Perspectiva de la niñez e indolencia política
Las formas de violencia que han alcanzado a miles de niños mexicanos constituyen una prueba de que aún existe una brecha para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez.
Abraham Madero Márquez* | Proceso
Tras defender a su madre, el asesinato del niño Emiliano en Tabasco es un llamado a la conciencia de todos los mexicanos, lo mismo que el caso de la niña Camila en Guerrero secuestrada y asesinada en abril último, sin que ello cambiase el curso ni la retórica de las campañas electorales, ni mucho menos ameritara una respuesta gubernamental de alto nivel.
En otras latitudes este tipo de hechos detonarían de manera incuestionable la dimisión de funcionarios públicos, la adopción de medidas inmediatas para restituir derechos y la generación de mecanismos de respuesta rápida para garantizar la no repetición y la prevención de casos como los de estos niños cuyas muertes no debieron ocurrir.
En medio de estas tragedias, las diversas formas de violencia que han alcanzado la realidad de miles de niños mexicanos constituyen una prueba manifiesta de que aún existe una brecha enorme para asimilar lo que implica vivir en una sociedad en donde se conoce y respeta el interés superior de la niñez. A propósito de estos lamentables casos dedicaremos las siguientes líneas para explicar su importancia e implicaciones.
Una buena clave de lectura para entender la dimensión que representa el principio del interés superior de la niñez, previsto en el no menos farragoso artículo 4º de la Constitución federal, radica en que es un parámetro obligatorio para todas las autoridades a efecto de garantizar los derechos de los niños, en cuanto a sus necesidades de alimentación, salud, seguridad, educación y sano esparcimiento para su desarrollo.
Se trata de uno de los principios rectores del país, ya que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en nuestra ley fundamental, de manera que no solamente comprende el derecho a la protección contra toda forma de violencia o sufrimiento, sino el derecho a crecer en un ambiente sano y con niveles de vida adecuados. Ese es el anclaje que deben seguir las políticas públicas sea desde el ejercicio del gasto, la creación de un programa social, la expedición de leyes y la perspectiva de resolución jurisdiccional que involucre derechos de los niños.
Además de estar establecido desde el texto constitucional, el interés superior de la niñez o enfoque basado en los derechos de los niños constituye un principio histórico reconocido en diversos tratados y convenciones internacionales, específicamente en la Convención de los Derechos del Niño, cuya preocupación central apunta hacia la materialización de sus derechos, con especial énfasis en los grupos de niños y adolescentes que viven en situación de vulnerabilidad.
Más allá de su incorporación en los textos normativos, al hablar de interés, enfoque o perspectiva de niñez deben reconocerse algunos elementos específicos de cara, sobre todo, a su implementación en decisiones o actos concretos por parte de los gobiernos e instituciones públicas.
Primero, la perspectiva de niñez no se basa en ningún tipo de ideología o postulado de carácter político. Desde el más elemental sentido común, implica reconocer a niños y adolescentes como sujetos de derechos y actores centrales en los ámbitos donde se desarrollan, desde la familia, escuela, comunidad hasta su participación en los ejercicios de toma decisiones sociales y en los asuntos que les afectan acorde con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Esto significa que la perspectiva de niñez es un elemento esencialmente activo que se intensifica en la medida en que los niños se convierten en protagonistas del ejercicio de sus propios derechos, al tiempo que se promueven ambientes favorables para el desarrollo de sus capacidades.
En segundo término, la perspectiva de niñez implica la activación del máximo nivel de respuesta y responsabilidad por parte del Estado, todas las autoridades en todos los niveles de gobierno. Los casos de Camila y Emiliano hacen patente la incapacidad de los gobiernos para responder y atender con la celeridad necesaria los asuntos que involucran la vida de los niños.
No en vano la Constitución establece un concepto separado completamente de la inmunidad parental, al consagrarlo con la categoría normativa de interés superior frente a otras cláusulas constitucionales orientadas dentro de la escala de los derechos humanos, de donde se desprende que cualquier acto de autoridad debe darse en el contxto de decisiones reforzadas para asegurar la protección integral y efectiva en el desarrollo de la niñez.
Si bien el Estado es responsable de garantizar todos los derechos humanos sin distinción, bajo la óptica que sugiere el interés superior de la infancia, este grupo poblacional requiere un margen de atención prioritaria para brindarles protección en cualquier circunstancia y de manera oportuna, así como asegurar que se les atienda o considere antes que a las personas adultas en los servicios, políticas y en igualdad de condiciones.
