Lo que dicen los columnistas

Marcelo Ebrard: la ignorancia como bandera

Que todo fue, simplemente, “la preocupación de un papá por un hijo”. La frase parece diseñada para generar empatía inmediata. Funciona en la sobremesa. Pero en el ejercicio del poder público produce exactamente el efecto contrario: inquieta.

ERNESTO VILLANUEVA

Proceso

Marcelo Ebrard insiste en que no hubo abuso. Que todo fue, simplemente, “la preocupación de un papá por un hijo”. La frase parece diseñada para generar empatía inmediata. Funciona en la sobremesa. Pero en el ejercicio del poder público produce exactamente el efecto contrario: inquieta. Porque no estamos hablando de un padre en su esfera privada. Se habla de un servidor público que administra recursos del Estado. Es la frontera que separa la legalidad de la arbitrariedad. Lo verdaderamente problemático es el criterio que la sostiene. La idea de que lo público puede flexibilizarse cuando entra en escena lo privado. De que la ley puede interpretarse con elasticidad si la justificación es emocional. Y cuando ese razonamiento se instala en quien aspira a gobernar un país, el problema deja de ser individual. Se vuelve estructural. 

Más revelador aún es lo que no ha ocurrido. La Secretaría Anticorrupción guarda silencio. La Fiscalía General de la República también. No hay investigación visible. Es una forma de administración del conflicto. Es selección. Es cálculo. Y, en demasiados casos, es protección. 

Primero. Conviene retirar la capa emocional del relato. Esto no es una historia de afecto. Es un problema jurídico. El propio Ebrard confiesa sin rubor los hechos posiblemente constitutivos de delitos. Aceptar de una subordinada directa un beneficio para un hijo no es una cortesía personal. Tiene nombre: cohecho administrativo (art. 52, Ley General de Responsabilidades Administrativas). No se necesitan transferencias opacas ni maletas discretas. Basta una dádiva en especie. 

La residencia oficial no es una extensión del patrimonio personal del funcionario. No es un espacio de disponibilidad discrecional. Es un bien del dominio público (art. 6, fr. VI, Ley General de Bienes Nacionales), asignado a funciones específicas del servicio diplomático, no un hotel de paso. Su utilización con fines distintos podría configurar peculado (art. 223, fr. I, Código Penal Federal). La exembajadora sería probable autora material; Ebrard, presuntamente, partícipe (art. 13, CPF). Y el catálogo no se agota ahí: ejercicio abusivo de funciones (art. 220, fr. I, CPF), conflicto de interés (art. 58, LGRA), eventual enriquecimiento oculto si el beneficio no fue declarado (art. 60, LGRA), posible encubrimiento (art. 62, LGRA). Además, como Secretario de Estado, es sujeto de juicio político (art. 110, CPEUM). 

No se trata de interpretaciones sofisticadas. Es derecho positivo básico. El tipo de normas que cualquier funcionario está obligado a conocer. Y, sin embargo, el sistema institucional permanece inmóvil. La ley existe. El hecho es público. La reacción es inexistente. Entonces la pregunta cambia de naturaleza: ¿la ley se aplica o se administra? ¿se ejecuta o se negocia? ¿rige o se dosifica según el perfil del involucrado? 

Segundo. La defensa abre una disyuntiva que no tiene salida favorable. Si Ebrard no sabía que aceptar ese beneficio podía constituir faltas graves y delitos, el problema es de incompetencia. No de interpretación. No de matiz. De comprensión básica del cargo público. ¿Quién puede aspirar a gobernar un país sin distinguir qué es un bien público? ¿Quién puede administrar el erario sin reconocer un conflicto de interés evidente? La ignorancia de la ley no exime a nadie, y menos a quien está obligado a aplicarla (art. 7, LGRA). 

Pero si sí lo sabía, entonces la explicación adquiere otro significado. Ya no es ignorancia. Es normalización del privilegio. Es la idea de que el poder permite excepciones siempre que se formulen en términos emocionalmente aceptables. Es la convicción de que basta narrar el hecho como una preocupación legítima para diluir su contenido jurídico. 

Y ahí aparece el elemento más frágil —y más revelador— del relato: los seis meses. El propio Ebrard ha señalado que su hijo permaneció ese tiempo en la residencia oficial porque las clases eran por Zoom. Seis meses. Medio año. Ciento ochenta días para advertir algo que, en cualquier programa académico serio, se conoce desde el inicio. 

