Lo que dicen los columnistas

Libertad de expresión y violencia de género: el justo equilibrio judicial

La labor de la judicatura electoral al enfrentarse a casos de esta complejidad y polémica nunca es sencilla. Sus determinaciones siempre deben velar por el desarrollo de las libertades y, en su caso, la justificación racional de sus límites.

Felipe de la Mata Pizaña*

Proceso

Nunca será suficiente enfatizar la trascendencia que tiene la libertad de expresión y del periodismo en una democracia. Esta libertad no sólo debe concebirse como derecho individual, sino también como parte integrante del engranaje democrático, en donde la esfera político-electoral ocupa, a su vez, un lugar fundamental.

En este sentido, la libertad de expresión y de prensa constituye una poderosa piedra angular del sistema político.

Por otro lado, en nuestra sociedad, lamentablemente se han desarrollado distintas formas de violencia política de género (VPG). Es decir, manifestaciones que se traducen en ataques o menoscabos expresivos, incluso de modo simbólico, hacia las mujeres por razón de su género, y que merman su participación política.

En una democracia también es inevitable la generación de controversias por la confrontación entre derechos o de bienes jurídicos, constitucional o convencionalmente relevantes.

En estos casos, ante denuncias que se presentan, los tribunales están llamados a resolver las diferencias, determinar el alcance de la libre expresión y/o de prensa, y, en el caso que nos ocupa, establecer si se configuran expresiones de VPG.

Es importante recalcar que estas disputas no tienen una solución común, general o única. Los casos de conflicto deben realizarse necesariamente caso por caso. 

Lo anterior es así porque cada asunto exige un estudio de las personas involucradas en el conflicto particular, sus perfiles profesionales, el contexto de las expresiones o el contenido mismo de los mensajes.

En todo caso, es responsabilidad de los tribunales establecer metodologías y decisiones racionales y justificadas, que busquen la coexistencia de los derechos o, en su caso, determinar las condiciones de ejercicio o límites a los mismos.

En especial, justo en el ámbito de la libertad de expresión, cuya centralidad es incuestionable en una democracia, ello no significa que no tenga límites legítimos que, se insiste, sólo pueden esclarecerse de modo casuístico.

Así, por ejemplo, el TEPJF ha establecido que la VPG no debe representar una mordaza al periodismo. Este fenómeno en el cual el tribunal ha sido contundente en sus determinaciones para inhibirla y erradicarla, ha dejado claro cuando es utilizada ante la justicia electoral para buscar acallar voces críticas, privar la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en su derecho de informar (SUP-REP-642/2023 y 643/2023).

Por otro lado, recientemente analizó un caso en el que la Sala Especializada había determinado la existencia de VPG al valorar de manera conjunta diversas publicaciones en redes sociales. Dicha Sala impuso sanciones y medidas de reparación a diversas personas por igual.

Sin embargo, la Sala Superior del TEPJF determinó revocar la sentencia y ordenar un nuevo análisis de VPG, de manera contextual y particularizada. Esa decisión, entre otras razones, respondió a que la autoridad había omitido hacer un análisis diferenciado de las expresiones denunciadas en atención a la calidad del sujeto. Por ese motivo, se violentó el manto jurídico protector del que goza la labor del periodismo crítico (SUP-REP-223/2025 y acumulados).

Más allá de la libertad de prensa, en relación con la libre expresión política, el TEPJF también ha considerado actualizada la VPG cuando una diputada denunció a otra por este motivo al haber realizado expresiones en torno a su identidad de género.

La Sala Superior consideró que las expresiones excedieron los límites de la libertad de expresión por tener una carga de discriminación a la identidad de una mujer trans: negaban la identidad de la diputada trans, cuestionaban los derechos de la comunidad trans, invisibilizaban su condición y reforzaban estereotipos de género (SUP-REP-281/2023 y acumulados).

La labor de la judicatura electoral al enfrentarse a casos de esta complejidad y polémica nunca es sencilla. Sus determinaciones siempre deben velar por el desarrollo de las libertades y, en su caso, la justificación racional de sus límites.

En este sentido, la labor de los órganos jurisdiccionales electorales en contextos donde confluyen la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y la violencia de género exige una deliberación cuidadosa, analítica, proporcional y contextual. El objetivo no es contraponer derechos sino armonizarlos con los criterios constitucionales y democráticos.

La labor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido proteger a las mujeres de agresiones por razón de género por un lado y, por el otro, vigilar que dicha protección no se convierta en un instrumento para acallar la crítica legítima o incluso censurar la importante labor el ejercicio del periodismo.

