Nación, nacionalidad y traición
Tonatiuh Guillén López
Proceso
La nacionalidad mexicana y sus criterios se definieron de manera estrecha, para evitar que por la vía de la nacionalidad pudieran filtrarse intereses extranjeros.
Entre otros elementos fundantes del marco jurídico, en la Constitución política de México se encuentra la definición esencial de la Nación, los criterios sobre la nacionalidad y, además, algunas prohibiciones explícitas que en caso de realizarse configurarían una abierta traición a sus principios. Incumplir con la norma constitucional es asunto grave.
Nuestra Carta Magna en esencia es producto de los diputados constituyentes de 1916-1917 y fue elaborada dentro de un ambiente político de radical nacionalismo, reflejado a lo largo de su texto y en particular, de manera enfática, en las definiciones sobre la nacionalidad, es decir, en los principios que determinan quiénes somos las y los mexicanos, integrantes de la Nación.
Predominó en aquella coyuntura una firme visión protectora de la patria, para evitar influencias extranjeras que pudieran imponerse a los intereses nacionales. El siglo XIX nos había demostrado lo devastador de las invasiones extranjeras, como la de Estados Unidos y la de Francia, además de otras negativas injerencias.
De esta manera no fue casualidad el ímpetu nacionalista de la Constitución promulgada en 1917. La nacionalidad mexicana y sus criterios se definieron de manera estrecha, para evitar que por la vía de la nacionalidad pudieran filtrarse intereses extranjeros. Incluso se dudaba que los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero pudieran tener el mismo compromiso patriótico que alguien nacido en el territorio. Se dudaba también de los extranjeros, que si bien podían naturalizarse como mexicanos, tenían sus derechos políticos restringidos y negado su acceso a cargos en el poder político.
Estos principios dictados por la versión original de la Constitución han ido variando mediante sucesivas reformas, especialmente a los artículos 30, 32 y el 37. Sin embargo, a pesar de los ajustes, el original espíritu nacionalista aún pervive y se refleja en determinadas prohibiciones, como las establecidas por el artículo 32, reformado en el año de 1997.
Después de reconocer el conflicto de interés que pudiera surgir debido a la doble nacionalidad, dice el artículo: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.
El artículo 32 estableció un dique que impide conflictos de interés –intereses entre naciones, evidentemente– que pudieran surgir con la doble nacionalidad, que precisamente en el año de 1997 fue posibilitada para las y los mexicanos por nacimiento. Antes de ese año, no había necesidad de esta previsión, pues la doble nacionalidad estaba prohibida. A partir de entonces se reconoció la doble nacionalidad y, paralelamente, la restricción para determinados cargos públicos.
¿Qué sucedería, por ejemplo, si el secretario de Relaciones Exteriores tuviera nacionalidad francesa, además de la mexicana, y en determinado momento hubiera un conflicto con Francia? Cualquiera que fuera el resultado del conflicto y cualquiera la decisión de ese hipotético secretario, con alguno de los dos países quedaría mal. De un lado sería un patriota, del otro un traidor. ¿Qué sucedería si el presidente de la República tuviera nacionalidad estadunidense y al mismo tiempo nacionalidad mexicana? Tremendo conflicto de intereses nacionales, sin salida.
La sabiduría constitucional puso así un candado en el artículo 32. La Constitución define un conjunto de puestos políticos exclusivos para mexicanos por nacimiento “sin doble nacionalidad”. La exclusividad está asignada para los cargos (en masculino) de presidente de la República, secretarios de despacho del gobierno federal, senador y diputado del Congreso de la Unión, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fiscal general de la República, gobernador, además de otros dispuestos por las leyes federales.
Ahora bien, ¿qué sucedería si algún mexicano por nacimiento y con doble nacionalidad ocupara –con engaño– alguno de estos cargos u otro de los exclusivos indicados por las leyes? De entrada, sería una franca violación de la Constitución y una abierta ruptura de sus principios nacionalistas. Además, alguien que jura cumplir la Constitución y las leyes ¿en verdad va a hacerlo cuando su primera acción es no cumplirlas?
