Emilio Lozoya: fabricado inocente
Ricardo Raphael
Proceso
Existe en México una antigua tradición para fabricar culpables. Sin embargo, menos atención se ha prestado a otro fenómeno igual de socorrido: la fabricación de inocentes. El caso Lozoya bien podría servir como ejemplo de esta alternativa corrupta que igual atenta contra la procuración de justicia.
Las imágenes publicadas en redes sociales por la periodista Lourdes Mendoza, el sábado 9 de octubre, donde se exhibe a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, celebrando en un lujoso restaurante de la Ciudad de México, obligan a cuestionar, una vez más, el trato excesivamente benévolo que la Fiscalía General de la República (FGR) ha otorgado a ese sujeto.
Existe en México una antigua tradición para fabricar culpables. Sin embargo, menos atención se ha prestado a otro fenómeno igual de socorrido: la fabricación de inocentes.
El caso Lozoya bien podría servir como ejemplo de esta alternativa corrupta que igual atenta contra la procuración de justicia.
Desde la administración de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin fue denunciado por la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales (Fepade) –entonces encabezada por el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo– de haber delinquido aportando financiamiento ilegal a la campaña presidencial de 2012.
Otras investigaciones que corrieron en paralelo engrosaron el expediente de acusaciones en su contra, a partir de pruebas que lo relacionaron con la compraventa ilegal de la empresa Agronitrogenados, la presunta recepción de un soborno de 10 millones de dólares proveniente de la empresa brasileña Odebrecht y por su supuesta complicidad en una red dedicada a la manipulación de votos legislativos para aprobar la reforma energética de 2013.
Una vez detenido en España, Lozoya confesó la comisión de algunos de estos crímenes. Sin haber sentencia en su contra, esa confesión y una lista considerable de evidencia condujeron a asumirlo culpable. No obstante, sorpresivamente, desde que fue extraditado a México, en febrero de 2020, dio inicio una robusta operación legal y política para fabricar su inocencia.
Tres son las hebras legales utilizadas para tejer el manto de impunidad que tiene en libertad a este exfuncionario del gobierno peñanietista: el Código Nacional de Procedimientos Penales de la Federación (CNPPF), la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (LFDO) y la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal.
El fiscal Alejandro Gertz Manero halló un breve agujero a partir del ayuntamiento torcido entre estas tres normas y dentro de esa madriguera protege con celo a Lozoya.
El CNPPF define el criterio de oportunidad al que apelaron los abogados del exfuncionario. De su lado, la LFDO determina quién puede beneficiarse de la figura de testigo colaborador. Y la ley que vela por las personas que intervienen en el procedimiento penal establece los criterios para que alguien sea incluido en el programa de protección.
En su artículo 256, el CNPPF dice que el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal en contra de la persona acusada a partir del criterio de oportunidad, siempre y cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.
También estipula que este criterio no podrá considerarse si el delito imputado afecta gravemente al interés público. Añade que, para ser aplicado, la persona imputada habrá de aportar información fidedigna que ayude a la investigación y persecución del beneficiario último del acto criminal.
Ninguna de estas condiciones se ha cumplido en el caso Lozoya: no han sido reparados ni garantizados (el tiempo verbal es clave a este respecto) los daños ocasionados por la compraventa ilegal de Agronitrogenados, aquellos que se relacionan con el soborno de Odebrecht, ni los causados por la presunta manipulación de votos en el Congreso.
Tampoco cabe el criterio de oportunidad en este caso porque las acusaciones, de comprobarse, afectarían el interés público de manera grave y porque la información aportada hasta ahora no ha sido confirmada como fidedigna.
Visto con rigor jurídico, en ninguna circunstancia Lozoya ameritaría ser beneficiario del criterio de oportunidad. Acaso por ello, desde que este sujeto fue extraditado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a él como testigo colaborador.
Este concepto se encuentra en un ordenamiento distinto al CNPPF. En la LFDO se establece que cualquier persona podrá beneficiarse de una reducción de una tercera parte (y hasta de la mitad de la pena) que correspondería a los delitos cometidos, siempre y cuando colabore eficazmente con el Ministerio Público aportando medios de prueba suficientes para inculpar a pares o superiores que respondan a la misma red criminal.
Ora que, para ver reducida la sentencia, sería condición obvia que la FGR hubiese ejercido antes acción penal, que exista auto de formal prisión y que se lleve acabo un proceso judicial dentro del cual, a la hora de resolver, la juez responsable pueda reducir las penas correspondientes.
Sin embargo, en el caso Lozoya no existe auto de formal prisión, lo cual impide que sea beneficiario de los criterios establecidos en el artículo 35 de la LFDO relativo a la reducción de penas.
Finalmente, no hay conocimiento público de que Lozoya haya ingresado al padrón del programa de testigos colaboradores previsto por la ley respectiva. Tampoco hay noticia de que el exfuncionario haya firmado un convenio de entendimiento, tal como lo prevé el artículo 27 de la norma que protege a las personas involucradas en procesos penales.
