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¿Podrá hacerlo Claudia?

Sin lugar a dudas, entenderse con Estados Unidos es uno de los retos principales de la presidenta electa, pero lograrlo no será fácil. La relación atraviesa momentos muy complejos.

Olga Pellicer | Proceso

Pocas veces el resultado de una elección presidencial, como la que tuvo lugar el 2 de junio en México, había dado lugar a tantas reflexiones sobre la naturaleza del régimen político que dominará en el país a partir de la toma de posesión de la nueva presidenta el 1 de octubre. Brevemente resumidas, las especulaciones oscilan entre la continuidad de un régimen altamente ideologizado, con un partido hegemónico bajo el mando de la Presidencia, o un régimen pragmático dispuesto a defender intereses nacionales en el marco de una economía mixta fuertemente vinculada a Estados Unidos. 

El triunfo de la candidata oficial era previsible, no en balde el presidente López Obrador invirtió tantos recursos mediáticos y financieros en promoverla a través de todo el país. Lo que no era previsible era que la magnitud del triunfo obtenido profundizaría temores entre los círculos financieros, preocupados por la adopción de medidas contrarias a la certidumbre jurídica necesaria para querer invertir en México.

El lunes 3 la Bolsa Mexicana de Valores perdió seis puntos y el peso se devaluó 4%. Se trató de contener el daño anunciando de inmediato la permanencia indefinida del secretario de Hacienda y Crédito Público y el respeto absoluto a la independencia del Banco de México.

El hecho es que la mayoría calificada obtenida en la Cámara de Diputados y prácticamente asegurada en la de Senadores abrió la puerta para que se hagan realidad las reformas constitucionales que López Obrador anunció desde el 5 de febrero y había prometido llevar a cabo en el mes de septiembre, apenas tome posesión la nueva legislatura y antes de que traspase el mando a la nueva presidenta el 1 de octubre. Tal posibilidad comienza a diluirse, al menos temporalmente, después de un encuentro entre López Obrador y la presidenta electa que, después de tal encuentro, se refirió a un proceso de consultas y Parlamento Abierto que podrían prolongarse más allá del temido mes de septiembre.

Después del beneplácito por la llegada al poder de una mujer por primera vez en México, la opinión pública internacional se ha desviado hacia las vicisitudes que tendrán lugar si las mencionadas reformas, en particular la relativa a la reforma del Poder Judicial, efectivamente ocurren. El momento es particularmente delicado por el interés en la relocalización de empresas, el famoso nearshoring, visto por muchos como oportunidad única para el crecimiento y modernización de la economía mexicana.

Entrevistas y declaraciones a medios de comunicación han puesto en evidencia la dedicación de colaboradores cercanos a Claudia Sheinbaum para elaborar propuestas destinadas a asegurar la llegada de dichas inversiones en condiciones que puedan combinar sus intereses económicos con la “prosperidad compartida”, término que se encuentra en el centro de la narrativa de la Cuarta Transformación.

La política exterior no tuvo un lugar sobresaliente durante la campaña electoral. El tema de política exterior y migración se abordó superficialmente en el último debate. Varios recordamos con pena ajena que a la pregunta de “¿qué hacer con el Instituto Nacional de Migración?” los tres candidatos se quedaron callados.

A pesar del evidente desinterés, el hecho es que la política exterior en el caso de México es fundamental para el futuro del país. Difícil o imposible entender a México sin tomar en cuenta su ubicación geopolítica y la profunda vinculación que lo liga con su vecino de norte. El 88% del PIB se deriva del comercio exterior, exportaciones e importaciones, que van o vienen, en su mayoría, de Estados Unidos. La actividad industrial, por ejemplo, en el sector de la industria automotriz, tiene lugar conjuntamente con su contraparte en Estados Unidos. La coordinación entre ambos es fundamental para llegar al producto final que se vende, principalmente, en el país del norte.

El comercio y la industria manufacturera es sólo una parte. Las remesas de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos representan 4.67% del PIB, la inversión extranjera directa es el 15% de la inversión privada.

A lo anterior cabe añadir los 38 millones de mexicanos y sus descendientes directos que viven en Estados Unidos, la diáspora más grande en el mundo en un país vecino. Su presencia es muy significativa por la influencia cultural, la importancia del español, costumbres y gastronomía que penetran cada vez más en la vida cotidiana de los estadunidenses.

