Prisión preventiva oficiosa, el debate
La figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 segundo párrafo de la Constitución ha generado un interesante debate en la agenda pública por la inminente discusión en la Suprema Corte sobre su aplicabilidad o no.
Ernesto Villanueva / Proceso
La figura de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ha generado un interesante debate en la agenda pública por la inminente discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su aplicabilidad o no, en cumplimiento de lo dispuesto por la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso García Rodríguez y otros vs. México, del 25 de enero del 2023. Veamos.
Primero. La prisión preventiva es la privación de la libertad personal de un imputado de un delito, la cual puede ser prisión preventiva justificada; es decir, el ministerio público debe fundar y motivar por qué considera que no debe imponerse una medida cautelar distinta para evitar que el presunto responsable pueda evadirse de la acción de la justicia y la prisión preventiva oficiosa, la cual se dispone como una obligación para el juzgador en diversos delitos considerados como graves expresamente enunciados, así como en otros “delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.” En este último caso, la oficiosa, la propia Constitución no reclama el deber de investigación y argumentación técnico-jurídica del ministerio público, como sí lo requiere en la denominada prisión preventiva justificada. En la sentencia citada de la CIDH, el máximo órgano jurisdiccional resolvió que la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 constitucional es incompatible con lo establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otras razones porque: “a) no se hace referencia a las finalidades de la prisión preventiva, ni a los peligros procesales que buscaría precaver; b) tampoco deja la posibilidad de ponderar la aplicación de la medida cautelar a través de un análisis la necesidad de la misma frente a otras medidas menos lesivas para los derechos de la persona procesada como lo serían las medidas alternativas a la privación a la libertad, y c) se establece preceptivamente la aplicación de la prisión preventiva para los delitos que revisten cierta gravedad una vez establecidos los presupuestos materiales sin que se lleva a cabo un análisis de la necesidad de la cautela frente a las circunstancias particulares del caso.” (párrafo 295 y ss.) Asimismo ordena a México adecuar su normatividad interna y se hace eco de la propuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que deje de aplicarse en tanto no se lleven a cabo las reformas en cuestión.
Segundo. La SCJN ha decidido analizar cómo dar cumplimiento al mandato de la CIDH sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en un ejercicio significativo sobre qué debe prevalecer, si la Convención Americana y su interpretación por la propia CIDH o lo establecido en el artículo 19, segundo párrafo de la CPEUM como hasta el día de hoy se ha hecho. Se trata de un tema que admite dos interpretaciones: Privilegiar la libertad, la presunción de inocencia y el debido proceso sobre la seguridad colectiva o, al contrario. No existe, por supuesto un camino inequívoco. De esta suerte la solución tendrá que decantarse por asumir la interpretación formalista del derecho o aquella sistemática que hace suyos principios relativamente nuevos como el principio pro persona y la interpretación conforme que crecientemente han adquirido carta de naturalización constitucional y convencional por su acento en los derechos humanos. El gobierno federal ha solicitado a la SCJN que se pronuncie por dejar las cosas como están porque, de no hacerlo, “impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy, según afirmó Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación. Habría que decir que no se trata efectivamente de personas condenadas por los delitos que se les imputan ni tampoco que haya la certeza de que esas 68 mil personas serán encontradas culpables. De igual modo, la titular de Gobernación afirmó que no debe acatarse la resolución de la CIDH porque: “Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia, ¿y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque, aunque la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos tienen la misma jerarquía y deben interpretarse todos de manera armónica, cuando una norma internacional se opone a una norma constitucional debe prevalecer siempre nuestra Constitución.” Hay que apuntar que en el caso García Rodríguez y otros vs. México, el país reconoció expresamente la jurisdicción de la CIDH (como ha sido siempre en México) e hizo valer en tiempo y forma sus razonamientos que al final del día fueron desestimados para privilegiar una perspectiva de derechos humanos, razón por la cual, supongo, el ministro ponente Pardo Rebolledo propone la inaplicabilidad de esa disposición constitucional porque hay un mandato expreso de la CIDH, a mi juicio con una apreciable solidez argumental (https://acortar.link/SBep9w).