Por cierto, el artículo 29 de ese mismo ordenamiento dice que el sujeto beneficiario debe “acatar y mantener un comportamiento adecuado (tal) que haga eficaces las Medidas de Protección”. Las imágenes publicadas por la periodista Lourdes Mendoza prueban que ni siquiera esta condición se cumple en el caso de Lozoya.
Parece, huele, suena y camina como un caso de inocencia fabricada. De ahí el agravio social: Lozoya se ha beneficiado de un trato injustificado por parte de la FGR cuyos resultados caminan inevitablemente hacia el desastre.
De naturaleza política
Corruptelas de Maduro aquí…
Enrique Aranda
Excelsior
El colmo del ridículo: “¡es beisbolera!”
Más tarde que temprano si se quiere, la sorpresiva extradición de Cabo Verde a Estados Unidos del empresario Alex Saab Morán, supuesto “testaferro” del dictador venezolano Nicolás Maduro en actos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal, alcanzará las
primeras planas en México donde, vale recordar, al menos desde 2017 fungía como representante del gobierno sudamericano en la adquisición de alimentos a bajo costo para la elaboración de despensas que luego eran revendidas a sobreprecio en barrios pobres de Venezuela.
Más allá de la inmediata cancelación por parte del “chavismo” del diálogo con líderes de la oposición política que venía realizando en nuestro país, efectivamente, la llegada a la Unión Americana del abogado colombiano de ascendencia libanesa —naturalizado venezolano ahora— abrirá un nuevo frente de debate y reactivará pesquisas en proceso sobre su vinculación y operación de una red que “explotaba” a su favor —y del propio represor sudamericano, obvio— la ayuda alimentaria al país sudamericano y que, se estima, habría generado a implicados ganancias ilegales por algo más de 300 millones de dólares que, se afirma, estarían depositados en bancos norteamericanos.
Ya en 2018, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago El Verdugo Nieto, habría decretado el bloqueo de cuentas bancarias de al menos 19 personas físicas y morales vinculadas a las operaciones citadas realizadas, fundamentalmente, por parte de Saab y socios, a través de Group Grand Limited, que, a su vez, entregaba las despensas de alimentos de primera necesidad para su entrega a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), creados por Hugo Chávez y su impresentable sucesor con objeto de distribuirlas casa por casa en barrios de las principales ciudades venezolanas, previo pago de hasta el doble de su precio.
Es verdad que, en un primer momento al menos, la cancelación del diálogo entre el régimen autoritario de Venezuela y la oposición centrará la atención de la gran mayoría. Ello, sin embargo, no impedirá que se vuelva a ventilar y, en su caso, castigar el cúmulo de actos ilícitos que, vía el supuesto “prestanombres” en poder ahora de la justicia estadunidense, se realizaron en nuestro territorio, con la directa participación de nacionales…
ASTERISCOS
* Más pronto que ya, mañana, la gerente de Gas Natural y Etano de Pemex, Beda Carreto Santiesteban, deberá comparecer ante la Fiscalía III-4 de Córdoba, Veracruz, para responder por los cargos de negligencia y abuso de funciones que le fincaron por empresarios de la región afectados tras la entrega, presuntamente irregular, del monopolio para surtir gas natural en la región a la empresa Gas del Noroeste. ¿Pues qué no ellos no eran iguales?
* Si bien de manera tardía, a decir de algunos, la jerarquía católica levantó la voz para censurar el maltrato y represión contra los migrantes en nuestro país. Vía el editorial del semanario Desde la fe, la arquidiócesis primada, que encabeza el cardenal Carlos Aguiar Retes, urgió al gobierno (de la 4T) no sólo a abandonar su política de represión, sino “a encontrar caminos más humanos y sin violencia” para atender a aquéllos…
Poder imperial y nuevo entendimiento
Carlos Fazio
La Jornada
Los gobiernos de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador lanzaron el 8 de octubre el Entendimiento del Bicentenario, que mediante un proceso de reingeniería de la Iniciativa Mérida buscará delinear un nuevo enfoque de cooperación bilateral en materia de seguridad. Todavía difuso, el entendimiento se dio a conocer al final del Diálogo de Alto
Nivel de Seguridad (DANS), donde participaron el fiscal general, Merrick Garland, y los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional estadunidenses, Antony Blinken y Alejandro Mayorkas. Antes del encuentro, López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard habían anunciado el fin de la Iniciativa Mérida.
Al respecto, conviene recordar, que, integrado de facto desde 2002 al perímetro de seguridad de Estados Unidos (EU), el territorio de México quedó incluido en la zona bajo control del Comando Norte del Pentágono. A su vez, en el marco de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN o el TLCAN militarizado, 2005), la Iniciativa Mérida (2007) llevaría a una desnacionalización acelerada del sistema de seguridad interna. Desde entonces, EU sería codiseñador de la estrategia de seguridad nacional mexicana, lo que más allá de juegos semánticos significó una cesión de soberanía.
