Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas

Los contratos son públicos y una obligación de transparencia
La mayoría de los trenes de pasajeros no se encuentran especificados en los proyectos de inversión de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes.
Julieta del Río | Proceso
El recurso que se destina a obras de transporte tiene una gran relevancia, pues no sólo implican el destino del dinero público en obras ejecutadas, representan la trascendencia de conocer las condiciones en las que se van a trasladar las personas y, por ende, su seguridad.
Les comento que el día de ayer resolví en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) un recurso relacionado con una de las principales obras de infraestructura a escala federal, el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SA de CV, pues la sociedad tiene interés de conocer información relacionada con los contratos que celebra esta empresa del Estado mexicano con particulares, debido a que se ejercen recursos públicos que son de todos los mexicanos.
El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) es una empresa de participación estatal mayoritaria de la administración pública federal, que fue constituida el 19 de octubre de 1999, e inició operaciones en 2000, dentro de los términos del título de asignación que le fue otorgado por el gobierno federal por conducto de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999, para operar y explotar la vía general de comunicación ferroviaria del Istmo de Tehuantepec identificada como línea “Z”.
Es así como en el Gobierno de México del periodo 2018–2024 se impulsó la rehabilitación de las vías del ferrocarril del Istmo y la ampliación de ambos puertos tendrían inversiones por más de 20 mil millones de pesos. Sin embargo, entre 2020 y 2023 se le destinaron cerca de 927 millones de pesos al proyecto, de acuerdo con un medio de comunicación nacional.
La mayoría de los trenes de pasajeros no se encuentran especificados en los proyectos de inversión de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, pero sí dentro del presupuesto de inversión en obra física como parte de las provisiones para el desarrollo de trenes de pasajeros y de carga de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, la sección de la dependencia con más recursos para 2025 con 92 mil 28 millones de pesos.
Es por ello que ante tal magnitud de los recursos que se han destinado para obras de infraestructura, los mexicanos tienen derecho a saber todo lo relacionado con los contratos que celebre Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con cualquier empresa de servicios, pues es dinero del Estado mexicano que pertenece a todos. Asimismo al realizar una búsqueda dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia podemos encontrar 925 solicitudes, así como cinco mil 25 registros de información pública relacionados con esta obra.
De hecho, así sea un peso, todos los sujetos obligados del país debemos demostrar el correcto ejercicio de los recursos públicos y las facturas y contratos son obligaciones de transparencia que deben cargarse en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Es un momento prudente para recordar que todos los sujetos obligados del país están en periodo de carga de información, por lo que durante enero las unidades de transparencia deben subir su respectiva información para que la sociedad pueda consultarla.
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Arsenal
“Una manera tramposa de quedarse con el dinero de los trabajadores del Infonavit…”
Francisco Garfias | Excelsior
Las reformas a la Ley del Infonavit son el atraco que viene. Le otorgan a ese instituto, por sí mismo o por conducto de su empresa filial, la posibilidad de destinar recursos para inversiones en construcción, adquisición y mantenimiento de inmuebles (artículo 42). Los recursos suman la estratosférica y tentadora suma de 2.4 billones de pesos. Están en la subcuenta de vivienda. Son de los trabajadores.
Manuel Añorve, coordinador de los Senadores del PRI en la Cámara alta, lanzó la voz de alerta sobre estos cambios a la Ley del Infonavit, ya aprobada por el Senado y próximamente debatida y votada en San Lázaro. Nos dice: “El gobierno está quebrado. Está limitadísimo en la aplicación de recursos públicos para 2025. Ésta es una manera tramposa de quedarse con los recursos y utilizarlos para necesidades inmediatas”.
Agrega: “Están creando una empresa para construcción con la opacidad del mundo. Ya desaparecieron al Inai. Quieren esos dos billones y pico de pesos de la subcuenta de vivienda, que es dinero de los trabajadores, para fondearse. Con estas atribuciones que les da la nueva ley pueden disponer de lo que quieran con opacidad”.
