Lo que dicen los columnistas

COMUNICACIONES

Ley telecom regresiva para un país que quiere avanzar

La digitalización del país no puede construirse sobre una arquitectura legal diseñada para controlar, cuando lo que urge es conectar, digitalizar, habilitar y democratizar el acceso a las tecnologías. Porque sin inclusión digital, no hay democracia plena.

Jorge Bravo

Proceso

En lugar de responder a las demandas de conectividad, inclusión digital y libertad de expresión, la iniciativa de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión está diseñada para concentrar poder, censurar y restringir, no para ampliar derechos, fomentar pluralidad ni promover un ecosistema digital convergente.

Presentada y aprobada en comisiones legislativas a un ritmo acelerado, la iniciativa representa un retroceso en el marco jurídico de telecomunicaciones y radiodifusión en México. El país enfrenta una encrucijada: abrazar la digitalización con base en derechos o volver a modelos centralistas y oficialistas que priorizan la verticalidad del poder por encima de los servicios públicos de interés general.

Uno de los ejes más preocupantes de la propuesta es la concentración de poder y atribuciones en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), un órgano subordinado al Ejecutivo federal que concentrará funciones regulatorias, técnicas y de política pública en una sola persona.

Este diseño institucional rompe con el principio de independencia regulatoria, pone en entredicho la imparcialidad en la toma de decisiones y contradice lo estipulado por el T-MEC, que exige que el organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente.

La propuesta legal contempla la facultad de la ATDT para bloquear plataformas digitales mediante lineamientos administrativos. Cualquier aplicación o servicio digital podría ser bloqueado. Esto no sólo vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información: representa una peligrosa concentración de poder que coloca en manos de una autoridad administrativa la capacidad de silenciar voces, controlar el acceso a contenidos y limitar derechos habilitados por internet como educación, salud, cultura o movilidad.

Este afán controlador se confirma en otro apartado: la exigencia de autorización previa de la Secretaría de Gobernación para transmitir contenidos audiovisuales patrocinados por gobiernos extranjeros. La censura previa es rechazada por tratados internacionales de derechos humanos. Introducirla en pleno siglo XXI revela una visión anacrónica, autoritaria y profundamente desconectada del ecosistema informativo global.

Otro punto grave es la eliminación del régimen de propiedad cruzada de medios. La legislación vigente contiene disposiciones destinadas a evitar la concentración de frecuencias y mercados, elementos esenciales para preservar la pluralidad informativa. Suprimir estas salvaguardas legales abre la puerta a una mayor concentración mediática y de frecuencias, debilitando la diversidad de voces y contenidos en un país que ya enfrenta serios desafíos en materia de pluralismo informativo.

La iniciativa también amenaza la neutralidad de la red. Al suprimir los lineamientos técnicos que garantizaban que los proveedores de servicios de internet no discriminaran contenidos ni limitaran el acceso o la velocidad contratada. La neutralidad de la red es una condición para garantizar que todos los usuarios tengan acceso igualitario a los contenidos y servicios disponibles en línea.

No se detiene ahí: la ley contempla un registro de usuarios móviles, un intento ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte por poner en riesgo la privacidad, la protección de datos personales y abrir la puerta al ciberespionaje institucional.

En el ámbito de la radiodifusión pública, la iniciativa elimina los principios establecidos en la reforma constitucional de 2013: independencia editorial, autonomía financiera, participación ciudadana y acceso a tecnologías. La omisión no es casual; busca consolidar medios oficialistas bajo control vertical, debilitando su misión como garantes del derecho a la información plural y culturalmente diverso.

A los medios comunitarios, sociales, indígenas y afromexicanos se les apoya con migajas. Aunque se les reserva 10% del espectro en FM y una mínima capacidad de comercialización de 40 segundos por hora, estos medios requieren más espacio en el espectro, mayor acceso a financiamiento público federal y libertad de organización para representar genuinamente la voz de las comunidades que sirven.

En cuanto al acceso a servicios digitales, la propuesta no soluciona uno de los principales obstáculos a la conectividad en México: el costo elevadísimo del espectro radioeléctrico, uno de los más caros del mundo.

Espectro caro equivale a conectividad limitada y exclusión digital. Si el Estado realmente quiere cerrar la brecha digital, debe repensar su política fiscal en esta materia. Más que recaudar a corto plazo, el verdadero beneficio económico y social del espectro está en su uso intensivo para habilitar redes, servicios e innovación en todo el territorio.