La afirmación no resiste un análisis mínimo. ¿Qué universidad omite la modalidad de un posgrado? ¿Qué programa académico relevante no informa desde el primer momento si es presencial o virtual? ¿Qué estudiante cruza el océano, organiza su estancia y se instala en otro país sin revisar el plan de estudios? ¿Qué familia toma decisiones de ese nivel sin verificar lo esencial? 

Las alternativas son limitadas y ninguna resulta favorable. O se sabía desde el inicio —y la estancia fue un uso cómodo de un bien público—, o no se verificó absolutamente nada —y el nivel de ligereza es incompatible con la responsabilidad que se pretende ejercer—. En ambos escenarios, la conclusión converge: el límite no importó. Y cuando el límite no importa para quien ejerce poder, deja de importar para el sistema en su conjunto. 

Tercero. La defensa es, en realidad, la pieza más reveladora del caso. “La preocupación de un papá”. Como si el afecto tuviera efectos jurídicos. Como si la emoción suspendiera la norma. Como si el cariño pudiera operar como categoría legal. No lo hace. El derecho público existe precisamente para impedir que el poder se ejerza con criterios personales. Porque ahí comienza la degradación institucional. 

Los abusos rara vez se presentan como abusos. Se presentan como excepciones razonables. Como gestos humanos. Como favores comprensibles. Y así, sin estridencia, lo extraordinario se vuelve cotidiano. 

La corrupción contemporánea ya no necesita ocultarse. Se explica. Se justifica. Se normaliza. Es discreta. Es funcional. Es elegante. Es el favor que no se documenta. El uso que no se reporta. El beneficio que no se registra. Y, sobre todo, la ausencia de consecuencias. Porque donde no hay consecuencias, hay incentivo. Y donde hay incentivo, hay repetición.

 

¿Quién paga el costo? El funcionario que sí cumple. El ciudadano que financia. El sistema que se erosiona. Porque el mensaje es claro: la ley es rígida hacia abajo y flexible hacia arriba. Es estricta para el ciudadano y comprensiva para el poder. 

La conclusión no admite ambigüedades. Si Ebrard no entiende qué es corrupción, no puede gobernar. Y si además pretende que el país acepte explicaciones que no resisten el sentido común —como descubrir en seis meses lo que se sabe desde el inicio—, entonces el problema no es sólo jurídico. Es de credibilidad. Es de inteligencia política. Es, en el fondo, de respeto por la inteligencia de la sociedad. 

La ignorancia en el poder nunca ha sido virtud. En un hecho inédito en la historia contemporánea, Ebrard la enarbola como oferta de gobierno. La exhibe como medalla al pecho. Y cuando las instituciones la toleran, deja de ser un problema individual. Se vuelve sistema en agravio de todos. 

Razones

El derrame y la mentira

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

Excelsior

La mentira como una forma de comunicación debe ser desterrada del gobierno federal. Incluso porque los costos los termina pagando la presidenta Sheinbaum mientras su equipo sigue como si nada. Lo ocurrido con la información sobre el derrame de crudo en el golfo de México en cualquier otro gobierno hubiera sido motivo de remociones políticas. 

Después de 67 días de ocurrido el derrame en un ducto frente a Campeche que habían denunciado organizaciones ambientalistas, pobladores y medios, el gobierno federal reconoció lo que negó y ocultó durante todas esas semanas: que el derrame se había producido en ese lugar y que estuvieron durante días trabajando en la zona hasta 11 barcos sin éxito, que el derrame era de toneladas de crudo y que la mancha se extendía por kilómetros.

Desde el gobierno se negó. Lo negaron Pemex, Semarnat y la Secretaría de Marina, lo negó el aparato de publicidad oficial del gobierno, mientras se recogían toneladas de crudo en las costas, y la gobernadora de Veracruz, el estado más afectado, Rocío Nahle, declaraba contra los medios y decía que eran sólo “gotas” o “trazos” de crudo, que no había ningún derrame y que las playas estaban limpias. La impresentable Infodemia, una fábrica de mentiras, se burlaba de ambientalistas y medios y decía en redes y en la propia mañanera que todo eran mentiras y que no había derrames.

