Diez casos de cómo el derecho a saber ha cambiado la vida de las personas
Pilar para el fortalecimiento de las democracias y para consolidar a las instituciones públicas, la transparencia y acceso a la información pública han ayudado a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.
Julieta del Río * | Proceso
La transparencia se ha convertido en un pilar fundamental para el fortalecimiento de las democracias y la consolidación de las instituciones públicas y, en este contexto, la sociedad civil juega un rol crucial en su promoción y consolidación.
En el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se ha procurado que los programas e iniciativas impulsados se enmarquen en los objetivos de la agenda 2030, adoptada en 2015 por la Organización de las Naciones Unidas. Específicamente, en las metas planteadas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad ciudadana como parte de una agenda de desarrollo sostenible.
Aquí tan solo unos casos de miles que expresan la utilidad social del derecho a saber:
La señora Graciela acudió al Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI en búsqueda de apoyo para logra obtener las semanas cotizadas de su esposo fallecido, ya que había acudido a la subdelegación del IMSS y no le dieron respuesta. Con el respaldo del CAS logró obtener su información. Los deudos de trabajadores fallecidos también tienen derecho a obtener una pensión justa.
Una persona tenía siete meses de que su padre había fallecido, se le atendió y gracias a la asesoría pudo consolidar su pensión, la cual es su derecho.
Mujeres indígenas de la zona de San Bartolo Tutotepec, en Hidalgo, dejaron de ser objeto de engaños a través de falsos programas sociales públicos, los cuales eran destinados a amigos de quienes gestionaban los recursos.
Hace tiempo conocí a una mujer que, a partir de una solicitud de acceso a la información, quiso conocer qué escuelas de la Ciudad de México presentaban quejas y denuncias por posibles eventos de abuso sexual. A partir de ahí, decidió en qué escuela ingresaría su hija.
En Michoacán, mediante el ejercicio del derecho a la información, una mujer que llevaba nueve años privada de la libertad obtuvo su expediente y pudo recibir defensa legal a través de un abogado de oficio.
Una madre de familia utilizó el derecho a saber para informarse sobre cuánto ganaba un servidor público, padre de su hijo. Así, finalmente pudo recibir un ingreso acorde a la ley.
En 2016 una embarazada y su bebé fallecieron en el IMSS por supuestas negligencias médicas en el parto. Ante este acontecimiento, la madre de la mujer fallecida demandó al IMSS. Después de varios años y gracias al derecho de acceso a la información, ella pudo obtener el expediente de responsabilidad patrimonial para exigir justicia e indemnización por lo sucedido.
El señor Pedro pudo obtener información sobre la existencia de fondos destinados a las jubilaciones de extrabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México que no estaban siendo utilizados de manera apropiada por el personal del propio sindicato. De esta forma, ha podido realizar procedimientos legales y administrativos para regular su situación y la de sus compañeros de trabajo.
Al hacer el cálculo, el IMSS no había tomado en cuenta un número importante de semanas cotizadas en las primeras empresas donde la señora Valia comenzó su trayectoria profesional. Gracias al derecho al saber y al apoyo del INAI, Valia pudo hacer la aclaración correspondiente ante el IMSS y percibir una cantidad mayor —y justa— en su pensión mensual.
A través de una solicitud de acceso a datos personales, una persona pidió conocer quién autorizó el pasaporte de su hija menor de edad, ya que señaló no estar enterado de que le fue autorizado este documento. Ante tal situación, el Pleno del INAI instruimos a que se le informará cuál fue el proceso que se siguió y que tuviera certeza de cómo se autorizó dicho pasaporte.
Estos testimonios son tan solo diez de miles de casos en los que el derecho a saber ha cambiado la vida de las personas.
Por ello, necesitamos un Instituto autónomo que siga siendo de gran utilidad social para las y los mexicanos, pensemos en ellos antes de generar situaciones de otra índole y sin razón de ser.
Lo aquí descrito tiene su sustento y testimonio. Cualquier duda, pueden acudir al CAS del INAI; 800 835 43 24; WhatsApp: 55 5004 2330. Ayúdanos a ayudar.
*Comisionada del INAI.