Evidentemente, violar los principios constitucionales es un evento de extrema gravedad. Equivale a la ruptura del orden legal en el nivel más esencial. Por lo mismo, no puede aceptarse “ni tantito”. O bien ¿reformamos la Constitución y nos olvidamos de los principios nacionalistas? ¿Nos olvidamos de los diputados constituyentes de 1916-1917 y decidimos que eran exagerados?.
Lo innegable hoy es que tenemos una Constitución que es obligatorio cumplir y hacer cumplir. Por ejemplo, para el caso del exdiputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, mexicano y chileno, hoy presente en las noticias por su extradición desde Chile ¿además de acusado por corrupción, también violó la Constitución cuando fue diputado al tener doble nacionalidad? Pero no es el único personaje con dudas al respecto. No es difícil encontrar en medios de comunicación referencias a otras personas que han sido gobernadores (en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, por ejemplo) o han tenido cargos en el Congreso de la Unión, a pesar de señalamientos sobre su doble nacionalidad.
Es probable que el día de hoy existan situaciones violatorias de la Constitución provocadas por personas ocupando cargos públicos restringidos, evidentemente con pleno conocimiento y no por accidente. Cabe advertir que la problemática está en expansión, en la medida que la propia Constitución ha abierto más y más el despliegue de la nacionalidad y de la doble nacionalidad (explico más el tema en mi libro México, Nación transterritorial…). No estamos ante una cuestión menor y es urgente realizar el diagnóstico preciso y reglamentar procedimientos que eviten el conflicto de intereses que pudieran afectar (o afectan) a la nación mexicana.
Finalmente, conviene aclarar que el planteamiento expuesto no demerita la relevancia de la doble nacionalidad como potente horizonte de la Nación mexicana, de la actual y sobre todo en el futuro. La cuestión radica en la condición de doble nacionalidad y su relación con el interés nacional, en especial, con la ocupación de determinados cargos de Estado que precisamente tienen por función expresar ese interés. l
* Profesor, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la UNAM. Exdirector del Instituto Nacional de Migración.
Razones
Los desafíos del 2022
Jorge Fernández Menéndez
Excelsior
Para el presidente López Obrador, el 2021 fue un buen año y el que comienza será mejor. Es difícil estar de acuerdo con el mandatario: el año que concluyó ha sido durísimo para muchas familias mexicanas y difícilmente el que inicia tendrá una mejora notable. Ni la economía ni la seguridad ni la política, obviamente, tampoco la salud, han tenido un buen 2021.
Es verdad que todo podría estar peor, pero el margen para corregir el desempeño nacional es escaso. En todos los grandes capítulos hay que realizar cambios de forma y de fondo. Comencemos por el más evidente: la seguridad. Concluyó diciembre con 2 mil 274 asesinatos, el año concluye con más de 30 mil y supera en lo que va del sexenio en mucho a los 100 mil, muy por encima de los números de los gobiernos de Calderón o Peña Nieto.
La violencia se expresa no sólo en esos números, sino en la brutalidad con la que son cometidos los crímenes. Se podrá decir en la mañanera que ya no hay masacres, pero en lo que va del sexenio se contabilizan ya 454 masacres en todo el país, una cada tres días. Algunos delitos han disminuido, otros han aumentado, hay zonas del país en las que la seguridad pública ha mejorado, pero muchas otras han caído en abismos insondables. La cifra proporcionada por el Comando Norte de la Defensa estadunidense que estima que cerca de 35 por ciento del territorio nacional no está bajo control de las autoridades sigue siendo un dato duro de nuestra realidad cotidiana.
Es verdad que ha habido avances en algunos ámbitos, sobre todo en el de decomisos de ciertas drogas, pero ello podría interpretarse también como la consecuencia del creciente poderío y capacidad de operación de muchos grupos criminales.