*Magistrado electoral del TEPJF.

Razones

El CJNG y el corredor Chiapas-Tabasco

El único mérito político de Rutilio Escandón era ser el cuñado de Adán.

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

La trama de corrupción que involucra a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco durante la administración de Adán Augusto López y de Carlos Merino en ese estado, va mucho más allá de la propia entidad e, incluso, de esos personajes.

La llegada al gobierno de Tabasco de Adán Augusto fue posible porque tuvo todo el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, que impidió que llegaran a esa posición hombres que traían, desde mucho tiempo atrás, una sólida relación con el movimiento lopezobradorista, como Octavio Romero Oropeza o el actual gobernador, Javier May.

Adán y el actual coordinador de Morena en el Congreso de Tabasco, Jaime Lastra, habían estado en el PRI hasta bien entrado el siglo. Adán incluso fue el coordinador de campaña de Manuel Andrade en el 2000, que ganó por estrechísimo margen la elección, pero la misma fue anulada por el Tribunal Electoral federal por las numerosas irregularidades cometidas. López Obrador y su gente apoyaban a César Ojeda, que denunció fraude. Adán rompe con el PRI porque quiso ser el gobernador interino, un cargo que recayó finalmente en Enrique Priego Oropeza.

Pero la relación personal de Adán Augusto, vía su padre, con López Obrador siempre se mantuvo. Y cuando llegaron las elecciones de 2018 no sólo Adán fue candidato a Tabasco, sino también, en una decisión para muchos incomprensible, Rutilio Escandón fue designado candidato en Chiapas. El único mérito político de Rutilio hasta entonces, además de ser un gris presidente del Tribunal de Justicia del estado, era ser el cuñado de Adán, porque estaba casado con Rosalinda López, que luego fue una poderosa funcionaria del SAT y que falleció el año pasado.

La llegada de Rutilio permitió que la delincuencia construyera un corredor Chiapas-Tabasco que creció hacia Veracruz y les permitió a los grupos criminales ligados al CJNG controlar buena parte del golfo de México, no sólo con actividades relacionadas con el narcotráfico, sino en forma relevante con el tráfico de personas y el robo y contrabando de combustibles.

Si en Tabasco Bermúdez Requena instaló La Barredora, entonces una franquicia del CJNG, en Chiapas, a esa organización le dieron el control de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, lo que detonó los enfrentamientos en la entidad, agudizando, además, los que ya se daban en la frontera sur entre los grupos de El Mayo Zambada y Los Chapitos.

En noviembre pasado fue detenido en Tapachula un sujeto apodado El Memo. En la información que distribuyeron las fuerzas militares que realizaron la captura se decía que este sujeto operaba con absoluta impunidad y “había sido liberado en un par de ocasiones porque contaba con la protección de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del estado”.

Unos días antes, por esas acusaciones, había dejado su cargo el subsecretario de Seguridad, Francisco Javier Orantes Abadía, que era señalado, junto con otros mandos, de ser los principales operadores del CJNG en el estado.

El hecho es que, durante la administración de Rutilio Escandón, los grupos criminales se apoderaron de buena parte del control del estado, sobre todo en la franja fronteriza con Guatemala. Con Bermúdez, al mismo tiempo, el CJNG y sus socios de La Barredora se quedaban con el control de Tabasco.

Se perdieron en Chiapas hasta las formas. En junio de 2023, María, la hija del gobernador Escandón, aparecía en fotos, en un concierto, junto con la hija y la pareja sentimental de Juan Valdovinos Mendoza, El Señor de los Caballos o El Fraile, el principal operador del CJNG en el estado. Poco después se dio el secuestro de los 16 elementos de la Secretaría de Seguridad estatal pidiendo el relevo de los mandos de la dependencia y luego el famoso desfile del Cártel de Sinaloa en la zona fronteriza tratando de recuperar la región controlada por el CJNG.

El 11 de noviembre de 2024 se desmanteló en Tuxtla un taller para la fabricación de vehículos blindados de los llamados “monstruos”, que usan los grupos criminales. Se decomisaron drogas, armas. En ese operativo se detuvo a El Güero Pulseras.

Pero para las fuerzas federales lo más importante es que también encontraron chalecos tácticos, dispositivos electrónicos y cajas con papeles holográficos y placas de vehículos que confirmarían la estructura de protección que funcionarios de seguridad local brindaban a El Güero Pulseras.

