Lo que dicen los columnistas

¿Bicefalia judicial?

Si bien ha quedado claro que no podrán ser objeto de suspensión, ni amparo, los componentes electorales de la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024; ello no incluye, ni debería extenderse, al tema de las remociones de titulares en sus cargos.

Luis Miguel Cano

Proceso

Apenas el 8 de mayo último se publicó por fin la sentencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recaída a la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en la fracción XVII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, expediente 3/2024 y sus acumuladas. Ese caso fallado el 13 de febrero, en el que si bien quedó constancia de los excesos de la Sala Superior del Tribunal Electoral, igual se ordenó a los juzgados de amparo revisar lo relativo a las suspensiones dictadas en los juicios contra la reforma judicial del año pasado.

Ese segundo aspecto ya está en marcha en los Juzgados Tercero, Quinto y Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el estado de Jalisco, en los expedientes de amparo que han concentrado sobre la reforma judicial. Tengo conocimiento directo de ello al estar a cargo de la defensa de un grupo de titulares de órganos judiciales.

Por eso mismo me parece fundamental compartir lo que está en juego. Si bien ha quedado claro que no podrán ser objeto de suspensión, ni amparo, los componentes electorales de la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024; ello no incluye, ni debería extenderse al tema de las remociones de titulares en sus cargos.

Me explico, a varias personas juzgadoras se les concedió una suspensión para que no puedan ser sustituidas o removidas de sus cargos judiciales al frente de juzgados o tribunales federales. Tema que no debería considerarse como materia electoral, que no paraliza los componentes electorales de dicha reforma judicial, ni frena que la elección judicial prevista para dentro de dos semanas se realice inevitablemente.

En esta cuestión la resolución del Pleno de la Corte que nos ocupa fue muy clara en su párrafo 173: “[no] todo lo relacionado con la Reforma Judicial, así como los actos que derivan de ella, son materia electoral. La Reforma acarrea implicaciones presupuestales, de remuneraciones, garantías de inamovilidad del cargo y derechos inherentes al retiro, entre otras cuestiones. En suma, el proceso de transformación al Poder Judicial es muy amplio”. Así decidido, remuneraciones, inamovilidad en los cargos, o bien, regresiones al juicio de amparo, de ninguna manera son electorales.

No obstante, han comenzado a revisarse, revocarse y negarse suspensiones contra esa remoción de juzgadores en sus puestos, en violación abierta a su derecho a permanecer en ellos, componente esencial de la garantía de inamovilidad que a la vez es una garantía de independencia judicial, que a su vez es pilar de la división de poderes, que a la vez es un componente elemental de toda democracia.

Si esta situación se generaliza, y luego si avalan esa definición sobreinclusiva de la materia electoral (una vez recurridas las decisiones judiciales de revocación de suspensiones contra las remociones de titulares), los Tribunales Colegiados Quinto, Sexto y Séptimo en Materia Administrativa del Tercer Circuito (que concentran la resolución de todos los recursos de los amparos contra la reforma judicial), los recursos internos ya no tendrían que agotarse para acudir a sedes internacionales.

Del lado opuesto, se podría pensar en la complejidad de mantener en suspensión las remociones de personas juzgadoras, cuando por consecuencia de la reforma judicial tendrían que concluir sus cargos en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que resulten electas a los mismos.

Sin embargo, una situación similar no es inédita en el océano de precedentes jurisprudenciales. La suspensión en el amparo procede concederla exclusivamente contra el inicio del cargo de las personas que por efecto de la reforma, suplanten a titulares actuales.

En el peor de los casos para ellas, no podrían acceder a sus puestos mientras dure la suspensión (aunque sí tendrían derecho a las remuneraciones de los mismos, lo cual sería un costo más al erario, producto de los abusos del oficialismo). Pero si se hace lo contrario, y se remueven titulares en desconocimiento de la inamovilidad judicial, daremos un paso más en este espectáculo de regresiones antidemocráticas contra la división de poderes y la independencia judicial, que a pocos importa hoy.

