Lo que dicen los columnistas

Elecciones sin alianzas

Ahora el PVEM medirá sus fuerzas en la elección del año que viene y verá si por fin puede caminar solo, pues a lo largo de toda su historia se mantenido a la sombra del PRI, PAN y Morena.

JOSÉ GIL OLMOS

Proceso

Las próximas elecciones del 2027 y 2030 presentarán un escenario en el que ya no existirán las alianzas de los procesos electorales anteriores, sobre todo de Morena con los partidos Verde y del Trabajo, con los que rompió la presidenta Claudia Sheinbaum cuando éstos decidieron no apoyar la reforma electoral que proponía reducción de presupuesto y las famosas plurinominales.

Los dueños del Partido Verde estiman que ya tienen suficiente capital político, fuerza electoral y dinero para ir solos en la elección del próximo año en la Ciudad de México, San Luis Potosí, Colima, Quintana Roo y Zacatecas. Por su parte, los del Partido del Trabajo ven la posibilidad de postular a la actual senadora Geovanna Bañuelos para Zacatecas.

La presidenta Claudia Sheinbaum y su antecesor Andrés Manuel López Obrador se sienten traicionados por estos partidos que han sido una rémora en las ultimas elecciones y de las cuales han sacado provecho para acrecentar su presencia a nivel nacional, sobre todo el Partido Verde, que aspira a tener gobernadores seguros en cuatro entidades.

La molestia y el enojo del fundador de Morena y de su heredera política se vio con claridad el pasado 7 marzo, cuando el partido Morena dio a conocer las reglas para la postulación de candidaturas a las 17 gubernaturas con base en encuestas y el veto al nepotismo, pero sin consultar al PT y PVEM.

Ante este ninguneo el PVEM y PT exigieron su derecho a participar en las encuestas, sobre todo el Partido Verde, que de la mano del gobernador potosino Ricardo Gallardo ha pedido que se le reconozca que tiene mayor fuerza que los aliados en esa entidad donde la principal aspirante del PVEM a la gubernatura es la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador.

Aunque los tres partidos han declarado que se mantienen unidos para la elección del 2027, en los hechos ya hay una fractura de una alianza que duró 12 años y que llevo al triunfo a Morena en 2018 y 2024, tanto en la presidencia como en la mayoría legislativa.

Los intereses de cada partido se sobrepusieron. De parte de Morena la intención de mantener la mayoría en la Cámara de Diputados y en una buena parte de las 17 gubernaturas en disputa.

Mientras que del PVEM y el PT, el interés es mantener el financiamiento público y los espacios legislativos obtenidos por la vía plurinominal, los cuales estaban en riesgo en la reforma electoral propuesta por la presidenta Sheinbaum y que fue rechazada por ambos partidos.

Ese rechazo fue el principio del fin de esta alianza de la que Morena salió beneficiada, principalmente en mantener una mayoría en la Cámara de Diputados para la aprobación de las reformas constitucionales heredadas del mandato lopezobradorista.

Ahora el PVEM medirá sus fuerzas en la elección del año que viene y verá si por fin puede caminar solo, pues a lo largo de toda su historia se mantenido a la sombra del PRI, PAN y Morena. Nunca como ahora ha conseguido espacios de poder en el poder legislativo y en algunos estados.

A su vez el PT tiene como principal meta mantener su registro y algunos espacios tanto en el Senado como en la cámara de Diputados y También buscan mantener respeto a su autonomía y respaldo a líderes locales.

Por cierto, otra alianza que ya no se verá es la que tuvieron el PRI y PAN que resultó tan terrible que perdieron escaños, gubernaturas y militantes. El priista Alejandro Moreno, desesperado, ha propuesto una gran alianza opositora, pero nadie le ha hecho eco, lo han dejado solo porque el PRI bajo su mando es un lastre, nadie lo quiere de aliado.

Arsenal

El tirador también hirió a Teotihuacan

FRANCISCO GARFIAS

Excelsior

Teotihuacan es uno de los sitios arqueológicos más visitados de México (más de 1.8 millones de turistas al año). La Unesco lo declaró “patrimonio cultural de la humanidad”.