Por si fuera poco, los operadores públicos como CFE Telecom e Internet para Todos están compitiendo en mercados urbanos y rentables, en lugar de concentrarse en su misión social: llevar conectividad a las comunidades rurales, marginadas y desconectadas. Se desvirtúa así su razón de ser y se desperdician o trasladan a actores privados recursos públicos que deberían destinarse a cerrar la brecha digital del país. Las redes públicas deben operar con total transparencia, bajo objetivos medibles de cobertura y sin ninguna posibilidad de censura de contenidos o plataformas digitales.

México necesita una política digital basada en derechos, no en controles. Necesita instituciones técnicas, independientes, que regulen con base en evidencia y no en intereses políticos. Necesita fortalecer su ecosistema de medios públicos y comunitarios, ampliar el acceso al espectro y garantizar una internet abierta, plural, incluyente y segura.

La nueva ley telecom no responde a estos desafíos. Aún hay tiempo para corregir el rumbo. La digitalización del país no puede construirse sobre una arquitectura legal diseñada para controlar, cuando lo que urge es conectar, digitalizar, habilitar y democratizar el acceso a las tecnologías. Porque sin inclusión digital, no hay democracia plena.

Arsenal

La sonrisa del narco

Francisco Garfias

Excelsior

Es entendible el rechazo de la presidenta Sheinbaum a que tropas de Estados Unidos entren a México para combatir a los cárteles del narcotráfico, aun en un esquema de colaboración con el gobierno de Trump. Ni sus principios ni la Constitución ni la historia lo permiten.

Pero también es una realidad irrebatible que no aceptar la colaboración de soldados estadunidenses beneficia a las organizaciones criminales, que por años han regado impunemente sangre y muerte por todo el territorio mexicano.

En este caso específico, la tan cacareada soberanía se estaría transformando en escudo del narcotráfico. El gobierno de la Cuarta Transformación acaba protegiéndolos, más allá de su voluntad. Ya hemos visto que ni el PAN ni el PRI ni Morena han logrado controlar el narco. Somos testigos de que ni declarándoles la guerra ni atacando las causas, no con los abrazos y no balazos, la situación mejora.

La impunidad con la que actúan estos criminales los ha empoderado a tal grado que, nos guste o no, controlan regiones enteras en distintas partes del país.

* El crimen tiene brazos muy largos. El caso de Iván Morales es un ejemplo muy visible. Este expolicía federal sobrevivió al derribo de un helicóptero militar por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación hace diez años. Recibió trato de héroe en el sexenio de Peña Nieto.

Apenas hace unos meses fue testigo en el juicio del hijo de El Mencho, jefe del cártel de las cuatro letras, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Fue su sentencia de muerte.

No hay explicación oficial porque andaba sin protección cuando cayó en una emboscada en Temixco, Morelos. Iba sólo con su esposa. Los acribillaron a ambos. Un descuido imperdonable.

* Hay un antecedente de entrada de tropas estadunidenses a México. Ocurrió en 1916. El entonces presidente Venustiano Carranza dejó pasar 10 mil soldados gringos para perseguir a Pancho Villa, después de que éste atacara el pueblo de Columbus, en Nuevo México.

El presidente estadunidense ese año era Woodrow Wilson, quien entonces declaró: “Esto puede hacerse y se hará como ayuda amistosa para las autoridades constituidas de México y con escrupuloso respeto a la soberanía de esa república”.

El caso de Trump es otra cosa. No es la primera vez que sugiere la intervención de tropas de su país para hacer frente a los cárteles que exportan fentanilo a su país. Según el jefe de la Casa Blanca, ese opioide asesinó a 300 mil estadunidenses el año pasado.

Interrogada al respecto, la Presidenta dijo que “no vale la pena” polemizar con Trump en los medios. El gobierno presume que Mexico ha recibido un trato excepcional en el tema de los aranceles. “¿Para qué generar un desencuentro?”, preguntó Sheinbaum.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, comentó que la postura de la Presidenta nada tiene que ver con temor.

“Ella actúa en razón de las normas constitucionales que recientemente aprobamos en el 19 constitucional y en el 40”, dijo. Y recordó que estos artículos “no permiten este tipo de ayuda exterior. La historia nos ha enseñado que el problema no es permitir que entren tropas extranjeras a nuestro territorio. El problema es cómo las sacamos”.

El dilema es ése: combate frontal a los narcos con ayuda militar de EU o seguir permitiendo que los narcos hagan lo que les da la gana en algunas regiones de México.

* Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer un documento interno de la Secretaría de Marina que confirma que las autoridades federales tenían conocimiento de que el buque Challenge Procyon ingresaría al puerto de Tampico con una carga de alrededor de 20 millones de litros de supuestos aditivos, el doble de lo que informaron haber asegurado.