Nudo gordiano

El buque

Yuriria Sierra

Excelsior

El choque del Buque Escuela Cuauhtémoc contra el puente de Brooklyn ha dejado una herida profunda en la relación entre México y Estados Unidos, y sobre todo en las familias de las víctimas. Dos jóvenes marinos mexicanos perdieron la vida y al menos 22 tripulantes resultaron heridos cuando el emblemático velero de la Armada de México, símbolo de diplomacia y formación naval, impactó con sus mástiles la base del icónico puente neoyorquino. El accidente, captado en videos y seguido de cerca por la opinión pública de ambos países, ha generado más preguntas que respuestas.

Las primeras investigaciones apuntan a una cadena de errores y omisiones. El Cuauhtémoc debía zarpar del muelle 17 de Manhattan y dirigirse hacia el sur, evitando el puente de Brooklyn, pero terminó navegando en dirección equivocada. Hay reportes de fallas mecánicas, corrientes adversas y, sobre todo, de una falta de control en la maniobra. El buque pidió ayuda de remolcadores al menos tres veces antes del impacto, pero la asistencia llegó tarde o fue insuficiente. Expertos señalan que las condiciones del puerto de Nueva York —corrientes rápidas, canales estrechos, vientos fuertes— complican cualquier operación, pero también cuestionan la preparación y la toma de decisiones en la cadena de mando.

Las autoridades estadunidenses tienen la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Guardia Costera deben esclarecer, con rigor técnico y sin dilaciones, las causas del accidente. Es fundamental determinar si hubo negligencia, fallas de comunicación o deficiencias en la respuesta de emergencia. También es necesario revisar los protocolos de navegación para embarcaciones extranjeras, especialmente en zonas de alto riesgo y con condiciones adversas. Además, las autoridades estadunidenses deben garantizar el acceso de los representantes mexicanos a la investigación y ofrecer todas las facilidades para la atención médica, repatriación de cuerpos y apoyo a los heridos.

Por su parte, la Secretaría de Marina de México debe informar con claridad a la sociedad y a las familias sobre lo ocurrido, asumir responsabilidades y revisar a fondo los procesos de formación, planeación y ejecución de maniobras en puertos extranjeros. Es urgente brindar atención médica, psicológica y legal a los heridos y a las familias de los fallecidos. La repatriación digna y el acompañamiento consular son obligatorios. El accidente obliga a revisar la capacitación de la tripulación para operar en entornos complejos y a fortalecer la cooperación con autoridades portuarias internacionales.

La tragedia del Cuauhtémoc no puede quedar en una anécdota dolorosa ni en un cruce de reproches diplomáticos. Es una llamada de atención para ambos países sobre la importancia de la seguridad marítima, la coordinación binacional y la humildad para reconocer errores. México debe exigir justicia y respuestas, pero también debe revisar sus estándares y procedimientos. Estados Unidos debe garantizar que sus puertos sean seguros para todos y que la cooperación internacional no sea sólo un protocolo, sino una realidad. El Cuauhtémoc surcaba los mares como embajador de buena voluntad. Hoy, su accidente nos recuerda que la seguridad y la vida están por encima de cualquier bandera. Que la lección no se pierda entre el ruido mediático y la burocracia.

ADDENDUM

Para evitar este tipo de tragedias (como tantas otras), recomiendo la lectura del librazo del gran Malcolm Gladwell The tipping point: how little things can make a big difference… porque a veces la verticalidad acrítica y los inflexibles sentidos de jerarquía pueden poner en la mesa los peores acontecimientos…

Razones

El Cuauhtémoc, Michoacán, dudas

Si se exige, con razón, respeto con el buque escuela, una institución en sí misma y con sus mandos, para no politizar un accidente, no politicemos al propio buque escuela con un proselitismo vergonzoso y partidario

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

Hay demasiadas preguntas sin respuesta, en parte porque el ejercicio de la mañanera pierde cada día mayor sustancia: más temprano que tarde la presidenta Sheinbaum tendrá que revisarlo porque así no le suma, le resta.

Estoy de acuerdo con la Presidenta en que el accidente del buque escuela Cuauhtémoc, que chocó el sábado en la noche contra el puente de Brooklyn en Nueva York, no se debe politizar ni, mucho menos, utilizar para denigrar personas e instituciones. Lo sucedido con el buque escuela, un símbolo paradigmático de México en los mares del mundo durante décadas, fue un accidente, pero también como tal debe haber, en México y en Estados Unidos, una profunda y rápida investigación para dejar en claro lo sucedido.