La Guardia Nacional es una institución que funciona y a la que hay que darle tiempo y espacio para hacerlo, pero no deja de ser un instrumento que debe ser utilizado en el marco de una estrategia diferente, donde el golpe a las redes criminales y la detención de sus principales jefes y operadores resulta imprescindible, incluso en el contexto de la relación con Estados Unidos.
La seguridad jurídica y el combate a la impunidad van de la mano con ello. No hay inversiones suficientes porque no existe la seguridad jurídica imprescindible para ello. Propuestas como la reforma eléctrica abonan todos los días a vulnerarla. El ambiente necesario para garantizar las inversiones se diluye y resulta evidente que muchas grandes empresas, nacionales y extranjeras están esperando el cambio de sexenio para decidirlas. Estados Unidos está implementando el plan de infraestructura más grande de su historia, que incluye una profunda revisión de su estrategia energética. Salvo aspectos muy particulares nada hemos hecho para ser parte de esos programas, y en el terreno energético en realidad vamos en sentido contrario.
La popularidad presidencial es real, tanto como lo es la insatisfacción con muchas de sus políticas concretas. Esa distancia entre la popularidad del presidente López Obrador respecto a sus estrategias y políticas será uno de los principales desafíos para este 2022. Y ello se refleja sobre todo en dos fenómenos entrelazados: la sucesión presidencial adelantada y la lucha interna dentro del gobierno.
La paradoja de contar con una administración hipercentralizada donde todo pasa por Palacio Nacional tiene su contraparte en un equipo de gobierno donde los enfrentamientos son cotidianos, los golpes bajos ya ni siquiera se disimulan y muchos funcionarios ya están actuando con base en sus expectativas para 2024, cuando aún faltan dos años para esas decisiones. Se podrá argumentar que las oposiciones no lucen en sus luchas internas mucho mejor, pero la verdad es que muchos de sus conflictos resultan intrascendentes ante los que se viven en el oficialismo.
La polarización será otra de las marcas del 2022. La confrontación que se ha dado en torno a la inútil (en términos institucionales) consulta de revocación lo confirma. Nadie la necesita ni la reclama, salvo el propio oficialismo como parte de su lógica de una campaña permanente que distrae el debate de los grandes temas nacionales, desde la inflación hasta la inseguridad. Y para ello la polarización se transforma en una exigencia que no puede soslayarse. Con un agravante: Palacio Nacional se ha quedado, para muchos sectores, sin interlocutores válidos. Éstos son cada día más escasos y en el ambiente de disputa interna y centralización excesiva, los pocos que quedan apenas y se atreven a serlo.
Éste será un año electoral donde en principio habrá pocas sorpresas ante una oposición que sigue mostrándose poco articulada y con liderazgos endebles. De los seis comicios estatales, las encuestas indican que sólo en dos la oposición podrá ser realmente competitiva. Por supuesto, faltan seis meses y pueden pasar muchas cosas, pero eso es lo que se vislumbra al día de hoy.
Lo que viene en 2022 en el ámbito de la justicia será definitivo. Este año concluye la gestión de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y para nadie es una sorpresa decir que vendrá una disputa interna intensa para su reemplazo. La SCJN es una institución sólida y no se debería permitir que ese proceso natural la deslegitime. Como está sucediendo con el INE, que deberá luchar este 2022, literalmente, por su supervivencia.
En este escenario tan complejo se necesitan muchas cosas, se deben realizar muchos esfuerzos. Lo que no se necesita en absoluto es que algún alcalde inútil inaugure estatuas a un Presidente que está a la mitad de su mandato.
Democracia participativa, otra vez
Bernardo Bátiz V.
La Jornada
El brusco debate en torno a la revocación del mandato obliga a volver al tema fundamental de la consolidación del concepto, según el cual, la soberanía radica en el pueblo. Debatir sobre la revocación del mandato esconde, en el fondo, una controversia de mayor trascendencia: es nuevamente una intentona para que la democracia se mantenga dentro del estrecho cerco de las elecciones periódicas, en las cuales el pueblo soberano queda constreñido a emitir su voto y regresar a su casa a esperar a que los gobernantes electos hagan bien las cosas o a lamentarse si las hicieron mal.
