Lo que dicen los columnistas

La certeza jurídica funcional en el nuevo Poder Judicial

Un modelo jurisdiccional contemporáneo debe asegurar, de manera concurrente, la autonomía estructural del Poder Judicial —como salvaguarda frente a presiones externas— y su eficacia operativa dentro del marco democrático.

Ernesto Villanueva

Proceso

La elección popular de integrantes del Poder Judicial de la Federación ha suscitado un debate legítimo sobre su independencia. Sin embargo, más que abordarlo desde una lógica de alarma doctrinaria, es indispensable examinarlo con mirada estratégica: como una posible herramienta para reforzar la gobernabilidad democrática, mejorar la eficacia institucional y consolidar una certeza jurídica entendida no como abstracción retórica, sino como una condición operativa para el desarrollo del país. Veamos.

Primero. En una nación donde la justicia ha sido tradicionalmente lenta, disfuncional y muchas veces distante de la realidad social, esta reforma podría significar una inflexión histórica. No se trata de someter al Poder Judicial, sino de integrarlo en una arquitectura estatal coherente, donde la norma, la celeridad resolutiva y la sensibilidad ante las demandas sociales se conjuguen como principios rectores. Uno de los logros estructurales del nuevo modelo podría ser el fortalecimiento de un sistema judicial más predecible, menos propenso a ser capturado por amparos utilizados como herramientas de sabotaje institucional, y más consistente en sus decisiones.

La experiencia reciente ha demostrado que proyectos estratégicos de infraestructura y políticas públicas han sido paralizados no por objeciones jurídicas de fondo, sino por tecnicismos procesales que, en los hechos, suplantan la función legislativa. Una justicia eficaz no anula la defensa de derechos: la potencia, al impedir que se diluyan en un mar de litigios diseñados para paralizar al Estado. Por eso, la certeza jurídica no debe concebirse exclusivamente como independencia estructural, sino también como previsibilidad normativa, coherencia interpretativa y agilidad en la solución de controversias.

Desde esta perspectiva, es viable sostener que puede existir una certeza jurídica funcional con legitimidad técnica.

Segundo. En contextos como el mexicano, marcados por la debilidad histórica del Estado frente a intereses fácticos consolidados, un Poder Judicial electo y razonablemente articulado con los otros poderes no implica necesariamente una amenaza a la separación de funciones, sino la posibilidad de construir una gobernanza sinérgica. La existencia de jueces con afinidad institucional no equivale a subordinación, siempre que coexistan perfiles con solvencia técnica y autonomía intelectual auténtica. Uno de los grandes lastres del modelo vigente ha sido la proliferación de amparos promovidos por élites económicas o despachos especializados que, mediante recursos meramente formales, detienen reformas y decisiones públicas. Un Poder Judicial con una visión programática compartida y elevada capacitación jurídica puede prevenir contradicciones entre salas y órganos jurisdiccionales; reducir la incertidumbre normativa en sectores clave —como energía, medio ambiente, régimen fiscal y derechos sociales—; y facilitar la puesta en marcha de políticas públicas legítimas sin ser capturado por la judicialización preventiva.

Un diseño institucional en el que el Poder Judicial no actúe como un contrapeso obstructivo sino como garante técnico de la transformación legal impulsada democráticamente, puede resultar eficaz si se asegura la calidad argumentativa de las sentencias, la capacidad para resolver controversias conforme a los estándares internacionales más exigentes, y el compromiso con la tutela de los derechos humanos por encima de los intereses del momento.

Tercero. La reducción en la conflictividad puede ser interpretada por inversionistas —nacionales y extranjeros— como un entorno regulatorio estable, donde las reglas no cambian súbitamente por resoluciones contradictorias o imprevisibles.

Los capitales internacionales, que frecuentemente tienen canales directos con el Ejecutivo, podrían negociar de antemano marcos regulatorios estables, confiando en que no enfrentarán alteraciones abruptas provocadas por decisiones judiciales sorpresivas. Modelos como el de Singapur ilustran cómo una judicatura alineada en lo esencial con la lógica estatal puede atraer inversión sin renunciar a los principios del constitucionalismo. En sectores como la infraestructura, la minería o la energía, los inversionistas privilegian certezas normativas y mecanismos eficaces de cumplimiento, más que la separación rígida entre poderes.

