tenía un testamento por si llegaba a faltar: “Yo tengo un testamento político, no puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad entonces tengo un testamento para eso, afortunadamente no va, creo yo, necesitarse y vamos a seguir juntos”.
Por muchas razones, eso representa un mal presagio. Primero, porque el Presidente sí está considerando una eventual falta; segundo porque un testamento es una “declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento” y hasta el momento de escribir esta columna, y a menos que suceda algo extraordinario, México es de todos los mexicanos, no bien de ninguna persona física o moral. ¿Por qué el Presidente quiere legar algo que, según la ley, no le pertenece?
¿Qué es lo que el mandatario quiere heredar?, ¿el gobierno? habría que recordarle que los mexicanos también tienen un testamento, cuya última versión se firmó en 1917 y que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que además no tiene que ir con ningún notario a consultar de qué se trata, basta meterse en internet para leer que en el artículo 84 se establece lo que habría de hacerse en caso de falta absoluta del Presidente.
Además, ¿qué podría haber escrito el tabasqueño en ese testamento?: “Claudia (Sheinbaum) por favor sigue siendo mi mini-me, vas muy bien. Marcelo (Ebrard) te dejó en un sobre mi respuesta sobre tu candidatura a la Presidencia, ábrelo en el 2025; Ricardo (Monreal) te heredo… te heredo… Claudia, vas muy bien. Adán (Augusto López) no dejes que mis animalitos se despedacen entre sí definiendo las candidaturas, mételos en corrales distintos. No los juntes.
“También deseo que en todas las carreras de economía se imparta la materia “otros datos”; en las de comunicación la de “yo tengo otra información” y que en las de veterinaria se realicen investigaciones sobre por qué los gansos no se cansan. Como ya se murió Friedrich Katz, quiero que mi biografía oficial la escriba Pedro Salmerón.
“Denles mis abrazos y no balazos a los cárteles del crimen organizado, y díganles a todos que mi fuerte no fue la venganza, salvo para mis adversarios (tú no, Emilio Lozoya).
“PD: No dejen bajo ninguna circunstancia que Hugo (López-Gatell) me atienda a mí ni a mi familia”.
Número cero
Hora cero reforma eléctrica
José Buendía Hegewisch
Excelsior
La hora cero del proyecto más importante de la 4T ha llegado con la discusión de la reforma eléctrica, con la que busca enterrar la política energética del Pacto por México. Se debate en Parlamento Abierto en el Congreso, entre cúpulas empresariales, en los medios y con el gobierno de EU, sobre un tono apocalíptico para la economía y el país. Las amenazas y los riesgos han sido ampliamente estimados, pero el Presidente está decidido a lograr su sueño de reordenar el mercado eléctrico, y heredar el costo a los que vengan después.
López Obrador lo ha intentado todo por sacar adelante su modelo energético como si el destino del país dependiera de la electricidad o el sello de su gobierno. Primero canceló nuevos permisos a particulares, a los que acusa de beneficiarse de subsidios y de la corrupción de la apertura del sector con la reforma de 2013. Luego impulsó la aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica, inhabilitada por amparos en la Corte. Y ahora una reforma constitucional para retomar el control del sistema eléctrico, a través de la CFE, por considerar que está a merced de intereses extranjeros.
La reforma eléctrica podría marcar un cambio importante con la inversión extranjera, en la experiencia del país en el arbitraje internacional y en la cooperación con EU. Pero se equivocarían quienes piensen que eso es suficiente para frenar el proyecto. EU, a través de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, ha expresado con claridad “preocupaciones reales” por su impacto negativo, pero de modo constructivo para cuidar su relación con México por entender que la confrontación es poco eficaz. Las ventanas de la negociación están abiertas para calmar a los empresarios estadunidenses con acuerdos caso por caso –como le ofreció López Obrador– y reducir dudas de EU sobre los obstáculos que abriría a la cooperación energética.
A pesar de esto, la reforma será uno de los puntos de mayor fricción con EU y abrirá controversias en el T–MEC y demandas muy costosas en paneles internacionales, además de mayor retraimiento de inversión. Pero EU también trabaja con una perspectiva geopolítica enfocada en la competitividad de América del Norte y prefiere enfocarse en avanzar hacia una “asociación” con México en energías limpias, como ofreció Granholm. Eso pasa por garantizar primero la protección de intereses de sus empresarios en México como exigen congresistas al gobierno de Biden.
La reforma está aún en el aire debido a falta de apoyo legislativo interno, pero la posición de EU es importante por las implicaciones para el futuro de la región y la imagen de México en un mundo que gira hacia energías limpias. Los costos económicos y medioambientales, sin embargo, son de largo plazo y, por tanto, ya no le caerían a la actual administración. Si se aprobara y comenzarán a correr las demandas, no sería hasta final de 2022 que llegarían a tribunales y luego podrían tardar hasta 3 años en resolverse. El próximo gobierno tendría que lidiar con ellas –que algunos estiman 20 veces superiores a la inversión extranjera en el sector–, u ofrecer nuevas negociaciones a los demandantes.
Pero todos estos costos son poco escuchados en el diálogo de sordos en que trascurre el Parlamento Abierto en el Congreso. La campaña contra la reforma predice un cataclismo para la anémica economía mexicana con la electricidad más sucia y cara, pero desdeña la crítica oficial sobre abusos en el sector y la exigencia de “autosuficiencia energética” que también preocupa a otros comenzando por EU. Del otro lado, la 4T se envuelve en el combate a la corrupción como tabla de salvación para la maltrecha CFE y evitar desabasto de electricidad como ocurre incluso en regiones que ya transitan a energías limpias. Y desecha los costos de anclar el desarrollo a fuentes fósiles al reducir cualquier crítica al interés de empresarios “reverendos ladrones” que buscan beneficiarse.
