Ciudades abandonadas y jóvenes sin esperanza de una casa
No obstante que el problema fue abordado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al final fue también abandonado a su suerte.
José Gil Olmos | Proceso
En las últimas dos décadas los gobiernos en turno se dedicaron a construir miles de viviendas populares sin planeación y, sobre todo, sin tomar en cuenta las necesidades de las familias. Así levantaron miles de habitaciones de escasos 25 a 40 metros en tierras fangosas, áridas o en cerros sin pensar en rutas de transporte, escuelas, parques, unidades médicas, centros culturales y comerciales. El único foco de atención fue darles un gran negocio a las constructoras.
Recientemente el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, señaló que distribuidas en varias zonas del país hay 650 mil viviendas abandonadas, muchas de las cuales son centros de trasiego de droga y refugio delincuencial.
El funcionario federal, además, indicó que existen otras 70 mil edificaciones que están en calidad de “perdidas”, debido a que se trata de unidades habitacionales que no pudieron habitarse, toda vez que se construyeron en zonas de riesgo como cerros o áreas que se inundan.
La lógica de la construcción de estas viviendas inhabitables fue meramente mercantil. Grupos empresariales como Casas Arko, Homex, Su casita, Geo, Urbi, Metrofinanciera, Consorcio Ara, Vinte, Hogares Deesa, Marfil, Javer, entre otras, fueron las grandes beneficiadas por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
No obstante que el problema fue abordado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al final fue también abandonado a su suerte.
En contraste con las cifras de Sedatu, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) calcula que hay seis millones 155 mil viviendas abandonadas en México. El Estado de México concentra 10% del total, con 611 mil 159; le sigue Veracruz, con 474 mil; Jalisco, con 451 mil 590; Michoacán, con 313 mil 707, y Guanajuato, con 313 mil 437.
En 2020 el gobierno de López Obrador afirmó que tenía un plan para renovar 175 mil de ellas antes de que concluya el sexenio, lo cual implicaba que, en promedio, se tendrían que renovar 119 casas al día mediante el Programa de Regeneración de Vivienda Abandonada, encabezados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
El año pasado, al asistir a la Cámara de Diputados, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, informó que junto con el Infonavit se habían recuperado alrededor de 70 mil viviendas que estaban abandonadas. Es decir, menos de la mitad de lo proyectado.
Miles de familias forzadas por sus condiciones de pobreza viven en esos espacios reducidos y peligrosos, y se aferran a permanecer usándolos como dormitorios, salen a las cuatro de la mañana y regresan a las nueve, diez de la noche del trabajo.
Pero la mayoría son abandonadas y representan 14% del parque habitacional en el país y eso ha generado una ola de invasión de predios, de acuerdo con estudios de la UNAM.
Mientras que sigue fracasando el programa de recuperación de vivienda abandonada y que en 2022 fue aprobada la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), sólo 12 estados de la República han actualizado sus marcos normativos.
En ese contexto, la esperanza para los jóvenes en México de una casa digna es imposible lograrla. Sobre todo, si tomamos en cuenta que el alza en los tipos de interés bancario como principal posibilidad de tener dinero ha traído como natural consecuencia hipotecas más caras y menos accesibles dificultando las posibilidades de los jóvenes para adquirir una casa.
Además, la informalidad laboral y los bajos ingresos que percibe la población general, sobre todo los jóvenes, son determinantes para que la banca no los considere candidatos a obtener créditos hipotecarios.
A diciembre, el Inegi reportó casi 61 millones de personas económicamente activas, y de ese número 1.6 millones están desocupadas; entre ellas, personas de 15 años. El instituto reportó el año pasado que la mitad de los 40 millones de personas ocupadas en el país son jóvenes de 15 a 39 años y ganan hasta dos salarios mínimos, es decir, 12 mil 450 pesos mensuales.