Añorve puso en la mira a Octavio Romero, director del Infonavit: “Tronó Pemex. Lo dejó con una deuda enorme a los proveedores y el señor ingeniero es ahora director del Infonavit, cercano al expresidente. Siguen la ruta de la opacidad. Desaparecieron al Inai. Ellos son juez y parte. Ricardo (Monreal) es un parlamentario inteligente. No puede decir lo que sabe”, puntualizó.
* El sospechosismo envuelve a esta reforma aprobada por el Senado, y muy pronto por la Cámara de Diputados. Un documento interno de la bancada del PAN contiene un análisis integral de la ley y sus implicaciones. Destaca aspectos críticos de la reforma como la reconfiguración de los órganos de vigilancia y auditoría del instituto: Comisión de Vigilancia, Comité de Auditoría y Comité de Transparencia.
La reforma rompe con el equilibrio tripartita: trabajadores, empresarios y gobierno. En los tres tendrá mayoría el gobierno. El documento habla también del debilitamiento de la supervisión financiera independiente. Y es que el artículo 66 elimina las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para supervisar el manejo de los recursos, transfiriendo esta responsabilidad a la SHCP.
Hablamos también con la diputada del PAN Cristina Márquez. Coincide con Añorve: “El fondo que tiene la iniciativa es hacerse de la bolsa acumulada que viene de los ahorros de trabajo de familias completas. Estos dos billones de pesos están a disposición discrecional del gobierno para hacer de ese dinero lo que quieran.
“Pueden hacer casas o utilizar los recursos en otro lado”, subrayó.
Sin mucha esperanza espera que a la hora de entrar a la discusión aquí en la Cámara de Diputados se pueda hacer una enmienda que proteja a la institución y el patrimonio de los trabajadores.
Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en San Lázaro, sostiene que la reforma al Infonavit “busca proteger los ahorros de los trabajadores, garantizar su derecho a la vivienda y eliminar la corrupción”.
* En México vivimos sin Estado de derecho. Los desacatos a las órdenes de los jueces son ignorados una y otra vez por legisladores y autoridades. ¿Y qué pasa? Absolutamente nada.
En el oficialismo, no son pocos los que piensan que las leyes son un arma de los conservadores para someter al pueblo y que los ministros de la Corte son esclavos del dinero. Es la doctrina obradorista.
El quiebre se dio con la aprobación de la reforma judicial que presentó Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024 para que jueces, magistrados y ministros fueran electos popularmente en las urnas.
La independencia judicial, principio fundamental de la democracia, desapareció con esa reforma constitucional propuesta por el anterior presidente.
Fue concretada por la mayoría calificada artificial que tienen Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, gracias a la complicidad del INE y el TEPJF.
Es en ese contexto que la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, entregó ayer la suspensión definitiva para parar el proceso de la reforma judicial a la oficialía de partes del INE.
Esta suspensión definitiva, otorgada en octubre del año pasado, ordena a los congresos locales y al INE que suspendan el proceso de armonización de la reforma judicial, que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros.
Si los consejeros electorales no la acatan, “se puede dar vista al ministerio público”, advirtió la diputada naranja.
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Número cero
Las debilidades del gobierno mexicano ante crisis migratoria
José Buendía Hegewisch | Excelsior
El gobierno de Sheinbaum es enfático en rechazar que EU criminalice a los migrantes, pero adolece de una estrategia clara para garantizar su seguridad y los derechos humanos de los más vulnerabilizados de las políticas de Trump. De cumplir su promesa de “la mayor deportación de la historia”, podría generarse una crisis humanitaria en medio de las vicisitudes de la violencia y crisis de desaparecidos en México.
Ése es el escenario más extremo, pero improbable por el costo humanitario, económico y legal de expulsar un universo potencial de 11 millones de indocumentados. Sobre todo, porque es una política que, por donde se le mire, no tiene un objetivo plausible; salvo el “golpe mediático” para detener la migración como probó en su primer mandato cuando obligó a México a contenerla con el amago de aranceles. En su narrativa, ahora sustituyó la amenaza del “muro” por la de “deportaciones” para llevar la situación al límite, como estila para negociar.