La operación de los grupos criminales en Chiapas generó enfrentamientos muy violentos e incluso desplazamientos de población y secuestros de jóvenes, hombres y mujeres.

El corredor Chiapas-Tabasco fue determinante en la operación del crimen organizado el sexenio pasado y ha estado en la mira de las autoridades estadunidenses en temas como migración y tráfico de drogas. Pero miremos más allá: ningún país puede presumir de su soberanía si no tiene pleno control de sus fronteras y, en Chiapas, en buena medida, eso perdió el sexenio pasado porque se la entregó a los criminales.

Parte del control de esa frontera se ha recuperado con el accionar del Ejército y la Guardia Nacional este sexenio, y con la llegada de Eduardo Ramírez (un adversario de siempre de Rutilio) al gobierno chiapaneco, que contempló una estrategia agresiva hacia las organizaciones criminales. Pero hay que desmantelar la red de operadores políticos que la sustentaban y tener en claro que lo que teníamos era un corredor Chiapas-Tabasco que operaba por y para el crimen organizado.

Arsenal

Las mentiras del caso Bermúdez

Francisco Garfias

Excelsior

En la política hay mucha hipocresía. En redes sociales circula un video de la mañanera del 17 de octubre del 2022 que exhibe las mentiras que hoy se dicen alrededor del prófugo exsecretario de seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.

El video nos muestra a Dalila Escobar, reportera de Proceso, cuando le pregunta a AMLO sobre un asunto que tiene que ver con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el estado que gobernó: Tabasco.

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La reportera citó informes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia “que llegan a la Sedena”. Se refieren a personas que puso Adán Augusto en el área de seguridad, cuando fue gobernador, que están relacionadas con el grupo criminal La Barredora.

¿Y de quien creen que habló desde entonces? De Hernán Bermúdez Requena.

Respuesta de López Obrador: “Adán es un hombre honesto. Lo conozco bien. Hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra… Nuestro criterio es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Dos años, nueve meses y cinco días después, el hoy senador Adán Augusto le dijo a Ciro Gómez Leyva: “La verdad es que no sospeché. Si hubiese sospechado, pues inmediatamente lo hubiésemos separado del encargo”. ¿Usted le cree? Yo tampoco.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que desde 2024, a raíz de notas periodísticas, ya había indicios de la participación de Bermúdez en La Barredora.

“A partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro”, puntualizó el secretario.

A la Presidenta le incomodó que la misma reportera, Dalila Escobar, le preguntara ayer ¿por qué los gobiernos anteriores de Tabasco, con los indicios que tenían, no interpusieron denuncia?

Respuesta de Sheinbaum: “¿Hacia dónde va tu pregunta? Hacia el tema de Adán Augusto López cuando fue gobernador? Nosotros lo hemos dicho: la carpeta está abierta. Se sigue la investigación.

“Nosotros no vamos a encubrir a nadie, pero todo mundo tiene su información y todo el mundo tiene derecho a decir –como lo ha dicho Adán Augusto– su versión…

“Pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario… No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no”, puntualizó.

* El martes apareció en un diario nacional la foto del diputado Ricardo Monreal y un pie de página que los hizo huéspedes en un hotel de lujo en Madrid (en Villamagna), cuyo costo es de 26 mil pesos la noche.

“No es cierto. Estuvimos allí desayunando. Mi esposa y yo planeamos estos días de vacaciones, no sólo porque teníamos varios años sin salir, sino porque cumplimos 40 años de casados”, explicó.

El coordinador de los diputados de Morena aclaró, eso sí, que los recursos empleados en este viaje los paga de su peculio y que vacaciona en un momento de receso en el Congreso.

“No hay un solo cinco de recursos públicos. Es falso que nos hospedemos en hoteles caros. El ser servidor público nos da derechos y obligaciones, aunque entiendo que ser servidor público es estar sujeto al escrutinio. No vale la pena que acudan a falsedades o a distorsionar la verdad, que nos daña. Tenemos el derecho a pasear”, remató.

* Fe de erratas. Ayer le cambiamos el nombre a quien se perfila como el próximo presidente del Tribunal Electoral. Lo rebautizamos como Fernando Bátiz. Se llama Gilberto Bátiz y es chiapaneco.

Comentamos también que Mónica Soto, presidenta saliente del Tribunal, busca la ayuda de quien será su sucesor para colocar a Jorge Enrique Mata, su brazo derecho, en el poderosísimo Órgano de Administración del Poder Judicial.

