Lo que dicen los columnistas

¿Se protege a las audiencias o se limita su libertad de elegir?

El mayor riesgo quizá no sea la sanción, sino la autocensura. Cuando los medios saben que cualquier contenido puede derivar en procedimientos administrativos y, eventualmente, en la intervención de una autoridad, el incentivo natural es evitar temas incómodos, moderar las críticas o reducir el debate público

Julieta del Río

Proceso

La libertad de expresión no siempre enfrenta amenazas abiertas. Con frecuencia, las restricciones llegan en lo oscurito, bajo conceptos que parecen incuestionables, como la protección de derechos o la autorregulación. Se presentan mediante normas, argumentos de justicia y aparentes equilibrios. Por eso vale la pena analizar el proyecto de los Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

La consejera jurídica de la Presidencia presentó esta propuesta y sostuvo que privilegia la autorregulación de los medios de comunicación antes de recurrir a multas o sanciones. También informó que la consulta pública estará abierta del 27 de julio al 26 de agosto, antes de la publicación de los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación.

Que las audiencias participen siempre será positivo. Todos vemos televisión o escuchamos radio y somos audiencia, por lo que tenemos derecho a exigir información de calidad, mecanismos de atención y espacios para presentar inconformidades. Pero ese derecho no debe convertirse en un mecanismo de censura o control de contenidos.

Si hablamos de información veraz, la exigencia también debe alcanzar a quienes gobiernan. Basta recordar las miles de inconformidades que llegaron al extinto órgano garante de transparencia por información pública que desmentía afirmaciones realizadas en conferencias oficiales.

El principal derecho de las audiencias es conservar la libertad de elegir qué medio, qué información y qué contenido consumir.

El proyecto contempla que cada medio elabore un Código de Ética, defina los derechos de las audiencias y designe un Defensor de la Audiencia. Quien considere vulnerados sus derechos podrá presentar una queja para que sea analizada.

Hasta ahí podría hablarse de autorregulación.

Pero ¿qué ocurrirá si el medio no comparte el criterio del Defensor de la Audiencia o decide no atender sus recomendaciones?

Ahí la propuesta cambia de rumbo. Especialistas han advertido contradicciones en el proyecto. El procedimiento prevé que el asunto pueda escalar hasta la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, con facultades para intervenir e imponer sanciones. En otras palabras, si el medio decide no atender las recomendaciones del Defensor, la decisión final podría recaer en la Comisión.

Entonces ¿puede hablarse de autorregulación cuando la última palabra la tiene una autoridad del Estado con capacidad sancionadora?

La esencia de la autorregulación es que los propios medios establezcan y hagan cumplir sus reglas éticas.

El debate tampoco es nuevo. Desde la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones surgieron figuras como los derechos y los defensores de las audiencias, pero también preocupaciones legítimas sobre la libertad editorial y la posibilidad de que una autoridad influyera, directa o indirectamente, en los contenidos.

A ello se suma otra pregunta: ¿quién determinará la diferencia entre una noticia, un comentario, una opinión o un análisis periodístico? Soy una persona que le apuesta a la transparencia, creo y le apuesto a la pro audiencia, pero sin engaños ni trampas.

El mayor riesgo quizá no sea la sanción, sino la autocensura. Cuando los medios saben que cualquier contenido puede derivar en procedimientos administrativos y, eventualmente, en la intervención de una autoridad, el incentivo natural es evitar temas incómodos, moderar las críticas o reducir el debate público.

Proteger los derechos de las audiencias es una obligación. Pero esa protección no debe condicionar el ejercicio del periodismo ni limitar la libertad de expresión.

La consulta pública representa una oportunidad para enriquecer el proyecto. El verdadero debate no es si las audiencias tienen derechos (eso nadie lo discute), sino si el modelo propuesto mantiene el equilibrio entre esos derechos y la libertad de expresión.

Porque cuando la llamada autorregulación depende de la posibilidad de una sanción del Estado, deja de ser plenamente autorregulación.

La consulta pública será útil sólo si las observaciones de especialistas, medios de comunicación, organizaciones y ciudadanía se incorporan realmente al documento final y no terminan siendo un simple trámite.

Razones

De la “oficina” de NYC a la inteligencia de EU

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

El nuevo director de inteligencia nacional de Estados Unidos es el exfiscal del sur de Nueva York, Jay Clayton, que coordina, desde ayer, las 18 agencias de inteligencia federal que tiene la Unión Americana.