Un pacto explícito entre los órganos del Estado puede producir lo que diversos analistas denominan “certeza funcional”: un entorno donde las normas se cumplen sin sobresaltos ni dilaciones. En suma, un Poder Judicial articulado con la agenda democrática puede ofrecer celeridad procesal, reducción de la litigiosidad y mayor previsibilidad institucional.

Ahora bien, para que este diseño no derive en prácticas autoritarias o decisiones arbitrarias, es indispensable acompañarlo de un andamiaje técnico riguroso, un compromiso ético irreductible y un apego escrupuloso al mandato constitucional, a la legalidad ordinaria y al derecho convencional. La tensión entre independencia judicial y eficacia institucional no debe concebirse como una dicotomía insalvable, sino como un reto de diseño constitucional que requiere su articulación funcional. Un modelo jurisdiccional contemporáneo debe asegurar, de manera concurrente, la autonomía estructural del Poder Judicial —como salvaguarda frente a presiones externas— y su eficacia operativa dentro del marco democrático, garantizando estándares de racionalidad decisoria, coherencia jurisprudencial y accesibilidad real para sujetos procesales que demandan tutela judicial efectiva en contextos normativos cada vez más complejos y dinámicos.

Juegos de poder

Políticos a la venta

Un privado puede donar dinero a una campaña por convicción ideológica, por un interés particular o ambos. Resulta difícil calificar qué se vale y qué no.

Leo Zuckermann

Excelsior

En su seminario sobre teoría de la democracia, Giovanni Sartori argumentaba que ninguna democracia había resuelto el problema del financiamiento de las campañas electorales. Ni los países que le habían apostado a la utilización exclusiva del dinero del Estado ni los que habían optado por permitir la donación ilimitada de recursos del sector privado.

Se trataba de una falla importante de la democracia. Falla que podía poner en peligro todo el sistema porque, si los candidatos estaban a la venta, dejaban de representar los intereses del electorado para proteger los intereses de los privados que los habían financiado.

Un privado puede donar dinero a una campaña por convicción ideológica, por un interés particular o ambos. Resulta difícil calificar qué se vale y qué no.

Durante mucho tiempo, por ejemplo, los sindicatos financiaron a partidos con una agenda para avanzar los intereses de la clase trabajadora. La relación era transparente para el electorado. Perfecto.

Tan perfecto como, del otro lado, el financiamiento de la clase capitalista a partidos con una agenda de menor intervencionismo del Estado en la economía. De nuevo, era transparente para el electorado.

El problema es cuando los políticos reciben dinero, legal en donde se permite, ilegal donde está prohibido, de intereses que abiertamente atentan en contra de la sociedad.

No hay mejor ejemplo que el financiamiento de campañas por parte del crimen organizado en México. Lo que buscan los delincuentes es poner en el poder a candidatos que, ya como gobernantes, los protejan y ayuden a operar y acrecentar sus negocios ilícitos.

¿De qué sirve un régimen democrático cuando en realidad mandan los elementos más antisociales de una comunidad?

Todo esto viene a colación por la supuesta lista del gobierno estadunidense que conecta a políticos del partido gobernante con el financiamiento ilícito de campañas por parte de la delincuencia organizada.

En particular se menciona a Sergio Carmona, presunto criminal acusado de contrabando de hidrocarburos (huachicoleo fiscal), con nexos con los cárteles del Noreste y del Golfo, que habría financiado campañas políticas de Morena. El susodicho, que al parecer ya estaba cooperando con autoridades estadunidenses, fue asesinado en 2021 en San Pedro Garza García.

Notas periodísticas afirman que Carmona habría financiado al menos nueve campañas de gobernadores morenistas y, además, la presidencial de 2018. Estamos hablando de la venta de políticos al más alto nivel de los puestos públicos del país.

Si esto es al más alto nivel, en lo local hay muchísima más evidencia de cómo la delincuencia organizada ayuda y financia campañas de presidentes municipales en varias regiones de la República. No sorprende, por ejemplo, que haya alcaldes que abiertamente sean miembros del crimen organizado, como sucedió con José Luis Abarca en Iguala.

Morena es hoy el partido hegemónico en México. Para los criminales organizados su mejor apuesta es ponerles dinero a los candidatos morenistas que son los que tienen más probabilidad de ganar. Por tanto, ese partido tiene que ser el más cuidadoso para impedir que entre dinero de los maleantes a las campañas. Sin embargo, no parece importarles mucho este tema. Lo de ellos es ganar cada vez más poder, “haiga sido como haiga sido”, como diría el clásico.