Las imágenes del tiroteo ocurrido ayer en las pirámides, difundidas ampliamente aquí y en el extranjero, van a traer un costo al emblemático sitio prehispánico.

En ellas se ve a un hombre armado de entre 30 y 40 años en la parte alta de la Pirámide de la Luna. Lleva una pistola calibre 38 que dispara entre 20 y 30 veces.

Mató a una turista canadiense e hirió a tres más: otra canadiense y dos de nacionalidad rusa y colombiana. A eso hay que agregar un montón de lesionados que, apanicados, bajaban como podían la Pirámide de la Luna.

La versión oficial dice que el asesino se suicidó, pero hay otras que sugieren que guardias nacionales le dispararon.

* Este “horrendo acto” —así lo calificó el gobierno de Canadá— genera dudas sobre la seguridad en zonas turísticas y provoca daño a la imagen de México.

Medios de Canadá, Estados Unidos, Europa y América Latina han cubierto ampliamente la noticia.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares (especialmente con Canadá), y ordenó una investigación exhaustiva y más apoyo a las embajadas de los países de las víctimas.

Al cierre de esta columna poco se sabía del tirador. Su identidad no se había dado a conocer. Ni el nombre ni la edad ni la nacionalidad o si tenía antecedentes penales.

No se conoce el móvil del ataque. ¿Obra de un desquiciado? ¿Tema personal? Esperemos las investigaciones que, seguramente, darán de que hablar.

* A la hora que esté leyendo esta columna, probablemente ya sepamos los nombres de los integrantes de las tres quintetas de aspirantes a consejeros del INE.

Las ternas, según Ricardo Monreal, serían votadas por el pleno de la Cámara de Diputados mañana o pasado.

Las cosas no pintan bien para la autonomía del INE. Para nadie es un secreto que el Comité Técnico de Evaluación, encargado de elaborar esas quintetas, cojea de la pata guinda.

Ricardo Anaya, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, bajó ayer la palanca de alarma respecto de la elección de los consejeros y consejeras del INE.

“Los miembros del Comité de Evaluación, este grupo de personas que supuestamente, de manera objetiva, iban a valorar quién tenía el mejor perfil, están haciendo las cosas de una manera verdaderamente tramposa y nos parece muy preocupante lo que, hasta ahora, ha sucedido”, dijo.

Añadió: “Lo que están haciendo, básicamente, es premiar a los perfiles que son afines a Morena y castigar a aquellos ciudadanos que no son cercanos a Morena”.

El panista puso el caso de la consejera del Instituto Electoral de CDMX, Erika Estrada, una aspirante que sacó 81 puntos en el examen de idoneidad, fue rasurada de la la lista de aspirantes.

¿Su pecado? Haber votado en contra de la sobrerrepresentación de Morena en el caso de la Ciudad de México.

“El propio comité reconoce que había sacado 81 puntos, es decir, una muy buena calificación, pues como esta persona votó en contra de las trampas de la sobrerrepresentación de Morena en el caso de la Ciudad de México, la rasuraron”, aseveró.

Y a los que votaron a favor de la sobrerrepresentación, o sea, a los que beneficiaron a Morena, aun con menor calificación, a esos sí los pasaron. “Estamos viendo que este patrón se está repitiendo”, alertó.

La alerta terminó con señalamientos muy preocupantes:

“Morena se enfila, de manera directa, a poner a sus incondicionales y tomar el control del Instituto Nacional Electoral, lo cual sería gravísimo para nuestra democracia, porque implicaría regresar prácticamente a los años 80, en donde el propio gobierno tenía el control de las elecciones”.

* Nos llegó una tarjeta informativa del Instituto Politécnico Nacional en la que nos informan la terminación anticipada del Convenio de Colaboración con Fundación Politécnico A.C.

La determinación se tomó “en virtud de que desconoció la participación del IPN en la toma de decisiones y la gestión de aportaciones voluntarias dentro de dicha Fundación…”.

La tarjeta agrega que, para garantizar la continuidad y la certeza a las aportaciones voluntarias de la comunidad, el IPN constituyó una asociación civil que es acorde a sus atribuciones para el cumplimiento de sus necesidades.

“En todo momento, el IPN, así como su director general, Arturo Reyes-Sandoval, han ponderado y privilegian el beneficio y las necesidades de la comunidad estudiantil, aseguran.