La confrontación de posturas, aparentemente irreconciliables, tendrá que abrir espacio a la negociación para sumar votos del PRI, que ya ha advertido que no pasará sin cambios. Pero otra vez el enfoque está en los costes de corto plazo, por ejemplo, electorales, pero muy alejada de las perspectivas de futuro frente a una transición energética en el mundo que va más allá de los gobiernos.
SEP, la sombra que pasa
Hugo Aboites *
La Jornada
Al cumplir un siglo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) da señales de obsolescencia terminal. Pero no siempre ha sido así. En sus inicios, en las décadas de 1920 y 1930, se convirtió en el fondo sólido de conocimiento y de futuro de lo que debería ser la nación posrevolucionaria. Un prolífico semillero de iniciativas y un espacio de discusión y definición de la educación sin paralelo en la historia independiente de México. Y no sólo abrió la escuela urbana y rural a miles, sino que retomó de sus maestros y organizaciones sociales el ánimo rebelde y la esperanza que había generado la Revolución.
Creó así una idea y un proyecto concreto de educación y de multiplicación de espacios de conocimiento que apasionó a maestros, consiguió despertar a comunidades y sectores abandonados, arrasó con conservadores y derechistas y, además, atrajo a intelectuales locales y extranjeros.
La SEP convocó a maestros sabios, capaces de leer la historia de exclusión y sometimiento, extraer de ahí lecciones y generar entonces un proyecto educativo muy distinto al de la dictadura. Como en otras revoluciones, en ésta también la educación fue asumida como el alma y centro de renovación constante del movimiento social que le dio vida. Convocó a miles de jóvenes, hijas e hijos de obreros y campesinos, a construir como magisterio una educación desde las comunidades y desde las necesidades y derechos de millones de campesinos, obreros, empleados, estudiantes. El arte y la educación se convirtieron, así, en un espacio clave de la construcción de una sociedad distinta.
Hoy, sin embargo, la SEP está penosamente ajena a la construcción de una nación. Desde hace décadas, pero ahora más, dada la impronta neoliberal, es una sombra sin alma y sin emoción, que pasa sin dejar huella y que, en ausencia de lo sustancial, se concentra en ser una buena burocracia autoritaria –como de manera ejemplar lo hace la Usicamm (Unidad encargada de dar reconocimiento monetario a las y los maestros). Guarda celosamente el orden, aplica el marco normativo y denosta a las comunidades escolares y universitarias que, con el referente de las autoridades sanitarias, calibran ellas mismas, de manera colectiva y libre, cuál es el riesgo a la salud de estudiantes y maestros.
Es una SEP que no habla, no explica, pero que tampoco quiere sentarse a escuchar y construir acuerdos sobre la pandemia y otros puntos importantes. Una SEP que no supo leer la oportunidad que le daba la rebelión social electoral de 2018, que no entendió o no quiso entender que esa fuerza social era la oportunidad de recrear a la SEP y a la educación en México, o por lo menos crear un marco legal que la propiciara.
No se preocupó por conectarse con las muchas formas en que la llegada al poder de los tecnócratas afectó profundamente la vida y esperanzas de niños, jóvenes, familias, maestros y académicos. No consideró realmente importantes las altas colegiaturas, las evaluaciones para el ingreso que favorecen a los ya privilegiados, los sobresueldos discrecionales, la comercialización de servicios universitarios, la vigencia de jerarquías autoritarias e intocables, y una orientación elitista de la educación que excluye en automático las necesidades de conocimiento de la mayoría de los habitantes del país, sus comunidades y organizaciones, sus barrios y asentamientos en la periferia de las ciudades, sus jóvenes desempleadas(os), sus mujeres sometidas y abusadas.
No captó que en los cinco años previos a 2018 hubo en México uno de los periodos más represivos de la historia de un siglo de educación. Aparte del 68, nunca habíamos visto represión como la que se dio contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que pedían gratuidad y el cese en el uso de los exámenes estandarizados del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval); contra normalistas de Ayotzinapa y contra una comunidad y maestros (Nochix-tlán) por oponerse al esquema de evaluación-despido del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE).
Y a tal punto llegó esta indiferencia de la SEP que, en su momento, el recién nombrado secretario de Educación Pública sugirió que fuera ese mismo INEE quien diseñara la nueva evaluación de los maestros. Una Secretaría de Educación Pública que mantiene y defiende las evaluaciones discriminatorias de estudiantes y maestros, los sobresueldos discrecionales, la comercialización de servicios universitarios, las jerarquías autoritarias en escuelas y universidades. El efecto acumulado de estas iniciativas es precisamente el que luego denuncia el Presidente: individualismo elitista. Pero es la SEP la que ha decidido mantener estos rasgos.
En medio de una proclama de transformación nacional y de la urgente necesidad de dinamizar en México los procesos de conocimiento, es la SEP una sombra intangible y conservadora.
P.S. Agotados los ejemplares de mi libro La medida de una nación , la editorial Ítaca y UAM publicaron ya una segunda edición (corregida y gratuita): https://editorialitaca.com/wp-content/uploads/La-medida-de-una-nacion-2021-1×1-1.pdf .
* UAM-Xochimilco.
