Corolario
Nueva justicia laboral
Raúl Contreras Bustamante
Excelsior
Un nuevo sistema procesal para la resolución de conflictos se está poniendo en marcha en el país como resultado de la reforma al Sistema de Justicia Laboral, publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, que dispuso la supresión de las Juntas Locales y Federales de Conciliación y Arbitraje —como instituciones responsables de la resolución de controversias entre trabajadores y patrones— para ser sustituidas por tribunales laborales dependientes del Poder Judicial de la federación.
Entre otras cosas importantes, la reforma dispone que, en materia federal, antes de acudir al litigio en los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a una instancia conciliadora que estará a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, a quien le corresponde, además, llevar el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales.
Coincidiendo con la puesta en marcha de la segunda etapa de esta reforma paradigmática, esta semana se celebró un evento muy importante en el auditorio Jus Semper Loquitur de la Facultad de Derecho de la UNAM, para la presentación ante la comunidad jurídica de la obra El nuevo sistema de justicia laboral en México, de la autoría del magistrado Sergio Javier Molina Ramírez, consejero de la Judicatura Federal.
Entre los comentaristas estuvo presente la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social —destacada egresada de esta casa de estudios—, quien resaltó las virtudes académicas y la profundidad de la obra e informó de los resultados positivos que la implementación del nuevo sistema laboral está arrojando.
La secretaria del Trabajo refirió que este cambio de modelo apuesta por la conciliación entre las partes para tratar de poner freno a juicios interminables, formalismos excesivos y, en general, a combatir prácticas y vicios que colocaron a la justicia laboral en manos de una verdadera industria del litigio.
Se informó que, en las primeras ocho entidades federativas donde ya está implementada la reforma, las estadísticas indican que el 70 por ciento de los asuntos se ha resuelto a través de la conciliación y que los asuntos que por necesidad llegan ante un juez de distrito, las sentencias se emiten en cuatro y medio meses en promedio. Un cambio sustancial que deja de lado las cargas excesivas para el Estado y las partes.
Por su parte, el magistrado Molina Martínez comentó que la reforma pretende dejar de lado los formalismos exorbitantes y anteponer a la legalidad extrema el principio de realidad, principio procesal que ahora se ha conferido a los juzgadores para que resuelvan las controversias que se les presenten, no a partir de las estrategias legales de los abogados, sino en base a lo que allá afuera está sucediendo y que la sociedad está reclamando.
El autor de la obra señaló que esta reforma estructural está siendo bien implementada gracias al trabajo coordinado entre los Poderes Ejecutivo y Judicial; la conjunción de esfuerzos de los gobiernos de las entidades federativas y la participación de la academia, porque significa un cambio cultural que hay que ir haciendo desde todos los frentes.
Lo anterior confirma que el cambio de perfil de los egresados de esta Facultad de Derecho que se ha venido forjando es correcto: formar juristas conciliadores y mediadores antes que litigantes y pleitistas, para tratar de contribuir al restablecimiento de nuestro tejido social y procurar un acceso eficaz a la justicia.
Como Corolario, la frase de Cicerón: “La paz es el resultado de la justicia y el derecho”.
Retrovisor
La reforma eléctrica se va hasta septiembre…
Ivonne Melgar
Excelsior
La popularidad presidencial obnubila igual a sus incondicionales y aliados que a la oposición más reactiva, anímicamente enganchada a las declaraciones mañaneras.
De ahí que, cuando el presidente López Obrador presentó la reforma eléctrica, muchos dieron por descontado el apoyo del PVEM, que la dirigencia del PRI podría negociar en paquete sus votos legislativos y hasta que la fallida FGR iba a soltar una decena de órdenes de aprehensión para acalambrar a los rejegos opositores.
En la comparecencia del director de la CFE, Manuel Bartlett, quedó manifiesta la dificultad para conseguir los 57 diputados que requiere un cambio constitucional y hasta para convencer al PVEM.
Porque con 201 votos de Morena y 33 del PT ni siquiera se tiene la mayoría simple en la aduana fácil del Congreso. Porque las cuentas en el Senado son numérica y políticamente adversas, incluyendo los obstáculos que el presidenciable Ricardo Monreal, jefe de los morenistas, pone a las pulsiones avasalladoras de la 4T.