La firma Inmuebles 24 reporta que en la Ciudad de México la renta media de un apartamento de dos recámaras alcanza los 15 mil 481 pesos mientras que el costo promedio de una casa de la misma superficie asciende a dos millones 700 mil pesos.
Ante el elevado costo de rentas y venta de viviendas se calcula que en la capital del país 60% de los jóvenes de 18 a 29 años viven aún en la casa familiar y un 30% optaría por la modalidad de roomiespara compartir los gastos del arrendamiento y el pago de servicios.
Frente a esta realidad es nula la posibilidad de que los jóvenes mexicanos tengan una vivienda propia o incluso arrendada, a causa del alza en los tipos de interés, hipotecas más caras y menos accesibles.
De plano, millones de jóvenes mexicanos están excluidos por el mercado inmobiliario. Y ni siquiera podría vivir en las miles de casas que están abandonadas por todo el país porque ya están ocupadas por el crimen organizado.
Por cierto… Una de las propuestas de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum es atender la demanda de vivienda de los jóvenes, promete la construcción de hasta 75 mil viviendas por año, la generación de casi un millón de empleos por la construcción, una renta máxima equivalente a 30% del salario, viviendas bien ubicadas y con acceso a servicios, condiciones contractuales justas para quien gana menos, calidad de los materiales de construcción, libertad para elegir dónde y cómo vivir y acceso a mascotas. Ya veremos si cumple o se queda como el proyecto no cumplido de López Obrador.
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De naturaleza política
Asume Marea Rosa lucha contra sobrerrepresentación…
Enrique Aranda | Excelsior
A la vista ya el momento en que el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá pronunciarse sobre la asignación de curules plurinominales para conformar el pleno en San Lázaro, la sociedad civil, liderada por los impulsores de la Marea Rosa de corte apartidista, asumió ya el control de la lucha contra la controvertida sobrerrepresentación legislativa que abriría a la 4T las puertas para la “coronación” del proceso iniciado en 2018 con el propósito de establecer un gobierno de corte dictatorial, como lo es ya media docena de sus aliados a nivel continental…
En las primeras horas de ayer domingo, en efecto, cientos, miles de ciudadanos en la capital y en 50 localidades más del territorio se manifestaron a las puertas del instituto que mantienen secuestrado afines (encubiertos) al lopezobradorismo, para dejar en claro su repudio a la pretensión de entregar a Morena y sus parásitos aliados del PVEM y PT hasta 117 de las 200 curules plurinominales a ser asignadas el próximo 23 de agosto, con las que, sumadas a las ganadas en las urnas, obtendrían la ansiada mayoría calificada —373 de 500 posiciones, casi 75% del total— que les permitiría modificar a su gusto la Constitución, aun cuando el voto ciudadanía sólo les entregó 54.7% de las posiciones.
Tal es la ilegalidad de la anticonstitucional pretensión del oficialismo encabezado por su incuestionable gurú, Andrés Manuel López Obrador, y su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, que uno y otro han decidido apostarse juntamente con la coalición que les hizo ganar el 2 de junio y la estructura gubernamental para “doblar la mano” a los consejeros electorales y obligarles a validar la sobrerrepresentación que, vale destacar, entregaría a partidos de escasa representación como el Verde y del Trabajo un número exagerado de posiciones, 75 y 50, merced a la generosidad de Morena que, con el único propósito de conseguir la ansiada sobrerrepresentación optó por “regalarles” parte de sus votos.
