Niñas como mercancía sexual
Ricardo Raphael
Proceso
Se equivoca en redondo AMLO al suponer que la pertenencia a comunidades originarias protege a las niñas indígenas de ser víctimas de abuso sexual, pero el yerro más grande está en creer que, como presidente del tercer país con mayor prostitución infantil en el mundo, puede negar el fenómeno.
El mal tiene muchas y muy terribles representaciones, pero hay una que araña con mayor filo la conciencia: el sufrimiento que las personas adultas podemos imponer a las niñas y los niños, en particular cuando la crueldad tiene connotaciones sexuales.
Esta tragedia suele alertar con énfasis los sentidos de la sociedad y, desde luego, el interés de la política. Frente al abuso, la pornografía y prostitución infantil no cabe la tolerancia, mucho menos el desdén.
Por este motivo resultó anticlimático cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador optó por minimizar el caso denunciado recientemente en la Montaña de Guerrero por una adolescente de 15 años, de nombre Angélica, quien fue vendida a su familia política desde los nueve y, según su testimonio, abusada sexualmente por su suegro durante un periodo prolongado.
El pasado lunes 25 la periodista Dalia Escobar, reportera de la plataforma digital Atiempo, interpeló al respecto al mandatario mexicano durante la conferencia mañanera: “¿Por qué se niega a hablar de la venta de niños en Guerrero? ¿Por qué si va a la Montaña no atiende ese tema? ¿No merece la misma importancia que el resto?… (E)stamos hablando de menores de edad (que) son vendidas por sus propios padres…”
Una semana antes, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, había aportado visibilidad pública al caso de Angélica, cuyo marido partió a Estados Unidos, entre otras razones, para pagar la deuda adquirida con su familia.
La noticia logró notoriedad también gracias a la buena reputación que en la región tiene Abel Barrera, Premio Nacional por la Igualdad 2015 y director del Centro Tlachinollan. Así se explica por qué, de inmediato, la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, se expresó contra la explotación infantil en su entidad: “(Estoy) decidida a acabar con esa ‘costumbre’… (N)o se pueden permitir los matrimonios de niñas… Deben terminar, no pueden existir y no se debe excusar en usos y costumbres algo que sea violación a los derechos humanos de las mujeres en Guerrero”.
Ya antes Abel Barrera había explicado que esta forma de explotación infantil deriva de la corrupción de esos usos y costumbres. La indignidad de convertir a las niñas en mercancía sexual no tiene nada que ver con las tradiciones de los pueblos de la Montaña; un ritual como la entrega de la dote, que perdura desde hace muchas generaciones, hoy se vació de contenido para reinterpretarse a partir de una miserable transacción mercantil.
Vale decir que el abuso y la explotación infantil no son un fenómeno exclusivo de la Montaña de Guerrero, ni tampoco es un hecho dominante en esa entidad. De
acuerdo con la organización Hispanics Philantropy el delito de trata de menores habría crecido 32.5% en todo México entre 2015 y 2020, y las principales regiones donde ocurre son la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Michoacán e Hidalgo; no así en Guerrero.
A21, otra organización dedicada globalmente a prevenir la trata de menores con fines de explotación sexual, asegura que México ocupa el tercer lugar en el orbe según la frecuencia con que se cometen estos delitos; por encima únicamente estarían Camboya y Tailandia. Si a las denuncias de tipo sexual se añaden las registradas en los últimos cinco años por abuso laboral de menores –advierte la misma fuente– la cifra de casos rondaría los 300 mil.
Desde esta perspectiva el expediente de Angélica cobra doble relevancia ya que, de un lado, aporta luz sobre hechos cuya ocurrencia se circunscribe a la Montaña de Guerrero, y del otro, obliga a reconocer la gravedad y amplitud del fenómeno de la explotación infantil en todo el país.
Tal forma de abuso golpea más rudamente en la parte baja de la construcción social. Esto no quiere decir que las redes de pederastia estén alejadas de los círculos del privilegio. Al revés, el privilegio de la impunidad respecto de estas prácticas está vinculado estrechamente con el poder económico y político. El perpetrador de delitos sexuales contra menores suele ser una persona que se beneficia inmoralmente de su posición asimétrica dentro de la estructura social.
En contraste, las víctimas de trata generalmente provienen del otro extremo de la sociedad. Se trata de niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable, sea por razones económicas, familiares o comunitarias, las cuales muchas de las veces confabulan combinadas. Esto es aprovechado por los traficantes que comercian con seres humanos y también por otros abusadores cuya situación de ventaja les permite hacer parecido sin pagar ninguna consecuencia.
Ciertamente, como respondió el presidente López Obrador a la reportera Dalia Escobar, estos hechos cruzan todas las clases sociales, aunque quizá sería más puntual decir que la explotación sexual de menores se sostiene sobre una estructura desigual que aporta privilegios inmorales para algunos y desposesión radical para otros.
