Presupuesto de Egresos: ¿Puede ser reformado?
Ernesto Villanueva
Proceso
Durante el procedimiento para concluir con la aprobación presupuestal se materializó el “previo examen” al que se refiere el citado artículo 74, fracción IV constitucional, pues se discutió en comisiones y fue objeto de reservas que fueron expuestas y sujetas a la consideración del pleno.
La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación en los términos en que lo presentó el titular del Ejecutivo Federal ha sido objeto de críticas por distintos actores políticos y mediáticos. Por ello resulta oportuno hacer algunas precisiones sobre el tema.
Primero. ¿Se ha violado alguna norma constitucional en el proceso y en el acto de aprobación del Presupuesto de Egresos? Salvo prueba en contrario, no porque se observó y actuó conforme a lo ordenado por las normas aplicables para la aprobación del citado Presupuesto. En efecto, el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que: “Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo.” Y para su aprobación deben cumplirse dos supuestos: a) La existencia de quorum, que se satisface con la presencia de la mitad más uno de los legisladores (251) y la aprobación que debe hacerse por mayoría absoluta (la mitad más uno de los diputados presentes) de acuerdo con lo previsto por el artículo 158 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Durante el procedimiento para concluir con la aprobación presupuestal se materializó el “previo examen” al que se refiere el citado artículo 74, fracción IV constitucional, pues se discutió en comisiones y fue objeto de reservas que fueron expuestas y sujetas a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Segundo. ¿Tenía la obligación jurídica la mitad más uno de los integrantes de la Cámara de Diputados de allanarse a las propuestas y reservas de la minoría? No, en modo alguno. Basta y sobra con que se satisfaga con esa mayoría absoluta para que sea válido el acto de aprobación del Presupuesto. ¿Por qué antes sí se atendían las observaciones de las diversas fuerzas representadas en la Cámara baja y ahora no? Por dos razones: a) Porque no había una mayoría preconfigurada en la Cámara de Diputados y era necesario ceder en lo accesorio para llegar a lo fundamental, la aprobación del Presupuesto con el voto de al menos dos de las fuerzas políticas principales que permitían alcanzar la mayoría absoluta; y b) Porque en el clima de polarización, no habría ninguna ventaja política para la mayoría en la Cámara en aceptar las inquietudes de quienes carecen de las herramientas jurídicas para concretar la aprobación del Presupuesto; por el contrario, al haber cedido y aceptado algunas propuestas opositoras se habría ventilado en medios como un triunfo de la “democracia” sobre MORENA. De esta suerte, el simbólico costo (porque no tiene mayor impacto en la base electoral del partido oficial) hubiera sido idéntico con o sin el apoyo de la oposición en la Cámara de Diputados. El poder se ejerce no se comparte salvo cuando haya una necesidad que, por ahora, no existe.
Tercero. ¿El Presupuesto de Egresos aprobado fue la mejor opción posible? No, por supuesto. Tuvo oportunidades de mejora. Lo importante en la vida jurídica no es si el Presupuesto fue bueno o malo, sino si su aprobación se hizo en el estricto marco de lo previsto por la Constitución y las normas jurídicas procedimentales, de suerte tal que el contenido de esa ley pueda ser reformado. Los partidos de oposición y los actores políticos y mediáticos tienen, sin duda, su legítimo derecho a ejercer su libertad de discrepancia y crítica con el contenido del Presupuesto de Egresos, que, sin duda, debe ser objeto de escrutinio. Pero esa amplia deliberación en la agenda pública, además del efecto catártico que supone, carece de relevancia jurídica o resulta muy difícil traducir esa crítica en agravios de fondo ante tribunales de derecho, especialmente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, tiene atribuciones para ir a la SCJN a reclamar lo que a sus intereses corresponda, pero la Corte carece de elementos para darle la razón al INE por cuanto a los términos en los que fue aprobado el Presupuesto de Egresos, toda vez que se trata de una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados como lo previene el precitado artículo 74, fracción IV de la Constitución Federal. Ignorar esta disposición explícita que no requiere de interpretación alguna por la claridad del precepto constitucional, convertiría a la SCJN en Poder Reformador de la Constitución de facto, al margen del procedimiento de creación de reformas y adiciones establecido en la propia Carta Magna.