Con toda razón, los morenistas critican a los panistas de la capital, en particular de la alcaldía Benito Juárez, de recibir dinero de los desarrolladores de vivienda. Es otro caso típico de políticos en venta. Para construir edificios se necesitan muchos permisos de la autoridad quien puede “facilitarlos” a los “amigos” que financiaron las campañas. El interés público, de nuevo, queda supeditado al interés privado por el contubernio entre políticos y empresarios mal habidos.

Esta corrupción panista es, en comparación, benigna frente a la presunta corrupción morenista. Venderse al crimen organizado que mata, secuestra y extorsiona ya son palabras mayores que afectan mucho más a la sociedad.

Y hay otro fenómeno que tiene que ver con este tema del financiamiento legal o ilegal de las campañas políticas en una democracia. Comprobado está que mucho del dinero que reciben las campañas no se usa en las elecciones. En el camino, “se pierden” recursos. Entre pellizco y pellizco de dinero que no deja huella, se van enriqueciendo los políticos que se vendieron a los intereses privados.

Eso se llama corrupción y también mina la confianza y credibilidad de las instituciones democráticas liberales.

Tan solo véase lo que está ocurriendo con Trump en Estados Unidos, un político que abiertamente está a la venta.

Gran problema de la democracia que tan bien visualizaba Sartori.

Calor, agua y equidad

Mario Luis Fuentes

Excelsior

En el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”, y que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. Este mandato constitucional implica una exigencia doble: por un lado, una obligación activa del Estado de garantizar estos derechos; por otro, una distribución equitativa de los bienes comunes que son indispensables para la vida. Entre ellos, el agua es el más básico y el más amenazado.

La interrelación entre el acceso al agua potable y el derecho a la alimentación adecuada es estructural: sin agua no hay cultivos, no hay higiene, no hay posibilidad de preparar ni conservar alimentos. La seguridad alimentaria, tal como ha sido conceptualizada por la FAO, depende directamente del acceso a recursos naturales fundamentales. Sin embargo, en México, las condiciones estructurales están fracturando esta interdependencia: la sequía severa y extrema se ha generalizado en regiones tradicionalmente agrícolas, afectando la disponibilidad y calidad del agua. A esto se suma una red de distribución ineficiente y profundamente inequitativa.

De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, en al menos 22 de cada 100 viviendas no hay agua entubada al interior de las viviendas; y de aquellas que sí disponen de conexión domiciliaria, menos del 70% recibe agua de manera diaria. Ésta es la expresión cruda de una injusticia ambiental y social estructural.

Debe considerarse, además, que somos un país en el que año con año se establecen nuevos récords de altas temperaturas y donde existen más de cinco millones de viviendas sin refrigerador. Este dato tiene implicaciones graves para la salud pública: la conservación inadecuada de alimentos propicia el desarrollo de infecciones gastrointestinales, bacterias y parásitos, particularmente en niñas, niños y personas adultas mayores. La ausencia de refrigeración debe ser entendida como un vector de enfermedad, vulnerabilidad y muerte evitable.

Hay, además, una profunda geografía de la desigualdad: los estados más pobres, como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, donde se registra menor acceso al agua, son también los que disponen de las mayores reservas hídricas del país. Este dato permite dimensionar la lógica de apropiación del agua. En esa lógica, la acumulación de la riqueza y la privatización del agua para fines industriales, agrícolas intensivos o inmobiliarios de lujo se contraponen severamente a la sed de millones.

No basta con reconocer derechos en abstracto: es necesario transformar las estructuras de acceso, uso y control de los recursos naturales. La justicia no puede pensarse sin ecología, y la ecología no puede sostenerse sin justicia. En efecto, la crisis del agua en México no es sólo de infraestructura o de gestión pública, es una crisis civilizatoria de la relación entre el ser humano, su entorno y su comunidad.

Es urgente articular una nueva estrategia nacional de equipamiento básico en viviendas populares. El acceso al agua no puede depender de tandeos irregulares ni de pipas privadas. Se necesita una red de derechos articulada a partir de acciones clave: captación de agua de lluvia a nivel domiciliario y comunitario; instalación masiva de calentadores solares de agua en zonas de alta radiación solar; fomento a los paneles solares para la generación distribuida de energía en viviendas; reforestación urbana desde las viviendas, promoviendo huertos de traspatio y techos verdes, y la inversión en sistemas de saneamiento y almacenamiento que garanticen agua limpia, saludable y permanente en todos los hogares del país.