El abogado Mata ha trabajado hace casi 30 años en el TEPJF. Ha ocupado cargos directivos gracias a su impulsor, el magistrado Alejandro Luna Ramos –hermano de la ministra en retiro Margarita Luna Ramos– famoso por ser de los que se negaron al recuento de votos de la elección presidencial de 2006.

* México ocupa un vergonzoso segundo lugar en el Observatorio de Periodistas Asesinados, de la Unesco. Suma 171 casos desde 1993, lo que representa 17% del total global. Sólo Irak nos supera, con 204 asesinatos registrados en el mismo periodo. Únicamanente este año han sido asesinados seis periodistas.

Sólo en lo que va de 2025, han matado a seis reporteros que trabajaban para medios digitales locales.

A eso agregue la impunidad: 74% de los expedientes permanecen abiertos o sin avances, mientras que apenas 15% se consideran resueltos.

Astillero

¿Compartir información con Presidencia? // La Defensa no lo hizo // Caso Bermúdez-Adán Augusto // Era información bruta

Julio Hernández López

La Jornada

El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó ayer en la mañanera que en su momento no se informó al entonces presidente López Obrador de las menciones y referencias que se tenían de la vinculación con el crimen organizado que mantenía quien fue secretario sexenal de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, contra el que ahora hay orden de aprehensión.

Trevilla Trejo batalló para justificar la abstinencia informativa hacia el máximo escalón del poder nacional: “El proceso de… el ciclo de la información, cómo se obtiene todo esto, son muchas fuentes, es información bruta; hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar algunas gentes de que se llega a detener, los famosos halcones, etcétera. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso mucho muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir”. ¿Informó, pues, al Presidente o al entonces gobernador?, insistió la reportera Dalila Escobar, de Proceso. No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal, respondió Trevilla (https://goo.su/AmQdlBn).

De ser cierto el proceso que mencionó el secretario de la Defensa Nacional, resultaría que los presidentes de la República sólo podrían ser informados de aquello que los filtros militares así decidieran. Si a juicio de los altos mandos castrenses un conjunto de informaciones, indicios, datos y circunstancias relevantes no han adquirido un sólido rango de veracidad, obviamente determinado subjetivamente por la jerarquía castrense, no habrían de compartirse con quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo Federal (en el histórico caso de los 43 normalistas desaparecidos ¿habrá información relevante que, a juicio de los generales, no está suficientemente confirmada y, por ello, no comparten con el poder civil?).

Las labores de inteligencia ejercidas por los órganos oficiales del Estado mexicano estarían así predestinadas a servir de poco en cuanto al proceso superior de toma de decisiones en materia de seguridad nacional y en tópicos de similar envergadura que corresponden al más alto nivel del poder político mexicano, la persona civil a cargo de la Presidencia de la República. Esa información, recopilada y analizada por las instancias militares y civiles, no busca constituir prueba judicial ni confirmación de ninguna otra instancia; por tanto, debe ser entregada a sus destinatarios legítimos, en este caso la Presidencia de la República, para que se le dé el uso legítimo que se considere adecuado.

En la especie, la Defensa Nacional tuvo decenas de constancias de datos e indicios que apuntaban a la vinculación criminal del jefe policiaco nombrado por Adán Augusto López Hernández en Tabasco; de ello ha quedado constancia en los archivos hackeados a la Defensa por un grupo de activistas cibernéticos ( hacktivistas) que se denominan Guacamaya, quienes han intervenido cuentas de empresas mineras (Guatemala) y, especialmente, de fuerzas armadas de Chile, Perú y México.

Llama la atención que luego del hackeo a archivos militares realizado en 2022, Guacamaya no ha vuelto a realizar otra actividad relevante y no ha tomado medidas, por ejemplo, para evitar que una cuenta (@guacamayanleaks, verificada en X) se haga pasar como oficial de ese movimiento de hacktivistas (cuando se ha establecido que no tienen cuentas oficiales en redes) con un claro posicionamiento político contra la llamada Cuarta Transformación y la constante utilización de un lenguaje insultante y noticias adulteradas o abiertamente falsas.

Por lo pronto, lo único concreto es que son ciertas las previas evidencias documentales de la vinculación con el crimen organizado del policía Bermúdez, que ahora afectan a quien lo designó y sostuvo, el senador Adán Augusto López Hernández, y que, por no haber sido validadas, no sirvieron para impedir lo ahora tan exhibido.

