La anestesia de los datos
Mario Luis Fuentes
Excelsior
México dispone, por fortuna, de una arquitectura legal e institucional que nos permite, como nunca, tener acceso a la información pública, así como a estadísticas oficiales de calidad. De hecho, somos de los pocos países que tenemos, por ejemplo, una medición oficial de la pobreza; así como un catálogo nacional de indicadores de uso obligatorio en la generación de diagnósticos y en la planeación de la política pública.
Una sociedad democrática y abierta se enriquece, sin duda, cuando los datos están disponibles para todas y todos, y en ese sentido, es relevante destacar que desde hace algunos años el país pudo superar el problema relativo a la desconfianza en torno a las metodologías de medición, pues hoy no puede cuestionarse con seriedad la solidez de los datos de, por ejemplo, el Inegi y el Coneval.
Pese a lo anterior, nuestro país aún continúa sin lograr el tránsito hacia un debate público sustentado en evidencia, que salga de lo que puede denominarse como un “efecto anestésico”, producido fundamentalmente por la abundancia, oportunidad y celeridad de la generación de la información.
Lo peor que nos ha ocurrido, en esa lógica, es la “deshumanización de las cifras”, y esto es un problema serio de debate público porque de pronto, en un país que tiene tragedias de gran dimensión como el nuestro, se pierde la magnitud de las implicaciones que los datos que se dan a conocer tienen.
En los últimos días se ha dado a conocer que tenemos, por día, más de 200 personas fallecidas por covid-19, y ante la catástrofe que ocurrió en 2020 y 2021, ahora se maneja que esa cantidad de personas fallecidas “es baja”; como si la muerte prevenible y evitable pudiese tasarse en términos de “mucho o poco”. Para ponerlo en perspectiva, si en este año hubiese un promedio de 200 defunciones diarias por covid-19, la cifra anual sería de 73 mil.
Lo mismo ocurre con el tema de la violencia; por ejemplo, se presenta como un logro la reducción marginal en el número de homicidios que se registraron en 2021, respecto de lo que ocurrió igualmente en 2020 y 2019. Sin embargo, otra vez, para darle dimensión, hay que decir que la tasa mundial de homicidios es de alrededor de 6.5 casos por cada 100 mil habitantes, y que la cifra registrada en nuestro país en 2021 equivale a cerca de 28 por cada cien mil: una tasa más de cuatro veces el promedio mundial. Así, aun cuando se lograra reducir a la mitad el número de personas asesinadas anualmente en México, el problema seguiría siendo tremendamente grave, pues tendríamos una tasa de más del doble del promedio mundial.
Un dato, una cifra que no es interpretada en sus implicaciones éticas, es estéril en términos del debate público; porque entonces lo que importa es tener gráficos que muestren el cambio en los indicadores, aun cuando la realidad signifique un infierno para las personas que tienen que enfrentar todos los días la violencia de todo tipo y las carencias en prácticamente todos los ámbitos de su existencia.
Las cifras son signos que nos alertan de lo que ocurre a nuestro alrededor; no son ni su espejo ni mucho menos “sustituto de la realidad”. Entender que se trata de signos, obliga a su vez a interpretarlos; a revelar su significado y a asignarles el sentido que tienen en el seno de la vida social.
La obsesión por los datos y su manejo “aséptico” nos anestesia ante la posibilidad de una crítica radical e imposibilita llevar el debate al terreno de la ética; a la reflexión por el sentido de nuestras vidas y cómo, frente a éste, las autoridades del Estado están obligadas a responder con responsabilidad.
Urge, por ello, una revuelta contra los datos, en su expresión fría y “neutral”, y urge por ello convertirlos en parte esencial de la voz que es capaz de denunciar y visibilizar la tragedia.
Astillero
Viggiano: la tentación del cambalache // PRI, reforma eléctrica y más // Gana 3M: Moreira, Moreno y Murat // Omar Fayad, desplazado
Julio Hernández López
La Jornada
En una maniobra que en principio dejó fuera de la jugada al gobernador Omar Fayad, la facción nacional dominante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) instaló como candidata a gobernar Hidalgo (donde no ha habido alternancia partidista) a Carolina Viggiano Austria, cuatro veces diputada federal (lo es actualmente), secretaria general del comité nacional priísta y esposa del coordinador de los diputados federales del partido tricolor y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdez.