Son agencias poderosísimas, algunas muy conocidas como la CIA o la NSA, pero también otras con enormes espacios de poder real como la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), la Rama de Inteligencia del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Inteligencia e Investigación del Departamento de Estado (INR), la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional (DHS I&A) y la del Departamento del Tesoro (Treasury OIA), el Programa de Inteligencia de la Administración de Control de Drogas (DEA ONSI), el Comando de Inteligencia y Seguridad del Ejército (Army Intelligence) y del Cuerpo de Marines (Marine Corps Intelligence) o el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Espacial (U.S. Space Force Intelligence), entre otras. Hay pocas posiciones con mayor poder que esa dirección del gobierno estadunidense.

¿Recuerda usted cuando en Palacio Nacional se minimizaban las acusaciones contra Rubén Rocha Moya y los otros políticos sinaloenses acusados de complicidad con el narcotráfico, diciendo que habían sido realizadas por una “oficina de una fiscalía estatal” estadunidense y no por ese gobierno? Pues resulta que el responsable de esas acusaciones, el hombre que llevaba hasta ayer la investigación sobre los narcopolíticos mexicanos es Jay Clayton, el nuevo jefe de la inteligencia estadunidense. Esa fiscalía tiene decenas de expedientes cerrados, se dice que 236, sobre políticos mexicanos acusados de estar relacionados con el crimen organizado y en sus oficinas se está construyendo un maxiproceso contra ellos. El departamento de Justicia decidirá cuándo judicializarlos.

Ese hombre coordinará ahora, desde Washington, la inteligencia de todos esos esfuerzos que encabezó personalmente desde la fiscalía sur de NY. Su sola confirmación demuestra no sólo el poderío de esa fiscalía, quizás la más importante del país, sino también la afinada sintonía política entre la Casa Blanca y la justicia sobre la estrategia a seguir contra lo que llaman el narcoterrorismo y sus beneficiarios en México y el mundo.

Tampoco es la primera vez que Clayton interviene en estos temas. Hace años fue el responsable de la investigación que terminó con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández en la cárcel por narcotráfico. Hernández fue indultado por Trump, pero nunca fue exonerado de esos delitos. Si bien no tuvo participación directa en la acusación contra el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, que se centró en el financiamiento de su campaña presidencial con dineros del narcotráfico durante el llamado Proceso 8000, lo que derivó en la revocatoria de su visa y la desertificación de Colombia en la lucha antidrogas en 1996, Clayton la ha utilizado como antecedente y referencia para sus investigaciones actuales.

Cuando la fiscalía de Clayton acusó recientemente a políticos sinaloenses y a otros de América latina, los documentos legales citaron los precedentes de las sanciones y retiros de visa impuestos a Samper en los años 90 como base legal aplicable a mandatarios que toleran actividades de narcotráfico.

En el gobierno federal siguen pensando, el martes lo volvió a decir implícitamente la presidenta Sheinbaum, que con las elecciones de noviembre puede el Partido Republicano perder su mayoría en el Congreso y que eso podría cambiar la correlación de fuerzas en Washington e influir en la estrategia de la Casa Blanca. Quién sabe cómo quedarán las elecciones de noviembre, pero nadie piensa en un derrumbe de Trump. Al contrario, la estrategia antiterrorista, que incluye a los cárteles y a sus beneficiarios, el nuevo paradigma que busca destruir al mismo tiempo que a líderes y operadores a los cómplices políticos de los cárteles, no se modificará por las elecciones de noviembre sea cual sea el resultado, en todo caso se profundizará en los dos últimos años de Trump, y sus aspirantes a sucederlo, J.D. Vance y Marco Rubio, no se apartarán un centímetro de esa línea. Si no fuera así, un hombre como Clayton no hubiera llegado a la dirección nacional de inteligencia.

Esa estrategia abarca amplios capítulos financieros. Ayer, Wendy Amaral, pareja de uno de los líderes de Los Cuinis, los socios del CJNG, Gerardo González Valencia, que cumple cadena perpetua en Estados Unidos, se declaró culpable de haber violado las leyes de seguridad de Estados Unidos porque pagó 500 mil dólares a una preparatoria, la IMG de Florida, para que su hijo estudiara allí. La escuela fue multada con un millón 700 mil dólares.