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Retos en salud pública
A partir de la pandemia por Covid-19 la depresión aumentó 25 por ciento, según informes de la Organización Mundial de la Salud. El problema se incrementa con el aumento en la población de adultos mayores en México.
Martín Espinosa | Excelsior
Además del cada vez mayor problema que representan enfermedades endémicas, como la obesidad y la diabetes, con todas las consecuencias que producen entre la población mexicana, surgen cada vez con mayor incidencia, tras la pandemia de Covid-19 hace cuatro años, los desórdenes mentales en el país que hoy, según cifras oficiales, se presentan en tres de cada 10 personas (30 por ciento de la población la padece).
Uno de los muchos factores que incide en dichas enfermedades, dicen los expertos, es la presencia, cada vez en mayor medida, del Alzheimer, cuyas consecuencias se ven reflejadas en el deterioro cognitivo y la demencia, lo que requiere una fuerte inversión de recursos para su tratamiento y cuidados paliativos, por tratarse de una enfermedad progresiva que incide en la memoria y en otras importantes funciones mentales. Este padecimiento afecta actualmente a un millón 300 mil mexicanos.
El nuevo gobierno que encabezará a partir de octubre Claudia Sheinbaum está consciente de la necesidad de incrementar el presupuesto en materia de salud, para ello, es necesario ir de la mano con los proyectos de la iniciativa privada para poder hacer frente a uno de los mayores retos en materia de salud que enfrenta México.
Ese es, precisamente, el trabajo que desarrolla en nuestro país Exeltis México, a través de estudios médicos que abordan y le dan perspectiva al mejoramiento de la salud mental mediante proyectos de innovación en la materia y del llamado Movimiento de acción por la salud mental, con la finalidad de que se conozcan los beneficios de la llamada neuronutrición, con medicamentos especializados con fórmulas innovadoras (nutracéuticos).
Al dar a conocer el surgimiento de su división NeuroExeltis, el doctor Alfonso Moguel, director médico del corporativo, anunció la constitución en México de lo que será un nuevo referente en el tratamiento de la salud mental, tomando como base su experiencia en el campo de la salud femenina. A partir de la pandemia por Covid-19 la depresión aumentó 25 por ciento, según informes de la OMS, destaca la doctora Dinorah Fonseca, gerente médico de Sistema Nervioso Central de Exeltis. El problema se incrementa con el aumento en la población de adultos mayores en México (12 millones 85 mil 796 personas). Se trata (la demencia) de la tercera causa de muerte en los países del continente americano. Hoy, los expertos advierten que no tarda en convertirse en la nueva pandemia.
RELEVO EN LA COPARMEX-CDMX
Tras una exitosa gestión, concluyó el periodo en el que estuvo al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana-Ciudad de México Armando Zúñiga Salinas. La nueva presidencia del organismo patronal en la capital está encabezada por Adalberto Ortiz Ávalos, quien enfrentará varios retos como infraestructura, movilidad, vivienda y seguridad, con el cambio de gobierno que ocurrirá el próximo 5 de octubre. El presidente saliente del organismo empresarial hizo hincapié en que los próximos objetivos deberán centrarse en hacer de la Ciudad de México una urbe más segura, justa, próspera y más humana. Las metas, de la mano del gobierno capitalino, son: crear más de 100 mil empleos formales; evitar que el repunte de los delitos se convierta en tendencia, así como mejorar las estrategias para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas para lograr una mayor productividad. Finalmente, destacó Armando Zúñiga, hay que hacer realidad un “bloque regional” con los estados del centro del país para aprovechar el nearshoring.
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De naturaleza política
“Prisas legislativas” para ahorrar…
Enrique Aranda | Excelsior
Y del fraude de Maduro, mejor ni hablar…
Conscientes de la “discreta decisión” del gobierno entrante de posponer la discusión de una parte al menos de las iniciativas de reforma constitucional de Andrés Manuel López Obrador a octubre próximo, no faltó quien entre los integrantes de la LXV Legislatura pusiera en duda el llamado de Palacio a acelerar el dictamen de aquéllas, con miras a garantizar su aprobación antes incluso que Claudia Sheinbaum se haga con el poder y el tabasqueño deba emigrar a su emblemático retiro chiapaneco.