Para maniatar políticamente a Fayad, la dirigencia nacional priísta utilizó las siglas del Partido Acción Nacional para que éste asumiera como su candidata inicial a Viggiano Austria, postulación a la que se sumaron el PRI y lo que queda del Partido de la Revolución Democrática, en el contexto de la coalición Va por México.
De esa manera no se eligió al candidato en convención priísta de delegados hidalguenses, que seguramente habrían estado bajo control de Fayad, quien peleó hasta el final por imponer a Israel Félix Soto, quien fue su secretario particular y actualmente preside el municipio de Mineral de la Reforma.
La batalla de Fayad por hacer candidato a la sucesión a Félix Soto fue traducida por Alejandro Moreno (Alito), a nombre del PRI nacional, como una forma tramposa de ayudar al aspirante de Morena a la gubernatura, el senador guinda Julio Menchaca (de larga historia priísta), para que éste gane ante un aspirante priísta y de Va por México intencionalmente débil.
Esa visión produjo un inusitado choque retórico entre Alito y Fayad, con el primero acusando al segundo de haberse arrodillado ante Morena para entregar el poder estatal (ya se sabe que los gobernadores priístas salientes bien portados pueden recibir atractivos premios de consolación, luego de que Morena haya triunfado electoralmente en sus terruños).
La designación de Carolina Viggiano Austria fortalece la alianza de las tres emes (3M: Moreno, Moreira y Murat), proclive a arreglos con el obradorismo, desplaza a la corriente del ex gobernador Miguel Ángel Osorio Chong (quien impulsaba a la senadora Nuvia Mayorga) y estimula las especulaciones respecto a eventuales acuerdos para que esa facción 3M apoye iniciativas de Morena en las cámaras federales legislativas en temas centrales como la reforma energética y, en particular, la referida a lo eléctrico.
La 3M tiene interés en mantener el predominio priísta en Hidalgo, donde habrá elección de gobernador este año, y en Coahuila, donde sucederá en 2023. En ambos estados tiene interés Rubén Moreira: conyugal en el primero, caciquil en el segundo. Ya se verá si la tentación del cambalache mantiene al priísmo en el poder en esas entidades y si ello coincide con giros de gimnasia política de ese segmento tricolor (otro segmento se resiste a tales presuntos acuerdos) para apoyar lo energético y lo eléctrico en las cámaras, entre otros temas.
Viggiano Austria no tendrá, desde luego, un camino fácil. Su historia familiar está ligada a los cacicazgos. Al relatar la historia del profesor Proceso Díaz, Luis Hernández Navarro describió que, como muchas otras familias en la región, la del profesor Díaz Ruiz creció bajo la sombra del cacicazgo de los Austria. Los patriarcas de la dinastía, el coronel Honorato Austria y Francisco Austria, conocido como Francisco el Grande, eran señores de horca y cuchillo, dueños de tierras y vidas en Tepehuacán y sus alrededores (https://bit.ly/3Gb3qIZ).
Y, en el diario coahuilense Zócalo, el columnista Luis Carlos Plata publicó La estafa maestra de Viggiano en la Conafe: “Utilizando un mecanismo de subcontratación con factureras y a Diconsa de intermediario, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) desvió 228 millones 140 mil 913 pesos en 2014, año en que Carolina Viggiano Austria fue titular de la dependencia federal, hacia sociedades domiciliadas –entre otros lugares– en la entidad natal de la entonces funcionaria: Hidalgo” (https://bit.ly/3JR9Nnn).
México SA
Lozoya y la cena más costosa de la historia // Podría permanecer recluido hasta 54 años // ¿Dónde está la reforma sobre outsourcing?
