Lo que dicen los columnistas

Derechos de las audiencias, calidad de la información y la asignación de la publicidad del Estado

Cuando un medio sabe que sus emisiones son observadas bajo criterios interpretativos ambiguos —y que una posible infracción puede derivar en multas significativas o incluso en la suspensión de operaciones—, el resultado más probable no es un periodismo de mayor calidad, sino la autocensura

OCTAVIO ISLAS

Proceso

La reciente presentación del Anteproyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, junto con la apertura de la consulta pública por parte de la autoridad reguladora en México, ha reactivado un debate de larga data: ¿hasta dónde debe intervenir el Estado para garantizar información veraz sin convertirse en árbitro moral ni en censor del periodismo?

El anteproyecto busca regular principios ya reconocidos constitucionalmente, entre ellos la distinción entre información y opinión, la separación entre contenido editorial y publicidad comercial, el fortalecimiento de las Defensorías de las Audiencias, el derecho de réplica y el acceso universal para personas con discapacidad.

Riesgos de la propuesta

No obstante, la incorporación de facultades de supervisión, monitoreo y sanción sobre contenidos periodísticos vuelve a colocar en el centro de la discusión el riesgo de censura previa e indirecta en la radiodifusión y la televisión mexicanas.

Para dimensionar esos riesgos, conviene analizar la propuesta desde tres planos estrechamente vinculados: sus implicaciones jurídicas, sus dilemas éticos y sus efectos operativos en el ejercicio cotidiano del periodismo.

1. El problema de origen: imponer por norma la separación entre información y opinión

Uno de los ejes del anteproyecto es exigir que los medios de comunicación distingan de manera explícita y formal cuándo transmiten información noticiosa —hechos veraces y oportunos— y cuándo ofrecen opinión, interpretación o análisis.

A primera vista, la premisa parece razonable: proteger a la audiencia frente a la manipulación, la propaganda encubierta o el periodismo presentado sin transparencia. Sin embargo, en la práctica periodística contemporánea, la frontera entre hecho, contexto e interpretación rara vez es absoluta.

Riesgo de burocratizar la narrativa periodística

El periodismo interpretativo, el reportaje de investigación y la crónica dependen de la contextualización. Obligar a separar hechos y opiniones mediante advertencias, etiquetas o formatos rígidos puede someter a los reporteros a criterios administrativos ajenos a la lógica editorial.

Así, un análisis de coyuntura, una investigación incómoda o una narración con elementos interpretativos podrían ser calificados por la autoridad como “opinión no declarada”, con el consecuente riesgo de procedimientos o sanciones.

El peligro de convertir al Estado en árbitro de la verdad

Si el Estado supervisa la veracidad de la información para determinar si un medio miente, desinforma o confunde a la audiencia, el poder público adquiere la facultad de decidir qué debe considerarse verdad factual y qué debe catalogarse como falsedad.

Ese escenario resulta especialmente contrario al derecho a la información y, por supuesto, delicado para el periodismo de investigación, que con frecuencia contradice versiones oficiales.

Una investigación crítica podría ser tratada como información “no veraz” u “opinión disfrazada”, abriendo la puerta a expedientes sancionatorios contra contenidos incómodos para el poder.

2. Monitoreo estatal y riesgo de efecto inhibidor

Supervisión estatal sobre contenidos

El aspecto más controvertido del anteproyecto se encuentra en las facultades de supervisión y fiscalización sobre las transmisiones de radio y televisión. Si el regulador puede monitorear contenidos para evaluar el cumplimiento de códigos de ética o reglas de veracidad, su intervención deja de ser meramente técnica y entra de lleno en la dinámica cotidiana de las redacciones.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que la libertad de expresión no sólo protege frente a la censura previa, sino también frente a los medios indirectos de restricción. En esta categoría pueden incluirse la presión regulatoria, la amenaza constante de procedimientos sancionatorios y la vigilancia administrativa sobre la línea editorial.

Cuando un medio sabe que sus emisiones son observadas bajo criterios interpretativos ambiguos —y que una posible infracción puede derivar en multas significativas o incluso en la suspensión de operaciones—, el resultado más probable no es un periodismo de mayor calidad, sino la autocensura.