Sin lugar a dudas, entenderse con Estados Unidos es uno de los retos principales de la presidenta electa, pero lograrlo no será fácil. La relación atraviesa momentos muy complejos, desavenencias difíciles de sortear que se amplifican cuando ocurren en momentos electorales. Dos de ellas ilustran la complejidad de la tarea: migración y seguridad.

Dos días después de haber felicitado a Claudia Sheinbaum por su triunfo, el presidente Joe Biden emitió un decreto ejecutivo que suspende el derecho de asilo siempre que el número de migrantes supere 2 mil 500 por día. Dado que dicho número ha sido superado casi cotidianamente en los últimos tiempos, el decreto afecta severamente el derecho de asilo o el otorgamiento de permisos de trabajo. Representa un giro histórico del Partido Demócrata que acerca a las políticas de Trump y deja muy atrás sus pronunciamientos iniciales, según los cuales Estados Unidos era un país de migrantes.

La decisión anterior provoca una crisis humanitaria de grandes dimensiones para quienes quedan atrapados en México, en albergues saturados, asediados por el crimen organizado, en centros urbanos que resienten la presencia de migrantes que posiblemente les quitan empleo y servicios sociales, atrapados en un sistema de transporte operado por el gobierno mexicano que los lleva, sin su consentimiento, de la frontera norte hasta el extremo sur de México, a Tabasco, donde se ha improvisado un gigantesco albergue.

Más serio aún es el tema de la seguridad que, al igual que gobiernos anteriores, el gobierno de López Obrador no ha logrado aliviar y aún menos resolver. Desde la perspectiva de la relación con Estados Unidos el tema es muy espinoso por los señalamientos de las agencias de seguridad, como la CIA y el FBI, en el sentido de que México no coopera lo suficiente para combatir la fabricación en México y el envío a Estados Unidos de fentanilo, la mortífera droga que cobra la vida de cientos de jóvenes estadounidenses todos los días. 

Entenderse con Estados Unidos es una tarea muy cuesta arriba que requiere bordar muy fino para encontrar el justo medio entre los sentimientos anti-Estados Unidos, fáciles de levantar en México, y la realidad que nos conduce inexorablemente hacia una América de Norte cada vez más integrada. Evitar la relación subordinada no se logra con narrativas ideologizadas defensoras de la soberanía. Se logra con planes estratégicos de convivencia, elaborados con extremo rigor, que den espacios a la cooperación y el distanciamiento cuando éste sea necesario para proteger, efectivamente, la soberanía nacional. ¿Podrá hacerlo Claudia?

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Reforma judicial, suspensión de leyes con efectos generales

Considero que el Congreso de la Unión debería mantener la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la suspensión de leyes con efectos generales.

Ernesto Villanueva | Proceso

El viernes pasado 14 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, que elimina la atribución de l@s juzgador@s federales para otorgar suspensiones con efectos generales en los juicios de amparo contra leyes o normas generales. Esta figura, la suspensión, también se encuentra en la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador para las acciones de inconstitucionalidad y controversias de constitucionalidad.

¿Qué significa lo anterior? y ¿por qué es importante para la sociedad? ¿La reforma a los artículos 129 y 148 de Ley de Amparo es constitucional o no? ¿Es conveniente la iniciativa para suprimir esa misma facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales? Veamos:

Primero, el amparo es un recurso que tienen las personas, físicas o morales, para reivindicar ante el Poder Judicial de la Federación actos que consideran que vulneran los derechos fundamentales que le reconoce la Constitución o los tratados internacionales. Es común que al interponer una demanda de amparo se solicite la suspensión del acto reclamado; es decir una medida cautelar para que al ciudadano (quejoso) no se le generen efectos negativos mientras se resuelve si dicho acto reclamado es constitucional o no.

Los ejemplos más comunes son cuando se solicita la suspensión de una orden de aprehensión, de una orden de desalojo de un inquilino o de un acto administrativo por el cual se impone una sanción económica significativa, todo lo anterior de manera transitoria hasta que se resuelva el fondo en la sentencia de amparo. En estos casos, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo no impactan en el núcleo tradicional del amparo nacido bajo el principio de relatividad, según el cual sus efectos sólo surten para quienes han interpuesto esta demanda.