Esta estrategia debe pensarse desde un nuevo contrato social ecológico, en el que se redefina la responsabilidad del Estado, de las empresas y de la ciudadanía. El modelo de desarrollo basado en la extracción, privatización y acumulación es incompatible con la sostenibilidad y con los principios más básicos de justicia social. Lo que se requiere es una redistribución radical de los recursos, una democratización de la infraestructura básica y una transición hacia formas de vida compatibles con los límites ecológicos del planeta.

Astillero

Verástegui, el colaboracionista // Precandidato del boina verde // No a Salinas Pliego en Corcovada // Ni minera ni cementera

Julio Hernández López

La Jornada

El talante intervencionista de quien hoy presentará sus cartas credenciales como embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson (no es excesivo recordar que es un coronel en retiro del ejército de su país, boina verde y fue agente explícito de la CIA), no se queda en el ámbito de lo militar y el espionaje, sino de manera abierta en la siembra y riego (riegue, también) de la opción electoral deseada e impulsada por Donald Trump para la Presidencia de México, el colaboracionista Eduardo Verástegui, el ex cantante y actor que fallidamente buscó ser candidato independiente en 2024.

Luego de reunirse con el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, Johnson estuvo en una cena privada que organizó el ultraderechista Verástegui. Según el reporte de un medio identificado con esa corriente ideológica (al que validó al reproducirlo en X), el ex actor que invoca a Dios y propone el rezo diario del rosario como solución a los problemas del país fue señalado especialmente por el embajador boina verde: Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias a México y a mi hermano que está aquí.

Así que no hay duda: el personaje que significa, promueve y pretende dar marco amable a los intereses de Estados Unidos en México es Eduardo Verástegui. Cierto es que no tiene base social (depende de los cálculos de los mandos eclesiásticos igualmente ultraconservadores), experiencia administrativa o política (no ha sido ni regidor) ni un discurso que ideológicamente vaya más allá de la histeria simplona y la recurrencia a la divinidad. Pero detrás de él están los intereses trumpistas.

Este domingo se intentó realizar en Corcovada, del municipio de Villa Hidalgo, en San Luis Potosí, una asamblea extraordinaria de ejidatarios en cuyo orden del día se incluía la pretensión de vender 426 hectáreas a Cemat Construction, una firma ligada a empresas de Ricardo Salinas Pliego. Pobladores y campesinos impidieron que los abogados representantes de los interesados en comprar pudieran ingresar al salón ejidal. Patrullas y policías estatales vigilaban desde temprana hora.

A fin de cuentas, se abrió una sesión en la que un funcionario de la Procuraduría Agraria, del gobierno federal, informó a los reunidos que luego de un análisis jurídico se había determinado que no tendría validez esa asamblea por incumplimientos legales varios (la opinión jurídica de la Procuraduría Agraria: https://goo.su/HOJhY6Y). Finalmente, los ejidatarios aceptaron el resolutivo y cerraron la reunión. Quienes se consideren afectados tienen, naturalmente, una instancia judicial para recurrir.

La postura de la Procuraduría Agraria, cuyo titular es Víctor Suárez Carrera, se da en un marco de denuncias contra Cemat-Salinas Pliego, que anuncia como objetivo la creación de una empresa relacionada con materiales de construcción pero, además, incluye la posibilidad de explotaciones mineras en una zona donde hay residuos de oro (lo que abre el camino a formas sumamente dañinas de extracción, a cielo abierto, como en Cerro de San Pedro) e indicios de litio.

El caso fue atendido en sus últimos detalles por la Procuraduría Agraria (que ya le daba seguimiento puntual a partir de gestiones de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito y otros activistas), luego de indicaciones de revisión que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum la mañana del pasado viernes.

Queda camino jurídico, mediático y político por recorrer en el que será fundamental la defensa del medio ambiente por parte del gobierno federal. Por lo pronto, en esta primera fase, la organización social, la denuncia y la protesta han tenido respuesta en el gobierno federal claudista, en un contexto nacional cargado de casos similares al de Corcovada, mutatis mutandis (cambiando lo que se deba cambiar).

Y, mientras se rinde un informe técnico confiable sobre lo sucedido al buque mexicano Cuauhtémoc, aunque voces opositoras destempladas ironizan a conveniencia.

