¿Gobernar por proyectos?
Se necesitarán resultados para resolver los problemas del país, cuyo gobierno en el área ejecutiva sea capaz de explorar el grado de relevancia de la gestión política y el manejo y aplicación honesta de recursos.
Abraham Madero Márquez * | Proceso
Transcurrieron dos meses luego de la elección del 3 de junio último y en semanas recientes se dieron a conocer las listas de mujeres y hombres que encabezarán la mayoría del gabinete para el inicio de la próxima administración federal, quedando pendientes los anuncios de los titulares de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como algunas dependencias del gabinete ampliado que ocurrirán durante septiembre. En un formato dividido por grupos o sectores de secretarías, la anticipación de tales nombramientos permitió al gobierno entrante colocar su agenda y dosificar la conversación entorno de estas decisiones con pleno control de tiempos y espacios.
¿Señales para la estabilidad de los mercados? ¿La premura ante la nueva fecha constitucional de inicio de gobierno en octubre? ¿Posicionar las narrativas de continuidad de la llamada 4T? Las razones no las sabremos a ciencia cierta, pero debe admitirse que todo ello parece obedecer a una pauta bien orquestada, producto de la dosis de confianza que el partido-gobierno posee tras la hegemonía política y territorial lograda en las urnas.
El formato seguido no es del todo cuestionable, si se toma en cuenta que el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador a lo largo de su mandato pasará al olvido no sólo por sus medianas credenciales políticas y académicas, sino por su inoperancia frente a un ejercicio concentrado en una persona y alineado a un estilo asistencialista de poca administración y mucha política.
Pero más allá de los análisis de perfiles, trayectorias o justificaciones de carácter político detrás de cada nombramiento, a estas alturas del proceso de transición es inevitable preguntarse cómo el próximo gobierno articulará las acciones del gabinete en materiales cruciales y cuál será su manera para ejercer la función ejecutiva en ramas de especial complejidad técnica, presupuestaria y social como es el caso de la seguridad, salud, educación y el manejo de la economía nacional.
Esta reflexión que pocas veces suele abordarse en la antesala de las transiciones gubernamentales hoy cobra una relevancia específica ante la falta de resultados manifiestos y dado que, como nunca en la historia moderna del país, la administración entrante contará con un margen de acción aceptable por el bono democrático que le ha sido conferido, como por la posibilidad de procesar una agenda política y legislativa sin ningún tipo de contrapeso a escala nacional y en veinticuatro entidades.
El próximo gobierno debe tener claro que la gestión de la cartera de temas de interés nacional se ha complejizado a lo largo de las últimas décadas, entre otros factores, por la evolución propia del marco constitucional y las constantes reformas a los sistemas legales, especialmente con la proliferación de un importante número de leyes generales que establecen diversas obligaciones y marcos de actuación dispersos para las autoridades de todos los órdenes de gobierno, muchas veces desarticulados entre sí y carentes de aplicación efectiva.
No debe pasar por alto que si bien la Constitución y la Ley de Planeación configuran el Sistema Nacional de Planeación Democrática –del que se desprenden el Plan Nacional de Desarrollo y los diversos programas sectoriales de la Administración Pública Federal– el Poder Ejecutivo federal es al mismo tiempo el responsable de diseñar e implementar las agendas de políticas públicas contenidas en las leyes específicas para cada materia, las cuales incluso establecen parámetros de coordinación obligatorios entre las secretarías federales y los gobiernos locales.
Para dimensionar lo anterior vale la pena referir un caso concreto en el tema que nos concierne. Por ejemplo, la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes confiere al gobierno federal un papel preponderante en la conducción de la política nacional en favor de los derechos y atención prioritaria de esta población mediante el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que si bien es operado desde la Secretaría de Gobernación, su programa de trabajo requiere la intervención simultánea de las Secretarias de Hacienda, Salud, Educación, Seguridad, Bienestar, Sistema Nacional DIF, la Fiscalía General así como los 32 gobiernos estatales.
No obstante, el SIPINNA encarna un ejemplo nítido del fracaso operativo de este tipo de mecanismos de colaboración cuando se insertan en la cruda realidad funcional del sistema federal mexicano, en donde se contrastan factores como: instituciones debilitadas que cohabitan en un federalismo de papel y sin recursos; dispersión de prioridades entre la federación y los estados; dificultad para armonizar marcos normativos y programas de trabajo entre las instancias involucradas; diferencias socio-culturales propias de cada región del país.