El problema se complica cuando se trata de los denominados derechos difusos o colectivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el derecho a la salud, a la educación, a un ambiente sano y los derechos económicos, entre otros, en el cual el destinario no es solamente una persona sino un grupo o una colectividad.

Recuérdese, por ejemplo, los amparos para recibir la vacuna contra el covid-19. Existe, empero, otra porción de derechos difusos que encuentran en la suspensión de leyes con efectos generales, una medida de protección provisional.

Si bien es verdad que la suspensión de leyes con efectos generales es la excepción en el juicio de amparo, también lo es que esa potestad para que los juzgadores federales puedan proteger los citados derechos difusos cuando sea estrictamente necesaria se antoja racional. Cuando se invoca, por ejemplo, el interés legítimo (que no es ni el interés jurídico tradicional del amparo ni el mero interés simple) previsto en la Ley de Amparo va a ser difícil tutelarlo si, como ha pasado, ya el juzgador carece de atribuciones para decretar una suspensión o pausa de leyes con efectos generales.

Segundo, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo que expulsa del sistema jurídica la figura de la suspensión de leyes con efectos generales es, a mi juicio, contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos porque, de entrada, no se compadece con lo previsto por el artículo 1º de la Constitución, que a la letra dice:

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece –cursivas mías–.

El artículo 1º de la Constitución ha creado un vasto manto de tutela de los derechos humanos y los protege mediante el principio pro-persona, que dispone que al interpretar normas relativas a derechos humanos debe preferirse la interpretación que más beneficie a la persona y la interpretación conforme, según la cual la interpretación que debe preferirse es aquella que se ajuste a la Constitución y los tratados internacionales. (Un texto serio e ilustrativo sobre el principio pro-persona y la interpretación conforme es el del jurista José Luis Caballero Ochoa.

Hay elementos para considerar que con la reforma a la ley de amparo se lastiman diversos derechos difusos, como el acceso a la salud, al medio ambiente sano o los derechos de los consumidores, previstos explícita e implícitamente en el articulado del texto constitucional (artículos 4, 6, 25, 26, 28, entre otros).

El principio de relatividad del amparo conocido en México como la Fórmula Otero es de naturaleza individual y proviene del liberalismo del siglo XIX. Con la Constitución de 1917 se introducen, por vez primera en el mundo, los derechos sociales a la educación, a la propiedad y al trabajo y ha habido por fortuna un proceso evolutivo de la protección de derechos individuales, sociales y colectivos de esa fecha hasta ahora, que tiene su más amplia expresión en la reforma constitucional del 2011 y, por esa evolución, actualmente el principio de relatividad ha ido adquiriendo matices ante la emergencia de nuevos tipos de derechos fundamentales.

Tercero, la iniciativa de reforma constitucional del presidente López Obrador incluye una adición al artículo 107, fracción II de la Constitución, que señala: “Tratándose de juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias que se dicten fijarán efectos generales”. Y para que no quede duda, un enunciado normativo muy similar se incluye también en la fracción X del citado precepto constitucional. La acción inconstitucionalidad es un recurso mediante el cual se busca impugnar la invalidez de normas generales que se consideran contrarias a la Constitución y la pueden ejercer sólo un número limitado y por determinadas materias de autoridades previstas en el artículo 105, fracción II de la Constitución.

Y las controversias constitucionales son recursos a través de los cuales se impugnan normas generales que consideran inconstitucionales porque invaden la esfera competencial de un órgano o poder, de acuerdo con el artículo 105, fracción I constitucional.

La suspensión temporal de leyes con efectos generales en la experiencia comparada es una atribución de la Suprema Corte de Justicia o del Tribunal Constitucional en distintos países del mundo tenidos como modelos de desarrollo democrático y constitucional. Por supuesto, que debe quedar claro que la suspensión de leyes presuntamente inconstitucionales es la excepción, no la regla, al igual que en el amparo.

En Alemania, por ejemplo, aunque el Tribunal Constitucional tiene atribuciones para suspender transitoriamente una ley, ello sucede siempre y cuando: a) Haya una alta probabilidad de que sea inconstitucional; b) Haya un daño irreparable si se mantiene la ley en sus términos y c) Hay un interés público que pondere que la suspensión tiene mayor relevancia que los efectos negativos de suspenderla.