Ese accidente es una noticia que ha cruzado el mundo a lo largo y a lo ancho, en el que murieron dos cadetes, un hombre y una mujer, y que deja lastimado el prestigio del país y de la Marina en tanto no se esclarezca. Hacerlo es del interés nacional y debe ser una exigencia de las víctimas y de sus familias. Con ellas debe ser toda la solidaridad.

Por eso mismo no puedo estar de acuerdo en que se diga que la investigación, por lo pronto, no será pública, argumentando razones de seguridad y protocolos. Precisamente por seguridad, por imagen y por credibilidad, debe haber una investigación que debe ser lo más rápida y pública posible, con resultados claros, aunque muchas partes técnicas quedarán inevitablemente para el futuro. Porque, además, no es la Marina Armada de México la única involucrada, también lo están la administración del puerto de Nueva York y hasta las normas portuarias estadunidenses, como se puso de manifiesto con otro choque, otro accidente, ése mucho peor que el del sábado, en el puerto de Baltimore el año pasado.

Tampoco estoy de acuerdo con la justificación que hace la presidenta Sheinbaum de los militantes de Morena que utilizaron el buque escuela para hacer proselitismo poco antes del accidente. Y proselitismo del peor: llamando a votar en la elección judicial por Morena (¿?) para tener mayoría (¿?) y acabar con los jueces corruptos (¿?). Si se exige, con razón, respeto con el buque escuela, una institución en sí misma y con sus mandos, para no politizar un accidente, no politicemos al propio buque escuela con un proselitismo vergonzoso, bajo y partidario. El buque escuela no es de Morena, no lo mandó la Presidenta a Nueva York, como dicen en el video, y mucho menos la elección judicial debería ser partidaria (en eso la han convertido). ¿Qué no se pueden impedir esos videos porque fueron hechos por personas que visitaron el buque escuela? Puede ser, pero por lo menos se les tendría que condenar, descalificar, porque son fruto de la misma mezquindad que se denuncia.

Vamos a Michoacán. Lo ocurrido el sábado en Huitzontla, donde fue desactivada una de las más poderosas células del CJNG, con la detención de nueve de sus integrantes y la muerte de otros doce, en medio de un fuerte combate con elementos militares es una demostración de dos cosas: primero, de que a las agresiones criminales se responderá utilizando la fuerza del Estado, y eso hay que celebrarlo; y segundo, que la magnitud del desafío trasciende fronteras: más de la mitad de los integrantes de esa célula criminal eran extranjeros, la mayoría colombianos. Y de allí y de Centroamérica están fluyendo hacia México sicarios para las distintas organizaciones criminales. Huitzontla es una zona clave de conexión para el CJNG entre Michoacán, Colima y Jalisco. Y del puerto de Lázaro Cárdenas con el de Manzanillo para trasladar hacia el centro del país y la frontera las drogas. El “paro” en el puerto de Manzanillo no es ajeno, tampoco, a los cambios en esa administración portuaria y aduanal, y a los golpes que comienza a recibir el CJNG.

Mientras tanto, en Tlaquepaque, en Jalisco, fue asesinado un instructor policial internacional, el mexicano Carlos Amador Chavela, que acababa de dar un curso de formación en la Universidad Policial de Jalisco. También murió otro instructor que había sido miembro del FBI, y otros resultaron heridos. Los seis atacados estaban en una taquería, comiendo luego de terminar el curso de actuación policial. Se dijo en la mañanera que ninguno estaba representando a instituciones policiales mexicanas o extranjeras, y es verdad, pero eso no minimiza el ataque.

REMESAS

Ojalá que no, pero no veo cómo se podrá hacer para frenar el paquete fiscal que presentó el presidente Trump en el Congreso y que incluye 5 por ciento de arancel a las remesas que sean enviadas por personas que no tengan un estatus migratorio legal en Estados Unidos. La medida va en un paquete fiscal muy amplio, y cumple con todas las promesas de Trump: utiliza los aranceles, castiga a los migrantes indocumentados, puede ser utilizada como arma para poder detenerlos y deportarlos. Es verdad que beneficiará a los operadores de dinero clandestinos, desde los cárteles a los llamados bancos ilegales chinos (todo un sistema de operación financiera que opera en la clandestinidad con dinero en efectivo y fundamental para comprender el lavado de dinero de las drogas y, sobre todo, del fentanilo), pero ése es otro tema.