Los diputados verdes insistieron en su “ni un paso atrás en las energías limpias porque es parte de nuestra esencia”. Y los del PRI adelantaron que no acompañarían la desaparición de los órganos reguladores, punto nodal de la propuesta presidencial, sumándose así al rechazo del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.
Sin embargo, en la intimidad de la bancada, el jefe de la diputación priista, Rubén Moreira, había cultivado la inquietud de darse la oportunidad de revisar si existían o no los atracos empresariales denunciados por el presidente López Obrador.
Pero en lugar de hacer política y atender el pedazo de país que representan los 43 votos del PVEM y los 71 del PRI, construyendo una iniciativa acorde al debate internacional del derecho a respirar un aire de calidad, ése que ya la Suprema Corte de Justicia avaló, Morena se durmió en los laureles de la advertencia matutina: la reforma o el caos.
Convencer a los priistas habría sido suficiente para concretar el deseo presidencial de mostrarle a Joe Biden que a la 4T se le respeta porque cuenta con el respaldo popular y legislativo necesarios para desafiar a los inversionistas, al T-MEC y a todas las cumbres de medio ambiente.
Pero ajenos a la comprensión de las inescapables veleidades del segundo tramo sexenal y al hecho de que la popularidad presidencial —así sea de 70 por ciento— no se traduce en esa misma proporción en el Congreso, la dirigencia y la bancada de Morena tomaron el camino de “somos los buenos contra los malos”. El coordinador en San Lázaro, el diputado Ignacio Mier, hizo este miércoles confusas declaraciones sobre abrir un diálogo con empresarios para convencerlos de la verdad transformadora. Frente a él, el jefe de los representantes del PVEM, Carlos Puente, se negaba a expresar su respaldo a la reforma eléctrica.
De chiste: Morena anunciaba que quiere sumar a los empresarios cuando, en los hechos ni siquiera esos aliados se asumen como tales.
Pero el entierro del milagro guadalupano, la aprobación de la reforma en la Cámara de Diputados el próximo 12 de diciembre, comenzó con la advertencia de Mario Delgado,
dirigente de Morena, de que saldrán a las calles para mostrar músculo y forzar los votos que aún no se tienen.
El diputado Rubén Moreira entendió la nueva estrategia y dijo a sus diputados que, bajo ninguna circunstancia, el PRI convalidará el uso electoral del asunto eléctrico. “México no se merece ese chantaje”, evaluó el coordinador de la bancada.
Y como si las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sobre la preocupación que tienen por la apuesta presidencial no fueran suficiente evidencia de los límites que la realidad le imponen, el presidente de Morena continuó en su ruta de celebrar la muerte de la oposición, con la promesa de “borrar al PRI del mapa” en el relevo de las seis gubernaturas que habrán de definirse en 2022.
Fue el clavo del ataúd de la reforma eléctrica. Así lo comentó el coordinador de los diputados priistas a quienes ayer quisieron escucharlo en el atento aviso de que en Palacio pueden irse olvidando de los votos que harían viable la ilusión navideña transformadora.
“Mario Delgado no sabe ayudarle al presidente López Obrador. Y si no estaba enterado, al PRI se le respeta”, compartió un molesto Moreira, quien este viernes comunicó a su bancada que se olviden del debate eléctrico.
El exgobernador de Coahuila y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), brazo legislativo del dirigente nacional priista, el también diputado Alejandro Moreno, abandonó ayer San Lázaro con la nueva instrucción: olvídense de la reforma…
¿Para siempre? No. Moreira dejó abierta la posibilidad de retomar el tema en septiembre de 2022.
Pero, por lo pronto, sus diputados van a darle gusto a Mario Delgado: se borrarán de su mapa legislativo.
Y confirmarán la lección: la popularidad no es la vida… Es tan sólo vanidad.
La salida del neoliberalismo, ¿a cargo de quién?
Hugo Aboites *
La Jornada
En sólo seis años (1988-1994) los tecnócratas neoliberales (neos) consiguieron transformar a fondo la educación y la universidad mexicana. Crearon, además, las bases y los actores que defendieran sus logros y que siguieran impulsando el proyecto en la década de los 90, en las dos primeras décadas del nuevo siglo y todavía hasta hoy. No nos gusta recordar siquiera lo que ocurrió; arrasaron.