El caso de Alemania es interesante porque antes de suspender una ley, el Tribunal Constitucional considera si puede hacer una interpretación conforme a la Constitución y los tratados de esa normativa, lo que reclama un gran esfuerzo intelectual de quienes integran ese tribunal.

Considero que el Congreso de la Unión debería mantener la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la suspensión de leyes con efectos generales, estableciendo criterios claros y específicos para su debida aplicación en tanto medida cautelar de excepción.

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De naturaleza política

Avalar el plan C vía un nuevo “montaje”, otro…

Enrique Aranda | Excelsior

El PRD que construimos ya no existe. ¿Vienen más?…

Ahora sí que para evitar incurrir en equívocos o ser objeto de manipulación, aceptemos que tanto la supuesta encuesta que este fin de semana es levantada por el partido del gobierno (Morena) y sus impresentables parásitos aliados del Verde (PVEM) y del Trabajo (PT), como la anunciada consulta-diálogo con la oposición y representantes de la sociedad organizada del denominado plan C de Andrés Manuel López Obrador, que se busca aprobar en septiembre, no es más que una farsa cuyo único y exclusivo propósito es someter al Poder Judicial a los deseos y caprichos del Ejecutivo y, de paso, a la electa exregenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esforzarnos por aceptar y querer imponer a la ciudadanía la insostenible idea de que ambos ejercicios son parte de un esfuerzo por “democratizar” la adopción de decisiones políticas de trascendencia para el país no es más que un montaje, otro más, cuyos alcances y protagonistas fueron definidos hace ya un buen número de meses por el inquilino de Palacio y que hoy mismo, en el (supuesto) ocaso de su mandato sexenal son presentados a la militancia de la 4T, del oficialismo lopezobradorista como parte de la “herencia que en reconocimiento a su esfuerzo”, dicen, él mismo decidió le fuera otorgado…

La propuesta de reforma del Poder Judicial en sí misma, igual que el proceso para su aprobación en la Cámara de Diputados o el Senado días apenas antes que la electa sucesora de su promotor, entonces no es más que el inicio del regresivo proceso orientado a dejar atrás avances en la optimización de la incipiente democracia nacional, para reinstalar un régimen de carácter autocrático, casi dictatorial, muy similar al que los mexicanos en general debimos aceptar durante al menos las siete décadas de hegemonía del “viejo PRI”.

Nadie mejor que los propios morenos explican lo que está por venir. ¿Qué no?, ahí están las cínicas declaraciones a medios que apenas el viernes hiciera el expriista potosino Juan Ramiro Robledo Ruiz, actual presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro, quien amén de adelantar que si bien existe la intención de iniciar ya los foros de audiencia mencionados en los últimos días sobre la controvertida reforma, durante los mismos “no vamos a debatir. Vamos a oír lo que quieran decir jueces, ministros barras y colegios de abogados, así como académicos. Vamos a oír su opinión”. Sólo eso…

Nada en concreto, pues, sobre la eventual adecuación de la propuesta que desde Palacio les fue enviada con la explícita e incuestionable consigna de aprobarla sin cambiarle “ni un punto ni una coma…”. Así de claro es el asunto.

Asteriscos

* A más de uno ha llamado la atención el activismo de trabajadores de la empresa de seguridad privada Grupo Empresarial Casa (GECSA) de José Carlos Sánchez, El Capitán, en busca de apoyo de organizaciones sindicales a sus demandas por supuestos abusos, incumplimiento del pago de cuotas obrero-patronales, vacaciones y otras prestaciones por parte de aquella. El asunto, dicen, escalará en próximas semanas…

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Número cero

Reforma a la justicia para un país injusto

José Buendía Hegewisch | Excelsior

El mayor error de oponerse a la reforma judicial es hacerlo sin contrapropuesta a la oficial, como si se asumiera que el sistema funciona perfectiblemente bien. Tiene poco mérito oponerse para ofrecerse como alternativa, frente al tamaño abrumador de impunidad que dispara la inseguridad y carcome la democracia de un país injusto.

Porque plantarse en el extremo inamovible es dejar sin contestar la demanda general de vivir con seguridad y sin violencia, que causa la falta de acceso a la justicia y castigo al delito. En la posición de la negación, la discusión se reduce a la confrontación todo terreno para descalificarse e incendiar la pira del escándalo con cualquier pretexto coyuntural. El déficit de argumentos y propuestas no significa otra cosa que estar perdiendo la batalla contra el crimen, en un debate que si algo no tiene es salida simple.