Que la ciudadanía, pues, asumirá la responsabilidad de impedir el atraco electoral que se gesta en Palacio y otras latitudes guindas, pues es ya una realidad incuestionable como, valga decir, también lo es que, si para ello hay que tomar las calles y las principales plazas públicas, ello ocurrirá antes de lo que muchos pudiéramos pensar…
ASTERISCOS
* Con la indirecta complicidad del Instituto Nacional Electoral (INE) que ¿preside? la (casi) morena Guadalupe Taddei, que evitó pronunciarse sobre la anticonstitucionalidad de la reforma estatutaria que promovió él mismo con tal propósito, el impresentable Alejandro A(m)lito Moreno consumó ayer su ilegal reelección para mantenerse al frente del tricolor, ¡al menos hasta el 2028”, aunque, vale decir, la puja por el asunto seguirá viva…
* En nuestra entrega de ayer domingo, por un error involuntario atribuible sólo a quien esto escribe, nos referimos a la madre de Joaquín El Chapo Guzmán como si aún viviera, cuando la señora Consuelo Loera murió en diciembre de 2023 en un hospital de Culiacán a la edad de 94 años, por lo que ofrecemos una disculpa a nuestros lectores…
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Razones
Lo que devela la carta de El Mayo
No vamos a saber exactamente qué pasó con las detenciones de El Mayo y El Chapito porque los servicios de la Unión Americana no van a develar cómo operaron o dejaron de operar para tenerlos en sus cárceles.
Jorge Fernández Menéndez | Excelsior
Partamos de un principio: la detención de Joaquín Guzmán López, el hijo de El Chapo Guzmán, y de Ismael El Mayo Zambada es una de las operaciones de inteligencia más exitosas que ha tenido el gobierno de Estados Unidos en relación con los grupos del narcotráfico desde los lejanos años de la caída de Pablo Escobar. Todavía hoy no conocemos con toda precisión hasta dónde se llegó a involucrar Estados Unidos en la persecución del líder del Cártel de Medellín y eso ocurrió hace 30 años.
No vamos a saber exactamente qué pasó con las detenciones de El Mayo y El Chapito porque los servicios de la Unión Americana no van a develar cómo operaron o dejaron de operar para tener en sus cárceles, literalmente entregados en un pequeño aeropuerto en Nuevo México, junto a la gran base militar de Fort Bragg, a dos de los criminales más buscados del mundo.
La carta que divulgó el abogado de El Mayo Zambada a través del director de Los Angeles Times da una versión que suena verosímil, pero que puede o no ser verídica. Lo cierto es que exhibe la complicidad existente entre los grupos criminales y el gobierno estatal y, sin duda, de algunos ámbitos federales.
Sobre la versión me sigue sorprendiendo que El Mayo haya ido a ese encuentro tan desprotegido, aunque, según la carta, ingresa al lugar donde supuestamente se iba a realizar la reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y Héctor Melesio Cuén, acompañado de dos altos mandos de la Policía Judicial del estado (que, hasta el día de hoy, están, efectivamente, desparecidos) y dos custodios (también desaparecidos), en un lugar donde había ya varias personas armadas que El Mayo dice que pensó que eran gente de Los Chapitos. Ahí fueron neutralizados sus acompañantes, a él lo embolsaron, lo metieron en una camioneta, luego lo subieron a un avión donde lo amarraron y llegó al aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México sólo con Joaquín y el piloto, donde ya lo esperaban las autoridades estadunidenses.
Lo de la reunión con el gobernador Rocha y Cuén es verosímil. Hace algunas semanas escribimos aquí que luego del secuestro de 100 personas, porque les habían robado 20 millones de dólares a Los Chapitos, el propio gobernador Rocha pidió una reunión con Iván Archivaldo (el verdadero jefe del grupo y con quien El Mayo suponía, dice en su carta, que se iba a reunir). “Dicen que fue el propio gobernador Rocha, escribimos aquí el 27 de mayo pasado, el que se comunicó con Iván Archivaldo para que regresara lo más pronto posible a las mujeres y los niños porque el tema se había convertido en un escándalo nacional. El que organizó el encuentro, todo según fuentes sinaloenses, fue el tesorero del estado, Enrique Díaz, que, según esta versión, es el que mantiene el contacto directo del gobierno estatal con los hijos de El Chapo. Díaz, además, es muy cercano al subsecretario de egresos federal, Juan Pablo de Botton. La reunión entre el gobernador y Los Chapitos se dio en la casa de Díaz, en el fraccionamiento Álamos, propiedad de la familia Coppel. En la reunión se decidió liberar a los familiares y liquidar a los directamente involucrados en el robo del dinero de Iván Archivaldo. Ésos son los desaparecidos que no regresaron.