De acuerdo con fuentes locales, una niña de la Montaña de Guerrero llega a ser vendida entre 40 mil y 400 mil pesos y una vez realizada la transacción, ella pierde absoluta soberanía sobre su cuerpo y sus decisiones. Se convierte en una esclava, igual a tantas otras que los traficantes de personas comercian en el resto de la República y más allá de las fronteras mexicanas.
Tan cierto es que esta tragedia ocurre en las zonas rurales más pobres como que las redes de prostitución y trata están conectadas con circuitos de élite. Intriga, a este respecto, el desconocimiento de López Obrador sobre el tema y más la sobrerreacción cuando acudió a la Montaña y ahí la prensa lo interrogó a propósito de la denuncia de Angélica: “¿Qué, acaso, la prostitución está nomás con los pobres?”, atajó evidentemente molesto. “No vengo a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas… porque eso no es regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales… (E)l tema no corresponde a la realidad… es bastante clasista y racista (presentarlo así)”.
Se equivoca en redondo el mandatario al suponer que la pertenencia a comunidades originarias protege a las niñas indígenas de ser víctimas de abuso sexual, pero el yerro más grande está en creer que, como presidente del tercer
país con mayor prostitución infantil en el mundo, puede negar el fenómeno o, peor aún, explicarlo a partir de prejuicios y opiniones tan ligeras como mal documentadas
AMLO, el populista de derecha
Cecilia Soto
Excelsior
El presidente López Obrador es un populista de manual al que frecuentemente se le compara esquemáticamente con Chávez y Maduro, pero uno tenía el prurito de no compararlo con Jair Bolsonaro, el presidente brasileño, quien se sitúa a la derecha de la ultraderecha. Pero esta semana, el Presidente mexicano nos pide que tiremos ese prurito a la basura y sí, lo hermanemos con Bolsonaro. Aunque llegan por vías diferentes —el mandatario brasileño por la ultraderecha y el mexicano por el nacionalismo desarrollista—, arriban a las mismas conclusiones: abrazar y empoderar el militarismo como única alternativa para mantener el orden, atacar a los periodistas y medios críticos porque son enemigos de sus proyectos; no reconocen la legitimidad de la oposición política porque sólo puede haber una verdad y quien se oponga a ésta es enemigo; atacan y critican la división de poderes y a la Suprema Corte de Justicia cuando muestra algún signo de independencia; en la práctica, rechazan el Estado laico; denuncian el ambientalismo como una conspiración contra sus proyectos.
Como Bolsonaro, López Obrador sospecha y rechaza la lucha por el respeto a los derechos humanos. Cito al Presidente en sus dichos del 29 de octubre: “Una de las cosas que (los neoliberales) promovieron en el mundo para poder saquear a sus anchas fue crear o impulsar los llamados nuevos derechos. Entonces, se alentó mucho, incluso por ellos mismos, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos, la protección de los animales. Muy nobles todas estas causas, muy nobles, pero el propósito era crear o impulsar, desarrollar todas estas nuevas causas para que no reparáramos, para que no volteáramos a ver que estaban saqueando al mundo y que el tema de la desigualdad en lo económico y en lo social quedara afuera del centro del debate. Por eso no se hablaba de corrupción, se dejó de hablar de explotación, de opresión, de clasismo, de racismo”.
No vale la pena mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, es la base para esos “nuevos derechos”, quizá con la excepción del animalismo; más bien, lo relevante es demostrar cómo la manía de decir faltar a la verdad, de mentir sistemáticamente, con falsedades entre más grandes y bombásticas mejor, es parte sustancial del guion populista. Como lo mencioné en mi artículo de la semana pasada, Un producto llamado López Obrador, la simulación de autenticidad, uno de los elementos claves de cualquier líder populista que se respete, identificado por la académica Catherine Fieschi en su libro Populocracy, es pieza fundamental de la puesta en escena. Como es auténtico, el populista no puede guardar sus emociones (“su pecho no es bodega”), las tiene que expresar sin filtro alguno. No importa que no sean creíbles para los que han corrompido sus mentes estudiando carreras y posgrados. Sus
seguidores tampoco las creen a pie juntillas. Se lo perdonan como un pecadillo, un exceso de su “autenticidad”, de su “enojo sincero” contra las élites depredadoras. Lo importante para sus seguidores, como dicen varios autores, es que por fin alguien habla por ellos.
Me extiendo citando a Fieschi porque lo expresa mejor que yo:
“La autenticidad es, antes que nada, un concepto que favorece un ejercicio político basado en el instinto y no en la razón. Por tanto, resulta útil (1) acusar a todos los demás de hipócritas; (2) como una excusa para expresarse sin filtro en las formas más disruptivas posibles, sin verse limitado por las normas políticas y sociales aceptadas, y (3) hacer valer la afirmación populista de que el instinto y el sentido común triunfan sobre la razón y la estrategia. En este sentido, es una vía para la disrupción que busca el populista […]. El argumento de ser auténtico la da el comportamiento más inverosímil una pátina de sinceridad (y de ahí viene un vínculo interesante entre mentir y autenticidad, uno que el populismo explota incesantemente) […], este tipo de autenticidad bombástica conseguida a través de la mentira también se usa a menudo como una marca de atrevimiento de desafío al sistema[…].”