Wendy Amaral estaba, como su esposo, en la lista Kipling de la OFAC del Tesoro estadunidense y no pueden hacer operaciones de ningún tipo con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. Si se viola esa norma, ambos, el sancionado y quien haya hecho algún negocio, aunque sea lícito con él, pueden ser castigados. Haber pagado a una escuela en la Unión Americana fue suficiente para recibir una condena, tanto para Amaral como para la escuela. Ésa es la ruta que seguirán el gobierno de Trump y las fiscalías contra las empresas y los beneficiarios de los grupos criminales. De esos casos hay miles en México.

Número cero

Ruffo: acusación política o criminal en el tablero de confrontación con EU

JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH

Excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que la detención de Ernesto Ruffo es un asunto criminal y no político, en respuesta a las críticas por justicia selectiva respecto a otras investigaciones que alcanzan a figuras de Morena por huachicol fiscal sin castigo. El caso rebasa el ámbito judicial y forma parte de la confrontación política con EU, donde los expedientes se han convertido en armas de presión y los procesos penales movimientos de una partida de mayor alcance.

La disputa también tiene un frente interno. Cada investigación reacomoda el tablero rumbo a las elecciones intermedias de 2027. La captura del primer gobernador panista que derrotó al PRI permitió al oficialismo recuperar la iniciativa justo cuando la presión se concentraba sobre Marina del Pilar, una de las gobernadoras vulnerables frente a la ofensiva de Washington contra políticos mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado. El golpe judicial parece una jugada para ganar una ficha valiosa por la información que puede aportar sobre las tramas e involucrados en el huachicol fiscal en México y EU. Que existan responsabilidades penales no excluye el cálculo político; confirma que la justicia no es ajena a la confrontación por el poder en la realpolitik. 

El PAN y Somos México defienden al exgobernador de Baja California como el primer “preso político” del sexenio por abusos en su detención y encarcelamiento en una prisión de máxima seguridad; aun cuando la FGR dice contar con evidencia que inculpa a la empresa Ingemar —de la que Ruffo es socio— de contrabando de hidrocarburos y fraude fiscal por gestionar la importación de cargamentos millonarios de gasolina con facturas inferiores al volumen que ingresó al país. Reclaman un doble rasero por proteger a otros del oficialismo señalados por los mismos delitos en Tabasco como Adán Augusto o los que involucran a la Marina en Tamaulipas.

Se insiste en que los casos de Ávila, Maru Campos, Rubén Rocha y Ruffo son jurídicamente distintos. Políticamente son parte del mismo expediente: la “guerra en tribunales” para exhibir la infiltración del narco en el Estado mexicano con información de los capos extraditados y la persecución de políticos mexicanos; disputar el relato sobre quién protegió esa expansión y la contrarréplica al discurso sobre la responsabilidad del vecino en operaciones del crimen organizado.

La relevancia de Ruffo no es sólo por ser un referente de las luchas opositoras. Las relaciones políticas y su posición como socio de Ingemar son estratégicos: red de contactos institucionales y empresariales son clave para la empresa.

La captura devuelve la presión a Washington. Si el huachicol fiscal es una empresa transfronteriza, las responsabilidades no terminan en México, también alcanzan a exportadores, intermediarios, transportistas, instituciones financieras y autoridades estadunidenses cuya actuación ha permanecido fuera del escrutinio público. En esta escena, Ruffo aparece como una potencial fuente de información valiosa sobre el modus operandi y de las redes de huachicol fiscal. 

La respuesta no tardó. Uno de los principales asesores de seguridad de la Casa Blanca, Stephen Miller, volvió a cuestionar la capacidad de la justicia y seguridad para combatir al crimen, reforzando la narrativa de Trump de que los cárteles penetraron las instituciones mexicanas. Un discurso que debilita la defensa del gobierno, alimenta las críticas contra la reforma judicial y fortalece la percepción de que la justicia responde más a intereses políticos que al Estado de derecho.

Se insiste en que la FGR dispone de pruebas suficientes contra Ruffo, aunque están bajo reserva. La defensa rechaza cualquier vínculo con el huachicol y asegura que las operaciones de su empresa fueron legales. El desenlace judicial es casi secundario. El expediente dejó de pertenecer sólo a los tribunales y podría convertirse en una pieza de la disputa bilateral.