Finalmente, la semana pasada, al final de una conferencia de prensa que parecía absolutamente anodina, se terminó reconociendo que todo lo que habíamos dicho ambientalistas, medios y habitantes de las zonas costeras era verdad, aunque nunca se aceptó que las propias autoridades habían mentido. Anunciaron que habían suspendido por ello a tres funcionarios medios de la paraestatal y ahí murió el tema.

Es inverosímil que ante un derrame de esa magnitud, y ante una negativa de más de dos meses, todo se quede en funcionarios de segundo nivel: no es verosímil que el director de Pemex, Víctor Rodríguez, no se enterara de un evento de esa magnitud; no es verosímil que en un incidente en el que participaron más de 11 barcos y que provocó tantos daños en todo el golfo de México, el secretario de la Marina, el almirante Raymundo Morales, no se enterara de nada, e incluso que hubiera sostenido que el derrame no era tal, sino “emanaciones naturales” del subsuelo. Es inverosímil que la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, no haya aparecido para abordar el tema en esos dos meses y medio y que tampoco estuviera en la conferencia de prensa donde se aceptó el derrame, como si ello no tuviera nada que ver con su responsabilidad. 

Podría asumir que éstos y otros funcionarios hayan engañado a la Presidenta para que en dos ocasiones dijera que no había un derrame de crudo. Lo que no puedo creer es que engañar a la Presidenta no tenga costos para los funcionarios de la Marina, de Pemex, de la Semarnat, de Infodemia y del estado de Veracruz, quienes mintieron sistemáticamente sobre el tema.

Porque, además, como escribimos aquí el 26 de marzo pasado, no se trataba “de uno, ni de dos, ni de tres los derrames de crudo que están afectando toda la costa del Golfo de México. Desde inicios de marzo se han detectado más de una docena de derrames que dañan al menos 39 comunidades costeras de Veracruz y Tabasco y que se han extendido hasta Tamaulipas. Pero ni el gobierno federal ni Pemex se hacen responsables, atribuyendo la tragedia a terceros o simplemente a las condiciones del clima.

“Las denuncias las han realizado organizaciones como la Red del Corredor Arrecifal y Greenpeace, que reportan unos 630 km de línea de costa contaminada, desde Paraíso, en Tabasco, donde se ubica la refinería de Dos Bocas, hasta Tamiahua en Veracruz, cubriendo prácticamente todo el Corredor Arrecifal del suroeste del golfo.

“Se han documentado manchas de chapopote en playas, redes y zonas de pesca; lo mismo que animales muertos por la contaminación. No se aceptan responsabilidades, pero se creó una comisión interinstitucional para atender la crisis ambiental mientras las autoridades son acusadas de sufrir una ‘crisis de transparencia’ al no informar sobre el origen, el volumen y el plan de atención de los derrames”.

El derrame afectó 17 arrecifes de coral del suroeste del golfo, un ecosistema clave para biodiversidad y pesca. Las comunidades pesqueras han suspendido parcial o totalmente sus actividades por la contaminación, con pérdidas económicas relevantes, pero que no han sido cuantificadas por las autoridades. Las tragedias ambientales se acumulan. En julio del 2023 se documentó un fuerte derrame de crudo asociada al campo Ek-Balam, frente a Campeche; Pemex la atribuyó a un “fenómeno natural”, pero estudios independientes y organizaciones estimaron un área contaminada de cientos de kilómetros cuadrados.

En 2025 un derrame de más de 300 barriles de petróleo afectó unos 7 km de costas de Tabasco en una zona con áreas naturales protegidas; al menos mil 500 pescadores vieron paralizadas sus actividades durante semanas. Existe un subregistro de alrededor de 60 por ciento de los derrames en el golfo en los últimos seis años, comparando reportes oficiales con imágenes satelitales y denuncias comunitarias.

Pero no es el único caso, van tres incidentes graves en la refinería de Dos Bocas en unas pocas semanas que han dejado cinco muertos, y mientras la población denuncia los riesgos que sufre, los hechos también se niegan sistemáticamente.

Juegos de poder

¿Hasta cuándo vamos a aguantar a Pemex?

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

Se supone que todos los mexicanos somos dueños de los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo. Los gobiernos han decidido que la mejor manera de gestionarlos es a través de una empresa monopólica del Estado: Pemex.

Es un modelo que ya no funciona.