El SIPINNA representa un pequeño botón de muestra de la realidad que enfrentan casi un centenar de sistemas similares previstos en nuestra legislación, que como se ha referido, paradójicamente tienen la encomienda de atender temas neurálgicos para el desarrollo nacional como la salud, educación, seguridad, mujeres, atención a víctimas, entre otros.
Ante la dificultad de establecer programas de gobierno ordenados y de largo plazo a partir de equilibrios políticos, normativos e institucionales, la vía de escape para algunas administraciones federales –incluida la del presidente López Obrador– ha sido abanderar proyectos o temáticas “prioritarias” por encima de cualquier otro criterio de gobernanza, sin importar que esta alternativa implica de suyo dejar de lado la atención estructural de los problemas nacionales.
Las megaobras, el gasto público focalizado únicamente a programas sociales dirigidos a potenciales electores o las reformas que persiguen fines esencialmente políticos, a final de cuentas representarán acciones emblemáticas ante el tamaño de responsabilidad que implica dirigir las riendas del gobierno federal en un país como el nuestro.
El reto para el gobierno de Claudia Sheinbaum estará al interior de su círculo rojo con el oficio político que una democracia popular demanda y en la capacidad técnica del nuevo gabinete para leer estas circunstancias y ordenar las prioridades nacionales bajo una perspectiva integral, a sabiendas de que el funcionamiento de la administración pública federal no es equiparable al de hace cuatro sexenios y requiere también dar paso hacia una modernización de estilos que permita generar resultados adecuados, asertivos y basados en evidencia.
No todo se trata de hacer política o ganar elecciones, los focos rojos y temas críticos del país se encuentran claramente diagnosticados y será difícil que la narrativa de la transformación pueda sostenerse únicamente mediante el discurso y la repetición mediática. Se necesitarán resultados para resolver los problemas del país, cuyo gobierno en el área ejecutiva sea capaz de explorar el grado de relevancia de la gestión política, el manejo y aplicación honesta de recursos, así como la interacción para gobernar con proyectos de amplio alcance.
* Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.
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De naturaleza política
¿Confrontan AMLO y la 4T a obispos?
Enrique Aranda | Excelsior
Urge en Venezuela la verdad, clama el Papa.
Que Andrés Manuel López Obrador apostó por la polarización y confrontación sociales como forma de gobierno para nadie es novedad como sí parece serlo, creemos, la aparente división y crecientes enfrentamientos que, a decir de especialistas, está generando la definición de posturas ante su fracasada gestión entre los integrantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que antes de fin de año deberá renovar su dirigencia en el marco de los citados desencuentros.
Una muestra clara de ello, a decir de quienes mejor conocen sobre el particular, fue la reciente visita que de manera personal, solo, decidió hacer al inquilino de Palacio monseñor Rogelio Cabrera López, el arzobispo de Monterrey y actual titular de la jerarquía católica, a quien no pocos ubican al frente de una supuesta corriente de los cardenales y obispos dialoguistas y, en contraste, las reiteradas críticas y llamados a repudiar políticas del tabasqueño y de la 4T que caracterizan el discurso de monseñor Ramón Castro y Castro, el aguerrido obispo de Cuernavaca y secretario general del pleno de la conferencia episcopal al que se señala como cabeza de los opositores más proclives a la confrontación…
Es verdad, y hay que destacarlo, que más allá posiciones particulares o de grupo que los prelados pudieran tener sobre uno u otro régimen –apenas ayer dábamos cuenta del pronunciamiento unitario realizado en torno de los fraudulentos comicios llevados a cabo a finales de julio en Venezuela–, es la fe en Cristo y el apego a los principios religiosos, así como a las disposiciones dictadas por el papa Francisco desde Roma lo que les mantiene íntimamente unidos y entregados a la causa común, en favor de la comunidad católica y no el juicio o posicionamientos sobre el declinante régimen.
