Lo que dicen los columnistas

¿De qué ha servido tanta cosa anticorrupción?

Michel Levien*

Proceso

Cada 9 de diciembre conmemoramos el día internacional del combate a la corrupción porque ese día —en 2003— los países de la ONU firmamos en Mérida el tratado global sobre anticorrupción. Y cada 9 de diciembre pasan dos cosas: (1) los que nos dedicamos de tiempo completo a la anticorrupción tenemos mucha chamba; y (2) la ciudadana promedio se pregunta si realmente tenemos algo que celebrar. Vamos a partirlo en pedacitos para ver si realmente debemos conmemorar algo.

Primero lo primero; definirla. Mi definición favorita (hay cientos) es «La corrupción es el abuso de una posición de privilegio para producir un beneficio indebido»[1]. Es mi favorita porque, de forma fácil, permite identificar si algo es corrupción o no. ¿Tiene (A) posición de privilegio; tiene (B) abuso; y tiene (C) beneficio indebido? Entonces es corrupción. ¿Le falta alguna? Entonces es otra cosa. Fácil, ¿no?

Ahora le entramos a lo enredado; ¿Por qué hay corrupción? Esta pregunta se ha intentando contestar en todos los niveles de la vida y en todos los países del mundo y —aunque las académicas de alto octanaje se empiezan a acercar a una respuesta— parece ser que la corrupción es una de esas cosas que van de la mano de la sociedad. La corrupción es a la humanidad lo que «en la otra caja le cobran» es a los Oxxo; tristemente tenemos muy aceptado que ahí está y que parece que siempre va a estar.

Yo —en lo personal— creo que hay corrupción porque factores externos y factores internos se combinan en la receta perfecta y ¡pum!; soborno, extorsión, colusión y saqueo. La plática sobre cuáles son esos factores es larga y —para mí— superinteresante, pero mejor les dejo la versión de 280 caracteres: Tendemos a ser corruptas cuando —afuera de nosotras— hay cosas como la oportunidad, la necesidad, la probabilidad baja de ser descubierta o castigada y —adentro de nosotras— hay cosas como la justificación, el anhelo de estatus, deseos e intereses muy potentes y valores frágiles. Y, quien no esté de acuerdo, el día que quieran nos vemos afuera del metro Chabacano para debatir esta teoría.

Vamos ahora a cosas todavía más pegajosas: ¿La corrupción es cultural? Aquí también hay muchas opiniones válidas. La mía es que, si «cultural» significa «nuestra y, por ello, aceptable», entonces la corrupción no es cultural; y si, por otro lado, «cultural» significa «no es parte de la naturaleza humana», entonces la corrupción no es cultural (y, por lo tanto, se puede erradicar) y la razón es muy sencilla: si la corrupción fuera cultural, significaría que ningún grupo social (chico o grande) podría subsistir sin ella. Aquí ya no me pongo tan bélico como arriba porque esta idea es mucho más debatible. Pero lo interesante es que, si alguien les dice que la corrupción es cultural, entonces ya están teniendo las conversaciones adecuadas, independientemente de a qué conclusión lleguen.

Después vienen las cuestiones de medirla. Desde ya les adelanto que ninguna medición de corrupción es exacta porque —entre otras cosas— todos los corruptos intentan esconder su corrupción. Pero sí que se han hecho intentos; el más famoso es el Índice de Percepciones de la Corrupción de Transparency International. Aquí quiero atacar un mito que considero mugroso y peligroso: subir o bajar de calificación en el IPC no es una medición fidedigna de cómo vamos porque —además de que no son medidas exactas— cada año se ajustan las reglas y métodos para medir[2]. ¿Te imaginas que te pesaras todos los días con una báscula diferente? Pues algo así.

Ojo, no quiero decir que los índices no sirvan de nada. Al contrario; nos están acercando a verdades muy importantes y duras que nos van a ayudar a resolver este problema. Lo que quiero decir es que los índices de corrupción se parecen más a las calificaciones que nos daban cada mes en la escuela, pero eso es un poco injusto porque —en temas de evaluar la corrupción de nuestro país— no importa tanto saber «cuánto sacaste ayer», quiero saber «qué tipo de estudiante eres». Entonces cuando quieran usar índices de corrupción, les recomiendo que comparen un año junto con otros años y un país junto con otros.