En ese contexto, los concesionarios pueden optar por moderar sus críticas, evitar investigaciones incómodas sobre funcionarios públicos y privilegiar contenidos inocuos. El efecto final sería una esfera pública menos crítica y, por tanto, una vida democrática de menor calidad.

3. Defensorías de las audiencias: autorregulación, mediación y límites del control estatal

En las democracias consolidadas, la protección de los derechos de las audiencias suele apoyarse en un modelo de autorregulación guiada. En este esquema, los medios elaboran sus propios Códigos de Ética y designan Defensorías de las Audiencias con autonomía técnica para atender quejas del público, emitir recomendaciones y promover la alfabetización mediática.

El problema aparece cuando el anteproyecto altera ese equilibrio y convierte una figura de mediación ética en una pieza funcional del aparato fiscalizador. Esa distorsión se expresa, sobre todo, en dos riesgos:

Riesgo de perder su naturaleza ética: Las defensorías fueron concebidas para resolver dilemas deontológicos y fortalecer la relación entre medios y audiencias. No deberían funcionar como auxiliares, informantes ni extensiones de un órgano fiscalizador gubernamental.

Riesgo de sustituir sanciones morales por sanciones punitivas: Frente a una falta ética, las respuestas adecuadas son la rectificación pública, el derecho de réplica o la recomendación del defensor. Convertir esos incumplimientos en infracciones administrativas sujetas a sanciones económicas desnaturaliza la ética periodística y la transforma en un régimen punitivo de Estado.

4. El valor democrático de los derechos de las audiencias

Sería un error descalificar por completo el debate sobre los derechos de las audiencias. En México, las audiencias han sido históricamente afectadas por modelos comerciales de radiodifusión que han normalizado prácticas opacas y excluyentes, entre las que destacan:

Infomerciales y periodismo pagado: la venta de espacios informativos a actores políticos o corporativos, sin advertirlo de forma clara a la audiencia, constituye una práctica opaca que lesiona el derecho a recibir información transparente.

Falta de accesibilidad: millones de personas con discapacidad auditiva o visual siguen quedando al margen del debate público debido a la insuficiencia de subtitulaje.

Proteger a las audiencias sí es una causa legítima y necesaria. El problema no está en la finalidad, sino en el instrumento.

5. ¿Y los medios públicos?

El marco regulatorio resulta insuficiente si el propio Estado no asume una responsabilidad ética e institucional respecto de la calidad, veracidad y neutralidad de los medios que administra directamente.

En una democracia plural, los medios públicos no deberían operar como voceros del gobierno en turno. Su razón de ser es servir a la sociedad mediante una alternativa periodística independiente, sustentada en el rigor informativo, la pluralidad de voces y la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

En el contexto mexicano, la frontera entre información pública y propaganda gubernamental se ha vuelto cada vez más difusa. Diversas voces críticas y analistas han advertido que algunos canales de televisión y estaciones de radio, financiados con recursos públicos, operan como auténticas plataformas de difusión ideológica y defensa sistemática de las políticas oficiales.

La perversión de los medios públicos resulta lamentable. Cuando los medios públicos responden a propósitos partidistas, renuncian a cumplir su función de servicio público.

6. Coherencia entre exigencia pública, medios públicos y gasto estatal

El debate sobre los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias suele centrarse en las obligaciones de las concesionarias frente al público: distinguir con claridad entre opinión e información, garantizar contenidos accesibles para personas con discapacidad y promover una oferta informativa plural.

Sin embargo, el ecosistema mediático no opera en el vacío: la independencia editorial y el derecho a recibir información veraz dependen también de las condiciones económicas en las que se produce esa información.

Publicidad oficial y presión indirecta

La asignación discrecional de la publicidad oficial ha funcionado históricamente como una forma de censura indirecta o como premio al sometimiento editorial.

Cuando los recursos públicos se distribuyen sin reglas claras, criterios objetivos ni rendición de cuentas, el Estado adquiere un poder desproporcionado sobre la supervivencia financiera de los medios.