En los últimos días en efecto, el siempre dócil titular de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara, Juan Ramiro Robledo, confirmó las versiones sobre el citado “adelanto” y fijó un calendario en que, antes que la iniciativa orientada a “someter” el Judicial al Poder Ejecutivo, incluso, se prevé dictaminar reformas al Infonavit, la incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa y a desaparecer media docena de los órganos autónomos: el Instituto Nacional de Acceso a la Información (Inai) que preside Adrián Alcalá, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de Javier Juárez y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otras…
A la vista lo anterior, entonces, no faltó quien se preguntara la razón “de las prisas, supuestamente ya superadas” para, más pronto que tarde, ser informado que ello se debe a la urgente necesidad existente de ahorrar, “de evitar gastos innecesarios que pongan en riesgo el arranque y operación de la nueva administración…” como, presumiblemente, habría advertido a la virtual sucesora del inquilino de Palacio y a él mismo el neomoreno Rogelio Ramírez de la O, el ratificado titular de Hacienda, que ahora mismo trabaja en la elaboración de la propuesta de Presupuesto de Egresos 2025.
Consideraciones de otra índole al margen, lo cierto es que lo anterior no hace más que confirmar las reiteradas versiones según las cuales las finanzas del país no son ahora ni habrán de ser las mejores cuando, al término de septiembre, López Obrador deba entregar las riendas del poder a su virtual sucesora quien, en consecuencia, deberá iniciar su gestión con carencias y la exigencia de cumplir compromisos heredados igual en materia de gasto operativo, pago de adeudos y, entre otros, la atención de los abultados déficits de las empresas estatales, como aquí hemos apuntado…
ASTERISCOS
* Ahora sí que perdón, pero de nada sirvió a Catalina Caty Monreal que, merced a la intercesión de su padre, el cuestionado coordinador de la fracción senatorial morenista, Ricardo Monreal, el Instituto Electoral capitalino ordenara un recuento “parcial” de los votos emitidos en Cuauhtémoc porque, cumplido su “caprichito”, la conclusión fue que la opositora Alessandra Rojo de la Vega resultó ¡otra vez! la ganadora. Ups…
* De llamar la atención que mientras al cierre del primer trimestre México reportó un alza de su PIB de 0.28%, una decena de entidades hayan rebasado sobradamente estos niveles, y a tasa anual, por ejemplo en Quintana Roo, donde se observa un alza importante en sectores secundarios –construcción y electricidad– durante el periodo enero-marzo, que se ubica en 20.1%. Bien…
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Astillero
Ir al cuartel de Iguala, ¿simulación, efectismo? // Instrucción del Presidente // SG: maniobras divisorias // Habilitar padres para avalar
Julio Hernández López | La Jornada
Es de desearse que haya resultados positivos de la visita realizada ayer por una comitiva gubernamental federal y una mínima representación espuria de familiares de los 43 al cuartel del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
De no haber tales resultados provechosos y genuinos para la causa de verdad y justicia en el caso de los normalistas desaparecidos en tal ciudad de Guerrero, se estaría en presencia de una simulación buscadora de efectismos, de una continuidad del encargo infame de división y dolo que ha ido desarrollando el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, como parte de la desarticulación gubernamental de las instancias, institucionales y ciudadanas, de indagación legítima de lo sucedido con los jóvenes de Ayotzinapa.
La singular visita fue anunciada a las 8:54 de la mañana del martes por el propio subsecretario Medina en su cuenta de X: “Estamos de camino al municipio de Iguala, Guerrero; tenemos programada una importante jornada de búsqueda instruida por el Presidente de México @lopezobrador. Participarán, @FGRMexico, @SEGOB_mx, @Busqueda_MX,, @SEDENAmx.. También invitamos a las madres y padres de los jóvenes desaparecidos y sus representantes, así como a la @CNDH”.
De entrada, llama la atención la caracterización de dicha jornada de búsqueda: el subsecretario la califica de importante y destaca que fue instruida por el Presidente de México. Es decir, necesariamente fue un hecho excepcional, al que incluso se convocó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tan cercana al poder ahora como antes lo fue con otras administraciones gubernamentales.