Pero el mayor riesgo es equivocar el careo del problema con la defensa de trinchera para disparar con intercambios de acusaciones de autoritarismo y fin de la división de Poderes versus la resistencia de una mafia corrupta que se opone a abrir la caja de Pandora de la justicia. La cuestión aquí no es sostener una guerra de desgaste, ya de por sí prolongada y huérfana en las urnas; sino centrarse en la ciudadanía, que no denuncia 94% de delitos, de los que menos de 1% son resueltos.

López Obrador ha dicho que su reforma va, y con celeridad, para consumarla en septiembre, antes de dejar el cargo, con la nueva aplanadora legislativa de Morena, que le permite sacarla en solitario en el Congreso; justifica la urgencia en quitar el control del poder al crimen organizado y de cuello blanco en el Poder Judicial, pero a nadie escapa su intención de tomar esa zanja defensiva que frenó reformas y obras de su gobierno como parte de su legado. Sheinbaum secunda la reforma, que enarboló en su campaña, aunque quiere gestionarla con sus formas en una amplia discusión con diversos sectores, incluidos los jueces, y consultarla con “el pueblo”.

El resultado de la consulta que Morena aplica este fin de semana, dependerá de las preguntas y de cómo se hagan, por ejemplo, sobre la propuesta de elegir más de 1,600 jueces y magistrados por voto popular y renovar a la Corte. Ésta es una institución lejana a la ciudadanía y la mayoría desconoce cuántos togados hay en el país o cómo se seleccionan. La ciudadanía, en general, no confía en la justicia, cree que hay poca y desigual su acceso, además de corrupción, como no se ha cansado de denunciar López Obrador en su tensa relación con el Poder Judicial.

La reforma implica cambios profundos en la estructura administrativa, vigilancia y disciplinaria del Consejo de la Judicatura, pero lo que más dudas genera es la elección popular. Tiene el riesgo de que se politice y quede en manos de estructuras partidistas, además de la intervención del crimen en el proceso. Que no se elijan perfiles idóneos y se cancele el mecanismo de la meritocracia y la autonomía de la Corte; aunque tampoco su actual esquema ha logrado ponerla a salvo de cuotas partidistas y poderes fácticos, ni despolitizarla.

El temor de fondo es que la reforma no busque servir a la gente, sino al Ejecutivo de turno, a pesar de que ya hoy la propuesta de nombramiento recae en él y la nueva mayoría calificada de Morena aseguraría su voluntad para ratificarla en el Congreso. En la mayoría de las democracias el peso de la decisión la tiene el Ejecutivo, sin que eso ponga en cuestión la autonomía judicial. Lo que si se discute hoy en otros lugares es el déficit democrático de un poder contra mayoritario que se aísle de la voluntad popular.

En esta discusión no hay salidas fáciles, menos en un país con desigualdad en el acceso a la justicia. La convocatoria unilateral para su aprobación también genera turbulencias en los mercados, pero sobre todo la señal sobre la forma en que Sheinbaum ejercerá su poder para gobernar y las dudas sobre la presencia política de López Obrador el próximo sexenio. Los oponentes casi festejan el castigo al peso como el Waterloo de la reforma, pero lo que ha hecho es que ambos cerraran filas contra la presión financiera. La ruta está tomada, veremos pronto el desenlace.

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Evolución y migración

Jorge Durand | La Jornada

Se podría decir que la migración es a la evolución lo que la evolución es a la migración. La interdependencia de ambos factores, uno biológico y otro social, están íntimamente relacionados.

En un contexto totalmente aislado, como las Islas Galápagos, con diferentes ambientes en cada isla, Charles Darwin pudo observar los cambios biológicos en el proceso de adaptación al medio en el pico de los pinzones, el cuello de las tortugas y la adaptación de las iguanas. A partir de la observación y el registro detallado, pudo intuir el proceso evolutivo, que luego confirmaría y demostraría en su obra El origen de las especies.

El origen y desarrollo del ser humano requirió de un proceso adaptativo cuando salió de África y empezó a emigrar a muy diferentes lugares, ambientes, continentes. Los denisovanos, una especie diferente al Homo y al neandertal, fueron descubiertos en una cueva en Altái, Siberia, y hay rastros genéticos de que se cruzaron con las otras especies. Además de Siberia, hay presencia de denisovanos en Nueva Guinea, Laos y el sudeste asiático, el Tíbet, donde se descubrieron rastros genéticos en los tibetanos, que viven a grandes altitudes y en el caso de los aborígenes ( sic) australianos.