Esta práctica ha distorsionado el mercado informativo, afectando el principio que los propios lineamientos buscan proteger: el derecho de la audiencia a recibir información libre de presiones estatales.

Desde la perspectiva ciudadana, saber qué medios reciben contratos, subsidios indirectos o campañas oficiales es indispensable para detectar posibles conflictos de interés y evaluar la imparcialidad de la cobertura noticiosa.

Medios públicos y congruencia institucional

La protección de los derechos de las audiencias debe comenzar por los propios medios públicos. Resulta contradictorio exigir a los concesionarios privados altos estándares de veracidad, distinción entre opinión e información y respeto al público, mientras los medios estatales incurren en prácticas propagandísticas o dependen de criterios opacos de asignación presupuestal.

Protección a las audiencias y rendición de cuentas presupuestal son dos caras de la misma moneda. Exigir reglas claras a los medios mientras el gobierno mantiene opacidad en la distribución de recursos genera un desequilibrio institucional difícil de sostener.

Transparencia financiera como condición democrática

Si el objetivo es democratizar los medios y empoderar a la ciudadanía, la fiscalización del gasto en publicidad oficial no es una demanda accesoria: es una condición indispensable para garantizar una prensa verdaderamente libre y un público auténticamente informado.

Un gobierno que pretende tutelar el derecho a la información debe rendir cuentas claras sobre cómo, cuánto y a quién asigna el presupuesto destinado a comunicación social.

Regular los derechos de las audiencias sin transparentar el flujo de dinero público hacia los medios deja incompleta la ecuación y abre la puerta al control mediático indirecto.

En conclusión, garantizar la calidad informativa no es una concesión del poder público, sino una obligación constitucional. La regulación sólo será legítima y efectiva cuando el Estado demuestre, con hechos y pluralidad cotidiana, que los medios públicos no están al servicio de ningún proyecto político, sino de la verdad, la ciudadanía y la sociedad.

Número cero

Derechos de audiencias, ¿garantía o control?

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

Excelsior

Una iniciativa para fijar los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, promovida desde un gobierno con control político y a las puertas de una elección intermedia decisiva, ¿qué podría salir mal? 

El proyecto de Sheinbaum reabre un debate congelado desde que esos derechos se incorporaron a la Ley de Telecomunicaciones en 2013, pero quedaron suspendidos por una batalla judicial impulsada por concesionarios de radio y TV. Trece años después, el problema es igual: cómo garantizar a las audiencias recibir información veraz y confiable, sin que sea un mecanismo de control político sobre la prensa.

El equilibrio es casi imposible. La relación entre poder y medios es conflictiva. La prensa fiscaliza al poder y éste busca influir en la conversación pública. Cuando alguno concentra demasiado poder, el derecho de la sociedad a un espacio público bien informado termina por desvirtuarse con demagogia, propaganda o publicidad.

Por eso resulta tan delicado que sea el gobierno el que defina los criterios para distinguir entre información y opinión, por ejemplo. No se trata de negar la obligación del Estado de proteger esos derechos, sino de preguntarse si el gobierno puede delimitarlos sin cargar la balanza a su favor.

El rechazo tajante de Sheinbaum a que puedan prestarse a la censura es retórico o cuestión de fe. No convence al gremio y organizaciones civiles la idea de colocar al gobierno como juez de última instancia. Su modelo faculta a la Comisión de Telecomunicaciones a resolver controversias si no se solucionan en la defensoría de la audiencia, que cada medio está obligado a designar, junto con su propio código de ética. 

Ahí está el nudo del debate. El riesgo no es sólo la censura abierta, sino la autocensura. Si una autoridad administrativa bajo control político puede dar fallos sobre asuntos editoriales e imponer sanciones económicas con base en conceptos subjetivos, los medios tendrán incentivos para moderar contenidos antes que enfrentarse al regulador. La línea entre garantizar derechos y disciplinar la crítica es tenue.

La paradoja es evidente. Tan peligroso dejar esos derechos sólo a los intereses del mercado y la autorregulación mediática, como permitir que una autoridad dominada por la mayoría política decida qué información circula y en qué condiciones. Aristóteles advertía que la virtud reside en el justo medio: aquí en un punto en que ninguno anule al otro entre el pathos de la imprescindible autocontención del Ejecutivo, el ethos de la credibilidad de los medios y la lógica de las audiencias para rechazar manipulaciones y mentiras de sus líderes políticos.