Pero el tufo a engaño o manipulación es perceptible en el punto relacionado con la invitación a las madres, padres de los jóvenes desaparecidos y sus representantes. En realidad, el subsecretario Medina, ejecutor de instrucciones superiores, se acogió en primera instancia a la misma fórmula ruin ya antes utilizada: simular que dos padres de familia representan al grueso de ellos y que, con esa representación espuria, se pueden validar maniobras gubernamentales que abonen la idea, falsa, de que se avanza en la búsqueda de verdad y justicia.
Los dos personajes habilitados por Gobernación como avales han sido denunciados por el grueso de los familiares de los 43, por considerarlos materia de manipulación y división desde el gobierno federal y aliados de factores criminales guerrerenses, como el ex presidente municipal de Iguala. En el ámbito de Gobernación se ha ido explorando la posibilidad de que con las firmas de estos dos representantes de padres de familia (uno de ellos ha sido señalado de no serlo) se pueda dar por legitimado el cierre del expediente obradorista que será endosado al claudista venidero.
Por lo pronto, tal como se preveía, la importante jornada de búsqueda, instruida por el presidente López Obrador, desembarcó en las instalaciones militares de Iguala, con el propósito de demostrar que sí se está indagando a fondo la participación militar en la tragedia de hace casi 10 años. Felipe de la Cruz, uno de los dos convocados a la visita de ayer, aseguró que hoy le tocó a unos padres y mañana a otros, y mencionó que lo sucedido es parte de la voluntad y del compromiso del Presidente (Andrés Manuel López Obrador). Y que, ante las acusaciones de que se protege al Ejército y se ocultan pruebas, hoy (AMLO) dijo: bueno para que se disipen dudas, que se busque dentro del cuartel.
Habrá de verse si los padres de familia no manipulados participan en una segunda o tercera tanda (la búsqueda será por tres días, señaló De la Cruz). Aún así, es evidente que el fondo del asunto no se queda en lo inmobiliario, mucho menos a casi 10 años de distancia, sino en el esclarecimiento puntual de los hechos y la asignación de responsabilidades penales, incluyendo especialmente a los militares, inequívocamente involucrados. Pero, como se apuntó al inicio de esta columna: es de desearse que haya resultados positivos en esta autorizada incursión a un cuartel militar.
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México SA
Mañanera financiera // Ingreso, gasto, deuda // Crece captación fiscal
Carlos Fernández-Vega | La Jornada
A la de ayer, bien podría calificarse de mañanera financiera, pues a ese tema se dedicó, en su parte central y de forma detallada, a una suerte de corte de caja sexenal, a punto de concluir el gobierno del presidente López Obrador, y en ella participó el equipo pesado de la Secretaría de Hacienda: Rogelio Ramírez de la O, Gabriel Yorio, Juan Pablo de Botton Falcón y Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Ramírez de la O subrayó que la dependencia a su cargo ha promovido y forma parte de cuatro pilares, el primero de ellos el apoyo a los ingresos familiares, enfocado a los hogares más vulnerables, con medidas que ya son políticas de Estado. Por ejemplo, el aumento al salario mínimo (114 por ciento de aumento real); el refuerzo de los programas sociales (deciles uno a tres) y pensión a los adultos mayores. Este modelo de equilibrio es totalmente mexicano, de esta administración; no sigue ninguna regla ni receta internacionales; es totalmente hechura de este gobierno.
El segundo, desarrollo regional, porque se requiere impulsar no solo la demanda, sino el fortalecimiento de las nuevas regiones incorporadas a la actividad productiva que antes no lo estaban. Es una adición a la capacidad física de producción que tiene la economía; han recibido una inversión de 5 billones de pesos en esta administración e incluye una serie de obras.
El tercero, reforzamiento de la oferta. Impulsamos la demanda, pero también queremos la oferta, que se impulsa a través de dar certidumbre a quienes toman decisiones económicas, y se da con las herramientas que tiene la administración: el T-MEC, suficientes ingresos tributarios, simplificación fiscal y también cuando hay que intervenir en los precios de la gasolina cuando sobrepasan el nivel que debe mantenerse. Y el cuarto, equilibrio de las finanzas públicas, una tarea diaria de gestión, de ingreso-gasto.