No lograron sobrevivir, como les pasó a los neandertales y otras especies, pero dejaron sus restos y su huella migratoria en muy diferentes ambientes donde trataron de adaptarse. Es la migración la que permite estos contactos y un mestizaje más profundo.

Recuerdo mis clases de antropología física, cuando se nos informaba que los brazos largos de algunos grupos africanos se debían al uso de lanzas y que las mujeres africanas nómadas desarrollaban glúteos enormes para apoyar a sus hijos en la cadera cuando caminaban, y que allí tenían una reserva de grasa que se iba consumiendo a lo largo de la travesía.

La migración y la búsqueda de nuevos ambientes y mayores recursos, sean éstos temporales, como en el caso del nomadismo, o más estables, en el caso del sedentarismo, permitió la domesticación de las plantas y los animales, con sus consecuentes procesos evolutivos. Y la domesticación del caballo, el camello, el elefante, la llama, el buey y tantos otros facilitaron la carga, la tracción, el desplazamiento y la migración hacia lugares remotos. El hombre participa e incide en el proceso evolutivo de plantas y animales y al mismo tiempo se transforma y evoluciona.

El poblamiento de América, sea que haya sido hace 30 mil o 14 mil años según diversas teorías, se dio por el norte, al cruzar el estrecho de Bering. Pero también por el sur, en tiempos más recientes, desde la Polinesia, según los mitos que dieron origen a la llegada de hombres en balsas a la costa norte de Perú, según relata la leyenda de Naylamp. Se acaba de demostrar, en otra expedición similar a la del Kon-Tiki, que es posible llegar en balsa a la Isla de Pascua.

Los nativos de Rapa Nui (Isla de Pascua) tienen 8 por ciento de presencia genética americana, y el contacto cultural quedó demostrado en los frisos de Túcume, Perú, donde aparecen en una balsa el Dios Hombre Pájaro y en restos arqueológicos el Dios Remo, ambas deidades principales de los nativos de la isla. Éste fue el último descubrimiento del explorador y científico noruego Thor Heyerdahl.

La prehistoria, la historia y el presente están marcados por la migración, la adaptación y la evolución. A la primera gran globalización, con el descubrimiento del Nuevo Mundo, le siguen otras tantas impulsadas por los medios de transporte, sean carabelas, clíperes, barcos a vapor, transatlánticos, ferrocarriles y aviones, etcétera.

O la regresión del presente, en balsas, cayucos y pateras por los océanos, la llamada Bestia en el lomo del ferrocarril de carga o atravesando a pie desiertos o selvas, como el tapón del Darién.

Los estados-nación se arrogan derechos sobre territorios ancestrales que van más allá de sus fronteras. Estados Unidos reconoce la libre circulación, sin pasaporte, de tribus que tienen territorios en ambos lados de su frontera con Canadá; lo mismo sucede con México con los indios kikapú, pimas, yaquis y otros grupos étnicos. La frontera de México con Guatemala se sobrepone sobre territorio maya; los garífunas y misquitos en la costa atlántica de Centroamérica tienen presencia en varios países; los territorios de los cunas o ngobes traspasan la frontera de Costa Rica y Panamá; los yanomamis, la de Venezuela y Brasil; los aimaras, la de Perú y Bolivia, y los guaraníes, la de Paraguay y Argentina.

Ya no se diga el desastre colonial de África con fronteras arbitrarias y absurdas que dividen etnias, pueblos y naciones enteras. Y no les basta a los estados-nación la frontera formal con el país vecino, ahora se construyen muros, como el de México-Estados Unidos, el de Israel y Palestina, el de la isla de Chipre y tantas otras iniciativas para impedir la migración y el contacto entre los pueblos.

Visto así, las fronteras de los estados nacionales resultan ser no sólo una pretensión reciente, sino una involución.

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Urge recuperar la gran visión

Rolando Cordera Campos | La Jornada

Vamos a extrañar al querido amigo Ludolfo Paramio. Hombre de ideas claras, socialista democrático español de larga data. De palabra inteligente y presencia fraternal. Abrazos cariñosos para Carmen, Jorge, Alicia y Juan.