La cultura de la dádiva
Martín Espinosa
Excelsior
Hoy que se habla de los efectos de covid-19 en el mundo, resulta necesario hablar de la forma en que se prepara en un país, cualquiera que éste sea, el presupuesto con el cual el gobierno se hará cargo de la administración pública de dicha nación. No es lo mismo preparar un “paquete” económico para un país desarrollado, con una actividad industrial y económica robusta en el cual la pobreza apenas y asoma, que para otro que apenas tiene para sobrevivir y en el que su población mayoritaria apenas y mal come.
En estos últimos países, los programas sociales del gobierno se vuelven “asistencialistas” en el más puro sentido de la palabra: se trata de asistir a los que menos tienen para que, por lo menos, no mueran de hambre. Deje usted si tienen trabajo o no; lo importante es que al gobierno literalmente no se le mueran de hambre. Por eso vemos que en México, gran parte del presupuesto público “no comprometido” tiene como fin “regalar” recursos a los que menos tienen, situación que se convierte con el paso del tiempo en una “obligación” del Estado para con los menos favorecidos, los cuales en su mayoría se vuelven “clientes políticos” de ese gobierno, el cual, al repartir el dinero que obtiene vía recaudación de impuestos de una parte de la población, destina una mayor rebanada de recursos a la gente más pobre.
Ese dinero en nada ayuda a generar economía: es decir, producir empleos y permitir a la gente que menos tiene mejorar su situación para salir de la precaria situación en que se encuentra y que entre al “engranaje” que consigue reactivar al mercado interno a través de la producción y consumo de bienes y servicios. Un país que no logra eso está condenado a vivir en la pobreza y que sus gobiernos se conviertan en repartidores de “dádivas y migajas”. Es más, esos gobiernos se vuelven “dueños absolutos” de esa ayuda, la cual condicionan —sobre todo en épocas electorales— a fin de perpetuarse en el poder. Nada más hay que recordar la etapa que vivió México durante 70 años entre 1930 y el 2000. Hoy, esos tiempos amenazan con regresar.
Por eso se agradece que haya quienes basen su administración en crear las condiciones para hacer “economía” en un país o un estado más que en “regalar” dinero a quienes menos tienen. No porque estos no lo necesiten; al contrario. Sino porque los programas sociales deben ser eso: sociales. No ser lo más importante en una sociedad que requiere de oportunidades para tener mejor salud, empleo, educación, vivienda y alimentación, principalmente. Por supuesto que hay que ayudar a quienes menos tienen, pero lo más importante es generar condiciones que permitan a los integrantes de una sociedad salir de la pobreza en que se encuentran y no como ha sucedido: cada vez hay más que tienen menos y cada vez unos cuantos acumulan riquezas exorbitantes.
BIEN Y DE BUENAS
De plácemes el estado de Yucatán por las buenas noticias que en estos días ha recibido la administración del panista Mauricio Vila. En primer lugar, hace unas horas comenzó la realización del XLV Tianguis Turístico 2021, que se aplazó en marzo pasado, con la presencia del presidente López Obrador y del secretario del sector, Miguel Torruco, así como de los principales empresarios turísticos tanto nacionales como extranjeros que se dan cita en Mérida. Sin duda que esa bella región del sureste mexicano recibirá grandes beneficios económicos por las inversiones que desde hace varios años suma la entidad. Mejor lugar no se pudo escoger para fortalecer a la industria turística nacional así como crear puentes entre prestadores de servicios, dar a conocer nuevas propuestas de viaje, robustecer nuestra cultura y crear un estado de bienestar donde los beneficios sean para todos. Y, en segundo lugar, esta semana se supo que al cierre de octubre pasado Yucatán se colocó como uno de los tres estados del país con mayor inversión turística. ¡Enhorabuena!