¿Cómo va México? Pues la respuesta corta es «mal»; la larga es «avanzando muy lentamente». «Mal» porque tenemos compromisos internacionales —como el TMEC y las convenciones anticorrupción de la ONU, de la OCDE y de la OEA— que nos obligan a que nuestras leyes, los planes y proyectos de las autoridades y nuestras empresas prevengan, detecten, investiguen y sancionen la corrupción. Y sí lo estamos haciendo, pero no al ritmo que deberíamos (y esto es así desde sexenios de todos los colores). Si miramos dos indicadores —el ya consolidado IPC[3] y el novísimo Índice Antilavado de Basilea («BAI»)[4]— vemos que desde hace 13 años nos hemos mantenido debajo de una calificación de 35/100 mientras 70% de los países han estado por encima y, al mismo tiempo, tenemos más riesgo de corrupción que el resto de Latinoamérica y del mundo.

Por último, la que, para mí, es la nota más escandalosa y escandalizante: el propio gobierno de México (ya con los dos pies bien plantados en la 4T) ha admitido que el país nunca había tenido tantos problemas de corrupción, que la corrupción está aumentando y que no «tiene pa’cuando» disminuir[5].

¿Y el Sistema Nacional Anticorrupción («SNA»)? Imagínate una mesa redonda en la que están sentadas todas las autoridades que tienen que ver con transparencia, prevención de corrupción y sanción de delitos. Eso es el SNA; muchas personas piensan que es una autoridad o una dependencia nueva, pero en realidad se parece más a esa mesa redonda en la que estas autoridades se encargan de contarse el chismecito y compartir información y recursos para que la corrupción no suceda, pero si sí sucede, para detectarla, investigarla y sancionarla. Por esta razón —por la estructura del SNA— todavía es muy pronto para decir cómo va.

Sí que tengo que señalar con el dedo los que considero los dos errores más feos del expresidente López Obrador: (1) meterle mano al Comité de Participación Ciudadana («CPC»), que es algo así como la «mesa directiva» del SNA; y (2) amarrarle las manos a la fiscalía anticorrupción. Ya, de por sí, era muy pronto para diagnosticar al SNA y al atacar la autonomía del CPC a través del presupuesto y al —básicamente— meter a la congeladora a la Dra. Mijangos Borja, el gobierno de AMLO no hizo más que retrasar cualquier evaluación bien hecha del SNA.

Y así regresamos al principio; si ya sabemos que es difícil definir la corrupción, que es más difícil medirla, que en las mediciones que sí hay México tiene años saliendo mal y que su propio gobierno admite que hay mucha y pa’ largo, entonces ¿de qué ha servido tener día, tratados, sistema nacional, fiscal y tanta cosa anticorrupción? Llámame iluso, pero creo que para mucho. Visibilizar la corrupción ayuda a disminuirla en cantidad y en gravedad porque lo corrupto prospera en la oscuridad.

Además, cada vez hay más profesionistas dedicadas exclusivamente a este campo y a materias afines como la ética organizacional, el cumplimiento regulatorio, la prevención del lavado de dinero, etc. Finalmente, hoy tal vez no lo parece, pero estos tratados, estructuras, leyes y autoridades están creando un andamiaje que antes sencillamente no existía. Ayer leía que las células humanas pueden reconstruir tejido más fácilmente si tienen un «andamio» sobre el cual montarse; bueno, pues tanta cosa anticorrupción es ese andamio. Ahora toca hacer tejido.

 

*Michel Levien es experto en anticorrupción, antilavado y cumplimiento normativo con experiencia en diversos sectores, es especialista en investigaciones corporativas. Artículo invitado.

 

[1] Se basa en la definición de Transparency International.

[2] https://www.transparency.org/en/news/how-cpi-scores-are-calculated

[3] https://www.transparency.org/en/cpi/2024

[4] https://index.baselgovernance.org/

[5] Evaluación Nacional de Riesgos, UIF, México 2023, p. 48-50

Razones

Terrorismo: el canijo miedo

El atentado de Michoacán cumple con todas las condiciones para ser calificado como un acto de terrorismo, similar al que hemos visto en otras partes del mundo

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Ha habido por lo menos 20 explosiones de coche bomba en México, pero ninguna tan letal como la del sábado pasado al mediodía en Coahuayana, Michoacán, que dejó seis muertos y una docena de heridos. Es un atentado terrorista, como muchos otros que se han cometido en el país, que debe ser calificado como tal, y que las autoridades siguen teniendo miedo de aceptar que eso es lo que son: terrorismo ejecutado por terroristas.