Yorio González habló de la situación de la deuda pública, y señaló que por instrucciones del presidente López Obrador hemos tomado acciones para mantenerla en una senda estable, sostenible y sobre todo responsables en su manejo; hoy contamos con un manejo robusto de la deuda, que depende menos del exterior, y cuenta con un portafolio diversificado en los mercados nacionales e internacionales, y con mejores condiciones de financiamiento; México es uno de los países que mantuvo la deuda por debajo de 50 por ciento del PIB (48.6 por ciento, para ser exactos, menor a la autorizada por el Congreso).
Por el lado de los egresos, De Botton Falcón informó que en el presente sexenio se reconfiguró el gasto público para direccionar más recursos a la inversión física y social, y a favor de los más vulnerables, asegurando el derecho humano a educación, salud, seguridad y bienestar social. También se focalizó la inversión hacia regiones menos favorecidas del país: 2.9 billones de pesos se han otorgado en programas sociales prioritarios de atención directa a la población, y 5 billones en proyectos de inversión prioritarios, y ello ha sido posible gracias a una política de austeridad en el gasto, el combate a la corrupción y la eliminación del gasto suntuario o innecesario.
Las medidas de austeridad (reducción del gasto de operación del gobierno federal, viáticos, comunicación social y publicidad, arrendamientos y otros) posibilitó reducir el gasto público en 26 por ciento en términos reales. Además, se bajaron sueldos de altos funcionarios, se eliminaron puestos con duplicidad de funciones, se ajustó la estructura del gobierno al mínimo indispensable y desaparecieron seguros privados y otras prestaciones onerosas. En cambio, los recursos dirigidos a los programas prioritarios sociales se incrementaron 131 por ciento.
El broche de oro en la mañanera financiera lo puso el titular del SAT: de 2019 a junio de 2024, se han recaudado casi 21 billones de pesos, 13.1 por ciento más en términos reales en comparación con la administración anterior, como resultado del combate a la corrupción, la austeridad republicana y, sobre todo, la eliminación de la condonación de impuestos, que ya no existe; no hay privilegios; ahora todos contribuimos. Como ejemplo, la recaudación de grandes contribuyentes pasó de 500 mil millones de pesos a un billón 300 mil millones.
Entonces, buen corte de caja.
Las rebanadas del pastel
Anuncia Nicolás Maduro que entregará 100 por ciento de las actas electorales. Bien, pero tardó y dejó crecer la bola organizada por la derecha. Ya con papeles en la mano, ¿la botarga gringa aceptará el resultado oficial?
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La victoria de Maduro y el golpismo latente
Carlos Fazio | La Jornada
Caracas. Lo volvió a hacer. El chavismo bravío lo volvió a hacer. En medio de una campaña mediática de intoxicación (des)informativa y una guerra comunicacional de última generación en la que participó el propio Elon Musk −el megamillonario sudafricano residente en Estados Unidos y propietario de X, antes Twitter− como padrino de la extrema derecha venezolana, las bases bolivarianas volvieron a ganar otra batalla, esta vez en las urnas: los votos le ganaron a los bots y a Musk.
Pero la guerra sigue. En su fase actual, se trata de una guerra híbrida que utilizó las elecciones presidenciales del 28 de julio como instrumento para impulsar un golpe de Estado oligárquico, contrarrevolucionario y de características fascistas, tutelado por Washington a través del Departamento de Estado; la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur del Pentágono, y la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque algo limitada ésta porque tiene que operar desde la embajada de EU en Colombia, con la colaboración del lobby cubano-estadunidense de Miami, Florida, con Marco Rubio y el senador Bob Menéndez (declarado culpable de 16 cargos penales debido a un caso clásico de corrupción a gran escala según dictaminó la corte federal) a la cabeza.
Una conspiración que contó, además, con la complicidad de la ultraderecha cartelizada de Europa y América Latina, y de los presidentes de Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que intentan reditar al fenecido Grupo de Lima como instrumento de la política de cambio de régimen made in USA.