Astillero
Poder Judicial, sin cambio viable // Confirman no a Zaldívar // AMLO advirtió entrampamiento // Terna: Bátiz, De Gyvés, Loretta
Julio Hernández López
La Jornada
Aun cuando la resolución carece de valía práctica, pues desde el 6 de agosto de este año ya la había anulado el propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Sala Superior determinó ayer de forma unánime la inconstitucionalidad de la pretensión de extender por dos años el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
El plan de continuismo de Zaldívar en el Poder Judicial tuvo como ejecutor material al senador del ente de las cuatro mentiras (el Partido Verde Ecologista de México), Raúl Bolaños Cacho Cué, quien presentó en abril de este año un artículo transitorio a último minuto de una sesión legislativa, de manera tramposa y bajo cobijo de los directivos del Senado, Eduardo Ramírez (de Morena, antes verde, quien presidía la mesa directiva) y Ricardo Monreal.
La marrullería de Bolaños Cacho Cué (quien ahora busca ser candidato a gobernador de Oaxaca por la coalición de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo) trató de dar cuerpo al deseo de Palacio Nacional de que Zaldívar no se fuera de su cargo el uno de diciembre de 2022, sino el último de noviembre de 2024. Es decir, que siguiera presidiendo la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, hasta la última hora del ejercicio obradorista.
La tentativa de extensión de mandato fue duramente criticada, no sólo por segmentos opositores al gobierno andresino. Se le tachaba de relección nada disfrazada, que podría dar pie a posterior intento similar de su impulsor, el Presidente de la República. Zaldívar tomó el pulso de sus colegas ministros y prefirió declinar: mi decisión ya está tomada, con independencia de lo que resuelva la Corte, sentenció.
Ahora bien, conforme a lo que con insistencia declaró el Presidente de la República, sólo el citado ministro Zaldívar tendría los méritos y capacidad para aplicar eficaz y honestamente la reforma judicial aprobada este año en las cámaras legislativas. En abril, ya advertía Andrés Manuel López Obrador: si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser de lo mismo, va a significar más de lo mismo, más de lo que era el antiguo régimen.
En junio, señaló: Si deja la presidencia el ministro Zaldívar, cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia; piensan, si acaso, en el derecho (…) No han hecho nada por limpiar el Poder Judicial, y el que tenía ese propósito (en referencia a Zaldívar) fue avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo.
Condicionado a seguir con las mismas piezas judiciales que ha impugnado (incluso a los ministros que él propuso, ya como Presidente de la República) y, si ha de asumirse el diagnóstico anterior que sin Zaldívar veía totalmente inviable sanear ese Poder Judicial, AMLO ha propuesto ya una terna de cercanía para que el Poder Legislativo designe a un nuevo ministro, en sustitución de José Fernando Franco González-Salas, cuyo periodo termina luego de 15 años.
Las cartas de Palacio Nacional para el asiento en la Corte ya han sido jugadas en otras competencias: Bernardo Bátiz Vázquez, quien parecía encaminarse a la Fiscalía General de la República que finalmente ocupó Alejandro Gertz Manero; Eva Verónica de Gyvés Zárate, quien también había sido propuesta para la citada FGR; y Loretta Ortiz Ahlf, que ya dos veces antes estuvo en la terna para la Corte.
Las tres personas propuestas ocupan sendas consejerías de la Judicatura Federal (https://bit.ly/3l4wYzR). Vale recordar que el transitorio que proponía la continuidad de Zaldívar también lo hacía para los miembros de esa Judicatura.
Y, mientras Rosalinda González Valencia, esposa del jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, ha sido detenida en Zapopan, mismo municipio conurbado con Guadalajara en el que horas después fueron secuestrados dos elementos de la Marina.