Por lo anterior, insistamos, es que llama la atención la percepción de algunos de que el particular estilo de gobernar de López Obrador y no pocas de sus fallidas políticas y proyectos se asegura que se estarían generando en un sector donde, quiérase que no, este tipo de asuntos de la política, y del Estado inclusive, simple y sencillamente son vistos como una cuestión menor, aunque no exenta de la innegable importancia que revisten. Estemos atentos, pues…
ASTERISCOS
* Será al cierre de la semana que comienza, jueves o viernes presumiblemente, cuando la Comisión de Elecciones del PAN, que preside Ana Teresa Aranda, emita la convocatoria para elegir, por voto directo de la militancia, al sucesor del cuestionado Marko Cortés en la dirigencia de Acción Nacional que, aseguran los que saben, no tomará posesión del cargo, sino hasta la segunda quincena del próximo noviembre. Atentos…
* Que nada ni nadie tocará al compa Francisco Garduño Yáñez mientras AMLO siga en el poder o pueda evitarlo, dicen quienes rodean al tabasqueño ante la pregunta sobre el futuro del impresentable titular de Migración, que, amén de posponer un juicio penal en su contra, sigue negado a asistir al Senado para responder sobre la muerte de 40 migrantes “encarcelados” en la estación de Ciudad Juárez, en 2023. ¿Así o más claro?…
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México correcto, no corrupto
La independencia del Poder Judicial
Ricardo Peralta Saucedo | Excelsior
El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia y en Tribunales de Circuito y de Distrito, cuyo número y atribuciones fijará la ley”.
Este artículo, en su texto original del 5 de febrero de 1917, ha sufrido diversas reformas en 1928, 1934, 1944, 1951, 1967, 1982, 1987, 1994, 1996, 1999, 2011, 2013, y cada una de estas modificaciones se ha basado en el número de sus integrantes, facultades y atribuciones, organización administrativa, remuneraciones, la vigilancia y disciplina de sus integrantes, entre otros profundos cambios.
Su independencia está garantizada por la misma Constitución, así como la de los poderes Legislativo y Ejecutivo, cada uno con sus límites en el ejercicio y equilibrio de sus funciones. Ninguno está supeditado a otro ni debe estarlo más que por la democracia, la voluntad popular legítima el ejercicio del servicio público, todos sus integrantes deben seguir la misma mística, sobre todo en un proceso donde el derecho comparado tiene ejemplos internacionales, como el caso de Estados Unidos, Japón y Suiza, entre otros, donde la elección de las personas que integran el Poder Judicial no ha minado un ápice su independencia.
Las expresiones que la relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de la ONU, la señora Margaret Satterthwaite, ha realizado en el sentido de la reforma judicial en nuestro país, promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que podrían “socavar la independencia de la Judicatura en México”.
Las opiniones de todas las voces deben ser escuchadas con respeto, pero no significa que tengan la razón; el fondo de este ejercicio republicano obedece a diversos factores, entre ellos que la justicia esté al alcance de todas y todos los mexicanos como un derecho, de manera gratuita, pronta y expedita, eliminar la corrupción, el nepotismo, el conflicto de interés y otros vicios que acompañan desde hace décadas una realidad inocultable.
La enorme mayoría del personal judicial en todos los niveles del escalafón son personas probas, con alta preparación jurídica y con toda una vida entregada al quehacer judicial, que nunca se entienda que es una reforma contra ellas y ellos, sino, por el contrario, es un ejercicio de reconocimiento a su institucionalidad y méritos, así como de los años de experiencia demostrados.
La elección popular de personas juzgadoras es uno de los más polémicos debates, que en su concepción y operación son parte de la retórica contra la totalidad de la reforma, en este proceso pueden participar las actuales juezas y jueces.
La eliminación del Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial también se irán a elección.
Las resoluciones de la SCJN serán siempre ante el Pleno, así como la reducción de sus integrantes y los alcances en los haberes de retiro, son, entre otras, parte de la reforma que el artículo 94, desde su propuesta inicial, se ha modificado según el contexto histórico de nuestro país. Sería una contrariedad que en la segunda parte de la transformación de México sorprenda una reforma legislativa profunda, tanto como sorprendió para la oposición y para el mundo entero la llegada de una primera Presidenta a nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que no sólo continuará con ese ejercicio de renovación de toda la vida pública de México, sino que el objetivo es la construcción de un legado de una nación más justa, igualitaria, donde todos los derechos constitucionales estén al alcance de la población en su conjunto. Un México más pleno y una patria universal.
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Astillero
Claudia: no traicionar // Seguir con legado de AMLO // Ex vocero señala a Corral // Maru impulsa proceso en Chihuahua
Julio Hernández López| La Jornada
La reiteración claudista del compromiso de mantenimiento de las políticas obradoristas tuvo ayer momentos significativos durante una gira de trabajo que permitió a la virtual presidenta electa plantear que le mueve una visión de largo plazo: vengo a Veracruz a decirles que no vamos a traicionar al pueblo, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de México.