“Como parte del acuerdo, continuaba aquel texto, para la liberación de los secuestrados se le entregó a Los Chapitos el control de las juntas de agua potable (un instrumento poderosísimo en el estado), particularmente las de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y los módulos de riego del centro y el norte del estado. Los propios Chapitos fueron quienes hicieron las designaciones que fueron confirmadas por el gobierno estatal. En contraparte, como ya había ocurrido en 2021, la organización criminal se comprometió a involucrarse de lleno en la elección del 2 de junio”.
Por lo tanto, se supone que las reuniones de autoridades locales con capos del Cártel de Sinaloa era algo que ocurría con regularidad. En ese contexto, llama la atención que en tantas ocasiones el presidente López Obrador haya visitado (la última vez este sábado) Sinaloa y, sobre todo, Badiraguato. Entonces la reunión es verosímil que se haya realizado. ¿Mataron ahí mismo a Cuén? Puede ser, aunque la Fiscalía estatal insiste en que fue en un asalto, pero recordemos que El Mayo dice que él fue acompañado por dos mandos de la propia Policía Judicial del estado, por ende, lo que diga la Fiscalía en este tema queda descalificado.
Lo que me extraña es lo que sucedió después. Si los hechos se dieron así, no dudo de que hubiera alguna participación más que puntual en el abatimiento de los sicarios y acompañantes (lo que podría explicar que El Mayo no se resistiera), y en la organización de los vuelos o el vuelo hasta llegar a Nuevo México. Lo que me extraña es, primero, que hayan llegado solos a Nuevo México, con un solo piloto, pero, sobre todo, que hasta el día de hoy, casi 20 días después de los hechos, no haya reacciones, ni de Los Chapitos ni de Los Mayos ni de Aureliano, tampoco de sus enemigos, como el CJNG.
Creo que están tan desorientados como el gobierno mexicano, que no tiene detalles de lo ocurrido. Le han contado, como a todos, una versión, la que publica el LA Times, con tantos puntos oscuros que no terminan de develar el panorama real. Lo que es indudable es que el gobierno de Sinaloa no puede seguir sin una intervención total (el caso admitiría la desaparición de poderes en cuanto asuma Claudia Sheinbaum) o, por lo menos, la separación del cargo del gobernador Rocha y de la Fiscalía completa, mientras se investiga en México lo que el gobierno quiere que nos cuente Estados Unidos.
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Astillero
Partido Rosa (desvaído): banderazo de salida // Encogida asistencia ante INE // Xóchitl, Claudia y Margarita // Alito relecto: abierto agandalle
Julio Hernández López | La Jornada
Como si necesitara más ayuda para el avance de su proyecto transexenal, la llamada Cuarta Transformación recibió ayer un involuntario aporte desde dos planos opositores: una concentración de rosa desvaído en la oficina matriz del Instituto Nacional Electoral, y en algunas representaciones en los estados, y una sesión de dinosaurismo caricaturesco en el muy disminuido Partido Revolucionario Institucional (PRI) para darle cuando menos cuatro años más de reinado de opereta a Alejandro Moreno Cárdenas, más conocido por su descriptorio diminutivo, Alito.
La dominical reposición en escena de la llamada Marea Rosa mostró la falta de unidad operativa y de proyecto compartido de los bandos que confluyeron en las pasadas elecciones con Xóchitl Gálvez como presunto eje. La rosada marca está siendo sustraída por unos cuantos membretes de la sociedad civil que trata de seguir manejando el fallido estratega Claudio X. González (Unid@s) y por la retórica infecunda del ex perredismo en fuga que integran Guadalupe Acosta Naranjo y Fernando Belaunzarán (Frente Cívico Nacional).