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
No cualquiera tiene suficiente poder adquisitivo para gozar de los exquisitos platillos del restaurante Hunan –especializado en comida cantonesa–, pero lo cierto es que nadie ha pagado una cena tan costosa, ni quisiera hacerlo, como la que gozó Emilio Lozoya Austin, allá por octubre del año pasado, cuando lo cacharon en plena degustación e impune exhibición pública, mientras los peces gordos por él prometidos –como testigo colaborador– se mantienen tan campantes.
Carísima le salió al ex director peñanietista de Petróleos Mexicanos la cena más costosa de la historia, tanto como 39 años de prisión (puede incrementarse a 54 años) que es la sentencia solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) para que Lozoya Austin permanezca encarcelado por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho (relacionados con Odebrecht), sin dejar de lado que esa misma institución federal solicitaría una sentencia adicional de 15 años por el caso Agronitrogenados (su cómplice Alonso Ancira también estuvo en prisión y parece que ya abona para cubrir 200 millones de dólares).
Recién en diciembre pasado Emilio Lozoya cumplió 47 años, de tal suerte que si el juez que lleva el caso atiende la solicitud de la FGR, el ex director peñanietista de Pemex abandonaría la prisión a los 86 años (sin considerar la quita por buen comportamiento), pero si la misma autoridad avala el requerimiento de la fiscalía de sumar el caso Agronitrogenados entonces saldría a los 101 años, lo más probable que con los tenis por delante, eso sí, con el antecedente de que la cena en el Hunan fue espléndida.
De pilón, el ex director de Pemex entre las patas se llevó a su madre, Gilda Margarita Austin, para quien la propia institución federal pide condena de 25 años, por presuntamente colaborar con su hijo en actos de corrupción (al igual que su hermana Gilda Susana), sin olvidar las acusaciones que pesan sobre la esposa, Marielle Helene Eckes, prófuga de la justicia por los mismos delitos (hay orden de arresto en su contra).
En el caso de Lozoya Austin la FGR –comenzando con el fiscal Alejandro Gertz Manero– fue partícipe en una suerte de carrera de tortugas en la que al ex director de Petróleos Mexicanos a todo le decía que sí, mientras el indiciado impunemente gozaba de la buena vida. Para él, tal vez, el peor momento fue su captura y encarcelamiento en España, en espera de que el gobierno de aquel país autorizara su extradición. Pero de ahí en fuera, el gourmet la pasó bomba como testigo colaborador.
Pero fueron sus excesos los que al final lo llevaron a una cárcel mexicana en noviembre pasado. Con su exhibición en el restaurante Hu-nan de Las Lomas de tajo concluyó esa carrera de tortugas y al fiscal Gertz Manero no le quedó otra que actuar como debió hacerlo desde que Lozoya pisó tierra mexicana, en julio de 2020. De hecho, fue tal la lentitud de la FGR que hasta el propio presidente López Obrador reclamó públicamente, porque el caso del ex director de Pemex se está llevando mucho tiempo en las averiguaciones. Eso fue en enero de 2021.
Ese sería el bagaje de acusaciones en su contra, pero parece que nadie hace otro tipo de investigación para documentar el desastre provocado por Lozoya durante su paso por la dirección de Pemex (tres años tres meses), el cual dio la puntilla a la empresa productiva del Estado: entre otras desgracias, como se ha publicado en este espacio, casi triplicó la deuda (superó los 100 mil millones de dólares), la producción petrolera resultó ser la más baja desde 1980, los consumidores pagaron precios históricamente elevados por los combustibles, la refinación se desplomó 40 por ciento, las reservas de crudo equivalente cayeron 43 por ciento y la importación de gasolinas y diésel representó 75 por ciento del consumo interno, y contando.
Las rebanadas del pastel
Públicamente se mostraron satisfechos con la negociación y aprobación de la reforma sobre outsourcing (entró en vigor en septiembre de 2021), pero en los hechos no pocos patrones mantuvieron su tradicional política laboral (ahora ilegal): en diciembre pasado cancelaron cerca de 313 mil empleos formales registrados en el IMSS para evitar el pago de aguinaldo y otras prestaciones, de tal suerte que mientras no se sancione rigurosamente esta añeja práctica, el despedidero decembrino se mantendrá intocado. Por cierto, ¿dónde quedó la autoridad laboral para evitarlo?