El planteamiento reivindica la continuidad de las políticas de un movimiento que se asume más allá de la sexenalidad. Durante las administraciones priístas la regla era el deslinde e incluso la confrontación con el antecesor; la docena panista ni siquiera tuvo esas oportunidades y, ahora, en el plano López Obrador-Sheinbaum, se trabaja en la consolidación de un proyecto a largo plazo. Ya se verá si en la realidad política, conforme avance el gobierno claudista, es posible mantener esa unidad y compromiso de continuidad.
En otro tema: Antonio Pinedo Cornejo, quien fue coordinador de comunicación social y vocero del gobernador Javier Corral durante cinco años, declara: No tengo duda de que se dieron algunas corruptelas que ameritan una investigación a Javier Corral, César Augusto Peniche (quien fue fiscal estatal) y Gustavo Madero (quien fue coordinador ejecutivo del gabinete de Corral). Agrega: Yo informé algunos casos de posible corrupción de los que me enteré, pero le hice saber al Bayo Valenzuela (fiscal estatal Anticorrupción) que a ellos les toca investigar las pistas, la fiscalía tiene agentes para hacerlo (entrevista con Rafael Navarro, en el portal chihuahuense Tal cual: https://goo.su/HB1cRi ).
Agentes de esa fiscalía anticorrupción habían detenido en septiembre de 2023 a Pinedo Cornejo, bajo acusaciones de uso indebido de funciones y atribuciones (aunque el proceso se había iniciado en 2021 y el imputado gozaba de una suspensión definitiva, que lo obligaba a firmar ante un juzgado periódicamente, lo que incumplió y por ello fue declarado prófugo de la justicia).
En específico se le señalaba de haber cometido actos de corrupción entre los años 2017 y 2018, cuando habría asignado contratos a empresas en las que laboraba su ex pareja sentimental, Abril Susana Pilar R. L.” según informaron Rubén Villalpando y Jesús Estrada, corresponsales de La Jornada en Chihuahua (https://goo.su/67A2djQ). Los contratos implicaron 9 millones 370 mil pesos y fueron involucradas las firmas Xtreme Sports, Upcon y Malcomsat.
El pasado 19 de julio quedó Pinedo Cornejo en libertad condicional. Se apegó a un criterio de oportunidad y podrá ser testigo protegido en el juicio que se libra en aquella entidad contra Corral por enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Todo ello, en el contexto de un duro enfrentamiento que sostiene el gobierno panista de María Eugenia Campos Galván, a quien generalmente llaman Maru, contra quien duró 40 años en el PAN y el año pasado dejó tal partido para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, quedar como senador plurinonominal y pretender convertirse en director de una agencia federal anticorrupción.
El corralismo ha acusado a Maru Campos de haberse beneficiado económica y políticamente (antes de ser gobernadora) de corruptelas a cargo del anterior gobernador priísta César Duarte y, además, de favorecer judicialmente la causa de este personaje tricolor que fue detenido en Estados Unidos y extraditado a México. Ahora, Maru Campos está empeñada en que se juzgue a Corral por presuntos actos de corrupción, en un proceso judicial (con mucha reproducción mediática aceitada) que podría haber frenado la intención de convertirlo en secretario federal de la Función Pública, aunque mantiene la expectativa de dirigir una agencia anticorrupción, como se mencionó líneas atrás. Además, Corral será senador a partir del 1º de septiembre próximo y parecería difícil que el propio partido Morena aprobara retirarle el fuero.
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México, SA
Arranca la refinería Olmeca // Fallido augurio de Calderón // ¿Y el desastre anunciado?
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
¿Qué fue de aquel oscuro presagio (crónica de un desastre anunciado, dijo) que en 2019 aventuró el impresentable cuan retorcido Felipe Calderón sobre el anuncio gubernamental de que se construiría la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco? Fallido, como todos los augurios del bocón comandante Borolas, porque el pasado sábado se inició formalmente la elaboración de gasolinas en aquella planta productiva (la de diésel comenzó en julio pasado), y en su arranque procesa 170 mil barriles por día hasta alcanzar, a partir del día 21 del presente mes, 340 mil cada 24 horas, con lo que, de entrada, se cumple con uno de los objetivos: fortalecer la soberanía energética del país (hay que sumar la adquisición de Deer Park).