Definida por el entonces embajador de EU en México, Antonio Garza, como el proyecto más agresivo jamás impulsado por la Casa Blanca en el hemisferio occidental, la Iniciativa Mérida fue diseñada en función de la agenda de seguridad de Washington. Las prioridades de la administración Bush, fueron: guerra a las drogas y al terrorismo en el territorio mexicano; seguridad fronteriza en los confines norte y sur de México; control sobre la seguridad pública y las distintas policías de México; penetración de las fuerzas armadas locales (Ejército y Marina de Guerra); construcción de instituciones y reglas de ley similares a las de EU (homologación de leyes como parte de la integración silenciosa y subordinada de México).
En ese sentido, las contrarreformas calderonistas fueron parte de la agenda militar-policial-judicial-penal de EU, ya que se encaminaron no sólo a la adopción de medidas similares a las del Estado de excepción de la era Bush (Ley Patriota, Comisiones Militares, Ley Marcial), sino que, también, vía la pretendida modificación o derogación de la Ley para Conservar la Neutralidad del País, buscaba permitir la proyección del poder militar del Pentágono (aéreo, naval y terrestre, incluyendo las fuerzas especiales), en el territorio nacional y los espacios marítimo y aéreo (lo que luego ocurrió de manera no tan encubierta, drones incluidos), y la creación de bases militares, a la postre denominadas Oficinas Bilaterales de Inteligencia o centros de fusión.
Símil del Plan Colombia, la Iniciativa Mérida se inscribió en la estrategia de intervención imperial en la fase neoliberal. Dicho proceso, que se profundizó durante las dos administraciones de Barack Obama, llevó a una privatización de la guerra y a la corporativización del Estado imperial bajo la tutela de los monopolios financieros, el lobby petrolero-gasero, el complejo industrial-militar y los cárteles mediáticos hegemónicos, que se beneficiaron de los planes intervencionistas vía las guerras de baja intensidad, contra el terrorismo y el narcotráfico, formas específicas del fenómeno privatizador neoliberal.
El capitalismo es un régimen donde el móvil central es el lucro; obtener la máxima ganancia a la mayor velocidad posible. Y en virtud de esa tendencia privatizadora, el Pentágono traspasó parte de sus funciones de rutina en materia de seguridad y defensa, a compañías militares privadas (contratistas) y a los consorcios mediáticos −fenómeno conocido como subcontratación, terciarización u outsourcing−, lo que derivó en una mercantilización de las tareas de inteligencia, las operaciones sicológicas con fuerzas especiales y las acciones militares clandestinas.
Es decir, en una mercenarización de la guerra y una mercantilización de la (des)información: propaganda negra; campañas de distorsión o intoxicación informativa; fabricación de percepciones en base a mentiras propagadas como rumores (la llamada guerra cognitiva [ cognitive warfare] incorporada como una quinta rama por la OTAN en noviembre de 2020 además de la guerra naval, aérea, terrestre y cibernética). Terrorismo mediático que quedó en manos de las grandes cadenas de difusión masiva cartelizadas de Occidente, que generaron el caldo de cultivo para las invasiones imperialistas y
neocoloniales de comienzos del siglo XXI (Afganistán, Irak, Libia); golpes de Estado (Venezuela, 2002; Honduras, 2009; Paraguay, 2012; Brasil, 2015; Bolivia, 2019; Haití, 2021); golpes blandos o revoluciones de colores; guerras de cuarta generación, no convencionales, asimétricas o contraterrorista (los medios de comunicación convertidos en los nuevos ejércitos de conquista, el bombardeo militar sustituido por el bombardeo mediático a través de matrices de opinión, consignas e imágenes para el control y la manipulación de la conducta social masiva); políticas de cambio de régimen (Siria, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua), y/o guerra a las drogas, como la de Felipe Calderón en México.
Los argumentos para la conformación de las fuerzas especiales clandestinas del imperio (Delta Force, SEAL, Boinas Verdes, Ranger) para desestabilizar y derrocar gobiernos urbi et orbi, abrevaron en el mismo fraseo que la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, que, como puede verificarse en Colombia y México vía el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, articularon a amplios sectores de las fuerzas armadas y las policías locales con el paramilitarismo, el mercenarismo y el sicariato, utilizados por el Pentágono, la CIA, la DEA y otras agencias de EU para sus operaciones encubiertas, asesinatos selectivos, ataques simulados, sabotajes y como fuerza de choque.
En ese contexto, ¿será creíble un nuevo entendimiento entre México y Estados Unidos? Con el dúo Joe Biden/Kamala Harris, ¿cambió la naturaleza del imperio y del Estado paralelo que protege los intereses de la plutocracia? ¿La guerra cognitiva remplazará en parte a la Iniciativa Mérida?