Tercero. Es importante precisar que no se propone que no exista la prisión preventiva, sino que esta figura se aplique en forma casuística haciendo el análisis particular de cada asunto y no “de oficio”; es decir, sin que medien elementos razonables de convicción de la idoneidad de esa medida. Con todo, cabe hacer notar que en el país las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva necesitan mejoras sustanciales para cumplir su finalidad como mecanismo alternativo para evitar llenar las prisiones del país. Se trata de un conjunto de medidas de política pública que deben poner en práctica los estados y la Federación para que esas alternativas sean eficaces en asegurar razonablemente que los imputados no se sustraigan del proceso legal. Esa realidad, que es innegable, no debería resolverse pagando justos por pecadores y –especialmente– la gran mayoría que no tiene la capacidad económica para pagar una defensa legal altamente profesional.
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Arsenal
Avanza el atraco a trabajadores
Francisco Garfias / Excelsior
Avanzó en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa para consumar el atraco del siglo. 40 mil millones de pesos que son de trabajadores de más de 70 años que no han reclamado su dinero en las afores.
Serán confiscados por la 4T para dizque llevarlo al Fondo de Pensiones del Bienestar, con la complicidad de legisladores de Morena, PT y PVEM.
No se trata de recursos públicos. Es dinero privado. Cada cuenta tiene un nombre, una dirección donde la afore manda el estado de cuenta.
¿Por qué antes de expropiarlas no se busca a los titulares o a sus familiares que muy probablemente necesiten el dinero? El trabajador pudo haber muerto o no se ha retirado y por eso no lo ha reclamado.
El Fondo del Bienestar beneficiaría a 45 millones de trabajadores, según el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, autor de la iniciativa.
Sería alimentado también con las “ganancias” (¿?) del AIFA, Mexicana de Aviación y el Tren Maya. Pero también con recursos incautados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y el Aeropuerto de Tulum.
Un engaño de principio a fin.
La premura del proceso legislativo me lleva a sospechar que, como dice Enrique de la Madrid en su cuenta de X, las finanzas de la 4T están “agonizando.“
“Gastaron a lo tonto en obras faraónicas que no sirven y en eso se acabaron los ahorros, desmantelaron el gobierno, se endeudaron y ahora van por el dinero de los trabajadores”, escribió De la Madrid.
* Ya se había tardado el presidente en salir en defensa de Arturo Zaldívar, su subordinado desde que el ministro en retiro presidió la Corte. En la mañanera de ayer dijo que se trató de “una especie de venganza” contra su protegido.
“Hay un debate en contra de exministro Zaldívar. A diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza”, remató AMLO.
No podía ser de otra forma. El mandatario apoyó la abortada reelección por dos años de Zaldívar al frente al máximo tribunal. El mismísimo Presidente reveló que “intervenía respetuosamente” en la SCJN para que le resolviera asuntos cuando todavía era presidente de la Corte.
Lo dijo así:
“Con Zaldívar había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo (como la liberación de Emilio Lozoya), nosotros respetuosamente interveníamos. Hablaba con los jueces para advertirlos de malas averiguaciones realizadas por el Ministerio Público”.
El ministro en retiro jura y perjura que nunca habló con un ningún juez, como afirma AMLO. ¿Sus operadores tampoco? Es pregunta.
Ayer le dijo a López-Dóriga que a lo largo de su vida ha sido un “hombre honesto” y que no tiene un sólo centavo mal habido. “No tengo problema en que haya investigaciones. Lo que me parece censurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral”, dijo.
Zaldívar asegura que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir, desde las instancias del Poder Judicial, en el proceso electoral.
Hace unos meses, cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, se registró una declaración de la ministra a los magistrados que pedían la renuncia para que no quitaran a Reyes”, narró el ministro en retiro.
Amenazó con llevar el asunto a la SCJN, aunque ésta “no tiene facultades para intervenir en el Tribunal Electoral”, según Zaldívar. ¿En qué paro el asunto? La ministra Piña mandó “algunos chats indebidos” a los magistrados, donde los amenazaba con un lenguaje “poco cuidadoso”. Ante la posibilidad de que se hicieran públicos, ella reculó, según Zaldívar.
¿Será?
* No fue del gusto del sector financiero que Claudia Sheinbaum diera a conocer su intención de mantener a Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda, si gana la elección presidencial.