Según nuestro código penal el terrorismo se describe legalmente como un delito que consiste en realizar actos violentos contra personas, bienes o servicios, con el fin de generar alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular. El atentado de Michoacán cumple con todas las condiciones para ser calificado como un acto de terrorismo, similar al que hemos visto en otras partes del mundo. Las autoridades tienen miedo de aceptarlo porque le darían la razón a Estados Unidos y porque calificar a los grupos del crimen organizado como terroristas tendría implicaciones legales muy amplias.

Porque de acuerdo con nuestras leyes puede ser procesado por terrorismo todo aquel que, con base en artículo 139 del código penal, “acuerda o prepara un acto terrorista que se pretenda cometer, se esté cometiendo o se haya cometido en territorio nacional, incluso sin que el resultado se consume”. Se prevén agravantes cuando el delito “se comete contra un inmueble de acceso público, cuando se daña la economía nacional o cuando se priva de la libertad a alguien como rehén, lo que incrementa las penas previstas. Incluso el artículo 139 bis sanciona a quien encubre a un terrorista teniendo conocimiento de su identidad o de sus actividades, incluso se sanciona la simple amenaza de cometer el delito de terrorismo descrito en el primer párrafo del 139. Estas figuras amplían la protección penal más allá del acto terrorista consumado, abarcando tanto su preparación como su entorno de apoyo.

El coche bomba de Coahuayana se trasladó desde Colima, se instaló frente a una oficina pública y se hizo detonar al medio día, en una zona de amplia circulación de personas y policías. Mató a seis personas, hirió a 12 y provocó daños serios en oficinas, comercios y viviendas. El propio gobierno federal consideró que fue una respuesta a las acciones tomadas en el llamado Plan Michoacán. Fue un acto terrorista.

El gobierno no quiere avanzar en ese sentido, quizá porque Andrés Manuel López Obrador siempre se negó a ello, aunque la demanda para hacerlo existía desde 2019, y tenemos actos de ese tipo desde años atrás: recordemos cómo el 15 de septiembre de 2009 en Uruapan, ahí en la tierra del asesinado Carlos Manzo, el Cártel de la Familia Michoacana, arrojó granadas contra la gente que estaba celebrando el Grito de la Independencia.

Calificar como terroristas a quienes cometan esos actos, nos pondría, además, en sincronía legal con Estados Unidos y con otros países, facilitaría el combate a los grupos criminales y permitiría tener penas más duras para ellos y sus cómplices, en todos los ámbitos, desde el material hasta el financiero. No es tampoco la primera experiencia internacional que se vive en este sentido. Lo mismo ocurrió en Colombia sobre todo durante la persecución de Pablo Escobar, que terminó operando junto con organizaciones armadas como el M-19, las FARC e, incluso con los paramilitares que combatían a las anteriores. Escobar utilizó carros bomba, atentó contra la población civil, realizó ejecuciones sumarias en todo el país, hubo una ola indiscriminada de secuestros, incluso asesinó candidatos presidenciales, era un movimiento desesperado porque se sentía cercado luego de años de casi absoluta libertad de operación. Antes había apoyado candidatos, buscó y obtuvo espacios en el Congreso, pero cuando fue perseguido por los jueces terminó ocupando e incendiando la Suprema Corte de Justicia. Durante su persecución y luego con el Plan Colombia se calificó de terroristas a los grupos criminales y armados, y se desmembró a cárteles y grupos armados. Fue un éxito, que se fue perdiendo años después, sobre todo con el desastroso desempeño de Gustavo Petro y su versión de abrazos y no balazos.

En esos mismos años, la campaña contra la mafia en Italia y particularmente en Sicilia vivió episodios similares. La mafia había ocupado sin problemas los espacios geográficos y el poder en el sur de Italia y tenía aliados poderosísimos en Roma. Cuando se decidió iniciar la lucha contra la mafia también era un momento en el cual existían grupos armados de dudoso origen como las Brigadas Rojas, y los mafiosos comenzaron a operar con esa dinámica y esa lógica. Si no podían dominar por el poder del dinero lo harían por la intimidación y la violencia. Colocaron coches bomba, atacaron a la población civil, asesinaron a los principales fiscales que los estaban investigando, entre ellos el muy conocido Giovanni Falcone y su esposa. Se puede leer esa historia en el más reciente libro de Roberto Saviano, Los valientes están solos. Fueron combatidos y derrotados considerándolos terroristas.