Comparémoslo con otros dos países donde la población también es propietaria de sus recursos petroleros.

En Arabia Saudita, la explotación de hidrocarburos también está a cargo de una empresa, Aramco, mayoritariamente propiedad del gobierno. La empresa, sin embargo, se maneja como un conglomerado global privado. Una parte minoritaria del capital cotiza en la bolsa, donde cualquier inversionista puede comprar sus acciones.

El Consejo de Administración combina ejecutivos profesionales del sector petrolero con figuras del gobierno. La dirección de la empresa es profesional, técnica y altamente especializada. Su objetivo es maximizar las utilidades con un enfoque de eficiencia evitando criterios políticos. Históricamente, los márgenes han sido enormes, generando gigantescos flujos de efectivo que se entregan —vía dividendos, impuestos y regalías— al Estado.

Hoy, es una de las empresas más rentables del mundo. Gracias a eso, la monarquía saudí ha podido subsidiar la energía y alimentos, pagar su burocracia, construir infraestructura y financiar programas sociales. Con la renta petrolera que genera Aramco, los saudíes prácticamente no pagan impuestos.

En Noruega, los hidrocarburos también son propiedad de la nación. Para capturar la mayor parte de la renta petrolera, hay un sistema de licencias competitivas que el gobierno otorga a empresas privadas internacionales y la petrolera estatal Equinor.

Las licencias son competitivas con reglas claras y estables.

El Estado participa como regulador e inversionista, de tal suerte que comparte riesgos y ganancias. El gobierno obtiene ingresos con altísimos impuestos a los privados y con los dividendos que le paga Equinor.

Estos recursos se depositan en un fondo soberano que actualmente es el más grande del mundo con un valor de 2.1 billones de dólares, casi cuatro veces el PIB de Noruega.

En México, en cambio, tenemos un monopolio petrolero que se maneja fundamentalmente con criterios políticos. Las administraciones cambian cada seis años y, con ellos, se definen nuevos objetivos. La meta nunca ha sido maximizar la renta petrolera, sino financiar al gobierno.

El resultado ha sido atroz: deuda alta, producción a la baja y costos elevados.

Durante muchos sexenios, los gobiernos exprimieron a Pemex como vaquita lechera. Peña entendió que había que permitir la participación de los privados para maximizar una renta petrolera que iba a la baja. López Obrador, sin embargo, echó para atrás la reforma energética y volvió a apostarle al monopolio estatal de Pemex.

El resultado ha sido desastroso.

De acuerdo con datos de México Evalúa, para septiembre de 2025 Pemex había aportado 185 mil millones de pesos al erario, pero el gobierno le había devuelto 381 mil millones en transferencias. Por tanto, el Estado tuvo pérdidas de 195 mil millones. 

Hoy Pemex nos cuesta más a los mexicanos de lo que aporta.

A eso hemos llegado.

El último escándalo de Pemex revela el fracaso de un modelo agotado. En febrero, en el golfo de México comenzaron a aparecer manchas de crudo. Diversas autoridades negaron la responsabilidad de Pemex.

“Fue un buque privado contratado en el sexenio de Peña”, dijo la gobernadora de Veracruz. “El derrame no fue de Pemex”, afirmó la Presidenta. “Fue una descarga en una zona de fondeo”, explicó la secretaria de Medio Ambiente. “Fueron emanaciones naturales de dos chapopoteras”, aclaró el secretario de Marina, quien luego corrigió: “Un buque hizo el vertimiento; se investigan 13 buques en la zona para saber cuál fue”.

La realidad es que sí fue Pemex.

69 días después de que apareció la contaminación, el director de Pemex, Víctor Rodríguez, reveló algo inconcebible: sus subordinados lo habían engañado. La fuga de petróleo venía de un oleoducto de la empresa en Cantarell.

Por tal motivo, se despidió a los titulares de dependencias de control y seguridad de derrames de Pemex. Y ahí quedó este escándalo.

Otro más en la larga zaga de desastres de Pemex.

¿Hasta cuándo los mexicanos toleraremos el desastre del monopolio estatal petrolero que ya nos cuesta más de lo que nos beneficia?

Este último incidente me recordó el accidente de la planta nuclear de Chernóbil, que evidenció cómo la mentira burocrática llegaba hasta a los más altos niveles de la jerarquía soviética.