La presunta Marea Rosa terminó convalidando a su contrario, el cuatroteísmo, pues con la encogida asistencia que tuvieron ayer se confirmó su declinante peso político y social y, aún peor, que no prende, al menos en este ámbito cromático, el antagonismo a lo que es denominado sobrerrepresentación en la integración de las próximas cámaras legislativas.
Más que un acto enfocado en la lucha contra tal supuesta sobrerrepresentación, aunque esta sea la bandera del momento, ha sido un apenas disfrazado banderazo de salida al intento de constituir un nuevo partido, el rosa. Por ello estuvieron ahí Xóchitl Gálvez, quien podría buscar la presidencia del nuevo partido (aunque también la pretende Acosta Naranjo), Margarita Zavala, a nombre del calderonismo aún sin partido, y el sector de ex consejeros electorales, esta vez con Leonardo Valdés Zurita como orador en turno.
En noviembre se decidirá si esta facción, ya sin los partidos de la coalición reciente, anuncia su pretensión de constituirse en uno nuevo. Para pavimentar el camino se tratará de organizar una forma de resistencia ciudadana a la presunta sobrerrepresentación y la excandidata presidencial Gálvez pretende asumir un rol de mayor beligerancia, aunque poco abona a ese plan la poca asistencia de ayer, comparada con las anteriores mareas, el desánimo por la aplastante derrota electoral reciente y la confusión o disolución ideológica y programática.
En la pista del Partido Revolucionario Institucional se vivió este domingo otro espectáculo decadente. Alito Moreno se hizo elegir para un segundo periodo, con posibilidad de un tercero, en la presidencia del comité nacional tricolor. Una farsa tejida a la medida de las necesidades del reyezuelo, aunque falta ver si, así fuera a destiempo, el tribunal electoral atiende quejas de priistas relevantes, lo cual podría dar reversa a la elección de ayer.
Es un abierto agandalle, que exhibe la textura de patrimonialismo corrupto de la corriente que administra los restos de un partido que presumía de ser aplanadora: lo importante para Alito, para Carolina Viggiano, la hidalguense que también ha sido relecta como secretaria general y para Rubén Moreira (esposo de Viggiano), es la conservación de una moneda de cambio, sobre todo para fines de mayorías legislativas, que devaluada y desaseada podrá ser subastada en función de necesidades morenas.
Y, mientras priístas como Manlio Fabio Beltrones, Francisco Labastida, Dulce María Sauri y Pedro Joaquín Coldwell, entre otros, deciden si sobrellevan el reinado, tal vez de ocho años más, de Alito, o buscan otros aires partidistas (con MC abriendo puertas), ¡hasta mañana, con la FGR preguntando (¿para darlo por exculpado?) al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con caracter de urgente (más de 15 días de sucedidos los hechos”), que aporte información sobre presunta reunión con El Mayo Zambada!
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México, SA
AHMSA muerde el polvo // CSG: razones prácticas // Alonso Ancira: gánster
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
Orondo, como siempre, Carlos Salinas de Gortari promovía que su devastadora política privatizadora fue rotundamente exitosa y afirmaba, sin gramo de verdad, que la entrega de los consorcios propiedad del Estado al capital privado (es decir, al propio grupo compacto de sus amigos) se dio por razones prácticas, más allá de cualquier consideración de carácter ideológico, en el entendido, según decía, que los particulares son mejores administradores que el gobierno. La historia, desde luego, le ha dado una patada en el trasero, porque a las arcas nacionales les ha resultado onerosísimo el rescate de no pocos de esos mejores administradores.
De lo anterior existen muchos ejemplos (banca, aerolíneas, carreteras, ingenios azucareros etcétera, etcétera), pero uno de ellos es el de Alonso Ancira Elizondo (gánster disfrazado de empresario y asociado con la pandilla neoliberal), quien, junto con el farmacéutico Xavier Autrey Maza, se quedó con Altos Hornos de México (AHMSA) y 11 empresas adicionales –entre ellas seis mineras– por un precio de regalo: 145 millones de dólares, cuando su valor real se aproximaba a 4 mil millones de billetes verdes. Desde luego, los pasivos (2 mil 500 millones de dólares) íntegramente los asumió el Estado mexicano.