La preocupación resulta mayor por el contexto. Morena se prepara para unas elecciones intermedias clave para preservar su hegemonía legislativa y territorial. En esas condiciones, cualquier facultad para intervenir sobre los contenidos mediáticos será inevitablemente leída bajo una lógica política, aunque el propósito sea proteger derechos.

Hay otra paradoja. Si mañana cambia la correlación de fuerzas, ese mismo instrumento podría quedar en manos de un gobierno de signo opuesto. Las reglas diseñadas para beneficiar coyunturalmente a una mayoría suelen terminar utilizándose contra quienes las crearon.

La consulta pública puede ser una oportunidad para dibujar fronteras en un momento en que están difuminadas por el choque entre poder y medios los últimos ocho años. Un buen marco de referencia puede ser la jurisprudencia de la Corte sobre los derechos de las audiencias como parte del catálogo de derechos humanos; que puede vulnerarse tanto por un esquema de absoluta autorregulación de las empresas —al que pretendían regresar con una contrarreforma de 2017—, como dar la llave de la verdad al poder político como enseña la actuación de la CNDH.

Y, aun así, el debate llega con una dosis de anacronismo. Mientras la regulación se concentra en radio y TV, la conversación pública migró a plataformas digitales, donde circulan campañas de desinformación, propaganda, manipulación algorítmica y contenidos hechos con IA que escapan a estos lineamientos. El riesgo también es construir un sofisticado sistema de regulación para un ecosistema que ya dejó de ser el principal espacio de formación de opinión pública. 

¡No me callaré!

RAFAEL ÁLVAREZ CORDERO

Excelsior

Una de las profesiones más importantes es la del comunicador: su labor requiere investigación, análisis, comprobación de los hallazgos por medio de diversas fuentes, antes de publicar un texto en los medios. Pero el asunto no es fácil, sobre todo en estos años, porque México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con más de 170 comunicadores asesinados desde el año 2000. La ONU contabilizó al menos 89 asesinatos de trabajadores de la prensa y medios en un periodo de diez años.

México se mantiene entre los primeros lugares del mundo por el número de crímenes perpetrados contra los periodistas, ya son siete los asesinados del 1 de enero al 22 de julio de 2026: el 8 de enero, Carlos Castaro, en Poza Rica, Veracruz, reportero; el 2 de marzo, el periodista Kristian Uriel Zavala; el 18 de marzo, Juan David Gómez, en García, Nuevo León, de la página digital Táctica SS; el 2 de junio, Roxana Rivera Guzmán, en Nanchital, Veracruz, fundadora del periódico local Pulso Informativo del Sureste; el 11 de junio, Luis Ángel López, en Poza Rica, Veracruz, reportero de nota roja del periódico Vanguardia, y el 5 de julio, Alex Serna, en Zihuatanejo, Guerrero, trabajaba como periodista ambiental independiente.

Se pensaría que con estas cifras y el peligro de perder la vida por la publicación de un texto que “incomode” a la autoridad, ocasionaría un fundado temor y acabaría con la esta noble profesión, pero no es así, porque a pesar de que su vida está en peligro por decir la verdad, muchos periodistas seguirán en la lucha por su amor a la verdad.

Yo me inicié como articulista hace 41 años, cuando irritado por las decisiones con el Centro Médico Nacional durante el temblor de 1985, escribí una carta, que fue publicada en primera plana del diario unomásuno; aprendí de dos maestros, Manuel Bacerra Acosta y Huberto Batis, que me guiaron, aconsejaron y acompañaron en mis primeros textos. Aprendí a investigar, analizar, comparar, integrar y luego a redactarlo. 

A lo largo de estos años sólo he recibido un aviso (hace 20 años) de un artículo que no se publicó porque hablaba de la esposa de un expresidente. Y así en estos más de 40 años he aprendido a redactar un poco mejor, mi vocabulario se ha ampliado, me siento contento con las dos columnas que publico, viernes y sábado, y el artículo del domingo, en la que hablo de lo que ocurre en nuestro México.