El objetivo: imponer un régimen paralelo con Edmundo González Urrutia, testaferro de María Corina Machado, como mascarón de proa; una suerte de Juan Guaidó 2.0, en referencia al autoproclamado presidente encargado sin elecciones de por medio, un fantoche producto de laboratorio de las fábricas de élite y de las políticas desestabilizadoras de Washington, implantado a golpes de Twitter por el ex presidente de EU Donald Trump, y los guerreristas y supremacistas del gobierno en las sombras ( Deep State) que le rodeaban en la Casa Blanca: John Bolton, Mike Pompeo y Elliot Abrams, criminal de guerra convicto del caso Irán- Contras.
Así, podría decirse que si la fracasada asonada cívico-militar del 11 de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez constituyó el primer golpe mediático del siglo XXI (a partir del papel clave jugado por los tres principales conglomerados privados locales: Venevisión, del magnate Gustavo Cisneros; Globovisión, bajo la batuta de Alberto Federico Ravell, y Radio Caracas Televisión [RCTV]), la actual intentona en curso constituiría un golpe digital en redes al estilo Maidan en Ucrania, en 2014, pero actualizado con tecnologías sofisticadas.
En realidad, se trata de un golpe de Estado continuado que sigue el esquema de las revoluciones de colores (golpe suave) de Gene Sharp, que desde junio pasado comenzó a manufacturar en las llamadas redes sociales y los medios oligopólicos privados una metarealidad mediante la difusión de noticias falsas ( fake news) y distorsionadas matrices de opinión, que adaptando la técnica militar del enjambre a las plataformas comunicacionales, posicionaron al candidato de la ultraderecha, Edmundo González, más de 30 puntos arriba del aspirante del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, en busca de su relección.
Una guerra comunicacional asimétrica estratégica, que sigue los parámetros de la Doctrina Conjunta de Operaciones de Información del Pentágono, que combina el empleo integral de la guerra electrónica, las operaciones sicológicas ( Psyop), las operaciones en las redes de computadoras y celulares (guerra cibernética) y la decepción militar, como herramientas de manipulación y de fabricación de una determinada percepción de la población nativa y las audiencias del exterior, a lo que se sumaron desde junio pasado sabotajes contra el sistema eléctrico e infraestructura crítica, intentos de magnicidio contra el presidente Maduro y un blackout informativo sobre sus actividades de campaña.
Apagón informativo protagonizado, también, por las agencias noticiosas internacionales y los consorcios mediáticos hegemónicos occidentales (como Bloomberg, CNN, Reuters, Efe, Afp, The New York Times , France 24, Euro News, los diarios El País , ABC y El Mundo de Madrid y El Universal y El Nacional de Caracas), que a partir de invisibilizar y prácticamente cancelar al candidato del Gran Polo Patriótico, fueron configurando un universo paralelo al margen de la realidad. Para ello, ocultaron y/o desestimaron otros sondeos demoscópicos como los de Hinterlaces, ICS, Dataviva e Ideadatos, que ubicaban a Maduro como eventual triunfador de los comicios.
Según alertó un par de días antes de la jornada electoral el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el plan consistía en cantar fraude en la tarde del día de los comicios desde un centro paralelo ubicado fuera del territorio venezolano, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único árbitro de los procesos comiciales. Desde ese lugar ubicado en Miami, los conspiradores golpistas se conectarían a lo que la oposición dirigida por la golpista María Corina Machado llamó la transmisión oficial.
Casi hacia la primera media hora del 29 de julio, que el CNE emitió su primer veredicto, al declarar que con 80 por ciento de los votos escrutados Maduro era el vencedor con 51.20 por ciento de los sufragios, siete puntos arriba del opositor Edmundo González.
Por la noche del martes 30, la unión cívico-militar-policial había recuperado las calles y el país estaba en aparente calma. Las autoridades anunciaron la detención de 730 guarimberos (entre ellos 10 líderes), acusados de terrorismo. En el saldo reportado de los disturbios callejeros figuraban un oficial muerto por disparo y 23 militares heridos. Muchos de los detenidos eran venezolanos repatriados que tenían preparación militar; 90 por ciento estaban drogados y 80 por ciento tenía antecedentes penales.
Un día antes, en una drástica e inesperada decisión, Nicolás Maduro anunció el rompimiento de relaciones con Argentina, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Uruguay. El mensaje fue obvio: Venezuela va a negociar directamente con Estados Unidos, no con gobiernos peleles.
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