Sólo en los tres primeros años del gobierno de Salinas, y prescindiendo de la Ley Federal del Trabajo, los neos crearon las becas y estímulos para académicos (y la Carrera Magisterial para los maestros de básica) y, con eso, generaron una diferenciación en ingresos que –como aquí mostraba antier Víctor Quintana– promovió la individualización. Crearon también la estructura de acreditación privada, conservadora y comercial, que impuso criterios implícitos para la modificación de planes y programas de estudio y de instituciones y escuelas.
En los siguientes tres años los neos echaron a andar un mecanismo centralizado, privado y comercial, para, con la evaluación, manejar gran parte de la demanda nacional por educación media y superior (y para el egreso), el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval). Con eso, el derecho a la educación se convirtió en el derecho a pagar y presentar un examen ajeno a las propias instituciones. Impulsaron también desde entonces la precarización de docentes, fortalecieron las burocracias, la vinculación universidad-empresa (trasnacionales, incluso), escuelas técnicas, dieron
mayor respaldo legal a la educación privada, alentaron los aumentos en colegiaturas, buscaron adecuar la educación a la inminente vigencia del Tratado de Libre Comercio y con fondos extraordinarios controlaron mucho del quehacer universitario.
Una transformación profunda de la educación mexicana, rápida y hasta ahora prácticamente intacta. Los sexenios posteriores no dejaron de abonar al mismo proyecto: Zedillo, que ya había declarado inviables a las universidades públicas y autónomas; Fox, con su fatua Enciclomedia y su centenar de universidades tecnológicas de escasa matrícula; Calderón con la evaluación anual Enlace, que cada año servía para declarar elementales o insuficientes a más de 10 millones (75 por ciento) de los evaluados, y no se diga de Peña Nieto y su extrema y agresiva reforma educativa.
Es básicamente cierto lo que señala el presidente López Obrador: el neoliberalismo como concepción polifacética de la educación está detrás de la individualización y derechización de las mafias, corrupción e injerencia de organismos internacionales. Pero si, como ocurre, todo esto es creación de sucesivos gobiernos, ¿por qué se plantea que ahora toca a los estudiantes rebelarse y a los académicos y maestros movilizarse para cambiar todo esto? Cuando, además, el gobierno federal tolera que se reprima a normalistas y maestros que se manifiestan en Chiapas y Michoacán y cuando es evidente que el gobierno de la 4T tiene aquí, en todo este rosario de adiciones logradas por el neoliberalismo, una tarea de reconstrucción, recuperación y transformación, que reiteradamente proclama como su gran propósito.
La verdad, sin embargo, es que no vemos ni el dinamismo, o la voluntad, ni la noción siquiera de cómo acabar y sustituir todo esto que hace que la educación y la universidad hayan perdido –como también afirma AMLO– su esencia de servicio al pueblo.
Al contrario, con la Ley de Educación Superior, la 4T vino a poner en manos de rectores la determinación de quién tiene derecho a la educación e inventó una gratuidad del nunca jamás (¿hay alguna universidad que con la ley se haya convertido en gratuita?). Además, se sujetaron las autónomas a la coordinación de la SEP y, en lugar de ofrecer garantía de recursos para crecer, la ley formaliza que ahora cada institución se agencie recursos propios como pueda y de donde pueda. Un retroceso hacia la mercantilización.
En contraste, los mismos gobiernos neos han demostrado que se pueden cancelar a discreción iniciativas neoliberales. Chuayffet, por ejemplo, en la SEP, decidió sin más cancelar la prueba Enlace de Calderón. Es cierto que la 4T eliminó el INEE y la Carrera Magisterial, ¡bien!, pero luego vino otra ley que revivió la evaluación ligada al reconocimiento económico y para eso creó una Unidad encargada que permite el abuso sistemático. Y mientras, académicos y maestros seguimos siendo trabajadores con derechos rebajados (falta de bilateralidad y precarización).
Una votación de 30 millones, una esperanza que desde 1996 despertó al país, una tenaz persuasión –todavía en muchos– de que sí habrá cambios, pero también una luz que se apaga. Porque si toda esta fuerza enorme y transformadora se sigue dejando tirada por ahí, para que se transforme en enojo, lo que vendrá será peor: la sola lucha por los restos burocráticos del proyecto educativo que no fue.
*UAM-Xochimilco.