Es lo que hemos desarrollado en México en materia de hidrocarburos: un sistema tipo soviético que pierde dinero a raudales y sólo beneficia a pequeñas élites del gobierno, de la petrolera y sus contratistas.

A la mayoría de los mexicanos, no.

¿Hasta cuándo aguantaremos?

Astillero

Bien Sheinbaum en Barcelona // Solidaridad progresista // Instructores de EU en acción // Accidente devela engranaje

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

La presidenta de México tuvo buenos e interesantes resultados de su viaje a Barcelona. Cerró el capítulo del congelamiento de relaciones con España mediante su presencia física y declaraciones tersas al respecto con el presidente Pedro Sánchez en sintonía reconciliatoria. Además, asumió de manera explícita su condición de integrante de la corriente de gobiernos progresistas que buscan frenar el avance de las derechas y ultraderechas y los desenfrenados ánimos bélicos trumpistas.

Junto al brasileño Lula (que fue más directo en los señalamientos hacia la Casa Blanca), el colombiano Petro (que en agosto dejará el poder) y el uruguayo Orsi, más el anfitrión español (abiertamente confrontado con las políticas trumpistas), Sheinbaum tuvo un papel destacado, en un contexto que en primera lectura muestra a un Trump en desgaste por sus evidentes trastornos mentales y la guerra de Irán de la que no ha podido salir ( The Wall Street Journal ha publicado la viñeta cruda de un presidente desquiciado) pero que, al mismo tiempo, lo vuelve más peligroso hacia una América que reclama como propia.

Un mortal accidente carretero en Chihuahua (de acuerdo con la información oficial) puso de manifiesto el trabajo físico conjunto que realizan agentes adscritos a la embajada de Estados Unidos en México (oficiales instructores, la denominación utilizada por las autoridades) con agentes y funcionarios mexicanos.

La muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, director regional de la Agencia Estatal de Investigación, y de Manuel Gerardo Méndez Montes, escolta del anterior, y de dos “instructores” estadunidenses, de quienes no se habían proporcionado los nombres a la hora de redactar las presentes líneas, se produjo horas después de un aparatoso operativo en una zona entre los municipios chihuahuenses de Guachochi y Morelos, en la Sierra Tarahumara.

En dicha acción fueron localizados dos laboratorios clandestinos de producción de droga sintética y un campamento “con víveres para consumo humano”. El reporte oficial señala el hallazgo de tambos, calderas, contenedores, hornos y todo el equipamiento necesario para la producción y almacenamiento de metanfetaminas. No hubo detenidos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en un comunicado oficial sabatino (https://goo.su/zQ3e3 ), había adju-dicado el “operativo conjunto” sólo a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas. Ninguna referencia a la participación de los “oficiales instructores” de la embajada estadunidense, lo cual sólo se conoció a partir del inocultable accidente carretero. El fiscal estatal, César Jáuregui, mencionó que el vehículo en que viajaban las cuatro personas luego fallecidas cayó a un barranco cuando regresaban del operativo en la zona antes mencionada, que forma parte del llamado Triángulo Dorado y se encuentra a unas nueve horas de la capital chihuahuense.

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, lamentó los decesos, sin precisar los nombres de los “oficiales instructores” ni mencionarlos con tal denominación: sólo dijo que eran “personal de la embajada de los Estados Unidos”. Reconoció en ellos “su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo” y dijo que lo sucedido “fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”.

Será importante que el gobierno mexicano informe y precise el alcance de las actividades físicas y tecnológicas conjuntas que realizan agentes estadunidenses en suelo mexicano. Aun cuando es notoria la creciente influencia o conducción de operativos en México por parte de agentes y agencias del país vecino, en una cesión del gobierno mexicano para tratar de conjurar los multiplicados ánimos del trumpismo por intervenir abiertamente acá, valdría saber qué hacían unos “instructores” en la acción en la Sierra Tarahumara y qué otras concesiones similares se han hecho.

México SA

Barcelona: ¿qué tan efectivo? // Líderes contra agentes de derecha // Entre demócratas y genocidas

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

El ejercicio es por demás que plausible (aunque tal vez tardío, ante las crecientes barbaridades imperiales y su embate autoritario en contra de la democracia), sin duda, pero el punto es: ¿qué tan efectivo, si en realidad lo es, resultará el cónclave de presidentes, primeros ministros y representantes de 20 países reunidos en Barcelona? ¿Alcanzará para enfrentar los embates de un enloquecido Donald Trump, quien, como el caballo de Atila, por donde pasa todo destroza?