Pero quizá el tercer elemento de este enfoque resulte ser el más complejo y necesario. Al promoverse una visión de la realidad sustentada en la perspectiva de niñez, se busca sobre todo enraizar un cambio de paradigma cultural que no se limite exclusivamente a la necesidad de poner en el centro de la agenda pública a los derechos de la infancia, sino que por encima del plano normativo y de las políticas públicas, se construya un nuevo lenguaje social, humano y sensible en favor del cuidado y protección de la infancia en todas sus dimensiones.
Este cambio de paradigma implicará dejar de concebir a esta agenda como un asunto exclusivo del altruismo, la filantropía o que sólo interesa a las organizaciones no gubernamentales. La atención prioritaria de la infancia debe importar especialmente a las nuevas generaciones, en cuyos procesos de formación se vuelve indispensable incorporar una educación basada en el fortalecimiento de capacidades cívicas de niños, jóvenes y adultos, para poner en práctica su compromiso con los derechos de la infancia y la aplicación de estos principios en la vida cotidiana y la toma de decisiones sociales.
Será también el papel de los medios de comunicación y el uso innovador de los canales de información masivos el que permita generar nuevos espacios para construir progresivamente una opinión pública informada en favor de la cultura de cuidado y protección prioritaria de niñez.
El reto no es viralizar los casos de coyuntura o atraer audiencias a partir de campañas de sensibilización emergentes, sino lograr que en el debate cotidiano se hable con normalidad de la importancia de este sector y sobre todo se brinde seguimiento a los indicadores y cumplimiento de la agenda de derechos en este ámbito bajo una perspectiva sistémica.
Desde el Early Institute hemos apostado a colocar la perspectiva de niñez siguiendo un enfoque constructivo, innovador y de indispensable colaboración en el ecosistema de actores involucrados en la visibilización de los derechos de la niñez mexicana.
No puede imaginarse un México moderno sin que la perspectiva de niñez represente el eje articulador para la planeación del desarrollo nacional. Sin embargo, las razones y los problemas que conducen a imaginarlo tienen indiscutible presencia. Para lograr esto, se requerirá que nos coloquemos esos lentes de realidad y comprender que la atención de la infancia no constituye una aspiración que pueda dejarse para el futuro, sino una necesidad vigente de cara a la vida diaria de más de 40 millones de niños y adolescentes que hoy viven en nuestro país.
* Abogado. Doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana. Director Ejecutivo del Think Tank mexicano Early Institute.
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Número cero
Elecciones, ¿peligra la democracia?
José Buendía Hegewisch | Excelsior
¿Realmente está en peligro la democracia en la elección o lo que peligra es la configuración de los partidos de la transición? El proceso electoral más grande en la historia del país camina, para unos, por el pasillo hacia el patíbulo del autoritarismo, y para otros, como catalizador de un cambio de régimen.
La liberación de energía de las urnas será una sacudida para la configuración del poder de los partidos, que en la oposición muestran agotamiento y disonancia con la sociedad desde 2018. Baste ver la debacle del PRI en el sexenio, la evaporación del PRD, y en cambio, el crecimiento de Morena con 21 estados en la bolsa en cuatro años, aunque por lo mismo pueda ser un polvorín. Pero la probabilidad de un movimiento de consecuencias imprevisibles y negativas es una simplificación de los encuadres de visiones encontradas en la discusión pública.
Detrás de la guerra mediática de discursos, en México hay una disputa soterrada por el desplazamiento de una coalición que controló al país las primeras décadas del siglo XXI. Si, como dicen los opositores, es la hora de la verdad, lo sería para el régimen del poder compartido del PRI, PAN y PRD, ahora unidos para defender su sobrevivencia en las urnas. Aunque tienen en contra el reloj político, extraviados en un túnel del tiempo que desde 2018 les abrió la puerta de salida. Su desajuste con la evolución política de la sociedad les impidió enfrentar su impopularidad para no herir la vanidad de sus dirigentes frente al espejo. Y su soberbia, subestimar a López Obrador como una “anormalidad” en torno a la cual se construiría una nueva confederación de alianzas sociales, empresarios, intelectuales, que ahora apoyan a Sheinbaum.
