Número cero
Estados de Morena en llamas
José Buendía Hegewisch
Excelsior
Un fuego político intenso se percibe desde los estados, la mayoría gobernados por Morena y otros en los que se definirá en 2022 algo más que seis gubernaturas. Varios se ven dominados por derivas autoritarias y espirales de violencia que indican el clima que puede envolver a las urnas y da pistas de la temperatura hacia la sucesión presidencial de 2024. La justicia hace agua entre ellos por abusos de poder y relaciones peligrosas con el crimen organizado, que los desafía. La situación es explosiva y amenaza con arrasar la estabilidad de regiones del país hacia el final del sexenio.
Los estados desde hace dos décadas se manejan como feudos de poder dentro de la Federación, a pesar del mando fuerte y la centralización hoy en la Presidencia de López Obrador. En apenas tres años, el territorio se ha pintado de guinda con el triunfo de Morena en 17 de ellos, pero el avance electoral no se traduce en mejores gobiernos y resultados en seguridad, justicia o contra la violencia respecto a los anteriores. Incluso, la conflictividad en Veracruz, Zacatecas, Morelos, Michoacán o Chiapas se ha agudizado al son de disputas de grupos políticos locales como escenario para posicionarse hacia 2024.
Entre viejas formas autoritarias, abusos de poder y la amenaza rampante del crimen, los estados enfrentan un alarmante retroceso en seguridad y derechos humanos. Un caso paradigmático es Veracruz con la recuperación de tipos penales como el “ultraje a la autoridad”, con el que jueces de consigna aplacan a adversarios políticos como ocurre también en otras entidades. Éste fue el cargo al que recurrió el gobierno de Cuitláhuac García para encarcelar a seis jóvenes en septiembre pasado sin pruebas en su contra, más que “ofender” a la autoridad. Es un delito que refleja una política de justicia sin mínimo estándar probatorio, tanto que la CNDH le ha pedido derogarlo, por violar derechos humanos. Y digo política porque la suposición de un delito sirve como sable justiciero contra otros políticos locales o como represalia por denuncias de abusos de autoridad de los propios liderazgos de Morena como Ricardo Monreal respecto a la detención de uno de sus hombres cercanos y secretario técnico en el Senado, José Manuel del Río Virgen, por el gobierno de Veracruz.
El estado de la justicia es ruinoso porque los ciudadanos no sienten que la ley los cobije y se hipoteca en disputas dentro y fuera de los grupos de poder local, lo que configura escenarios de desestabilización a medida que se recrudezcan hacia el final del sexenio. Varios gobiernos morenistas cruzan la mitad de su mandato, pero sus resultados no han logrado dejar atrás, por ejemplo, la violencia de sexenios y destrozos como los del priista Javier Duarte en Veracruz, o los del perredista Graco Ramírez en Morelos. Sólo en el arranque del año, nueve cuerpos fueron abandonados en una carretera veracruzana con amenazas contra el gobierno de Cuitláhuac, para sumarse al registro de mil 225 homicidios en 2021 y enterrar su promesa de acabar con la inseguridad en dos años.
La confrontación y la venganza política como respuesta sustituye a la acción de gobierno con justicia a modo y jueces de consigna. Cuitláhuac se apoya en el respaldo del Presidente para escarmentar a Monreal por meterse en asuntos de su estado y reprender su rebeldía por buscar la candidatura de Morena para el 2024 sin estar entre las corcholatas de la sucesión. El gobernador de Zacatecas acusa a los mandatarios vecinos de usar la entidad como cementerio para tirar sus muertitos en su territorio, mientras el crimen lo desafía con decenas de cuerpos colgados en puentes o abandonados frente al Palacio de Gobierno. Y Cuauhtémoc Blanco llama “guerra sucia” a la divulgación de una foto acompañado de presuntos narcos y contesta con denuncias penales ante la FGR contra fiscales estatales a los que vincula con el gobierno anterior.
No son los únicos estados en llamas y confrontados. La violencia en Chiapas y ataques contra comunidades indígenas son un “foco rojo” de desestabilización, aunque el gobernador Rutilio Escandón defiende domar la inseguridad en la línea de discurso de todos los mandatarios estatales.
Se respiran incendios desde los estados, pero la causa del fuego no es el combate frontal a la delincuencia, sino la prevalencia de sus intereses en entidades con la seguridad y la justicia en ruinas.