Astillero

Salinas Pliego, ¿no más impunidad? // Corcovada, aviso firme // Violaciones ambientales // Boina verde, de la mano de Sheinbaum

Julio Hernández López

La Jornada

Inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa, cuya titular es Mariana Boy Tamborrell) detectaron ayer en Corcovada, una comunidad del municipio potosino de Villa Hidalgo, más de 40 formas de violación legal (en diverso grado) cometidas por empresas ligadas a Ricardo Salinas Pliego.

Cemat Constructions e Inkazteca Drilling de manera imperiosa pretendían comprar terrenos ejidales para instalar un negocio de materiales de construcción, con posibilidad de extenderse a la actividad minera, en términos tan ventajosos y peligrosos que pobladores y campesinos se organizaron para impedir las maniobras tramposas.

Tal como se había denunciado formalmente desde el movimiento de resistencia contra el negocio salinista, en la zona ejidal se encontraron pruebas de los preparativos del negocio cementero y minero, sin conocimiento ni autorización de los ejidatarios: 43 perforaciones en el suelo, zanjas y acomodos del terreno, remoción de vegetación, entre otros puntos. Cuando esté el informe oficial del caso se valorará si son procedentes las sanciones pecuniarias e incluso denuncias por delitos ambientales.

La pinza ambiental coloca en situación difícil a los empresarios señalados como parte de usuales estrategias del Grupo Salinas, pues un día antes la Procuraduría Agraria, cuyo titular es Víctor Suárez Carrera, había hecho saber a ejidatarios que no tendrían validez ni la realización ni los acuerdos de quienes intentaban celebrar una asamblea propicia para los planes de la cementera y la minera.

La decisión de frenar un negocio tóxico más del portafolio Salinas Pliego fue tomada por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el contexto de las movilizaciones en la región, el activismo en el que destacaron los Guardianes de la Sierra de San Miguelito (el abogado Carlos Covarrubias, uno de ellos) y los trabajos periodísticos de Pie de Página (Alejandro Ruiz) y Astrolabio (Estela Ambriz, Victoriano Martínez y Alejandro Rubín de Celis).

Sabida la vocación de litigio eterno que practican los abogados del Grupo Salinas, es de preverse que se presentarán recursos legales (por lo demás, en todo su derecho) contra los actos realizados por la Procuraduría Agraria y la Profepa. Es probable que aun cuando en el terreno de lo agrario hubiera más materia de controversia, el proyecto podría ser cerrado sin más alternativa por las violaciones ambientales ya documentadas.

Lo que sucede en Corcovada forma parte de los problemas que enfrentan el Grupo Salinas y su principal accionista, Ricardo Salinas Pliego. Entre otros, y de manera destacada, el largo diferendo jurídico respecto a impuestos. El empresario, que en sus cuentas tiene a Televisión Azteca, ha desplegado, en consonancia ascendente con sus problemas y la evidencia de que no contará con impunidad, una campaña de posicionamiento político opositor, pretendiendo asumirse como una especie de Milei rupturista, eventual candidato presidencial de derecha y ultraderecha (cultiva relaciones políticas con el colaboracionista Eduardo Verástegui) que critica duramente a los gobiernícolas de los que se sirvió durante décadas.

En ¿otro? tema: al reunirse con la presidenta Sheinbaum, luego de presentar sus cartas credenciales como embajador trumpista, el coronel en retiro Ronald Johnson declaró que trabajará de la mano de ella, en específico en asuntos de seguridad, protección de la frontera y migración.

Como es natural en este tipo de encuentros diplomáticos, se produjeron declaraciones protocolarias, plenas de lugares comunes. Lo cierto es que Johnson, quien ha sido agente de la CIA, es el embajador de Estados Unidos en México más amenazante en décadas; no sólo por su perfil en sí (que sería suficiente), sino, de marcada manera, por el proyecto intervencionista del trumpismo que de manera puntual representará en nuestro país (acciones de manual: desestabilización, provocaciones, siembra de problemas, división interna, incremento de la violencia).