Esta cifra representa el doble de lo que el 31 de marzo el gobierno federal, a través de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó haber decomisado en varios predios ubicados en Altamira, Tamaulipas.

Además de publicar el documento, MCCI dio a conocer que Intanza, la empresa que importó el huachicol desde Beaumont, Texas, promovió múltiples juicios de amparo en donde reclamó la confiscación de 5 millones 460 mil galones de supuesto aditivo de su propiedad que equivalen a cerca de 20 millones de litros. Para sustentar sus demandas, la empresa aportó la factura bajo la cual estaba amparado el supuesto aditivo emitida por la empresa texana Hevi Transport LLC y el pedimento de importación con fecha de 18 de marzo, según MCCI.

Las preguntas aquí son: ¿por qué el gobierno federal sólo reportó el decomiso de diez millones de litros? ¿Qué pasó con los otros 10 millones de litros? ¿Huachicol oficial?

Juegos de poder

Las malas mañas de Morena en blanco y negro

Ha perdido esa superioridad moral que tanto presumía López Obrador.

Leo Zuckermann

Excelsior

Morena ha sido muy exitoso. Desde su fundación, hace once años, rápidamente se convirtió en partido hegemónico.

Como en las épocas doradas del autoritarismo priista, todo aquel ciudadano que quiera hacer política tiene que integrarse a las filas del único partido relevante, antes el PRI, ahora Morena. Y, cuando el club se hace el único y más grande, se cuela la gente con las peores prácticas y valores.

Comienza, así, la decadencia.

Si Morena rápidamente se hizo partido hegemónico, también rápidamente entró en decadencia.

Con sus peleas internas, la protección de personajes indefendibles, integración de políticos de la peor ralea, abuso y ostentación del poder, Morena ha perdido esa superioridad moral que tanto presumía López Obrador. Ya no son diferentes (en mi perspectiva nunca lo fueron); son iguales o peores de todo lo que decían combatir.

Ahí está, para comprobarlo, el documento que acaba de publicar el partido titulado “Lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena”.

No tiene desperdicio.

Es un reconocimiento a las malas prácticas que se han instaurado en los morenistas.

Por escrito tienen que prohibir “utilizar recursos humanos, materiales o financieros de carácter público para beneficio personal, familiar, gremial o de grupo, o con fines distintos a sus actividades oficiales, representativas o partidarias”.

No se vale “realizar viajes aéreos en primera clase o utilizar vehículos aéreos privados, sin importar el origen del recurso erogado para tal efecto” o el uso de “vehículos blindados, servicios de seguridad privada o personal de apoyo excesivo”.

Se condena el “turismo político”, “el consumismo” o la “ostentación material como joyería, ropa de marcas exclusivas, propiedades o automóviles de alto valor, restaurantes o turismo de lujo”.

Los morenistas, ¿por qué será?, no podrán utilizar su encargo “para solicitar o promover tratos exclusivos, privilegios o prebendas” u “organizar eventos oficiales o partidarios con dispendio o exhibir eventos privados ostentosos”.

Tampoco “solicitar o recibir recursos humanos, materiales o financieros de empresarios, proveedores, medios de comunicación o cualquier agente privado o grupo de interés con la promesa de obtener un beneficio a su favor desde encargos públicos”.

Como si no fuera obvio, se prohíbe “ejercer cualquier forma de violencia, ya sea física, verbal, simbólica, sexual, psicológica, política, en todas sus expresiones”.

Los morenistas no deben “emitir declaraciones públicas que desacrediten a otras personas militantes o las decisiones colectivas del movimiento” o “difundir o promover información falsa, manipulada o malintencionada sobre otras personas militantes o decisiones colectivas del movimiento con el propósito de obtener ventajas personales o electorales”. Tampoco organizar campañas de linchamiento digital en las redes. Todo esto aplica a militantes porque a los demás mexicanos, que no son morenistas, sí se vale.

Resulta una chulada la prohibición de “utilizar las instituciones públicas como herramientas de intimidación o persecución política, o para inhibir la participación de aspirantes en procesos de elección”. Entre ellos no se vale. Hacia fuera, sí, y vaya que son unos expertos en esta práctica.

Otra belleza: no se vale “filtrar o manipular información interna a medios de comunicación o actores externos con el propósito de generar división, desconfianza o confrontación entre militantes, representantes o aspirantes a encargos de elección”.

Como lo propuso la Presidenta, queda prohibido el nepotismo dentro del partido o en uno aliado.

Agréguese “la entrega o promesa de pagos, dádivas, encargos, candidaturas, programas del bienestar, servicios públicos u otra contraprestación a cambio de obtener respaldo, de votar o abstenerse de votar en un sentido determinado o de participar en eventos políticos o proselitistas”.