El verdadero juicio no es sólo contra Ruffo o Marina del Pilar. Es un juicio político sobre la credibilidad de las instituciones mexicanas en medio de la nueva estrategia de Washington contra el crimen organizado. En ese tablero, cada detención vale tanto por las pruebas que aporta como por el mensaje político que envía. Y esa partida apenas comienza.

Astillero

El futuro de Adán // Volvió al Senado // Rocha Moya: tres meses // May-Andy; Marina-Bonilla

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

Adán Augusto López Hernández ha vuelto al Senado, luego de semanas de ausencia, y con ello ha reavivado las especulaciones sobre su futuro político e incluso personal: ¿deja en septiembre el escaño para coordinar campañas electorales morenistas en una circunscripción?, ¿corre riesgo de acusaciones penales, no sólo por temáticas barredoras, provenientes de Estados Unidos?

Tal cual ha sido su costumbre, no dio declaraciones a los reporteros, que en esta ocasión insistieron en saber algo sobre el presunto retiro estadunidense de su visa, el documento indicativo de admisión en el vecino país (que no siempre, ya expedido y vigente, ha garantizado que el solicitante de ingreso lo pueda hacer); documento que ha sido utilizado durante el segundo trumpismo como presunta unidad de medición y exhibición públicas del grado de involucramiento que políticos mexicanos podrían tener, a juicio de las autoridades gringas, en asuntos de crimen organizado.

López Hernández ha podido sortear tormentas diversas a lo largo de lo que llaman el “segundo piso” de la Cuarta Transformación (4T2), pero a pesar del evidente decaimiento de la fuerza política que ejerció durante el “primer piso”, el obradorista, y un primer tramo del claudismo, no se han cumplido los vaticinios de sus adversarios, sobre todo los internos. En todo caso, su mayor riesgo provendría del norte, en el supuesto de que hubiese acciones judiciales marca Donald, punto éste que hasta ahora ha quedado en puras quinielas sin fecha de caducidad.

No es el único legislador morenista con registro de notables ausencias. El sinaloense Enrique Inzunza cumplió ayer tres meses sin participar en actividades del Senado (55 días de inasistencia presencial a las tareas de esta Cámara, aunque en junio tuvo un asomo virtual), periodo durante el cual le ha sido depositado mensualmente su pago como “representante popular”.

Tres meses que ayer se cumplieron de haberse dado a conocer las acusaciones de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y nueve políticos, jefes policiacos y administrativos de Sinaloa, en demanda formal de detención provisional con fines de extradición, a la que México se opuso en función de considerar que la solicitud carecía de pruebas que permitieran actuar contra los 10 de Sinaloa.

La relación México-Estados Unidos se enturbió a partir de la insólita acusación contra un gobernador, su secretario de Administración y Finanzas, el presidente municipal de Culiacán, un senador y otros personajes de menor relieve en el organigrama pero de fuertes capacidades operativas subordinadas. Ese 29 de abril se formalizó la mayor acusación de colusión entre poderes criminales y políticos en México, como derivación del plan de largo plazo ejecutado dos años atrás, el 25 de julio de 2024, cuando Estados Unidos capturó al jefe criminal Ismael Zambada, El Mayo, y lanzó a Sinaloa a una cruda guerra civil que persiste, y al país entero a fases de desestabilización y amenazas como parte de la estrategia de Washington contra el proceso 4T.

Las fiebres futuristas por cargos estatales y federales a elegir en 2027 impactan de otra manera al morenismo y sus presuntos aliados. En Tabasco, Javier May, ganador de la ruda contienda con Adán Augusto, ha asegurado que no dejará la gubernatura, como tanto se rumora, según eso para que Andrés Manuel López Beltrán pudiera entrar como interino, sin necesidad de esperar fuero hasta el año próximo como diputado federal. En Baja California se libra una lucha superlibre entre la gobernadora Marina del Pilar Ávila y su antecesor, Jaime Bonilla, a quien la primera acusa de haberle tendido una “emboscada sicológica”.

Y, mientras crece la polémica por los lineamientos para defensa de los derechos de las audiencias, centrados en televisión y radio concesionadas.

México SA

Economía: Trump, reprobado // “Miente”, acusan estadunidenses // ¿Censura?; ¿y el pacto de silencio?