México SA

Contra el genocidio, 25 países // Cómplices, cínicos y tardíos // Venden armas a Netanyahu

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Desde luego que su decisión no es atribuible a una suerte de humanismo redescubierto, a un arranque ético, pero el hecho es que (tras 21 meses de genocidio, hasta ahora con un saldo de 60 mil palestinos asesinados, entre ellos 20 mil niños, la hambruna inducida y la destrucción total de infraestructura) parece que, por fin, un grupo de países de cuatro continentes (entre los que no se cuenta México) ha pedido “poner fin inmediatamente a la guerra contra la franja de Gaza”.

De entrada no se trata de una guerra, sino de un genocidio (orquestado y ejecutado por Israel, con el criminal de guerra Benjamín Netanyahu a la cabeza, siempre respaldado y financiado por la Casa Blanca) en Palestina, pero, según dice, ese grupo de países manifiesta que el sufrimiento de los civiles en Gaza ha alcanzado nuevas profundidades y reconoce las horrendas muertes de más de 800 palestinos abatidos por tropas israelíes mientras buscaban comida. Ante este tétrico panorama, destaca que es inaceptable que Tel Aviv no proporcione asistencia humanitaria esencial a la población civil; Israel debe cumplir con sus obligaciones de acuerdo con el derecho humanitario.

Veinticinco son los países que dan cuerpo al citado grupo, quienes sólo hasta ahora parecen registrar el genocidio en Palestina (al que califican de guerra), aunque su pronunciamiento resulta no solo en extremo tardío, sino por demás cínico y repulsivo toda vez que algunos de ellos, en abierta complicidad (negocio de por medio), han vendido abundante armamento al régimen genocida de Netanyahu para que éste lleve a cabo el exterminio, y los que no, le han brindado todo tipo de apoyo político y diplomático para proteger al criminal de guerra, amén de permitirle utilizar su infraestructura portuaria y aeroportuaria para el trasiego de pertrechos cuyo único fin es el exterminio de palestinos.

Estados Unidos y Alemania no aparecen en el grupo de países que piden “poner fin inmediatamente a la guerra contra la franja de Gaza”. El primero, aporta a Israel 69 por ciento del armamento, y el segundo 30 por ciento, de acuerdo con el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en inglés). Pero entre los 25 abajo firmantes de dicho pronunciamiento sí aparecen otras naciones que también alimentan con armas y apoyo diplomático y logístico al régimen genocida de Netanyahu. Por ejemplo, Italia, Francia, Reino Unido, España, Países Bajos, Canadá y Australia, es decir, los mismos que a lo largo de 21 meses han sido cómplices del genocidio.

De acuerdo con el SIPRI, la mayoría de los abajo firmantes se cuentan entre los 40 países con mayor gasto militar (cifras de 2024), y en el caso de Israel el aumento fue de 65 por ciento hasta llegar a 45 mil 600 millones de dólares sólo el año pasado, el mayor incremento interanual desde la Guerra de los Seis Días de 1967. Y parte de esa erogación terminó en las arcas de algunas de las naciones que hoy, cínicamente, piden “poner fin inmediatamente a la guerra contra la franja de Gaza”.

El SIPRI contextualiza: el gasto militar de Israel aumentó 135 por ciento en el decenio 2015-2024. Como porcentaje de su producto interno bruto se incrementó de 5.4 por ciento en 2023 a 8.8 en 2024, lo que a nivel mundial convierte a ese país en el segundo con mayor carga militar, solo después de Ucrania; la escalada del conflicto con Hezbolá en octubre de 2024, sumada a la guerra en curso en Gaza, provocó un aumento significativo del gasto militar: de 37 mil 100 millones de dólares en el presupuesto inicial para 2024 a un total de 45 mil 600 millones a finales de diciembre de 2024, según las cifras de los presupuestos mensuales acumulados de Israel (que no incluyen todas las categorías de gasto militar utilizadas para la estimación total del SIPRI).

Documenta que el régimen del genocida Netanyahu gastó 5 mil 700 millones de dólares en el ejército sólo en diciembre de 2024. El gasto militar de Líbano aumentó 58 por ciento en 2024, hasta alcanzar 635 millones, por las incursiones de Israel en el sur libanés durante el año.

Con 997 mil millones de dólares en 2024, el gasto militar estadunidense fue 19 por ciento mayor al de 2015, representando 37 por ciento de las erogaciones mundiales en este renglón y 66 por ciento de la OTAN. Estados Unidos se mantuvo, con diferencia, como el mayor presupuesto militar del mundo, 3.2 veces superior al segundo (China).

Las rebanadas del pastel

Eso sí, ahora, humanistas, esos 25 países dicen estar muy preocupados por la situación en Gaza. Repugnante.