Eso fue en diciembre de 1991, cuando, como parte de su política privatizadora, Salinas de Gortari decretó que el acero no es estratégico para el país y por lo mismo privatizó AHMSA, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y Fundidora Monterrey (esta finalmente causó baja), las tres paraestatales que daban cuerpo al gigante estatal Sidermex.
Los ingresos generados por la privatización masiva de bienes del Estado, según Salinas de Gortari, se destinarían a cubrir las necesidades sociales del país y a reducir la deuda pública. En los hechos, la pobreza creció al igual que el endeudamiento, pero de esa política surgió la nueva oligarquía nacional (el grupo compacto del propio ex mandatario); hoy, la mayoría de ellos forman parte del inventario Forbes.
Con Altos Hornos de México, Alonso Ancira cometió cualquier cantidad de excesos y fraudes (entre ellos al propio Estado que lo benefició), pero al barón se le acabó la buena suerte (léase la impunidad garantizada). Cuando Salinas le entregó AHMSA, el gánster aseguró: Tenemos un proyecto a prueba de balas, fue el mejor y creo que esto fue lo que le gustó al gobierno, y su socio, el farmacéutico Autrey Maza (quien también se quedó con el Banco Comermex, posteriormente rescatado por el Fobaproa y extranjerizado a favor de Scotiabank), se comprometió con el estado en donde operaba la ex paraestatal: No vamos a defraudar a Coahuila (incluso, entre los accionistas apareció Sandra López Benavides, propietaria entonces de Calzados Canadá, como los bostonianos).
¿Qué sucedió? Todo lo contrario; reventaron a la mayor productora de acero del país, que llegó a emplear a cerca de 20 mil trabajadores especializados (a partir de 2006, Ancira contrató a golpeadores y metió a un organismo gremial patronal), y como bien lo subraya el líder del sindicato minero Napoleón Gómez Urrutia, la quiebra de AHMSA es un ejemplo nefasto de las privatizaciones, de tal suerte que debe ser investigada a fondo para fincar responsabilidades a dueños, accionistas y directivos que la llevaron a esa situación por su ineficiencia y gran corrupción al operarla. El gánster Ancira dejó a la empresa como un gran cementerio: instalaciones abandonadas, saqueadas, vendió e hipotecó parte de la maquinaria, y a oscuras, porque la CFE les cortó la luz.
Gómez Urrutia detalla: La quiebra es un grave problema social y el mejor ejemplo de las consecuencias nefastas de la privatización que Salinas de Gortari llevó a cabo al entregar a amigos e incondicionales empresas públicas rentables. Ancira, deshonesto e involucrado en fraudes, no tenía ninguna experiencia en el sector siderúrgico; el desplome de AHMSA representa un reto enorme para Claudia Sheinbaum. Sin empleo, con una liquidación mínima o sin nada para los trabajadores, está en riesgo no sólo Monclova, sino toda la región Carbonífera de Coahuila ( La Jornada, Andrea Becerril).
He ahí un ejemplo, solo uno, de las razones prácticas, más allá de cualquier consideración de carácter ideológico.
Las rebanadas del pastel
Norma Piña y la justicia no descansan: sabadazo de por medio, el góber precioso, Mario Marín, se va a su casa… ¿Por qué será que al gobierno gringo nadie le cree?… Si de hampones se trata, el demócrata Alito Moreno se reeligió con 97 por ciento de los votos, a la vieja usanza.