“Su renuencia a salir a informar no les gusta”, explicó un especialista en temas económicos que pidió el anonimato. Prefieren al subsecretario Gabriel Yorio, aseguró.
Fue la semana pasada que la candidata presidencial del oficialismo manifestó las citadas intenciones.
“Para mí sería buenísimo y también para el país que se quedara Rogelio Ramírez de la O, pero todavía no he tenido esa conversación con él”, dijo.
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Juegos de poder
La denuncia contra Zaldívar y la reforma al Poder Judicial
Leo Zuckermann / Excelsior
Ayer, en Es la hora de opinar, Ana Laura Magaloni hizo una magnífica disección de la denuncia en contra del exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Siempre lúcida, caracterizó el documento de la denuncia como una descripción de cómo se ejerce presión sobre los jueces y magistrados para fallar a favor de la gente poderosa, sean políticos o ricos.
“Eso es lo que hay que cambiar”, remató Ana.
Al aire, me atreví a caracterizar la denuncia como una tomografía que localizaba el cáncer para saber los lugares donde había que radiarlo. Ya fuera del programa, comentando el asunto con Javier Tello, rechazó mi analogía porque, según él, no es una enfermedad, sino el diseño que históricamente ha tenido el Poder Judicial para proteger los intereses de los poderosos.
“Es el sistema”, resumió Tello.
Cierto. Pero también creo que es un cáncer porque, si bien es un sistema útil para los poderosos, también se trata de una enfermedad que ha caracterizado a nuestro régimen político que siempre ha adolecido de falta de justicia. Y un país sin auténtico Estado de derecho acaba teniendo graves consecuencias en su desarrollo económico, amén de la desigualdad social que genera.
López Obrador, mientras le convino, utilizó este sistema para sacar adelante los casos judiciales que le concernían. Él mismo confesó que, cuando le interesaba algo, le pedía la intervención “respetuosa” al entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. En cuanto lo sustituyó Norma Piña, se le acabó el acceso privilegiado. Fue entonces que AMLO comenzó a criticar al Poder Judicial y a proponer reformas para cambiar la manera en que se designan a jueces, magistrados y ministros.
El Presidente propone la elección de los juzgadores. Esto, por sí solo, no va a curar el cáncer de la administración de la justicia mexicana. Al revés, se corre el riesgo de agudizarlo.
Lo que hay que hacer, como bien señala Magaloni, es identificar los mecanismos por los que se presiona (con zanahorias y palos) a los jueces para que ahí, de manera quirúrgica, se ejecuten los cambios.
Si la denuncia en contra de Zaldívar es una confesión del mismísimo Poder Judicial de cómo se ejerce el tráfico de influencias y la corrupción, pues resuélvase ahí el problema. Ésa debe ser la partida de la reforma judicial.
La denuncia contra Zaldívar es por “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
¿Cómo lo hizo?
Cito la demanda: “Prometiendo beneficios políticos, económicos, adscripciones favorables, ratificaciones en el cargo y hasta dinero, o bien, a través de extorsiones y amenazas de cambios de adscripción, inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa o suspensiones”.
Zanahorias y palos: el sistema de incentivos para resolver juicios a favor de ciertos intereses.
El entonces ministro presidente de la Suprema Corte habría utilizado para aplicarlos al secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, el secretario ejecutivo de Disciplina, el titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, la contralora del Poder Judicial, el titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles y el director general del Instituto Federal de Defensoría Pública.
Durante la presidencia de Zaldívar en la Corte, estos puestos los tuvo gente de la mayor confianza del ministro presidente.
Como ya había demostrado Hernán Gómez en su libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T, el entonces consejero jurídico de López Obrador, Julio Scherer, elaboró una intrincada red de corrupción para ayudar a poderosos a ganar casos en el Poder Judicial.
Según la denuncia de marras, el exministro Zaldívar habría sido parte de esta confabulación. Scherer “exigía a alguna de las partes (particular o gobierno) trabajar directamente con algún despacho, especialmente Rivera-Gaxiola y Asociados o a la Defensoría Pública Federal, donde Netzaí Sandoval Ballesteros facilitaba todo el proceso y se designaba un asesor o defensor a modo”. El consejero de AMLO “acudía a los órganos jurisdiccionales a presionar a los titulares con anuencia del entonces ministro presidente Arturo Zaldívar”.