Pero su desplazamiento no equivale a amenaza democrática como quiere hacer creer la defensa opositora, siempre que pase por las urnas. En los cánones democráticos, incluso es sano el voto de sanción a cúpulas excepcionalmente ajenas a representar más que a sí mismas y sin otro proyecto que defender sus prerrogativas como el PRI de Alito o la alicaída monarquía de los “chuchos” perredistas. Para quienes una candidatura ciudadana y sin militancia como Xóchitl es fachada para proteger sus feudos con la fórmula manida de la “ciudadanización” con que taparon errores como desactivar los contrapesos de órganos autónomos como el Inai o el INE.
Dirán que no hay tal nueva coalición porque en Morena están panistas, perredistas y priistas, comenzando por López Obrador, aunque siempre representó otro proyecto. Además, soslayan que los viejos acuerdos con factores de poder económico y social se rompieron por resultados malos de los gobiernos del PRI y del PAN, a los que ahora ofrecen volver como a una edad dorada. Y que no lo es para una mayoría social que respalda la popularidad presidencial y mantiene arriba a Sheinbaum por dos dígitos en las encuestas. A pesar de las advertencias de peligro, prefieren seguir el estandarte “primero los pobres” aun sin dejar de reconocer fallas, desviaciones y falacias de un gobierno de cara la gente.
El encuadre del discurso opositor de salvar la democracia está encaminado a poner límites a un triunfo y gobierno de Sheinbaum. Aun así, puede entenderse el temor a la concentración de poder, aunque no es extraño que en la democracia todo partido quiera gobernar en solitario. Refutarán que aquí se usará para destruir instituciones, contrapesos y la autonomía de la Corte, si Sheinbaum sigue el programa de López Obrador o acepta el mandato como interpósita persona. Aunque podrían darle hasta el beneficio de la duda si su oferta de continuidad cambia de rumbo y se desviara hacía sus intereses.
La idea sirve para restarle legitimidad con la mancha de una elección de Estado que mantenga vigente su oposición en el futuro, aunque el plan C para obtener la mayoría calificada sea muy improbable en las urnas.
Vienen a decir que, si el pueblo se levantara contra la democracia en las urnas, ellos seguirían como último valladar contra la regresión histórica que supondría la segunda Presidencia de Morena, tanto como la continuidad de López Obrador, aunque de lo que se trate sea de la pretensión, también legítima, de permanecer en la escena política en el Congreso y en los estados donde se concentra la lucha para no salir de escena.
Las urnas serán un terremoto en el edificio del sistema de partidos, en un país dividido.
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La inmaculada percepción
¿Y si no votan?
Si la situación que vive el país en este momento es insostenible, no votar es una manera excelente de asegurarte de que todo siga exactamente igual.
Vianey Esquinca | Excelsior
Si hubiera alguna persona que decidiera no salir a votar el próximo 2 de junio, que prefiriera quedarse en la comodidad de su casa, no pasa nada, no hay ningún problema. Sólo se le pediría atentamente que al día siguiente no se queje o sorprenda que haya ganado una candidata bíblica como Rocío Nahle en Veracruz, que tiene más escrituras que la Biblia.
Si una persona vota, gana el derecho de quejarse sobre cómo se maneja el gobierno. Si no lo hace, técnicamente también, pero su queja cuenta tanto como un ‘me gusta’ en un meme. Votar es como elegir el menú en una boda: quizás las opciones no sean las mejores, pero, definitivamente es mejor escoger a que sea la suegra quien elija.
Ejercer el voto se vuelve indispensable para que no se imponga un ganador o ganadora y, aunque salga victorioso alguien por el que no se votó, al menos sentirá la tranquilidad de haber cumplido y utilizado el sagrado derecho constitucional del pataleo.
Ahora, si sale a votar, pero lo hace a ciegas dándole su voto al más popular, sólo recuerde lo que sucedió con Cuauhtémoc Blanco, que le jugó sucio a Morelos, permitió que el crimen organizado les metiera una goliza a los ciudadanos y cometió diversas faltas sin que le marcaran penal.
O si la gente decide dar su voto porque fueron beneficiados por un programa social, que no se olvide que por cada peso que recibieron, lo dejaron de recibir en salud y servicios, teniendo que gastar lo que les daban en las becas o apoyos en laboratorios o consultas privadas.
Antes de votar, la gente debe preguntarse, ¿estoy mejor o peor que antes?, ¿me siento más seguro?, ¿sólo he visto al candidato/a en redes sociales, pero, además de medio bailar, tiene alguna otra gracia? o, ¿representa la continuidad o el cambio?