Ahora resulta que de buenas a primeras se acaba la libertad de expresión, ya que la Ley de Telecomunicaciones que se discute ahora en la Cámara de Senadores, Morena quiere convertirse en censora y controlar todo lo que se dice en los medios de comunicación a fin de castigar la crítica, ya que, por lo visto, a Morena le incomoda la investigación, le estorba la verdad y quiere callar a los mexicanos. 

Los lineamientos de esta ley señalan muchas cosas, pero vale la pena revisar el siguiente: “La Comisión supervisará que las personas defensoras, los concesionarios de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y/o audio de paga, así como las programadoras, den cumplimiento a los derechos de las audiencias y las disposiciones previstas en los presentes lineamientos y en la ley. Para el efecto, se podrán realizar monitoreos o cualquier otra acción, sin menoscabo de las atribuciones específicas con que cuentan la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y cualquier otra autoridad competente” (sic).

¿Alguien puede negar que se trata de una ley censura?, ¿alguien puede argumentar que se protegerá a la población, en particular a los investigadores, editorialistas y periodistas que escriban algo que no le parezca a la cuatroté?

Al escribir, tal vez me he equivocado, pero nunca he publicado una mentira o una difamación, porque respeto a quienes me leen. Mi análisis y opinión sobre el señor que ya se fue, están apoyados en hechos que todo México ha sufrido, y mis críticas a empresas como Pemex, Tren Maya, Dos Bocas, Tren Interoceánico…, así como mis denuncias por errores en el sector salud, en educación, están plenamente sustentadas.

Por mi amor a México y amor a la verdad, no me callaré; seguiré investigando, analizando, y seguiré escribiendo lo que sé y lo que pienso. No me creo héroe ni escritor egregio, soy ciudadano mexicano y tengo derecho a hablar; seguiré agradeciendo a usted, estimado lector, que ocupe su tiempo al leerme y, como frecuentemente ocurre, lo comente, algo que me alienta a seguir adelante.  No me callaré, amo a México y a la verdad. 

¿Por qué renace el anticomunismo hoy?

MAGDIEL SÁNCHEZ QUIROZ*

La Jornada

En los tiempos tan convulsos que vive hoy la humanidad, con conflagraciones bélicas ocurriendo en simultáneo bajo la amenaza de alcanzar dimensiones catastróficas irreversibles, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha creado una nueva categoría criminal para eliminar a las expresiones políticas de izquierda acusándolas de “extremismo terrorista de izquierda”.

Junto a representantes de 66 gobiernos supeditados a los dictados de Washington, el evento encabezado por Marco Rubio –activo impulsor del genocidio en curso contra Cuba, el país de procedencia de su familia– redita la persecución política que lanzó en su momento el senador Joseph McCarthy contra el comunismo (1950), sumando la construcción ideológica que ha significado la palabra terrorismo después del 11 de septiembre de 2001 y la más reciente logorrea de políticos de ultraderecha como Trump, Milei, De la Espriella, Bukele, Zelensky y Netanyahu.

¿Por qué poner en el centro de esta nueva ofensiva a las fuerzas de izquierda? ¿Por qué la nueva campaña político-militar se lanza contra el comunismo cuando, en los pasados 35 años, se ha repetido hasta la saciedad que había muerto?

El discurso y el documento “Cuba, la capital del comunismo en el siglo XXI”, presentado por Rubio y sus consortes en el evento, evidencia los móviles inmediatos de esta nueva construcción criminal: justificar un ataque militar contra Cuba; acabar con cualquier expresión que esté a la izquierda del Partido Demócrata dentro de Estados Unidos; criminalizar en todo el mundo las expresiones antifascistas, antisionistas, socialistas, comunistas y antimperialistas.