Zaldívar y los otros imputados son inocentes hasta que no se les demuestre lo contrario. Pero, por lo pronto, tal y como apuntó genialmente Magaloni, la denuncia es una joya de dónde estaría la podredumbre en el Poder Judicial federal, un documento nada menos que firmado por la hoy presidenta de la Corte, Norma Piña.
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Astillero
AMLO: gira de centralidad poselectoral // Adiós, músculo y ¿defensa? // Precisiones de Lenia Batres // Desaseo en caso Zaldívar
Julio Hernández López / La Jornada
La gira obradorista del adiós tiene una explícita motivación personal: Andrés Manuel López Obrador desea visitar los estados de la República para despedirse de sus seguidores en preparación de la salida del escenario político nacional en el que ha tenido una vigorosa presencia durante décadas.
Rotunda e inequívoca sería esa desaparición del foro, asegura el tabasqueño, aunque persisten las dudas y especulaciones respecto a tal mutis, alimentadas éstas incluso por el hecho de realizar tal gira de despedida enseguida de la jornada electoral de junio, cuando lo natural sería ceder la centralidad política a la sucesora que, en el caso altamente probable de ser Claudia Sheinbaum, merecería escenarios despejados para consolidar su ascenso al máximo poder.
En 2018, Enrique Peña Nieto cedió casi de inmediato a López Obrador no sólo los reflectores, sino el manejo adelantado de temas y la preparación desahogada de su llegada al poder. Dos días después de las históricas elecciones, el priísta mexiquense recibió a AMLO en Palacio Nacional y a partir de entonces se hizo a un lado, en un lance que en el contexto de abatimiento político de Peña pareció una urgencia por abandonar el ejercicio del poder, ansioso de botar el cargo que le era quemante; aunque luego tan sedosa transición y la virtual abdicación peñista de los últimos meses pareció embonar en el marco de acuerdos beneficiosos para ambas partes.
La demostración de poder que hará López Obrador en la mencionada gira podría tener especial sentido, desde otro enfoque, en caso de que la muy despechada oposición pretenda impugnar y desconocer los resultados electorales de confirmarse la ventaja de Sheinbaum. AMLO estaría echando mano del recurso de la movilización masiva para defender y consolidar el triunfo claudista, si persistieran los planes obstructores de los opositores.
Sin mencionar el nombre de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, la ministra Lenia Batres Guadarrama hizo ayer precisiones que constituyen una crítica y una descalificación de prácticas aplicadas al caso del ministro en retiro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Batres adelantó en un texto difundido en redes sociales que no podría dar declaraciones periodísticas al respecto, pues la eventual resolución del Consejo de la Judicatura Federal (presidido por la ministra Norma Piña) podría ser revisada por la Corte (presidida por Norma Piña), pero adelantó que la filtración de la denuncia anónima contra Zaldívar y parte de su equipo, y del correspondiente acuerdo de inicio de investigación, es un elemento desafortunado e ilegal que pone en riesgo las formalidades esenciales de un procedimiento justo y contraviene la práctica general de la SCJN.
Hace Batres otras consideraciones relacionadas con lo político y lo electoral, pues señala que la Suprema Corte no debe servir a intereses facciosos de ninguna clase, ni someterse a la sospecha de que participa a favor de alguna campaña electoral. El Presidente de la República ha hecho expresiones de solidaridad con el citado ministro Zaldívar, al igual que Claudia Sheinbaum, la candidata morenista a la sucesión.
En este lance, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, se juega una porción importante de la gobernabilidad interna de ese poder, en una clara apuesta a favor de los grupos dominantes de la estructura judicial federal, que se sienten amenazados por la propuesta 4T de reforma judicial y están optando por la búsqueda de desgastar o eliminar el papel del ministro Zaldívar, a quien consideran desertor y acomodaticio.
Y, mientras el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, un junior empresarial al servicio de planes de desestabilización generados en su natal Estados Unidos, sigue produciendo disparates (comer ceviche o tacos con López Obrador; diplomáticos mexicanos agrediendo a policías invasores de embajada).