Por su lado, Sheinbaum trata de infundir calma. Su compromiso es recibir sólo a los mexicanos y dice tener un plan ante los peores escenarios de redadas y expulsiones masivas el primer día del gobierno de Trump, pero sus declaraciones son insuficientes para disipar el temor y angustia de los posibles afectados; a pesar de la emergencia, incluso, los nombramientos en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que ofreció a Tatiana Clouthier, o el cambio en el Instituto Nacional de Migración, siguen sin concretarse. Evidentemente, su necesidad de proyectar tranquilidad y seguridad choca con la debilidad de las instituciones de migración y de derechos humanos, al costo de restar confianza a sus palabras; el precio inevitable de relegarlos de su agenda, que hoy se vuelven una fragilidad de su gobierno ante una eventual crisis migratoria. Baste recordar que las denuncias de desaparecidos van en aumento en lo que va del sexenio, y uno de los grupos más afectados son migrantes atrapados por el crimen y las redes de trata.
La amenaza antiinmigrante ha sido caballo de batalla electoral, pero en el aire hay más preguntas que respuestas porque nadie sabe la magnitud y procedimiento que seguiría: ¿abrirá las cárceles como hizo Fidel Castro en el éxodo del Mariel? ¿Qué pasará con los estados santuario en EU? ¿Cómo se prepararon los estados fronterizos mexicanos? ¿Cómo proteger sus derechos fundamentales? Una expulsión masiva para cumplir su agenda es difícil de dimensionar. Pero el mero hecho de estigmatizar y señalar a una comunidad que deba someterse a una condena es suficiente para rebajar y hasta conculcar sus derechos; incluso echarlos a manos del crimen con riesgo de desaparición para sus vidas. Mucho más aún si los primeros “candidatos” son migrantes detenidos sin condena.
Los primeros pasos legislativos de la agenda antiinmigrante apuntan a abrir las cárceles para la expulsión de migrantes con infracciones menores, que se dispone a aprobar una ley del Congreso estadunidense con el apoyo demócrata y republicano. La estrategia recuerda los reos que envió Fidel Castro a EU en el éxodo del Mariel para apuntalar su discurso de que los refugiados eran antisociales; aunque, en el caso de Trump, le serviría como recurso publicitario para su narrativa de criminalizarlos. Los migrantes han sido las “pelotas” preferidas de las políticas nativistas y raciales supremacistas, que Trump avienta para celebrar a sus bases electorales y encuadrar a México como el país “peligroso” donde deben estar sus “delincuentes”. La actitud de festejar la agresión forma parte de sus ideas conspirativas en el juego de fuerzas de políticas injerencistas para obligar a México a contener los flujos; algo que le dio resultado en su primer mandato en el que, contrario a la agresión de su discurso, hubo menos deportaciones que con Obama o Biden.
Además, empujó a México a adoptar enfoques centrados en la seguridad y la militarización de la política migratoria, en lugar de priorizar la atención de derechos humanos. Los riesgos son evidentes, por ejemplo, de la masacre del ejército en octubre pasado contra 33 migrantes que buscaban asilo con un saldo de 6 muertos. Por ello, las organizaciones civiles ven con mucha preocupación a los 300,000 refugiados (100,000 mexicanos) que podrían quedar varados en México con una frontera más cerrada y la cancelación de solicitudes de asilo. Esa población casi les inquieta más que las deportaciones masivas.
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Astillero
Los tanteos de Trump // Cárteles, ¿sí, no, tantito? // Los aprestos mexicanos // El dilema de El Mayo
Julio Hernández López | La Jornada
Conforme se acerca la toma de posesión de Donald Trump van siendo afinadas algunas de sus propuestas más agresivas, aunque siempre con las reservas que impone el carácter intempestivo y la vocación fullera del inminente sucesor de Joe Biden.