Escuché el término democracia participativa por vez primera a principios de los años 70 en un curso del Instituto de Formación Demócrata Cristiana, en un hermoso paraje de las afueras de Caracas conocido como Los Chorros, donde se encontraba la sede del instituto; tuve entonces el honor de conocer al presidente Rafael Caldera, a personajes de la democracia cristiana latinoamericana, como Horacio Sueldo, de Argentina; Napoleón Duarte, de El Salvador; Arístides Calvani, canciller venezolano, y a Patricio Aylwin, quien sería el primer presidente chileno después de que el gobierno de Augusto Pinochet perdió ante el voto masivo en su contra, lo que le impidió continuar en el poder.
La Democracia Cristiana constituía entonces una corriente política de avanzada que promovía, además de la justicia social inspirada en las encíclicas sociales de la Iglesia y en pensadores como Maritain y Mounier, la democracia participativa como un paso adelante frente a la democracia burguesa, criticada por ser una fórmula que facilitaba el encumbramiento de pequeñas élites gobernantes, las cuales, una vez en el poder, actuaban según a su arbitrio y sin rendición de cuentas.
La democracia participativa, a la que se oponen quienes critican o estorban la consulta para la revocación del mandato, promueve la participación popular con importantes instituciones que permiten que el pueblo no tenga que esperar largos años para volver a ejercer su soberanía; las primeras fórmulas propuestas fueron el referéndum para escuchar la opinión popular sobre la creación o derogación de leyes; el plebiscito mediante el cual se obtiene la aprobación o no de medidas gubernamentales; la iniciativa popular de leyes y la revocación del mandato, medida drástica y correctiva para sancionar al gobernante que no cumple con la ley o con sus promesas de campaña.
Aparecieron después el parlamento abierto y el presupuesto participativo, ambos practicados en nuestro país. La primera de ellas, el parlamento abierto, se ejerció durante la discusión de la Constitución de la Ciudad de México. El artículo 40 de la Constitución federal vigente mantiene el texto original que expresa: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa democrática, laica, federal. En cambio, la Constitución de la Ciudad de México, un paso de avanzada democrática, en sus artículos segundo y tercero declara que se adopta la democracia directa, participativa y representativa para el gobierno local.
En la legislatura LVII, como diputado federal, presenté un proyecto de reforma constitucional al artículo 40 con el fin de que nuestra democracia fuera definida no sólo como representativa, sino también participativa, y si bien ese proyecto no fue dictaminado, constituyó un precedente cuando, en agosto de 2012, se reformó el artículo 35, para incluir un matiz participativo, el de la consulta popular, que ha tropezado con obstáculos desde distintos frentes, empeñados en mantenerlo como letra muerta; es de recordar que la consulta sobre la reforma que segregó a los hidrocarburos y a la electricidad de las áreas estratégicas de la economía, fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia durante el régimen de Enrique Peña Nieto. Ahora, la consulta sobre la revocación del mandato se ha tratado inútilmente de diferir o impedir.
Es significativo que la intentona por frenar la consulta, con lo cual se cancelaría un buen precedente para el futuro, dio lugar a un debate en el que participaron, no sólo comentaristas, políticos y expertos, sino lo hizo mucha gente mediante las redes sociales; no hay duda que estamos en tiempos de cambio y que un pueblo cada vez más despierto no permitirá que se le pongan obstáculos a su soberanía.
Una de las objeciones, abierta o velada, que se expresa por los críticos y opositores al actual gobierno, radica en afirmar que ya se sabe el resultado y se trata, no de revocar sino de refrendar el mandato, se adivina o se conoce por las estadísticas, que la revocación no se dará y el voto favorecerá al actual presidente; es cierto, pero lo que se busca es sentar un precedente para que la práctica participativa se convierta en habitual y no se impida en el futuro.
En otros momentos, frente a otros gobiernos que seguirán, el ejemplo del actual régimen será un argumento irrefutable y un ejemplo a seguir. La democracia se enseña, se aprende y se practica.