Y sigue Fieschi:
“A diferencia del populismo de izquierda que —generalmente— está basado en la concepción que reconoce en todo ciudadano derechos humanos inalienables que deben ser protegidos colectivamente, el populismo de derecha carece de una comprensión metafísica de la transformación de ciudadanos únicos en un colectivo que decide regirse colectivamente por un conjunto de leyes. Sólo cree en una masa real que está ligada orgánicamente. De ahí, el rechazo abrumador de los populistas de derechas al concepto de derechos humanos”. Ya lo había dicho, de manual.
México SA
Gobernadores: opacidad y más deuda // Desorden financiero: de todos, todos // Priístas, panistas y perredistas
Carlos Fernández-Vega
La Jornada
No podían retirarse sin otra medallita: cinco gobernadores que recién concluyeron su periodo constitucional (más dos aún en el puesto) obtuvieron el galardón a la mayor opacidad en el ejercicio del gasto público durante 2020, de acuerdo con la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Se trata de cinco priístas, una panista y un perredista, quienes a lo largo de sus respectivos mandatos no dejaron de patalear y chantajear para obtener más recursos federales, porque es insuficiente lo que recibimos. Eso sí, no hicieron el menor esfuerzo por mejorar el perfil recaudatorio en sus respectivas entidades.
La información dice así: “El segundo informe de la cuenta pública 2020 refleja el desorden financiero de los estados, pues de los 12 mil 252 millones de pesos de recuperaciones probables ante irregularidades determinadas por la Auditoría
Superior de la Federación, 10 mil 480 millones corresponden a los gobiernos locales.
Las entidades con mayores anomalías en el ejercicio de recursos federales son Campeche, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, gobernados por PRI, PAN y PRD al momento de la revisión” ( La Jornada, Arturo Sánchez Jiménez, Enrique Méndez y Georgina Saldierna).
Algo más: con excepción de Coahuila y Sinaloa (cuyos mandatarios aún no dejan el puesto), las anomalías observadas en las entidades que el año pasado estaban en los últimos meses de sus respectivas administraciones suman 10 mil 252 millones de pesos. Más de 62 por ciento de las recuperaciones probables determinadas por la ASF en todos los gobiernos locales se concentran en dos rubros: anomalías en el uso de participaciones, por 3 mil 925 millones 611 mil 700 pesos, e irregularidades relacionadas con el saneamiento financiero, 2 mil 550 millones 75 mil pesos.
Se trata de cinco priístas: Carlos Aysa González (heredero de Alito Moreno), en Campeche; Héctor Astudillo, en Guerrero; Claudia Pavlovich, en Sonora; Quirino Ordaz, en Sinaloa; y Miguel Ángel Riquelme, en Coahuila (los dos últimos siguen en el cargo).
Pero a la lista debe sumarse al panista Javier Corral, en Chihuahua (uno de los más escandalosos, protagónicos y chantajistas a la hora de exigir más recursos de la Federación) y al perredista, otro impresentable, Silvano Aureoles, en Michoacán (el del banquito verde frente a Palacio Nacional, por si alguien no lo ubica).
Todos hicieron caso omiso de una de las reiteradas recomendaciones de la ASF, es decir, la relativa a que los estados de la República “estimulen el cobro de impuestos en los gobiernos locales, pues a excepción de la capital del país, dependen en general en 90 por ciento de los recursos que les canaliza la Federación.
Se debe incentivar la recaudación de recursos propios, conscientes de que el país no es homogéneo”. Sin embargo, los mandatarios locales son de la idea de que actuar el tal sentido equivaldría a un suicidio político, y nunca asumieron que sus prácticas en sus respectivos gobiernos rápida e irremediablemente los condujeron a tal circunstancia.
Casi todos, también, incrementaron la deuda estatal: en Campeche, la dupla Alito-Aysa le sumó cerca de mil millones de pesos; lo propio hizo Claudia Pavlovich en Sonora (alrededor de 5 mil millones); Aureoles en Michoacán (2 mil millones), Riquelme en Coahuila (mil millones) y Corral en Chihuahua (5 mil millones). La salvedad fue Astudillo, en Guerrero, y Ordaz Coppel, en Sinaloa, pues redujeron el saldo de su deuda en alrededor de mil millones, en cada caso. ¿Y la recaudación local? Ni un centavo creció.
Las rebanadas del pastel
Abismal es la brecha en el acceso a las vacunas entre las naciones ricas y pobres, algo moralmente inaceptable, dice el primer ministro italiano Mario Draghi, porque en los de renta alta, más de 70 por ciento de la población recibió al menos una dosis, mientras en los pobres se reduce a 3 por ciento.