México, SA

Remesas: avanza la intentona // Trump: 5% , perverso // Impuesto segregacionista e ilegal

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Días atrás, otra de las alocadas decisiones de Donald Trump (gravar con 5 por ciento las remesas de inmigrantes indocumentados) perdió el primer round en el Legislativo de su país, aunque horas después de esa negativa ganó el segundo, porque el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó (no por el pleno, lo que tal vez suceda el próximo día 26) el proyecto del hombre naranja (una ley grande y bella, como de forma por demás fantoche la ha definido), que incluye ese ilegal impuesto, en una votación calificada de inusual. La batalla aún no concluye, pero por ahora el marcador parece empatado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, comentó que se reunió con legisladores republicanos poco antes de iniciar el segundo round y aseguró que los cambios acordados sólo son modificaciones menores, nada importante, lo que para efectos de la siempre sucia política estadunidense se traduce en que van por todo y más, si pueden. Y ni cómo hacer para evitar ese gravamen, porque las empresas dedicadas a enviar el dinero de forma electrónica ya fueron notificadas de que serán responsables de retener ese 5 por ciento (no sólo a los mexicanos, porque el cobro es universal) para enterarlo al Departamento del Tesoro.

Lo cierto, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, es que de aprobarse otro de los caprichos de Trump no sólo significaría un acto discriminatorio, sino que violaría el tratado bilateral firmado en 1994 con el fin, precisamente, de evitar la doble tributación, amén de que los indocumentados que laboran en ese país pagan impuestos, por mucho que, dada su condición migratoria, ese recurso fiscal no los beneficie, como en el caso de la seguridad social.

Ayer la mandataria reiteró: Seguiremos tratando de convencer a los congresistas (estadunidenses) de que (el impuesto de 5 por ciento) no es algo bueno. Afecta a México, pero también a Estados Unidos. Y lo que queremos es la mejor relación posible y que las familias reciban sus remesas completas, que no haya esta disminución, y que se respete el convenio que se firmó hace algunos años entre México y Estados (Por cierto, ayer recibió las cartas credenciales del halcón Ronald Johnson, ex agente de la CIA y ex coronel del ejército de su país, ahora nuevo embajador gringo en México que todo lo quiere arreglar a punta de fusil).

El tema también lo ha explicado el secretario de Hacienda, Edgar Amador: Las remesas ya fueron gravadas y pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional, sería una doble tributación. Entonces, de aprobarse el citado proyecto de ley Estados Unidos violaría el (citado) tratado bilateral e implicaría una discriminación en términos fiscales. ¿Qué tasa pagan los trabajadores mexicanos en Estados Unidos? Las vigentes en aquel país: entre 10 y 37 por ciento. Entonces, son ingresos ya gravados, de tal suerte que poner un impuesto adicional implicaría doble tributación e incumplimiento de tratados tributarios internacionales por parte del Congreso de Estados Unidos.

Es tal la perversidad de Donald Trump y sus pandilleros que pretenden utilizar ese 5 por ciento para financiar el aumento del gasto público en seguridad fronteriza, modernizar la vigilancia y aumentar el número de elementos de la Border Patrol (por cierto, en la zona sur de Estados Unidos muchos hijos de mexicanos, indocumentados o no, forman parte de este cuerpo represor) para perseguir a los inmigrantes.

Salvo en el caso mexicano, la intentona de Trump ha enmudecido a los gobiernos latinoamericanos: no han dicho ni pío en defensa de sus paisanos en Estados Unidos, amén de que los recursos por ellos enviados en no pocas de esas naciones representan una elevada proporción de sus respectivos PIB.

Sin embargo, en Estados Unidos el caucus hispano en la Cámara de Representantes no ha quedado callado. Su presidente, el dominicano-estadunidense Adriano Espaillat, advierte que el impuesto es discriminatorio en la práctica y punitivo en sus efectos; establecería un sistema de dos niveles, al aplicar el gravamen a personas con residencia regular o visas temporales, castigando así a trabajadores que respetan la ley, desempeñan labores esenciales y contribuyen significativamente a la economía del país”.

Las rebanadas del pastel

No es chiste: Trump advierte a Walmart que deje de intentar culpar a los aranceles como razón para aumentar los precios en toda la cadena. ¡Estaré observando! De risa loca: ¿en serio cree que el capital asumirá el costo? ¡Si para eso tienen a los consumidores!