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México, SA
Oligarquía, tema tabú // Concentración galopante // Afore: sangran prianistas
Carlos Fernández-Vega / La Jornada
Mucho se habla y escribe sobre la pobreza en el país, pero difícilmente se llega a comentar, analizar e investigar la brutal concentración de la riqueza en unas cuantas manos y, por ende, el peso específico que la política privatizadora del neoliberalismo (más la exención-devolución-condonación fiscal) ha tenido en la construcción de esas fortunas de ensueño, acaparadas por los hombres de negocios del círculo íntimo del régimen.
En nombre de la modernidad y con la promesa de acceder al primer mundo (Salinas de Gortari y sucesores dixit), en unos cuantos años billones de pesos propiedad de la nación fueron transferidos a las arcas privadas de unos cuantos (los mismos desde al menos los últimos 40 años, aunque algunas fortunas tienen registro desde la época de Miguel Alemán Valdés) por medio de esa política privatizadora, aderezada con todo tipo de cortesías (fiscales, concesiones a manos llenas, contratos leoninos de obra pública y mucho más).
Pero de ello difícilmente se encuentra una investigación o siquiera un análisis que dé puntual cuenta de ese gran atraco a la nación que ha alimentado fortunas para un grupúsculo (algunas de ellas con un incremento en el periodo neoliberal de 6 mil 300 por ciento) y estimulado la hiperconcentración del ingreso y la riqueza. Es un tema tabú. En cambio, sobre la pobreza en el país existen cientos de ellos, cada cual con una justificación distinta, que explican por qué la mitad de los mexicanos sobreviven en tan precaria condición.
Pues bien, entre los milagrosos hallazgos sobre el tema tabú en nuestro país, La Jornada (Dora Villanueva) nos ilustra, como siempre: “La concentración del poder económico en México se ha vuelto una herencia familiar y una puerta giratoria hacia el poder político. No hay economía en América Latina y el Caribe, ni de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde tantas grandes empresas estén en manos de tan pocos clanes familiares como la mexicana, muestra un nuevo informe del Banco Mundial.
Cerca de 95 por ciento de las 50 empresas privadas más grandes de México están en poder de las familias más ricas del país y tienen ingresos que equivalen a una cuarta parte del producto interno bruto (esa proporción equivale a cerca de 375 mil millones de dólares; 27 por ciento de ese monto, sólo en las alforjas de Carlos Slim), reportó el organismo. Esto resulta en que también sea el país con mayor porcentaje de empresas familiares que cotizan en bolsa, el doble que el promedio mundial.
Cuatro décadas atrás, el académico e investigador estadunidense Roderic Ai Camp publicó una investigación ( Líderes políticos de México, su educación y reclutamiento; Universidad de Arizona, Fondo de Cultura Económica, 1983) en la que construyó el árbol genealógico de la clase política de nuestro país y detallaba cómo la familia y allegados de los líderes originales se incorporaban a la élite gubernamental y partidista, en una suerte de práctica monárquica. Excelente trabajo, sin duda. Pero a la hora de hacer lo mismo con la oligarquía autóctona –con raíces más añejas– parece que nadie se animó.
Dado lo anterior, parece mentira que un organismo financiero manejado por la élite política y económica internacional se animara a ponerle el cascabel al gato mexicano: Esta economía de herencias familiares se hace evidente en diversas clasificaciones y estimaciones. Las fortunas de los ocho hombres más ricos del México no se enlistan solas. Carlos Slim, Germán Larrea, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Baillères, María Asunción Aramburuzabala, Juan Domingo Beckmann, Carlos Hank Rhon y Antonio del Valle Ruiz, todos con el agregado y familia. El meollo alrededor de las empresas de propiedad familiar es la influencia que pueden tener al margen de lo económico.
Esas ocho familias, vinculadas en algún punto con nombres como Telmex, América Móvil, Telcel, Grupo México, Cinemex, Banco Azteca, Elektra, Tv Azteca, El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Industrias Peñoles, José Cuervo, Grupo Modelo, Banorte y Maseca, entre otros, tienen una riqueza conjunta de 170 mil millones de dólares ( ídem).
A partir de 1989, ya reconstruida la muy salinista oligarquía nacional a costillas de la nación, se registró el auge de los mexicanos marca Forbes, mientras la nación era permanentemente despojada a la par que el ejército de pobres avanzaba a galope tendido.