La cosa se pone mejor. Morena prohíbe “intervenir, promover o tolerar esquemas clientelares o corporativos con fines político-electorales”.

Eso ya es de risa loca, al igual que la proscripción de “utilizar la mentira o el engaño como táctica de convencimiento electoral, formulando propuestas o promesas falsas o poco realistas conforme a la competencia del encargo”.

Y, para terminar con este catálogo de lo que hay que evitar, está prohibido “imponer métodos de votación a mano alzada o exigir evidencias fotográficas que comprueben el sentido del voto para orientar o coaccionar la voluntad de quien lo emite”.

Una maravilla de documento que pone en blanco y negro lo que son, pero no quieren ser.

Astillero

Trump, el caballeroso insultador // Elogia y agrede a Sheinbaum // Oposición maximiliana // ¿Y Enrique Alfaro y otros mandos?

Julio Hernández López

La Jornada

Misógino evidente, sentenciado por delitos relacionados con conductas sexuales y gozoso acosador arancelario y político, Donald Trump trata de encubrir, con sedosos reconocimientos a la presidenta Claudia Sheinbaum, sus pretensiones intervencionistas a título de ayuda militar directa contra cárteles mexicanos.

No oculta el convicto que ocupa la Casa Blanca su visión machista. En conferencia de prensa, a bordo del avión presidencial de Estados Unidos, dijo que la presidenta Sheinbaum tiene tanto miedo de los cárteles que no puede ni caminar, así que se sabe que esa es la razón de que ella haya rechazado la oferta trumpiana de enviar tropas a México para combatir a los grupos criminales. Caballeroso, obsequioso y galante, dispuesto a ayudar a la dama en peligro: si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor intervenir. Se lo dije: sería un honor entrar y hacerlo.

Para infortunio de tan falsa hidalguía naranja, la presidenta Sheinbaum no aceptó la manzana militar evidentemente envenenada. Ello llevó a Trump a regresar a sus elaboraciones mentales rústicas: creo que es una mujer encantadora. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero les tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad.

La presidenta Sheinbaum no cayó en la provocación. Consideró innecesario responder y generar una confrontación. Pero la Casa Blanca, que filtró al Wall Street Journal la versión de las presiones contra la presidenta de México para que acepte el ingreso de tropas gringas, mantiene emplazados diversos misiles políticos y diplomáticos con la intención de debilitar la economía mexicana. Además del amago intervencionista más reciente, busca fomentar el miedo social, alentar a la oposición maximiliana y colocar a Washington como tutor correctivo.

Como ha sucedido en otros momentos en que esa oposición maximiliana ha creído que ha llegado el momento de que la caballería gringa entre a México a aplastar a los alzados 4T, en esta ocasión hay virtuales comités de recepción y bienvenida que pulen la esperanza de que ahora sí haya golpes desestabilizadores suficientemente fuertes para desarmar la estructura guinda de poder y los altos índices de popularidad de la Presidenta.

Como ha ocurrido en otros países, el escabroso tema del narcotráfico y el crimen organizado se aborda desde la óptica unilateral del país que es el principal consumidor del material estupefaciente. Trump busca abrirse camino militar en México, a cuenta y cuento de las drogas, en particular del fentanilo, como una forma de obtener más concesiones mexicanas de las ya conseguidas. Donde no funcione la presión a nombre de los aranceles estará la presión del intervencionismo militar. Más eficaces tales coacciones en la medida en que México tenga problemas económicos y financieros, orquestación mediática en contra y división interna.

Astillas

La detención del presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, puede ser tan aparatosamente manejable en un principio, como indicio de que se buscará castigo en instancias gubernamentales superiores, como sucedió en el caso Ayotzinapa con la aprehensión y consignación del presidente José Luis Abarca, de Iguala, Guerrero… Es decir, se necesitan fijar grados de responsabilidad y castigo judicial a mandos como Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco, y de quien fue fiscal estatal de justicia durante el alfarismo, a la par que en las instancias federales correspondientes, la fiscalía de Gertz y su verdad histriónica, y la Guardia Nacional como brazo de Sedena… Y, mientras el gran enigma en Morena radica en saber si los acuerdos del pasado domingo en Consejo Nacional quedarán en buenas intenciones o se convertirán en realidad, con el factor definitorio que constituyen las desafiantes facciones perfiladas, pero no nombradas, en la carta de Sheinbaum a su partido.