Sin pausa, pero con harta prisa, el presidente López Obrador y su coalición se empeñan en mantener su discurso que bien podemos resumir en lo que identifican como cambio de régimen. Sin precisar sus perfiles y alcances políticos e institucionales, el Presidente y sus falanges esbozan sus estrategias: demolición de organismos públicos y afirmación de fe en la inteligencia y la bondad del pueblo, pero no ofrecen el contenido de un nuevo proyecto nacional ni una genuina deliberación democrática.

Esto último implicaría al Congreso de la Unión, en su plenaria y/o en sus comisiones, así como la participación de los legisladores en diferentes foros que permitieran dar curso a una deliberación de tal calado. Resulta exagerado pensar que el Presidente y sus aliados buscan apelar a la sorpresa y caminar por lo oscurito, porque el tamaño de esa transformación no admite procedimientos mezquinos de encapsulamiento de los participantes y anexos, y post escritos por si acaso.

La empresa que tienen los de la 4T no es menor. Los empeños transformadores, radicales y moderados, tienen que lidiar con poderes de hecho y de derecho del mundo, del entramado de centros de estudio y pensamiento que ha poblado y hasta colonizado los mecanismos de creación y modulación de opinión, así como de ministerios y direcciones vinculadas con eso que seguimos llamando órganos de inteligencia de los estados y sus diversas organizaciones trasnacionales, como se ha visto en días recientes con la estrecha vigilancia por parte de los mercados financieros y de divisas.

Es probable que, como algunos afirman, el neoliberalismo esté muriendo, pero también que presenciemos una extraña no muerte manipulada por sus vectores y agentes principales que no son los mercados, ahora globalizados, ni los gobiernos, más involucrados en los procesos de liberalización comercial y de las balanzas externas de capitales y divisas, sino las trasnacionales, engrosadas por China y sus varios instrumentos de intervención en el mundo, los principales ejecutores del gran cambio globalizador. Y, como lo ha mostrado el sociólogo británico Colin Crouch, lo más probable es que sigan encabezando o modulando los procesos de modificación, reforma o eliminación silenciosa o no (¿la OMC?) que ya se llevan a cabo.

El mundo es cambio, aunque los beneficios prometidos por la Híper globalización, como la ha llamado el profesor Rodrik, no se cumplan o acentúen la desigualdad en la distribución de los frutos y el empleo. Los sistemas son y han sido imperfectos, la cuestión radica en la o las capacidades de los estados y las naciones para sortear lo mejor posible las asimetrías y, a la vez, inscribirse con claridad en procesos de innovación tecnológica y productiva y, desde luego, de mejoramiento social generalizado.

Hay que recuperar las grandes visiones de cambio económico y social, proyectos mayores que nos involucren a todos los mexicanos; un proyecto nacional digno de tal nombre, aunque igualmente estaría sometido a las tensiones y pulsiones del mundo del que formamos parte. Por ello, no les caería mal a quienes trabajan hoy los términos y criterios de la transición, asomarse al número 141 de la Revista de la Cepal, edición especial que celebra los 75 años de la gran organización de pensamiento, ideada por don Raúl Prebisch y sus compañeros de la aventura latinoamericana, en pos de un desarrollo mejor, más justo o, como lo propone la revista, un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible.

No del todo diferente a la convocatoria de la Comisión, encabezada entonces por Alicia Bárcena, que tras la Gran Recesión de 2008-2009 proponía hacer de la época la hora de la igualdad.

“Repensar, reimaginar, transformar: los ‘qué’ y los ‘cómo’ para avanzar hacia un modelo de desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible”, propuso magistralmente José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, al recibir del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, el reconocimiento más importante que otorga el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional, la Cátedra Maestro Ricardo Torres Gaitán.

No hablamos de dogmas ingeniosos ni de ocurrencias disimuladas. Estamos ante renovados y dignos esfuerzos de la Cepal para seguir contribuyendo a los empeños de una América Latina comprometida con aquella Fantasía Organizada querida por don Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Súnkel, Juan Noyola, Víctor Urquidi, David Ibarra y muchos más, que bien merece que la cuidemos y cultivemos para darle robustez y solidez a nuestros propios reclamos por un nuevo curso.

La misión no es imposible, pero tiene que ser de todos.

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