Juegos de poder

La triste captura de los árbitros electorales

LEO ZUCKERMANN

Excelsior

La democratización en México se logró gracias a reformas que construyeron instituciones electorales serias, profesionales, eficaces, autónomas, imparciales y creíbles. Este proceso costó mucho tiempo y dinero. La oposición presionó y el régimen autoritario priista tuvo la voluntad de escucharla, negociar y pactar.

Se crearon, así, el Instituto Federal Electoral (IFE, luego INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los dos, pilares institucionales con la misión de organizar y arbitrar la competencia electoral entre los distintos partidos.

Gracias a este proceso de construcción institucional, las minorías pudieron convertirse en mayorías, condición sine qua non de la democracia liberal.

Tristemente, hoy avanzamos por el camino opuesto.

La llamada “Cuarta Transformación” se ha abocado, con éxito, a la captura de los árbitros electorales.

El caso más patético y patente ha sido el del TEPJF.

Durante la segunda mitad del sexenio de AMLO, la mayoría oficialista en el Senado se rehusó a nombrar a dos magistrados que faltaban en el Tribunal. En lugar de operar con siete, como lo manda la Constitución, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral funcionó con cinco magistrados.

Tres de ellos estaban cooptados por Morena: Mónica Soto, la presidenta, y los dos Felipes, De la Mata y Fuentes. Los otros dos (Janine Otálora y Reyes Rodríguez) se quedaron en la minoría.

La mayoría morenista en el Tribunal validó candidaturas controvertidas, permitió prácticas de propaganda gubernamental y uso de recursos públicos prohibidos por la ley, certificó la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo y legitimó el uso de los acordeones que se utilizaron en la elección judicial de 2025.

Morena premió a los magistrados permitiéndoles quedarse en sus puestos cuando todos los demás jueces fueron defenestrados en la reforma judicial de 2024. En las elecciones de 2025 finalmente se eligió a los dos magistrados que faltaban. Quedaron Claudia Valle y Gilberto de Guzmán Bátiz, que aparecieron en los acordeones de Morena para las elecciones judiciales; evidentemente, el oficialismo estaba interesado en que quedaran ellos como magistrados.

La captura del INE por parte de la 4T ha sido más complicada y tardada.

Cuando, en 2022, López Obrador comenzó a atacarlo, en particular al entonces titular, Lorenzo Córdova, miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar con la consigna “¡el INE no se toca!”. Los manifestantes se oponían a su debilitamiento y captura.

En 2023 se renovaron cuatro de los once miembros del Consejo General, máximo órgano decisor del instituto, incluidos el consejero presidente. En ese puesto quedó Guadalupe Taddei, en lugar de Córdova, con familiares cercanos a la 4T. El propio López Obrador describió a los Taddei como una familia “progresista”.

Ya como presidenta del INE, con sus declaraciones, acciones y votos, Taddei ha demostrado su cercanía con Morena. Es evidente su obsecuencia con el partido gobernante y los otros dos partidos aliados de la 4T.

La presidenta del INE ha logrado conjuntar a un grupo mayoritario de consejeros que votan a favor de decisiones que favorecen a Morena. En este sentido, como ocurrió con el Tribunal, también el instituto ha sido capturado por las fuerzas del gobierno.

Este proceso de captura quedará sellado este mes cuando la Cámara de Diputados elija a tres consejeros que se retiraron este año.

En esta ocasión, el oficialismo no ha tenido empacho en seleccionar perfiles claramente afines a la 4T.

Sin pudor alguno, evitando las típicas simulaciones mexicanas, entre el gobierno, Morena y la propia Taddei, han incluido en las listas a gente cercana a ellos, como Arturo Chávez, director de Talleres Gráficos de México, afín a la presidenta Sheinbaum; Bernardo Valle, exconsejero del Instituto Electoral de la CDMX; Flavio Cienfuegos, exdirector de administración del IMSS y excolaborador de Taddei; Miguel Lucía, exsenador suplente de Morena; Diana Talavera, históricamente impulsada por el bloque de Morena en la capital; Guadalupe Álvarez, hija del senador de Morena por Tlaxcala; Iulisca Bautista, esposa de un funcionario en la Sedatu; Netzer Villafuerte, asesora del grupo parlamentario de Morena en el Senado, y Alejandro Romero, coordinador de asesores de una consejera cercana al partido gobernante.