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El mundo que nos espera
David Penchyna Grub | La Jornada
El cierre de 2024 será trepidante. Cierre de administración, reforma constitucional en materia de justicia así como la extinción de los órganos autónomos, elección presidencial en los Estados Unidos, volatilidad en los mercados internacionales e inicio de un nuevo gobierno. Todo esto en un contexto global de enorme tensión, y marcado en los últimos días, por la hora más complicada del chavismo en dos décadas. Los meses siguientes serán definitorios y definitivos para la marcha del país, de la economía y de la geopolítica.
Vamos por partes. El cierre de las administraciones presidenciales es un momento de tensión, reacomodos y riesgos. La memoria colectiva tiene frescas las decisiones que, al término de una administración, han marcado la siguiente; e incluso, han marcado el destino económico de generaciones, como ocurrió en 1982 o en 1994. La cohesión política en el partido gobernante disminuye ese riesgo, sin duda, pero septiembre será tal vez, el mes más relevante en los últimos seis años. La nueva administración ha tratado de enviar señales adecuadas con los perfiles del nuevo gabinete, que, sin renunciar a su militancia o afinidad política, tienen en buen numero experiencia en cada uno de los frentes bajo su responsabilidad. Ojalá, por el país y pensando en México, que la transición sea exitosa.
Lo menciono porque inmediatamente después del arribo de la primera presidenta de México, tendremos que enfrentar la vieja relación con los Estados Unidos, con nuevas prioridades y agenda, que va mucho más allá del T-MEC, y que se entrecruza con la agenda de seguridad hemisférica, la migración y la promesa –de republicanos y demócratas– de endurecer la política contra quienes se atreven a cruzar ríos y desiertos, en busca del sueño americano.
En ese sentido, la elección en los Estados Unidos pinta para tener un final de fotografía. Algo que debemos reconocerle a Joe Biden es que, sacrificando el interés personal y su propio legado político, reconfiguró por completo el escenario electoral al dar paso a Kamala Harris, quien aparece empatada o arriba de Trump, en múltiples encuestas. Además, el momentum demócrata se ha visto fortalecido por la elección de Tim Walz como candidato a la vicepresidencia. Un candidato que, al igual que JD Vance, es del midwestern, pero a diferencia del republicano, puede convocar a electores distintos a los de su compañero de fórmula. En otras palabras, Vance alude al mismo elector que el de Trump. Walz amplía el electorado potencial de los demócratas, atacando una base que no necesariamente tendría a Kamala Harris como opción, pero que sí votará por ella por el sólo hecho de tener a Walz de mancuerna.
Trump pasó de la apoteosis posterior al intento de asesinato, a perder el dominio de la agenda mediática. De ese tamaño fue la decisión de Biden y la reconfiguración del escenario electoral. Dicho esto, la gran pregunta que queda hacer es si todo esto le alcanzará a Harris para ganar la presidencia. Al final del día, no deja de ser la candidata mujer, hija de migrantes de la India y Jamaica, con visiones progresistas y defensora de derechos civiles, en un país que ha dado una vuelta al conservadurismo, a visiones casi confesionales en lo social, a la defensa recalcitrante de la posesión de armas de fuego, y tristemente, al sur profundo de los años cincuenta en lo racial, en amplias zonas de ese país.
Ese Estados Unidos, más corrido a la derecha que el que permitió la elección de Obama en 2008, ¿va a elegir a Kamala Harris en 2024?, esa es la respuesta que no solamente definirá a quien detente el poder, sino que hablará mucho de la sociedad estadunidense, sus filias, fobias, apegos y complejos históricos.
Esto lo sabe el mercado. Tan es así, que el inversionista arquetípico de Wall Street, Warren Buffet, lleva acumulando efectivo en el fondo que preside desde el año pasado. Síntoma de la aversión al riesgo que nos espera por parte de los inversionistas, en un contexto precedido por una inflación que no cede, y una política de altas tasas de interés que empieza a agotar a todas las estructuras económicas.
Ese es el mundo que nos espera de aquí al cierre del año. Con factores de inestabilidad que parecen inconexos, pero que pueden provocar una turbulencia global preocupante.