Impunidad institucional
Jorge Durand
La Jornada
Por lo general, el principal indicador cuando se habla de desarrollo de un país, es el crecimiento económico y el producto interno bruto (PIB), lo que resulta insuficiente. Por eso el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, incluye entre sus indicadores la esperanza de vida, salud, educación, brecha entre géneros, sostenibilidad, desigualdad y pobreza y otros.
Sin embargo, un factor que rara vez se incluye en la valoración de una nación es del grado de desarrollo institucional, la manera en que funcionan y operan las instituciones. De acuerdo con Alejandro Portes, el desarrollo institucional es clave fundamental para el desarrollo y, para que éste pueda darse, las instituciones deben cumplir con tres requisitos indispensables: inmunidad a la corrupción, reclutamiento y promoción meritocrático y ausencia de islas de poder, ésta última se refiere a los feudos, bandas, cacicazgos, etcétera, enquistados dentro de las instituciones y que son capaces de subvertir las reglas institucionales en beneficio propio.
Tres requisitos que, ciertamente, son muy difíciles de cumplir en México y el resto de las naciones de Latinoamérica y que son las rémoras que afectan directamente la posibilidad de salir del subdesarrollo. Pero el meollo del asunto radica no tanto en la corrupción, que existe en todos los países, sino en la impunidad, en que la corrupción no se califica como delito grave; no se persigue ni se castiga el nepotismo, el amiguismo o el clientelismo y se considera una virtud la lealtad al jefe, la sumisión y el sentido corporativo y excluyente de muchas instituciones.
Si nos atenemos a la definición de impunidad: Circunstancia de no recibir castigo un delito o un delincuente muchas instituciones, en nuestras naciones, gozan de impunidad institucional, que es una forma de violencia pasiva, generalizada y cotidiana.
Por lo general, hay diferentes grados de impunidad institucional, algunas instituciones funcionan mejor que otras, hay procesos con avances y retrocesos. Sería el caso de Guatemala y su sistema de justicia que tuvo que recurrir al apoyo de la Organización de Naciones Unidas, con la Comisión internacional contra la impunidad, (Cicig) que implicó notables avances y luego retrocesos, precisamente porque se afectaban los intereses personales y corporativos de los que tenían capturado al estado (Cicig, 2019). Algo similar sucedió en Honduras con la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad, con apoyo de la Organización de Estados Americanos.
A nivel de la base eso se refleja en la opinión de un migrante de Honduras que se unió a la caravana de 2018 con su hija pequeña y dejó a su esposa y otra hija en el pueblo, decía que sólo podía prender un foco en su casa y que había tenido que desconectar el viejo refrigerador porque ya no podía pagar el recibo de la luz con la empresa privatizada.
La caravana se convirtió en el momento y la oportunidad para huir, pero en realidad operó la suma de múltiples y pequeñas impunidades que hacían la vida imposible.
La impunidad institucional, de todo órgano de gobierno y que incluye también a las instituciones particulares, afectan directamente a la población en el devenir cotidiano y en su proyección a futuro.
El resultado es un hartazgo generalizado, un cansancio generacional, una desilusión permanente porque una y otra vez se cae y recae en el mismo problema y las promesas electorales son letra muerta.
La impunidad institucional es otra forma de violencia. Ésta se ejerce sobre una parturienta que espera horas o días para ser atendida en un centro de salud; la del juez o secretario del juzgado, que recibe sobornos o traspapela papeles; la de la justicia que nunca llega; la del policía o fiscal que no investiga; la del burócrata que sólo busca entorpecer el trámite; la del maestro que falta sistemáticamente a clases; la del empleado de gobierno que ostenta varias plazas; la del banco que impone comisiones y tasas de interés excesivas; los concursos de trabajo amañados; la emisión de leyes ad hoc para compensar financiamientos de campañas político-electorales; los planes de retiro privatizados que no permiten vivir dignamente a los jubilados.
Estos contextos y prácticas que se replican en muchos países de América Latina, son un caldo de cultivo propicio para emigrar.
El sistema capitalista en naciones periféricas opera con otras reglas, tenemos un sistema imperfecto, porque las instituciones del Estado no operan de manera eficiente y adecuada para ejercer controles mínimos a la banca.