Se consolidará, así, la mayoría oficialista en el INE, como ocurrió en el TEPJF.

Adiós a la seriedad, profesionalismo, eficacia, autonomía, imparcialidad y credibilidad de las instituciones electorales. Bienvenidos a una nueva época de control del partido hegemónico en ellas. Qué triste.

Astillero

En la Tarahumara, ¿pragmatismo convenido? // Agentes de EU en acción // “A nueve horas de distancia” // Michoacán: asesinar ambientalistas

JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

La Jornada

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui (hechura política de la gobernadora panista Maru Campos), ha asegurado que no hay relación entre un fuerte operativo contra narcolaboratorios en la sierra Tarahumara y la presencia de dos agentes de Estados Unidos que luego morirían, junto con un alto mando policiaco estatal y uno de sus escoltas, en lo que ha sido mencionado oficialmente como un accidente carretero.

La hipótesis arroja de inmediato incertidumbre y especulación. Los estadunidenses, cuyos nombres y adscripción laboral (¿DEA, CIA?) no han sido informados, habrían estado en una zona lejana, a ocho o nueve horas del fuerte operativo, en tareas de instrucción y capacitación (se habla, en especial, de temas relacionados con drones). Entonces, ¿cómo fue que dos de ellos terminaron muertos junto con el mando que había encabezado el operativo en mención? (mando, por cierto, de apellidos Oseguera Cervantes, los mismos del difunto jefe del cártel jalisciense apodado El Mencho, pero sin relación familiar, según se ha afirmado).

Así lo explicó el fiscal Jáuregui, según publicó La verdad de Juárez: “Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones ( ), ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el director, suben al vehículo y a las 2 de la mañana, aproximadamente, sufren el percance donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar” (https://goo.su/RWCrIVl).

El propio fiscal Jáuregui tuvo a bien aceptar que la Presidencia de la República no fue informada de la participación de los agentes extranjeros en el operativo contra dos narcolaboratorios en toda forma, por la sencilla razón de que ellos no habrían participado, sino que andaban por ahí, capacitando, instruyendo, sin saber ni imaginarse lo que estaba sucediendo a nueve horas de distancia.

La presidenta Sheinbaum había sido tajante en la mañanera al asegurar que no sabía nada de operativos conjuntos con Estados Unidos en Chihuahua ni en parte alguna de la República, y que, en todo caso, deberían ser tanto el poder chihuahuense, como la embajada estadunidense, quienes aclararan el punto y establecieran responsabilidades.

De entrada ha de decirse que la gobernadora panista de la entidad es la responsable política de la instalación de quien era su secretario de Gobierno en la fiscalía general; a su vez, quien ocupaba tal fiscalía fue nombrado secretario particular de la mandataria, justo para dar paso a Jáuregui.

También debe decirse que, oficialmente, en la acción contra los narcolaboratorios de la Tarahumara participaron 80 elementos, pertenecientes a corporaciones estatales y a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ya se verá si este episodio tiene consecuencias diplomáticas y una mayor restricción al actuar de agentes estadunidenses en México, o se diluye en aras de un pragmatismo convenido.

El defensor del medio ambiente Lázaro Mendoza, de 51 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado 14 en Paramuén (lugar de fresnos, en purépecha), un poblado del municipio de Salvador Escalante, en Michoacán. El pasado 18 las autoridades estatales confirmaron que un cuerpo calcinado, que se había encontrado en el interior de una camioneta, pertenecía a quien había luchado contra la tala ilegal, la deforestación ligada a la expansión aguacatera irregular y el daño a los lagos de la zona de Pátzcuaro. En la misma semana fue asesinado Roberto Chávez, del Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro, en Villa Madero, también activista contra la tala ilegal generada para expandir huertas de aguacate bajo control del crimen organizado.