No es demasiado diferente a lo que estamos viendo en México. Ayer, el mismo grupo criminal que puso el coche bomba en Michoacán atentó contra el subsecretario de Seguridad Pública de Colima, Heriberto Morentín Ramírez. Quedó gravemente herido. Eso se llama terrorismo.

Nudo gordiano

#IdeaMillonaria: prohibir los vapes

Yuriria Sierra

Excelsior

Diciembre de 2025 pasará a la historia como el mes en que México decidió que sus prioridades estaban claras: ocho años de cárcel para quien venda un vapeador sabor frambuesa, pero abrazos para los narcotraficantes que mueven hasta 80 mil millones de dólares anuales. Porque aquí, estimados lectores, las matemáticas del absurdo no fallan.

La Cámara de Diputados acaba de aprobar la prohibición total de vapeadores, convirtiendo su venta en un delito más grave que la violencia de género, la pornografía no consentida o portar armas ilegales. Ocho años de prisión y multas de 226 mil pesos para quien comercie con estos dispositivos. Mientras tanto, el narcotráfico —que genera más ingresos que el PIB de Panamá— sigue operando con la eficiencia de una corporación multinacional. Hagamos cuentas, porque los números no mienten, aunque los legisladores sí. El mercado de vapeadores en México vale 26 mil millones de pesos anuales. Suena impresionante hasta que lo comparas con el mercado de alcohol: 26 mil millones de dólares (más de medio billón de pesos). O con el narcotráfico: hasta 80 mil millones de dólares si sumamos todos sus negocios. Pero, claro, criminalicemos los vapeadores. Tiene todo el sentido del mundo.

La bancada de Morena argumenta que es para “proteger a los jóvenes”. Noble propósito. Cualquier estudiante de primer semestre de economía podría explicarles lo que viene: la nicotina tiene una demanda altamente inelástica. Es decir, la gente no deja de consumirla porque la prohíbas. Simplemente cambia de proveedor. Y, en México, esos nuevos proveedores tienen nombre y apellido: en el más evidente de los casos, pues el Cártel Jalisco Nueva Generación, Los Chapitos, La Mayiza, el Cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, Cárteles Unidos y La Unión Tepito, y en el menos, pero altamente probable, varios de esos funcionarios que se benefician de darle pitazos, información y protección a los antes mencionados.

Feliz Navidad al crimen organizado, como bien lo expresó la diputada Iraís Reyes en tribuna. Acabamos de entregarles un negocio millonario, libre de impuestos, sin regulación sanitaria y con márgenes de ganancia que harían sonrojar a cualquier banquero. Los 6 mil 900 millones de pesos que podrían recaudarse vía IEPS (casi 30% del presupuesto de Jóvenes Construyendo el Futuro) ahora irán directo a las arcas de los malos. ¿Que esto ya sucedió en otros países? Por supuesto. Australia prohibió los vapeadores y el vapeo en adolescentes pasó de 0.5% en 2018 a 14.5% en 2023, mientras el tabaquismo juvenil creció por primera vez en 25 años. El mercado negro vale 7,500 millones de dólares australianos y ya van 250 tiendas incendiadas en la “guerra del tabaco”. En India, Brasil, Tailandia, las mafias locales controlan el mercado ilegal abastecido desde China.

La reforma viene acompañada de una preciosa narrativa moralista. Pedro Zenteno, presidente de la Comisión de Salud, juró en tribuna que “no se sancionará al consumidor individual”. Curioso, porque el dictamen criminaliza “adquirir, conservar, almacenar y transportar” vapeadores. Pero, tranquilos: sólo será delito si lo haces “con fines comerciales”. Buena suerte explicándole eso al policía que te detenga con dos vapeadores en la mochila. Los datos no mienten: 6.5% de la población adulta (cinco millones de personas) usa vapeadores. Siete de cada diez los compran en el mercado informal: redes sociales, Telegram, tiendas irregulares. La prohibición de 2022 no detuvo nada; sólo duplicó el número de usuarios. Pero México insiste en repetir la fórmula que ya fracasó en Australia, India y Brasil, porque, ¿para qué pensar e innovar cuando puedes copiar estupideces?

Bienvenidos a México. País donde castigaremos con más severidad a quien vende un vapeador sabor fresa que a quien distribuye fentanilo, donde protegemos el mercado del narco porque la clase política lleva décadas haciéndolo, donde la política pública la terminan legislando personas que no sólo no tienen idea de cómo resolver problemas, tampoco alcanzan a ver que estarán creando nuevos. Personas incapaces de ver más allá de sus consignatarias buenas intenciones.