Un tema candente, como es el de la posible etiquetación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y la consecuente posibilidad de acciones militares en su contra, ha fluctuado entre consideraciones diríase que con propiedad semidiplomática del próximo secretario de Estado, Marco Rubio, y estimaciones más directas de Pam Bondi, quien ocupará la fiscalía general del vecino país.
Rubio mantuvo vigente el amago de su jefe, pero hizo ver la importancia de decisiones conjuntas de Estados Unidos y México para eventuales acciones violentas contra los corporativos del crimen organizado (es decir, los cárteles, no los criminales de cuello blanco). Incluso mencionó, de una manera notable, que las acciones de los cárteles afectan la franja fronteriza de los dos países y que aterrorizan a ambos.
Notable, se ha escrito aquí, porque con frecuencia el discurso oficial gringo aborda solamente las circunstancias forasteras, como si el problema y la responsabilidad no fuera de ambas partes. La candidata a fiscal Bondi, por su parte, en la audiencia ante senadores en busca de confirmación, invocó su experiencia como fiscal estatal en Florida y dijo que sí está de acuerdo en que los cárteles mexicanos sean declarados entes terroristas.
Las incógnitas, en materia de combate a los cárteles y en especial al tráfico de fentanilo, de migración y la deportación de millones, y de aranceles y renegociaciones comerciales, se irán despejando a partir del próximo lunes, en términos implícitos y explícitos.
En México, la presidenta Sheinbaum ha ido avanzando en la presentación de resultados a la Casa Blanca con la intención de atenuar en lo práctico la bravuconería del primer presidente gringo declarado judicialmente delincuente. Diríase que, al menos en las apariencias y en el discurso, el gobierno mexicano está bien pertrechado ante las vicisitudes que vendrán del norte.
Así, en clave Trump, Omar García Harfuch se esmera en aportar manejables estadísticas de presuntas reducciones delictivas, así como detenciones, decomisos y acciones efectistas, diríase que al estilo García Luna; en lo migratorio se mantiene al frente del instituto federal al mismo director de mano dura, Francisco Garduño, sujeto a proceso penal, con el ex gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, en inexplicada espera de entrar al relevo, además de la muy deficiente red consular que el canciller De la Fuente ensalza con poco fundamento; y en lo comercial y económico están Marcelo Ebrard y Altagracia Gómez, con su Plan México, dedicados a las concesiones de grandes negocios a los empresarios para que sean presuntos guerreros de primera fila en defensa de la nación, oh.
Astillas
Se ha informado que el archimillonario Carlos Slim y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes (coautor destacado del neoliberal Plan México), han sido invitados a la toma de posesión de Trump… Otro asistente será el actor y ex cantante Eduardo Verástegui, quien constituye una tentativa de avanzada partidista y electoral de ese trumpismo intervencionista… En Tabasco sigue con fuerza la violencia relacionada con el crimen organizado; el gobernador morenista Javier May está rebasado y el gobierno federal le envió ayer casi dos centenas de personal militar de refuerzo… Una pieza clave en el rompecabezas que pretenden armar en Estados Unidos contra políticos mexicanos es Ismael Zambada, El Mayo, contra quien los fiscales gringos piden pena de muerte, lo cual colocaría al sinaloense ante el dilema de colaborar con Washington (cantar) para salvar la vida o negarse y aceptar la máxima sanción aplicable al caso, que podría implicar su ejecución…
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México SA
Plan México y minoría rapaz // Fábula: la rana y el escorpión // ¿Magnates convencidos?
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
De acuerdo con la versión oficial, tirios y troyanos quedaron satisfechos con el armado y presentación en sociedad del Plan México, a grado tal que hasta las cabezas visibles de la minoría rapaz, acérrimas enemigas de la 4T (como Claudio X. González Laporte, papá del frustrado junior) se mostraron complacidas por su contenido, alcance e inminente puesta en marcha, toda vez que, dijeron, con ese proyecto ahora sí nuestro país formaría parte de las 10 principales economías del planeta.