En México la tasa de interés promedio del Banco BBVA para un tarjetahabiente de bajos ingresos, en 2021, era de 67.3 por ciento y el costo anualizado total (CAT) de 92.5 por ciento, en caso de que se utilice todo el crédito. Vendría a ser lo mismo que un crédito de agiotistas que suele ser de 100 por ciento anual.
La ineficiencia, abuso, villanía y bajeza de muchas instituciones públicas y privadas ejercen una violencia pasiva y cotidiana sobre la población lo que lleva inevitablemente a tomar caminos alternativos. La paciencia del pueblo es infinita, hasta que llega el momento y la oportunidad de irse.
Bordeando el derrumbe
Rolando Cordera Campos
La Jornada
Sin menoscabo ni desmedro de los incrementos al salario mínimo, debemos reconocer que el país vive una tragedia laboral que se desdobla: por una parte, un pésimo empleo, por su calidad y nivel medio de remuneraciones y, por otra, una brecha laboral conformada por los subempleados, los que no buscan empleo y los desempleados abiertos, de grandes proporciones y desconocidas repercusiones.
De estos temas y problemas debería estar llena la agenda de partidos y legisladores, simplemente porque son los derechos fundamentales de muchos millones de mexicanos los puestos cotidianamente en entredicho. Pero no ocurre así.
La agenda de la política y del Estado, definida sin consulta ni apelación alguna por el Ejecutivo, tiene otros rumbos, otros contenidos, otros objetivos. Algunos de ellos de baja estofa y corta mirada, donde los han ubicado algunos desatinados políticos y parlamentarios que quieren llevar a la cárcel a seis consejeros del INE.
Despropósito ominoso, nada menos que por parte del presidente de la Cámara de Diputados; diarias embestidas del presidente López Obrador; campañas permanentes y vergonzosas contra el INE; en fin, toda una cruzada contra el edificio electoral democrático construido a lo largo de 30 años, con propósitos no expresos, pero con implicaciones bien identificables: (re)centralizar el poder de decisión política en el Ejecutivo, minar las capacidades del órgano constitucional electoral autónomo, quitar del camino a los que, desde la Presidencia, se califica como enemigos del proyecto de transformación. Y, lo más reciente: un delirante plan de austeridad para el INE, tal es el panorama en estas primeras semanas de año.
Sin menospreciar sus impactos más lejanos sobre las estructuras y el entramado de la democracia plural y representativa con que contamos, las querellas largamente cultivadas y, al final, mitificadas, ahora desem-bocan como afluente envenenado en el río de esa tan confusa como difusa transformación que sólo los exegetas más obtusos se atreven a calificar de necesaria o productiva para el país y su democracia.
Mala señal para la nación aquí y ahora. Peores horizontes para un futuro que muchos queremos de prosperidad y protección sociales, pero que el gobierno y su coalición parecen empeñados en negar por la vía más corrosiva de que tengamos memoria.
El abuso de la memoria desde el poder se ha vuelto práctica permanente y recurso bastardo para adquirir una legitimidad que a diario se deteriora por los abusos que se hacen de ella. Reinventar la historia para justificar excesos de autoridad y abusos del propio poder, obtenido legítimamente en las urnas, no puede conformar espacio ninguno para reproducir el mando conforme al canon democrático establecido. Ésta es la coyuntura emponzoñada a que nos lleva la Cuatro-T sin advertir lo que estas campañas de erosión de instituciones y convenciones, entendimientos y compromisos entre los actores políticos, implican para su propio futuro. Se deteriora el respeto ganado en años de entrega a una política popular considerada por muchos como auténtica y en efecto transformadora y se abre un espacio de (in)definiciones constitucionales, donde irremediablemente campeará la ilegalidad como uso y costumbre y se abrirá paso al más descarado ejercicio del otro poder, el que viene de la fuerza abierta y que se mantiene como monopolio descarado del crimen organizado.
La República sin piel ni máscara; las mediaciones para la conversación pacífica y civilizada por los suelos y sus agentes bajo tierra o trasterrados.
No pueden ser estas reflexiones propias de arranque de un año con esperanzas de mejoría en la salud y hasta en la economía. Pero se ha abusado del mito y su memoria; de la historia y sus registros; del poder y sus lecciones. Un desastre.