Si sabiendo cómo gobierna un partido político en una entidad, un votante decide renovar la fe y confianza, será cómplice de lo que pase. Si en ese estado aumentaron la violencia, los homicidios o la pobreza se estarían haciendo un harakiri y ante eso, ni cómo ayudarlo. Por otro lado, si ha sido un buen gobierno, ¿para qué buscar un cambio de partido sólo para probar? La curiosidad mató al gato y también a miles de mexicanos.
Es importante votar masivamente para que no quede duda de la voluntad popular y que quien haya perdido piense mejor el tratar de arrebatar por la vía judicial lo que no consiguieron en las urnas. Además, le facilitaría la vida al INE, que no está en su mejor momento.
También se debe evitar anular el voto, se entiende que haya mucha desilusión y que en algunos sitios es votar por el menos incompetente lo cual no genera el mínimo deseo de levantarse de la cama, sin embargo, es una oportunidad para asegurar que, si algo va a salir mal, al menos que no sea por no haber intentado lo contrario.
Menos votos significan menos representatividad. Si alguien considera que los políticos no representan al pueblo ahora, que se esperen a ver qué pasa cuando un puñado de personas elija quién estará al mando. Si la situación que vive el país en este momento es sencillamente insoportable e insostenible, no votar es una manera excelente de asegurarte de que todo siga exactamente igual.
Las alianzas partidistas predominantes en el país: Morena-PT-PVEM y PAN-PRI-PRD han dado a conocer sus planes, nadie podrá decirse engañado ni esperar que cuando lleguen al poder cambien. Amigo, amiga, date cuenta, eso no sucederá. Una vez que gane un partido no habrá marcha atrás, se decidirá entre la continuidad de la 4T o un golpe de timón. Votar el próximo 2 de junio es la única opción para expresar el descontento, la simpatía o la resignación con el actual gobierno, porque serían seis años más de lo mismo.
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¿Misión imposible?
Rolando Cordera Campos | La Jornada
Hace seis años, en 2018, los mexicanos cultivamos más de una ilusión. Expectantes, centenares de miles de mexicanos alentaban esperanzas en que, con el muy probable triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de una más que prolongada campaña, podría empezar a cobrar visos de realidad la posibilidad de transitar por una ruta más amplia y, por fin, aprestarnos a acometer la ardua tarea de la reconstrucción democrática del Estado nacional, reorientar nuestro desarrollo nacional y reconocernos como la sociedad diversa que somos.
A muchos nos atraía la propuesta de primero los pobres, explícito reconocimiento de la necesidad de reorientar el crecimiento y empezar a saldar cuentas con nuestra perenne desigualdad.
La sucesión presidencial recargaba nuestro optimismo en un cambio alentador que nos permitiera el trazado de una agenda renovadora para la economía política, la educación y la cultura. Afrontar nuestras fallas y faltas en el Estado y en nuestras prácticas deliberativas. Desde luego, gestar nuevas formas de cooperación y comunicación colectivas, ejes indispensables de toda cohesión social.
Imaginábamos la construcción de un futuro habitable, con una economía en crecimiento que tuviera capacidad de ofrecer los empleos formales que cada año se requieren; con más inversiones en infraestructura y servicios; con los recursos públicos suficientes para que la sociedad toda tuviera educación y una atención digna y adecuada a la salud.
Poder trazar un nuevo perfil productivo definido por una industrialización y un desarrollo rural sustentable, regional y ambientalmente; un sistema energético poderoso y amigable con el medio ambiente y su conservación. Combatir la desesperanza y poner nuevas bases para que el país estuviera en pie.
A la vuelta de seis años, otra vez nos preparamos para ir a las urnas; no pienso exagerar que lo hacemos con menos optimismo y con más encono. Habrá que hacer pronto balances rigurosos, con la cabeza fría, sin descalificaciones ni gritos.
Repensar los temas fundamentales, los grandes asuntos del empleo, la salud, la educación; más allá del discurso facilón o de la propaganda oficiosa. Por qué, por ejemplo, no se reconoció la penuria fiscal que aqueja al Estado desde hace tiempo, con sus implicaciones sobre la calidad de vida de la población, en particular sobre los grupos más vulnerables.