Con dicho plan, el mundillo de los magnates autóctonos (construido por el régimen neoliberal y siempre a costillas de la nación) se frota las manos ante el cúmulo de oportunidades (léase utilidades) que el segundo piso de la 4T les ofrece. Por ejemplo, uno de los más destacados exponentes del cinismo y el oportunismo de la oligarquía nacional –papá Claudio– se animó a declarar que con el nuevo proyecto “es muy importante que logremos la unidad de todos los sectores ante los retos que tenemos para hacer crecer el país (…) y garantizar el tratado de libre comercio; necesitamos de ella para hacer frente a la nueva administración del presidente Trump, así es que la palabra clave es unidad entre todos”. Y lo dice quien a lo largo de las últimas dos décadas, cuando menos, se ha dedicado a promover la división, el clasismo y el racismo entre los mexicanos.
Declaraciones como la citada, que, palabras más o menos, repitieron otros integrantes de la minoría rapaz, llevaron a presumir alegremente a algunos funcionarios de la 4T la gran aceptación y apoyo que la presidenta Sheinbaum tiene entre los magnates autóctonos, dejando de lado la negra experiencia que para la mayoría de los mexicanos ha significado el proceder de ese grupito de privilegiados, dada su mezquindad y, desde luego, elevadísimo grado de traición a sus mentores.
Las altas esferas de la política nacional se muestran complacidas con la positiva respuesta de esa minoría, pero dejan de lado su esencia, la cual bien puede ejemplificarse con aquella fábula de la rana y el escorpión, es decir, que tarde que temprano –una vez logrado el objetivo en metálico– traicionarán –como lo ha hecho a lo largo de los sexenios– a quien dicen apoyar y alabar, porque esa es su naturaleza. ¿En serio alguien cree en las conmovedoras palabras de Claudio X. González Laporte?
A lo largo de su sexenio, el entonces presidente López Obrador en varias ocasiones recordó el tradicional comportamiento de esa minoría rapaz, y ejemplificó con lo padecido por Enrique Peña Nieto: a los potentados les dio todo y lo traicionaron; me refiero a los de arriba, porque el pueblo no traiciona, pero los de arriba sí; lo convirtieron en el payaso de las cachetadas, con sus medios de información, después de que lo habían encumbrado y al final lo socavaron y ningunearon. Entonces, valga esa recomendación para los alegres funcionarios de la 4T que presumen la positiva respuesta de aquellos al Plan México para que no se hagan ilusiones de que finalmente convencieron al grupúsculo de magnates.
El Plan México ofrece todo tipo de oportunidades (a nivel federal y estatal, para cada una de las entidades de la República hay un plan, hay un proyecto, hay metas, y el objetivo es que todas y todos seamos parte de la construcción de este Plan México, anunció la presidenta Sheinbaum), pero a la mayoría de ellas –por no decir a todas– sólo pueden acceder los grandes capitales, foráneos y nacionales, es decir, las jugosas utilidades se quedarán en ese grupúsculo y una vez que no haya más que explotar procederá como lo hicieron en sexenios anteriores, con todo y payasito de las cachetadas. Se mantendrá fiel al gobierno en turno en la medida que su caja registradora no deje de tintinear, y muy fuerte, porque el resto (desarrollo, bienestar, equidad, reducción de la pobreza, mejora del ingreso, etcétera, etcétera) les vale un soberano carajo, a menos, claro está, que ahora la 4T confíe en gentuza como Claudio X. González papá.
Las rebanadas del pastel
Otro capítulo de la rana y el escorpión: ¿cuánto tiempo Cuba quedará fuera de la lista de países patrocinadores del terrorismo (la cual no incluye a Estados Unidos), tras la decisión de Joe Biden (sin cancelar el ilegal bloqueo, desde luego)? Los más optimistas estiman que sólo por cuatro días, es decir, hasta que Donald Trump despache en la Oficina Oval, porque fue decisión de éste incluir a la isla en ese inventario… En la misma tesitura y tras 45 mil asesinatos, ¿cuánto tiempo se prolongará el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas para liberar rehenes? Lo mismo.