Ocho años de cárcel por un vape. Cero años para el narco que controla ciudades enteras. Varios gobernadores sonríen satisfechos.

Astillero

Gobernador Armenta y periodista Ruiz // Injurias y ahora amago de cárcel // BC: Jaime Bonilla, leve castigo // Demeritado Nobel de la Paz

Julio Hernández López

La Jornada

Aquí se ha dado cuenta en diversas ocasiones de los exabruptos del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en relación con periodistas que no se pliegan a las pretensiones de control del poder estatal.

En especial se han mencionado las acusaciones sin fundamento contra Rodolfo Ruiz, director de e-consulta, un diario digital de amplia presencia regional a quien el mandatario, más marinista (por Mario Marín, el góber precioso) que morenista, señaló como cobarde, canalla y ciberdelincuente, con expresa solicitud a la fiscalía poblana para actuar contra quien, como luego se supo, no había escrito un texto en redes (sino el también periodista Héctor Llorame) que causó vivo enojo a Armenta, por criticar a una boxeadora profesional, llamada La Bonita, que es secretaria del Deporte y la Juventud en el gabinete estatal (columna sobre el tema: Gobernador poblano injurioso https://goo.su/2dRlgG).

Hoy y mañana, dicho periodista Ruiz debe acudir a un doble citatorio ante autoridades, bajo la acusación de operar recursos de procedencia ilícita (delito conocido popularmente como lavado de dinero). Las carpetas de investigación fueron iniciadas cuando Miguel Barbosa era gobernador del estado y durante años estuvieron inactivas, hasta ahora, según señala la Red de Periodistas de Puebla, “a raíz de la publicación en e-consulta sobre la plataforma Nódica, que según difundió el medio buscaría monitorear el apoyo de personas funcionarias públicas a mensajes gubernamentales”.

No se prejuzga ni se pretende que integrantes de un gremio deban sustraerse a la acción legítima de la justicia. Las acusaciones deberán ser probadas y, en su caso, sentenciadas de manera absolutoria o condenatoria. Pero resulta preocupante que, en un clima de constante agresión del gobernador de Puebla al ejercicio periodístico crítico, la concordante fiscalía estatal y el propicio Poder Judicial local desempolven expedientes y se amague con detenciones arbitrarias.

En Baja California ha sido castigado quien fue abusivo y desbordado gobernador, Jaime Bonilla Valdez, llegado al poder a nombre de Morena, hoy acomodado en el Partido del Trabajo. Recuérdese que este personaje pretendió extender unos años su periodo como gobernador sin mayor respaldo que el apoyo de la mayoría del Congreso estatal, lo cual fue invalidado por el Poder Judicial federal.

El castigo a Bonilla, en primera instancia (es decir, que puede presentar recursos de objeción en la siguiente instancia), es realmente irrisorio: corresponde a la decisión que impulsó para la construcción de una planta de energía solar, a cargo de Next Energy y con un costo de alrededor de 40 mil millones de pesos, que decidió cancelar la siguiente administración, de la panista-morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Por todo lo sucedido, el máximo jefe político y administrativo, Bonilla, fue inhabilitado por tres años para ocupar cargos públicos. En su momento, la Secretaría de Energía, a cargo de Rocío Nahle, le advirtió que los gobiernos estatales “carecen de personalidad constitucional para convocar a la licitación pública nacional para el desarrollo de la central eléctrica fotovoltaica de Baja California”. Aún así, el entonces gobernador avanzó hasta que su empuje fáctico no fue suficiente y se provocaron daños patrimoniales cuantiosos.

Y, mientras aviones militares gringos han realizado de manera obviamente provocadora el mayor acercamiento al espacio aéreo venezolano, en vísperas de la entrega en Oslo de un demeritado Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, punta de lanza del trumpismo contra Nicolás Maduro, ¡hasta mañana, con la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, denunciando “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Donald Trump en dicho proceso al apoyar la candidatura presidencial derechista de Nasry Asfura!