México SA

Maru Campos viola la ley // Agentes, como en su casa // “Estaban”, pero “no estaban”

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

La Jornada

Allá por diciembre de 2020, a días de ser aprobada la reforma a la Ley Seguridad Nacional promovida por el entonces presidente López Obrador, el entonces fiscal general de Estados Unidos (en el primer mandato de Donald Trump), William P. Barr, hacía pública su “preocupación” porque tal modificación legal, entre otros elementos, regularía y acotaría la actuación de agentes de la DEA en territorio mexicano “y en general” a los integrantes de todas las agencias gringas –y de otras naciones– acostumbradas a meter la mano a fondo en nuestro país sin pedir permiso a nadie y con la complacencia del régimen neoliberal.

Con lágrimas de cocodrilo, dicho funcionario se quejaba de que los citados cambios “harían que estuvieran menos seguros los ciudadanos, tanto de México como de Estados Unidos; la aprobación de esta legislación sólo puede beneficiar a las organizaciones trasnacionales violentas y a otros delincuentes que estamos combatiendo de manera conjunta”. Y se quedó tan fresco.

Lo cierto es que, transcurrido el tiempo, el aparato de “inteligencia” de EU se ha pasado la nueva legislación por el mismísimo arco del triunfo y de lo mucho que al vecino del norte le “preocupaban” las citadas modificaciones da puntual cuenta el más reciente suceso en Chihuahua, con la impresentable panista Maru Campos a la cabeza, como encubridora y violadora de una legislación de alcance nacional:

“Dos oficiales instructores de la embajada de Estados Unidos en México; el director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes murieron cuando el vehículo en que se trasladaban cayó a un barranco después de un operativo para desmantelar seis laboratorios de producción de drogas sintéticas presuntamente pertenecientes al cártel de Sinaloa en el municipio de Morelos en la sierra Tarahumara, informó el titular de la Fiscalía General del Estado, César Jáuregui Moreno. Los agentes estadunidenses se encontraban ‘haciendo labores de entrenamiento’ y por la tarde un vocero de la embajada dijo a La Jornada que ‘colaboraban con las autoridades de Chihuahua en la lucha contra las actividades de los cárteles’” (La Jornada, Jesús Estrada y Emir Olivares).

Y como si nadie hubiera violado la ley, otro agente que despacha como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se limitó a “lamentar profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de esta representación diplomática (quienes, obviamente, no trabajaban en el “área de oficina”, como suelen encubrirse los sicarios con placa que están operativos)… Reconocemos su dedicación e incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de este tiempo. Nuestros pensamientos y oraciones”. Ajá, ¿y quién les abrió la puerta para que se metieran donde no deben?

De ese tamaño es la “preocupación” gringa por las modificaciones –hace ya cinco años y pico– a la Ley de Seguridad Nacional. Es decir, en los hechos violan la soberanía y sus agentes siguen operando, pero ya no de la mano del gobierno federal, sino de los estatales.

Maru Campos aventó la papa caliente al fiscal general del estado, César Jáuregui. Un comunicado oficial asegura que para “evitar especulaciones y malos entendidos” (sic), el funcionario dijo que “únicamente participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano. Descarta la intervención de elementos extranjeros; sin embargo, instructores procedentes de Estados Unidos sí se encontraban en la entidad en una comunidad aledaña, pero con otros fines, como el manejo de drones. Conviene explicar para precisar los hechos que están generando algo de confusión”.

¿“Confusión”? No: violación a las leyes mexicanas, promovida por la gobernadora panista Campos y “justificada” por su fiscal Jáuregui. Para ese par de impresentables, los agentes sí “estaban”, pero no “estaban” y, según ellos, sólo por una mera “causalidad” se “encontraron” en el camino sólo para morir juntos tras “desmantelar” narcolaboratorios. Qué cara más dura.

A la presidenta Sheinbaum nada grato le cayó la noticia. En la mañanera de ayer subrayó: “no teníamos conocimiento de que hubiera un trabajo directo entre el estado de Chihuahua y personal de la embajada de Estados Unidos en México. Estamos revisando si hay alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional; no hay operaciones conjuntas en tierra ni aire. El respeto a nuestra soberanía está por encima de todo”.

Las rebanadas del pastel

Guerra científica: en la Casa Blanca dicen que Trump agredió a Irán “porque tuvo un presentimiento”. De ese nivel.