Por encima del cúmulo de asignaturas pendientes con que tendremos que iniciar un nuevo gobierno, cada día es más claro que carecemos del mínimo espíritu de cooperación y de la capacidad de todas las fuerzas sociales y de los actores políticos para formular una agenda común. Una agenda pública para el crecimiento y la equidad social; asegurar un piso mínimo de derechos económicos y sociales universales que pueda ir robusteciéndose.
Si aspiramos a que nuestra política sea democrática e incluyente, tenemos que exigir(nos) claridad en los objetivos y disposición al diálogo. Aprender a debatir y a vivir en comunidad. Para empezar, reconocer las oportunidades perdidas y recuperar la dignidad mínima del Estado para conducir el crecimiento de las fuerzas productivas y auspiciar una mejor distribución de sus frutos.
Al someter el Plan Nacional de Desarrollo al archivo del olvido, el actual gobierno renunció a estas misiones. Sometió ese crecimiento a la más descarnada dictadura del mercado y dejó la obligada redistribución social al amparo de unos programas de alivio cada vez más en riesgo de precarizarse por la carencia de recursos humanos y financieros mínimos.
No llegamos mínimamente preparados para acometer tareas como éstas. Resulta vital resucitar el respeto que nos debemos a nosotros y a los demás, y poner por delante la cooperación como máxima y honorable misión de la política. Veremos.
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Soberanía sanitaria: un complejo médico-industrial público
Alejandro Svarch* Verónica Suárez-Rienda ** | La Jornada
Alcanzar el acceso universal a los medicamentos en México significará poner punto final a un periodo que, durante más de dos décadas, ha marcado la pérdida de la soberanía del Estado y la mercantilización de un derecho fundamental: la salud. Pero, ¿cómo podemos lograrlo? Para encontrar la respuesta, primero debemos echar una mirada a un pasado que dejó al país expuesto y vulnerable. La reciente pandemia desnudó de manera dramática los problemas estructurales heredados en la nación.
A mediados de los años 70, la crisis del petróleo despedía el sexenio de López Portillo y daba la bienvenida a Miguel de la Madrid, quien implementó por primera vez políticas de desregulación, redujo el gasto público en salud y limitó el papel del Estado a ser un mero administrador. Este auge del poder económico sobre las políticas sociales se extendió durante cinco sexenios, desde Salinas de Gortari en 1988 hasta Enrique Peña Nieto en 2018.
Fue así que la salud dejó de ser un derecho garantizado por el Estado para convertirse en un bien de mercado, donde cada individuo debía invertir de su propio bolsillo para acceder a servicios de salud. Como señala Celia Iriart, dos fuerzas moldearon los problemas existentes en las políticas públicas sanitarias y de regulación: por un lado, la hegemonía del capital financiero; por el otro, el denominado complejo médico-industrial del sector privado.
Esta situación dejó al país ante la necesidad de un enfoque orientado en misiones que coordina al sector público y privado para resolver eficazmente los principales problemas de acceso a medicamentos en nuestra región. Pensemos, por ejemplo, en usar la demanda sanitaria del sector público para estimular la innovación –social, organizativa y tecnológica– cuanto sea posible.
Surge así una alternativa distinta a las mencionadas por Iriart y ya implementada en naciones como Brasil: el complejo médico-industrial del sector público. Algunos investigadores señalan incluso la oportunidad que representa este complejo para superar las tensiones entre las lógicas económica y sanitaria, y para organizar a los estados en favor de estrategias nacionales que prioricen a las familias y comunidades. Esto, a su vez, puede ayudar a superar el cuello de botella que dificulta el acceso a los tratamientos.
Como afirma Mariana Mazzucato, es determinante que el Estado establezca las pautas para la colaboración público-privada, siempre en beneficio del interés común. Debemos concebir la salud como un bien social. Su argumento, con el cual estamos de acuerdo, hace hincapié en la importancia del propósito público como el eje fundamental para crear una sinergia equitativa. En esta sinergia, los actores del Sistema Nacional de Salud, el sector económico y el industrial deben relacionarse y colaborar con una misión compartida, priorizando la protección y atención a las verdaderas necesidades de salud de nuestra población. Sin esta base, no podemos imaginar un acceso universal real a medicamentos en México.
Apostar por un complejo médico-industrial del sector público significará transformar al Estado de un mero administrador a un proveedor, regulador y responsable de los recursos destinados a la atención sanitaria. Esta es una solución que el México de hoy necesita para el México del mañana.
* Comisionado Federal de la Cofepris.
** Subdirectora de investigación de la Cofepris.