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Entre la infinidad de mentiras que cotidianamente divulga, Donald Trump asegura que la economía estadunidense “avanza como nunca, está en pleno auge y nos está yendo muy bien”. Sin embargo, la realidad lo desmiente por mucho que presuma “éxitos” inexistentes, y uno de los indicadores que sí muestra un alza constante es el relativo al rechazo ciudadano y su evaluación negativa sobre el verdadero resultado de su declinante nivel de bienestar derivado del “programa” económico del magnate naranja, el cual, de entrada, se traduce en pérdida de empleo y poder adquisitivo, así como inflación ascendente.

Se acercan las elecciones intermedias (con pronóstico negativo para Trump y el Partido Republicano) y el inquilino de la Casa Blanca ya no sabe qué inventar en su desesperado intento de convencer a la ciudadanía de que Estados Unidos “va por el rumbo correcto”, como en México dirían los defensores del régimen neoliberal, cuyos resultados arrasaron con el bienestar de la mayoría de los mexicanos. Pero por mucho que el magnate insista y se autoelogie, los gringos no le creen. Muestra de ello es la reciente encuesta (6-12 de julio de 2026) del Pew Research Center, cuyo resultado se sintetiza así: “las evaluaciones de los estadunidenses sobre la economía (de su país) siguen siendo negativas; ahora, seis de cada 10 afirman que las políticas económicas de Trump han empeorado la economía”. Y en esa misma proporción (60 por ciento) manifiestan su rechazo al magnate naranja, quien se encuentra en su nivel más bajo desde el inicio de su segundo periodo presidencial.

De los resultados de la citada encuesta se toman los siguientes pasajes: los estadunidenses siguen mostrándose pesimistas respecto a la economía; aproximadamente una cuarta parte (24 por ciento) califica la situación económica del país de “excelente o buena”, mientras 41 por ciento la considera “simplemente regular” y 35 por ciento la describe como “mala”, a la par que disminuye la aceptación de los republicanos. La economía también ocupa un lugar central en la mente de muchos votantes a medida que se acercan las elecciones de mitad de mandato de 2026. Seis de cada 10 estadunidenses afirman ahora que las políticas económicas de Trump han empeorado la situación económica del país, lo que representa un aumento respecto al 52 por ciento que opinaba lo mismo en enero y 53 por ciento que mantenía esta opinión el otoño pasado.

Las valoraciones positivas son ligeramente inferiores a las de enero pasado, cuando 28 por ciento calificó la economía como “excelente o buena”. Aun así, la percepción de la economía por parte de los estadunidenses se ha mantenido en torno a este nivel durante los últimos años. La reciente caída se debe principalmente a un cambio entre los republicanos y los independientes con inclinación republicana: ahora, 41 por ciento de ellos califica la economía como “excelente o buena”, frente a 49 por ciento del primer mes del año en curso. Tan sólo 10 por ciento de los demócratas y quienes se inclinan por el Partido Demócrata valoran positivamente la economía, cifra que prácticamente no ha variado desde el inicio del segundo mandato de Trump.

Los estadunidenses son menos propensos que en enero pasado a esperar que la economía mejore en 2027. Actualmente, 23 por ciento afirman que las condiciones económicas “mejorarían” dentro de un año, frente a 31 por ciento de enero de 2026; 36 por ciento esperan que las condiciones empeoren dentro de un año, cifra que apenas ha variado respecto a enero. Estas opiniones surgen en un contexto de preocupación generalizada entre los estadunidenses por el costo de la atención médica, la vivienda, los alimentos y la energía (gasolina y electricidad); ahora, 56 por ciento afirman estar “muy preocupados” por este tema, frente a 34 por ciento de enero. La inquietud por los precios de la gasolina, en particular, aumenta considerablemente desde el primer mes del año, antes de la agresión militar contra Irán.

Las rebanadas del pastel

“Censura” es el más reciente grito de la batalla mediática de la derecha autóctona, que repite el término como perico. Se trata del mismo equipo de “comunicadores” y medios que en marzo de 2011 servilmente acataron y firmaron el vergonzoso pacto de silencio impuesto por Felipe Calderón (pomposamente denominado “Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia”, con el objetivo, según dijeron, de “no hacer apología del delito”). Y entre los que se bajaron los pantalones aparecía Ricardo Salinas Pliego, el mismo que hoy –junto con los demás– grita “censura”, al tiempo que financia la campaña.