México, SA

Trump: ¿recesión en puerta? // Déficit público y gasto militar // Política arancelaria, suicida

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

La recesión económica estadunidense toca a la puerta: la deuda pública rebasa por mucho el producto interno bruto de ese país y los principales indicadores se contraen, pero el siempre amenazante cuan bobalicón Donald Trump defiende su creencia de que todo funciona de maravilla, y si algo no pinta bien simplemente le achaca el resultado a su predecesor, Joe Biden. Pero al hombre naranja le acaban de meter un buen calambre: “La calificadora de riesgo Moody’s rebajó un escalón la nota crediticia de Estados Unidos, con lo cual la mayor economía del mundo perdió la preciada nota AAA, debido al enorme déficit presupuestario y las altas tasas de interés. También advirtió que los aranceles impuestos por el gobierno perjudicarán el crecimiento del país a largo plazo” ( La Jornada).

La información publicada en nuestro diario advierte que “Moody’s es la última de las tres principales agencias calificadoras en quitar la mayor calificación crediticia posible a Estados Unidos. Una menor calificación implica un mayor riesgo en el cumplimiento de pago y, en ese sentido, aumenta el costo para países y empresas al momento de financiar sus pasivos. Standard and Poor’s degradó la deuda estadunidense en 2011 y Fitch Ratings hizo lo propio en 2023. La rebaja de la nota de la categoría AAA a Aa1 supone un golpe al discurso del presidente Trump sobre la fortaleza económica y prosperidad del país. Las sucesivas administraciones y el Congreso estadunidense no han logrado un acuerdo sobre medidas para revertir la tendencia de los grandes déficits fiscales anuales y el aumento de los costos de los intereses, afirmó la calificadora”.

De dientes para fuera, el inquilino de la Casa Blanca reitera su intención de mejorar el balance financiero de su gobierno y reducir el brutal déficit que acumula, pero lo quiere hacer a costillas de la comunidad de naciones, mediante su enloquecida política arancelaria, a la cual pretende endilgar los excesos de su administración y de las previas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el déficit público estadunidense cerró 2024 en 2.2 billones de dólares, equivalente a 7 por ciento de su producto interno bruto y, oficialmente, no hay recursos para cerrar la brecha.

Si en realidad quiere abatirlo, más allá del discurso, existe una fórmula que sin duda contribuiría de inmediato a tal fin: abandonar su política guerrerista, reducir sustancialmente el presupuesto militar, que alcanza niveles históricos (muy cerca ya de un billón de dólares anuales) y cancelar su enloquecido programa de destinar un billón de dólares adicionales a la producción de armamento nuclear a lo largo de la próxima década, para duplicar ese monto de aquí a 30 años, de acuerdo con las estimaciones de su gobierno.

El presupuesto militar estadunidense se aproximó (2024) a un billón de dólares, monto cercano a 40 por ciento mundial de los recursos que se destinan ese renglón. Y de ese total, la Casa Blanca canalizó alrededor de 30 por ciento sólo a cinco de las principales empresas de armamento de esa nacionalidad.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo lo sintetiza así: en 2024, el gasto militar de Estados Unidos aumentó 5.7 por ciento, alcanzando 997 mil millones de dólares, lo que representa 66 por ciento del gasto total de la OTAN y 37 por ciento del gasto militar mundial. Una parte significativa de ese presupuesto se destinó a la modernización de las capacidades militares y del arsenal nuclear estadunidense para mantener una ventaja estratégica sobre Rusia y China. Los miembros europeos de la OTAN gastaron un total de 454 mil millones de dólares, 30 por ciento del gasto total de la alianza.

Por otra parte, de acuerdo con la información más reciente, Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo (débito público): en 2024, el saldo se aproximó a 37 billones de dólares (algo así como 121 por ciento de su producto interno bruto), casi tres veces más del registro de 2014. El adeudo por habitante pasó de 48 mil 650 dólares en 2014 a más de 108 mil en 2024.

Ahora que amenaza con aranceles para todo el mundo, un elemento relevante es que su principal objetivo es China, poseedora, mediante bonos del Tesoro estadunidense, de alrededor de 800 mil millones de dólares de la deuda gringa. Y si el gigante asiático decide golpear, y fuerte, al inquilino de la Casa Blanca ya sabe por dónde puede empezar.

Las rebanadas del pastel

Entonces, Trump tiene opciones para reducir el déficit gringo, pero no le gustan. Prefiere aterrorizar a la comunidad de naciones, mientras la suya se hunde.