Está claro que no se trata de una confrontación ideológica, menos aún de una disputa en términos de la teoría política. Es una campaña político-militar que apela a la revitalización de la imagen monstruosa que, a lo largo del siglo XX, construyeron las fuerzas políticas dominantes de Occidente. Ese monstruo, más que fantasma, encasilló al comunismo como una de las dos versiones extremas de totalitarismo (la otra fue el fascismo) que pulularon en el siglo. Incluso se llegó a decir que, en tanto extremos y aplicando burdamente una noción de la geometría, el fascismo y el comunismo tendían a juntarse por una serie de rasgos compartidos como la intolerancia, el autoritarismo, etcétera.

La nueva campaña intenta ser más eficaz porque no sólo se alimenta de la figura monstruosa del comunismo que construyó Occidente, sino que también se nutre de las dos figuras simbólicas que dan sentido a la idea hollywoodense de “terrorismo”: el islamismo y el narcotráfico. Esto ayuda también a alimentar a las huestes políticas neofascistas.

Resulta que esta campaña coincide con un momento en que están en aumento los grupos neofascistas y sionistas. Los operadores político-militares de Washington están seguros de que en esta nueva cruzada no serán catalogadas de terroristas sus huestes neofascistas, porque la forma predominante de memoria que llena las nociones de tolerancia, respeto, democracia y derechos humanos, en el mundo occidental, no se construyó para alertar sobre las posibles mutaciones del nazismo, sino para decretarlo como fenómeno político del pasado al tiempo que encubría sus nuevas formas, necesarias para oxigenar los procesos de acumulación de capital.

Además de lo ya señalado, hay un elemento más profundo que nutre la campaña anticomunista. Las élites saben bien que, ante el escenario actual tan injusto a través del cual se han enriquecido exponencialmente y ante la intensificación de sus guerras, existe otra posibilidad, que no es la contemplación pasiva de la autodestrucción humana. Esa situación abre también la posibilidad de que las grandes mayorías se planteen, como desafío histórico, la superación del capitalismo en todas sus formas. Y eso necesariamente llevará a los oprimidos, dominados y explotados a reconocer la potencia que tienen el comunismo, el socialismo, el cristianismo popular y otras expresiones de cambio emancipador.

¿De dónde puede emerger una propuesta alternativa, sino del encuentro de los sujetos políticos emergentes con las experiencias políticas más osadas que ha gestado la humanidad? Entonces, la acusación “extremismo terrorista de izquierda” funcionará también para otro propósito: hacer creer a los potenciales revolucionarios que, si pasa por sus mentes acercarse al encuentro de las experiencias emancipadoras, deben renunciar de inmediato a ello y seguir siendo partícipes de la autodestrucción.

Por eso también el odio contra Cuba es tan fuerte. Rubio, Trump y los demás genocidas necesitan acabar con la experiencia concreta más radical y longeva –imperfecta y llena de contradicciones– que han creado los pobres de la Tierra. Es tan peligrosa, ergo terrorista, la inmensa dignidad con que se mantiene firme una nación, a pesar de los diarios sufrimientos que significa el bloqueo para la vida de todos los cubanos.

* Filósofo, coordinador de las Obras escogidas de Fernando Martínez Heredia.

¿Por qué la derecha ha estado triunfando y qué responsabilidad tiene la izquierda?

GABRIEL VARGAS LOZANO*

La Jornada

Uno de los temas que más preocupan en la actualidad es por qué la derecha ha estado triunfando en varios países del mundo y en especial en América Latina. La respuesta es múltiple y compleja. Una de las causas de origen es el hecho de que el grupo oligárquico de extrema derecha que logró el poder con Donald Trump ha implantado una política agresiva en contra de sus propios ciudadanos y los de diversas partes del mundo.

No es una novedad que Estados Unidos haya desarrollado esa estrategia para mantener e incrementar su hegemonía en el mundo con el propósito de apoderarse de los recursos naturales de los países, de aumentar su poder militar y de vencer ideológicamente a sus opositores. Su objetivo ahora son las posiciones de izquierda. Los pretextos han sido muchos: antes era la democracia y hoy es la lucha en contra de las drogas. Pero la diferencia es que ahora está actuando sin ningún respeto a la legalidad internacional.