México SA

Reprivatización: bancos en ruinas // Neobanqueros: fue el gobierno // Especuladores y su poca fortuna

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Desatada la crisis bancaria de 1995, José Madariaga Lomelín, a la sazón presidente de la Asociación de Banqueros de México, lloraba amargamente, porque, dijo, Carlos Salinas de Gortari reprivatizó 18 instituciones financieras que estaban en ruinas, de tal suerte que, según él, sus nuevos propietarios (casi todos especuladores bursátiles sin experiencia en el sector bancario, pero, eso sí, muy amigos del innombrable) tuvieron la poca fortuna de enfrentar una situación de crisis y emergencia sin haber culminado su proceso de maduración.

Pañuelo en mano, Madariaga (él mismo adquirente de la primera institución en ruinas, Multibanco Mercantil de México, renombrado como, Banca Probursa) secaba sus lágrimas de cocodrilo, no sin reiterar que el gobierno salinista (el operador de la reprivatización fue Guillermo Ortiz, bajo las órdenes de Pedro Aspe) cometió errores a la hora de regresar al rebaño del gran capital la banca estatizada por José López Portillo.

Sin embargo, por aquellos ayeres, información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) no permitía dar veracidad al reclamo público del llorón, porque ella revelaba que en cerca de cuatro años (junio de 1991 a diciembre de 1994, antes del estallido de la crisis) los sufridos especuladores que se quedaron con las 18 instituciones reprivatizadas por Salinas de Gortari ya habían recuperado, en promedio, 90.24 por ciento de lo que por ellas pagaron los neobanqueros, a plazos, por cierto.

Tal información evidenciaba que los nuevos barones del dinero por obra y gracia de la santísima trinidad (Salinas de Gortari-Aspe-Ortiz) ya habían recuperado (entre 1991 y 1994, vía utilidades) 11 mil 750 millones de dólares de los 13 mil 20 millones que habrían pagado –a plazos– por las citadas dieciocho instituciones financieras reprivatizadas. De esa proporción era la banca en ruinas que les vendieron.

Lo que Madariaga olvidó mencionar” es que, en el periodo citado, los neobanqueros se dedicaron a exprimir a las instituciones por ellas adquiridas, mediante el auto-otorgamiento de voluminosos cuan alegres préstamos personales (que en su mayoría no pagaron y fueron a parar a la panza del Fobaproa) y/o a sus empresas, al tiempo que masacraban a los usuarios de la banca con tasas de interés de agio.

De acuerdo con reportes que por aquellos tiempos divulgó la CNBV, entre la reprivatización y antes del estallido de la crisis, las instituciones bancarias reprivatizadas ingresaron alrededor de 110 mil millones de pesos por margen financiero (diferencia entre lo que pagan a los ahorradores y lo que cobran a los créditohabientes) y 76 mil 368.5 millones en utilidades. Hasta ahí, todo era fiesta.

Sin embargo, la cartera crediticia vigente creció 149.86 por ciento, mientras la cartera vencida lo hizo en 714 por ciento, dados los crecientes intereses que cobraban a sus respectivas clientelas. Así comenzó la feria de los embargos (casas, empresas, fábricas, vehículos, etcétera), que se potencializó con el estallido formal de la crisis bancaria de 1995.

En poco menos de cuatro años, los 18 bancos reprivatizados cobraron intereses y comisiones a los créditohabientes por aproximadamente 280 mil millones, un crecimiento de 98.45 por ciento en el periodo. En cambio, el número de cuentas (cheques, ahorro, inversión a plazo) se desplomó casi 40 por ciento (la caída es atribuible mayoritariamente a las cuentas de ahorro). Además, con el manual neoliberal en la mano y para aumentar utilidades, despidieron a 11 mil 108 trabajadores.

Así, la crisis bancaria fue acicateada por los llorones cuan voraces neobanqueros, y el gobierno salinista los dejó hacer, mientras las instituciones públicas dedicadas a evitarlo simplemente volteaban para otro lado. Tan fue así que antes de oficializarse la crisis de 1995, el primer banco reprivatizado que reventó (noviembre de 1994) fue Banco Unión, de Carlos Cabal Peniche, el empresario calificado por el innombrable como ejemplo a seguir.

Y de ahí para el real: las 18 instituciones fueran rescatadas, saneadas y extranjerizadas (salvo una), y, por decisión de Zedillo, los mexicanos siguen pagando por ello.

Las rebanadas del pastel

Por cierto, Madariaga Lomelín vendió Banco Probursa a la trasnacional española BBVA (fue señalado de emplear recursos de procedencia ilícita en esta operación, aunque la otrora PGR nunca procedió en su contra), para después trabajar en ella y más adelante asociarse con el hermano de Margarita Zavala en la empresa Hildebrando SA. Toda una joya el especulador llorón.