Loable, también, el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para consensuar una declaración conjunta contra una intervención militar en Cuba (la siguiente aventura guerrera, aún en lista de espera, del esperpéntico personaje de la Casa Blanca), pero ¿alcanzará esa proclama para evitar una agresión más a la mayor de las Antillas? (especialmente cuando entre los potenciales abajo firmantes aparecen ex mandatarios que, como Gabriel Boric, han calificado a la isla como “una dictadura”, o Pedro Sánchez, quien no es muy “apapachador” de la causa cubana, al tiempo que en su mandato fingió demencia en el genocidio de Gaza, permitió el uso de los puertos españoles para el trasiego de armas a Israel y avaló que la industria armamentista de su país nutriera las bodegas sionistas para asesinar palestinos, aunque al final de cuentas se pronunció en contra de todo esto; o el propio presidente uruguayo, Yamandú Orsi, que ha sido extremadamente crítico con respecto al modelo cubano).

Así, en la Cumbre en Defensa de la Democracia se reunió una mezcla de dirigentes de chile, dulce y manteca, todos con pancarta de la democracia, pero a la hora de la hora la mayoría de ellos terminan por doblar las manos ante las nada sutiles presiones y chantajes de Washington. Queda claro que en ese pequeño universo sólo tres de los actuales líderes latinoamericanos históricamente han mantenido una posición nítida sobre Cuba: Claudia Sheinbaum, Lula da Silva y Gustavo Petro. El resto de la región es dominada por agentes de la ultraderecha al servicio de la Casa Blanca e Israel (oficialmente, Javier Milei, José Antonio Kast, el narco platanero Daniel Noboa, Rodrigo Paz, Najib Bukele, Rodrigo Chávez, Nasri Asfuera, Luis Abinade, Kamla Persad y Santiago Peña; ninguno fue autorizado por sus respectivos congresos).

Esos agentes, y algunos más (quienes por obvias razones no asistieron a la Cumbre de Barcelona), de inmediato y sin chistar atienden las órdenes de Trump, por ejemplo aquella (marzo pasado) de “sumarse” a uno de sus inventos: el Escudo de Américas, una “alianza militar” regional oficialmente destinada a “combatir las organizaciones criminales trasnacionales” en Latinoamérica y el Caribe, aunque en los hechos no es más que una carta en blanco para que Washington meta las narices y sus tropas donde se le pegue la gana.

De cualquier suerte, ya en el plano optimista y sin obviar que la diplomacia dejó de ser algo útil ante el autoritarismo de la Casa Blanca, es de esperar que la Cumbre de Barcelona trascienda los discursos, los ceremoniales y los comunicados conjuntos para que por lo menos parte de sus enunciados se lleven a cabo, especialmente para evitar el asalto a Cuba. En esto, por lo menos, no hay duda del proceder y el compromiso de tres grandes naciones latinoamericanas: México, Brasil y Colombia. Sin embargo, América Latina y el Caribe se compone por 33 países.

En vía de mientras, en tal foro la presidenta Sheinbaum pronunció un discurso muy bien elaborado y con mensaje claro: “vengo de un pueblo que reconoce su origen en las grandes culturas originarias, aquellas que fueron acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas, porque hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan. Vengo de la Pirámide del Sol, vengo de Tláloc, de Huitzilopochtli, de Coatlicue. Vengo de una historia milenaria que no es pasado, es presente vivo en nuestras comunidades, en nuestras lenguas, en nuestra forma de mirar el mundo. Vengo de un pueblo con valores espirituales profundos que sabe que su historia es sagrada, porque en ella encuentra la fuerza para levantarse, resistir y seguir tejiendo con dignidad su destino”.

Vengo, pues, dijo “de un país que abrazó al exilio (como el español) y convirtió la solidaridad en acción” y que, en soledad, no ha dejado de reivindicar el derecho de Cuba a la autodeterminación.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿qué porción de “te partimos toda tu madre” no ha entendido Trump en su desaforada agresión contra Irán? Va por la vida como pato salvaje, no da una, se contradice permanentemente, le pegan por todos lados y todavía exige.