México SA

Donald Trump, pirata // Asalta a Latinoamérica // Va por el agua mexicana

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Desquiciado, Donald Trump abiertamente declara sus intenciones bucaneras y, ya descarado, va por todos los recursos naturales de América Latina: petróleo, tierras raras, litio, agua y lo que se le ocurra. El pretexto es lo de menos: “déficit”, narcotráfico (siendo Estados Unidos el principal narcotraficante y consumidor), “seguridad nacional”, “terrorismo” y el calificativo que aplique para doblegar países y robar sus riquezas naturales. Y el problema se agudiza al saber que en la región están en funciones varios “gobiernos” cipayos dispuestos a servir al patrón (Milei, Novoa, Bukele, los golpistas peruanos y lo que se acumulen) para que concrete su política de “al abordaje”, amén de que mete la mano en procesos electorales democráticos (Argentina y Honduras, los más recientes, que no los últimos).

De Washington llega la noticia: “Trump amenazó con imponer un arancel adicional de 5 por ciento a México si no entrega de inmediato agua extra para ayudar a los agricultores estadunidenses, y acusó al país de violar el tratado bilateral para el reparto del líquido” ( La Jornada).

Algo más: hasta ahora México, según pretexta, “no está respondiendo y es muy injusto para nuestros agricultores, que merecen esta agua tan necesaria. Por eso he autorizado imponer un arancel de 5 por ciento a México si esta agua no es liberada inmediatamente; México sigue violando nuestro tratado integral sobre el agua y debe entregar más de 200 millones de metros cúbicos para finales de año; cuanto más tiempo tarde en liberar el agua, más perjudicará a nuestros agricultores y ganaderos” (por cierto, reyes de los abultados subsidios que anual y puntualmente reciben del gobierno estadunidense).

El pirata que despacha en la Casa Blanca ya decidió quedarse con el petróleo venezolano; con el litio argentino, boliviano y mexicano; con las tierras raras latinoamericanas en donde disponga y, desde luego, el agua (mexicana o del país que se le pegue la gana) de la región.

Según el Barbanegra que despacha en la Oficina Oval México “se ha retrasado” en las entregas y acumula un déficit de más de mil millones de metros cúbicos en los últimos cinco años. En contraparte, el gobierno mexicano ha reiterado que enfrenta condiciones de sequía que afectan a la mayor parte del país.

Pues bien, ante este panorama y con la paciencia de Job, la presidenta Sheinbaum explicó: “como siempre, buscamos el mejor acuerdo posible; ¿qué nos limita a entregar más agua? Las propias necesidades de agua de nuestro país, cumpliendo con el Tratado. Hay voluntad de nuestra parte, siempre en defensa de los intereses nacionales y del derecho humano al agua. Defendemos a nuestra población, pero hay un tratado y hay que cumplirlo de acuerdo con la cantidad de líquido que existe y que se puede llevar por ductos”. Y anunció que ayer mismo se llevó a cabo una reunión virtual con representantes del gobierno estadunidense para alcanzar “el mejor acuerdo posible”.

En vía de mientras, el encargado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, explicó que el Tratado de Aguas con Estados Unidos se firmó en febrero de 1944 y norma la relación México-Estados Unidos para administrar conjuntamente el agua de tres ríos fronterizos: Bravo, Colorado y Tijuana. Además, derivado del propio tratado, se creó la Comisión Internacional de Límites y Agua, encargada de aplicar los acuerdos en la materia y fijar las bases para la distribución del líquido, principalmente del Bravo y el Colorado.

entre su clausulado se establece que México tiene que proporcionar a Estados Unidos una tercera parte de los escurrimientos de seis ríos tributarios del Bravo y que esa proporción, en cinco años, no debe ser menor a 2 mil 158 millones de metros cúbicos, lo que hace un promedio anual de 431.7 millones. A cambio, explicó Velasco, anualmente México recibe un volumen de agua del río Colorado por mil 850 millones de metros cúbicos.

En síntesis, de acuerdo con el citado tratado, México cumple con lo negociado y acordado, entre ello una cláusula que dice: “si en un quinquenio no se puede cubrir el volumen entero porque hubo una sequía extraordinaria, ese volumen se puede cubrir en el ciclo inmediato siguiente”, que es lo que sucede en este momento. Pero la legalidad al pirata Trump le importa un carajo.

Las rebanadas del pastel

El bucanero también metió mano en las recientes elecciones en Honduras. ¿Resultado? La presidente de esa nación, Xiomara Castro, denuncia fraude, adulteración de los resultados e injerencia de Trump para apoyar a su candidato Salvador Nasralla. “Vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del sistema de resultados preliminares y adulteración de la voluntad popular”.