En el banderazo de salida, por denominarlo así, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, recordó que una de las negras herencias de los sexenios neoliberales fue el desplome en la elaboración interna de combustibles, dado que privilegiaron su costosa importación y diezmaron las seis refinerías nacionales existentes (Minatitlán, Salina Cruz, Tula, Madero, Cadereyta y Salamanca), cuya producción, hasta 2018, se redujo de un millón 200 mil barriles por día a 511 mil.
Eso es lo que recibió el gobierno actual, que ha incrementado sostenidamente la elaboración de petrolíferos hasta alcanzar (en septiembre de 2024) la refinación de un millón 709 mil barriles diarios, más de tres veces lo heredado. Si lo vemos sólo desde el punto de vista de producción de gasolinas, en diciembre del 2018 se producían 304 mil barriles diarios; a septiembre de 2024, al final de esta administración, vamos a estar produciendo un millón 268, y en el primer trimestre de 2025 casi un millón 300 mil barriles, detalló Octavio Romero.
Algo más: cuando se inició esta administración comprábamos todos los días 927 mil barriles de gasolina, diésel y turbosina. Al terminar este gobierno estaremos en 52 mil y al primer trimestre del próximo año estaremos en 20 mil barriles (de importación); nos vamos a quedar a dos puntos de lograr el 100 por ciento de la autosuficiencia, pero por falta de tiempo, no por falta de ganas.
La Olmeca es la primera refinería que México construye en más de 40 años. El régimen neoliberal aseguraba que no venía al caso hacerlo, porque no es negocio y sería dilapidar recursos públicos, pues, según sus tecnócratas, resultaba mucho mejor importar combustibles. Pues bien, sólo en lo sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto para ello se erogaron más de 250 mil millones de dólares (suficientes para construir 16 refinerías como la de Dos Bocas) y en ese jugoso negocio privado participaron no pocas manos de los amigos del régimen.
Pero, ¿a qué viene al caso el oscuro cuan fallido presagio de Felipe Calderón? No sólo por su mala leche y su permanente campaña contra todo lo que hace el actual gobierno, sino por el enorme plato de lengua que a lo largo de los años se ha comido. Cómo olvidar su compromiso de construir la refinería Bicentenario, que pomposamente anunció el 18 de marzo de 2028, en el aniversario de la expropiación petrolera.
Como no tenía nada que decir y menos presumir, se aventó la puntada de ordenar públicamente dicha construcción, pero en los hechos ni siquiera puso un tornillo, y lo único que hizo fue una costosísima (620 millones de dólares) barda perimetral en los terrenos (pagados por los hidalguenses) en los que supuestamente se edificaría. Y ahí quedó, como prueba fehaciente de su fracaso personal, el de su paso por Los Pinos y como agorero. Todo un pato salvaje: a cada paso, una cagada.
Aquel 18 de marzo de 2018 Calderón anunció: He girado instrucciones a la Secretaría de Energía (a cargo de Georgina Kessel, ahora empleada de Iberdrola; su sucesor fue José Antonio Meade) y al director general de Pemex (Jesús Reyes Heroles González Garza; su remplazo fue Juan José Suárez Coppel, ahora empleado de una trasnacional) para que, sin dilación, inicien los estudios y analicen la factibilidad técnica, financiera y logística que nos permita construir una nueva refinería. Esta es una buena manera de celebrar el 70 aniversario de la expropiación petrolera. A partir de esa fecha anunció la Bicentenario en otras cuatro ocasiones, en cada una de ellas como si se tratara de algo nuevo. Por ello, Borolas debe ofrecer no presagios, sino una explicación a los mexicanos por ser ellos quienes han pagado por todas sus barbaridades.
Las rebanadas del pastel
Buen viaje, querido José Agustín Ortiz Pinchetti. Va un fuerte abrazo de despedida y nuestro cariño para su familia.
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Migración, remesas récord y asignatura pendiente
José Murat | La Jornada
El envío de más de 6 mil millones de dólares de los migrantes a México, una cifra histórica récord, nos patentiza la solidaridad monumental de esos millones de esforzados connacionales, pero también nos recuerda que es mayor aún su contribución a la construcción y el mantenimiento de la economía huésped estadunidense, y que su regularización, por un elemental sentido de justicia y de reciprocidad proporcional, es una enorme asignatura pendiente.