Por ejemplo, Trump ordenó el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa en Venezuela para llevarlo a una cárcel estadunidense, asesinando a sus guardias y violando la soberanía del país, con el objetivo de apoderarse de sus cuantiosos recursos petroleros; asesinó al líder supremo de irán, Ali Jamenei, con el propósito de provocar una sublevación en aquel país y apoderarse de esa posición estratégica, cosa que no ocurrió; ha impuesto aranceles a diestra y siniestra para proteger sus intereses, etcétera.

Pero también, junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, ha convocado a todos sus aliados para organizar la lucha en contra de lo que llaman “terrorismo político”, que implica la orquestación por todos los medios (políticos, económicos, comunicativos) para combatir a la izquierda. No se trata de luchar contra los verdaderos terroristas, sino contra quienes se oponen a sus intereses. Afortunadamente, nuestro gobierno se ha negado a ser cómplice de estas reuniones. En esta dirección, en lugar de invadir a los países latinoamericanos, Trump ha optado, en primera instancia, por apoyar a todos los candidatos de la derecha.

Ésta es la lógica del poder. Sin embargo, la pregunta es: ¿qué ha pasado en la izquierda? Respondamos en forma muy sintética, dejando a salvo el hecho de que se trata de procesos complejos. Empecemos por lo ocurrido en Chile, un país donde se dio un movimiento de izquierda apoyado en forma multitudinaria y que llevó a Gabriel Boric a ocupar la presidencia de la república. Sin embargo, su propuesta de una nueva constitución perdió frente al pinochetismo; no pudo contener la inseguridad del crimen organizado ni pudo sacar al país de la crisis económica. Por tanto, ganó el derechista José Antonio Kast.

En Bolivia, el Movimiento al Socialismo (MAS) logró mantener el poder durante 20 años, pero enfrentó las elecciones con una división entre Evo Morales (que quería ser presidente por cuarta vez) y Luis Arce, el presidente saliente que no logró contener la crisis económica. Ganó el derechista Rodrigo Paz frente a otro derechista, Jorge Tuto Quiroga.

En Colombia, después de un gobierno de izquierda (por primera vez) presidido por Gustavo Petro y cuyo candidato, Iván Cepeda (48.7 por ciento de la votación), perdió, si bien por un escaso margen, frente al ultraderechista Abelardo de la Espriella (49.7 por ciento), a causa de la crisis económica, los escándalos de corrupción y no haber podido contener la violencia en ciertas zonas del país, a lo que se sumaron las contradicciones internas en la campaña de Cepeda.

Y ya no se diga Perú, donde ganó nada menos que la hija del dictador Alberto Fujimori, que a pesar de la condena que lo llevó a la cárcel, sostiene la misma línea que siguió su padre. Keiko Fujimori ganó con 9 millones 223 mil 396 votos contra el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, que perdió con 9 millones 173 mil 755 votos.

Una elección paradigmática fue la de Javier Milei en Argentina en 2023. Un personaje grotesco, ultraderechista, anarcocapitalista, que prometió y ha cumplido recortar los gastos del Estado destinados a cubrir las prestaciones de los obreros, campesinos y pueblo en general, y no obstante obtuvo en una segunda vuelta 14 millones 500 mil votos, frente al peronista Sergio Massa.

Lo sorprendente en estas y otras elecciones es que gran cantidad de votos para la derecha no sólo provienen de sus correligionarios, sino de un conjunto de personas que en forma inconsciente votan en contra de sus intereses y por la aparente incertidumbre del futuro frente a un pasado de corrupción e incapacidad para gobernar.

Las elecciones han sido ganadas por la derecha por el apoyo de Trump, por las campañas mediáticas llenas de bots, por el apoyo económico y político de las oligarquías, por la enajenación existente y la falta de conciencia política, pero también por los errores y contradicciones de la izquierda.

Ahora bien, dice el dicho que “si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Nosotros no estamos exentos de múltiples triquiñuelas de la derecha apoyada por el vecino del norte, pero tanto Morena como el gobierno tendrían que examinar detenidamente las causas de la pérdida de la izquierda en los países mencionados y actuar en consecuencia, porque si no lo hacen, podría ocurrir lo que no desearíamos para nuestro país.

* Profesor-investigador de filosofía de la UAM-I.