Comencemos por el informe oficial del Banco de México: las remesas que recibieron familias mexicanas en junio de 2024 ascendieron a 6 mil 213 millones de dólares, la cifra más alta para cualquier mes desde que existen registros, es decir, desde 1993, un incremento de 11.3 por ciento a tasa anual.
En el acumulado anual, de enero a junio de 2024, los ingresos por remesas que recibió el país, todas las entidades federativas en distinto grado, se ubicaron en 31 mil 343 millones de dólares, un incremento de 3.7 por ciento en comparación con los 30 mil 238 millones de dólares reportados en el mismo lapso de 2023.
Este crecimiento en las remesas se debe principalmente a un aumento en el número de operaciones, que llegaron a contabilizar 14.8 millones (un alza de 8.1 por ciento), mientras el promedio por envío fue de 419 dólares (un crecimiento de 2.9 por ciento), según un análisis del BBVA Bancomer.
Pero decíamos que la contribución de los trabajadores migrantes a la economía que se beneficia de su fuerza de trabajo, su consumo y su pago de impuestos es inmensamente mayor. Por cada peso que ganan, 18 centavos lo envían los migrantes a sus comunidades de origen y los otros 82 centavos los gastan en las distintas vertientes del mercado estadunidense, lo cual es un importante detonador del dinamismo de la mayor economía del mundo.
Por eso la economía de Estados Unidos ha desafiado, y desmentido, en los dos últimos años todas las previsiones que auguraban una recesión inminente. En lugar de ello, creció de forma inimaginable. El auge de la inmigración fue parte de la receta, según el diagnóstico de una autoridad financiera de primer orden, una fuente más que confiable: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una entrevista para el programa 60 Minutes de la cadena CBS, al cierre del primer trimestre de este año.
En el mismo sentido, para Phillip Swagel, director de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), debido al incremento de la migración el producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos, una medida del tamaño de una economía, ha estado aumentando y mantendrá esa tendencia: crecerá en 7 billones de dólares adicionales durante la próxima década. El PIB ajustado a la inflación aumentará 0.2 puntos porcentuales de media cada año, y el gobierno federal se beneficiará de ese crecimiento, que aumentará la recaudación de impuestos en un billón de dólares, además de los impuestos y derechos recaudados por los estados y los condados. Pese a ello, los ciudadanos no estadunidenses no suelen tener derecho a programas de asistencia social como la Seguridad Social y el seguro de desempleo. Al mismo tiempo, los migrantes legalmente autorizados a trabajar en Estados Unidos contribuyen a estos programas mediante deducciones en sus nóminas.
Un diagnóstico compartido, en lo relativo a la enorme contribución de los migrantes a la economía huésped por la secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, Alicia Barcena, para quien las aportaciones que más de 37 millones de migrantes mexicanos realizan a la economía de Estados Unidos no son reconocidas, aun cuando contribuyen con 324 mil millones de dólares anuales en impuestos a esa nación, una cifra superior al PIB de Colombia, que alcanza 314 mil millones de dólares.
Además de resaltar que los migrantes contribuyen con 324 mil millones de dólares al año al erario de Estados Unidos, Bárcena ha patentizado que cada uno paga, en promedio, 1.38 dólares de impuestos, mientras un ciudadano estadunidense contribuye con 0.69 dólares.
Frente a esta enorme contribución, reconocida y cuantificada, entre otros, por la Reserva Federal y el Congreso de Estados Unidos, así como por el monitoreo de nuestra dependencia encargada de los temas internacionales, una mentalidad racional esperaría que estuviera en proceso algún programa para dar estatus migratorio regular a esos millones de brazos productivos, o cuando menos figurara en la oferta de campaña de los candidatos presidenciales de aquel país.
Pero, hasta el momento, lo que hemos presenciado es un torneo para ver quién erige mayores barreras y quién complica más el ingreso y la estancia de los trabajadores migrantes en suelo estadunidense, sobre todo desde la plataforma discursiva y programática del candidato de la derecha conservadora.
Está por agotarse la administración que planteó regularizar la estancia de 10 millones de personas que ya viven, trabajan, consumen y pagan impuestos en Estados Unidos. Esperemos que esa agenda de justicia, de derechos humanos y de beneficio compartido, se retome y se haga realidad en el futuro inmediato.