Las rebanadas del pastel
Avanza la iniciativa del Fondo de Pensiones para el Bienestar, pero con la boca sangrante los diputados prianistas la califican de robo.
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El asalto a la embajada mexicana en Ecuador
Luis Hernández Navarro / La Jornada
El ilegal asalto a la embajada mexicana en Ecuador forma parte de la campaña del presidente Daniel Noboa para ganar la consulta popular y el referendo del próximo 21 de abril, y abrirle paso a su relección en febrero próximo.
No le importa pasar por encima del derecho internacional o que su país sea condenado por otras naciones y la OEA. Lo que busca es acrecentar su popularidad demostrando fuerza y firmeza. A su manera, sigue la ruta fijada por mandatarios como Donald Trump, de Estados Unidos; Jair Bolsonaro, de Brasil; Javier Milei, de Argentina, y Nayib Bukele, de El Salvador. Se trata de no pedir perdón ni permiso.
Noboa es un junior de 36 años, nacido en Estados Unidos, hijo de un magnate bananero. Ganó las elecciones en noviembre pasado, con 52 por ciento de los votos. Sustituyó al también potentado Guillermo Lasso, quien renunció en medio de escándalos. Gobernará sólo 18 meses. Durante la contienda, el candidato Fernando Villavicencio fue asesinado por la banda de Los Lobos. El empresario hizo campaña (incluso en el debate) enfundado en un chaleco antibalas que también usa en sus promocionales. Su propuesta central es la lucha contra la inseguridad pública. En febrero de 2025 se efectuarán elecciones en las que él podrá competir.
El nuevo presidente ha hecho de las imágenes carcelarias el epicentro de su gobierno. Las fotografías y videos de reos sometidos y disciplinados, de espaldas, con uniformes naranjas, son parte de una escenografía estilo Zelensky o Bukele que acompañan a sus mensajes. Las grabaciones de policías golpeando jóvenes, obligándolos a besarse entre ellos o maltratándose se han viralizado.
La violencia ha escalado, igual que la industria criminal. En 2023 hubo en Ecuador 7 mil 800 homicidios y más de 40 asesinatos por cada 100 mil habitantes.
“Lo que estamos haciendo hoy –dice Noboa en su propaganda– es una muestra de la lucha real contra el narcoterrorismo y estos grupos criminales, que creen que con base en miedo y en amenazas nos van a amedrentar. Nos quedan tres semanas para una consulta, para la cual ya los grupos narcoterroristas han dicho que están totalmente en contra. Están contra la extradición; en contra de que haya presencia militar en las cárceles, en contra de que las familias ecuatorianas tengan paz. Nosotros estamos a favor de devolver la dignidad a Ecuador.”
Al asumir, declaró que en su país existe un conflicto armado no internacional. Y añadió que, en términos prácticos, se vive una guerra contra el terrorismo, no limitada al narco, porque, según él, hay grupos terroristas no vinculados a esta industria.
De acuerdo con la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la administración Biden apoyó desde el primer momento a Noboa. Una delegación de alto nivel visitó Quito la semana del 22 de enero, y el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado fue a principios de febrero. Mientras, la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, prometió un paquete de ayuda militar y policial de 93 millones de dólares. La asistencia sigue lo que Richardson llamó una hoja de ruta de asistencia a la seguridad de cinco años ( https://shorturl.at/cDTU0 ).
Si quiere relegirse, Noboa debe ganar la consulta popular y el referendo del 21 de abril. De las 11 preguntas a responder, cinco son para reformar la Constitución (referendo) y seis para modificar leyes.
Las medidas que se busca aprobar, refuerzan un Estado de excepción con mayor presencia militar contra el crimen. Además, legalizan la extradición; crean judicaturas especiales; abren la puerta al arbitraje internacional en inversiones y, en uno de los sueños húmedos del liberalismo, precariza la fuerza de trabajo mediante contratos de empleo por horas y a plazo fijo.
El allanamiento policial a la embajada mexicana en Quito, dos semanas antes de la consulta popular, y (según la Corte Nacional de Justicia) el ilegal y arbitrario arresto en su interior de Jorge Glas –ex vicepresidente de Ecuador con Rafael Correa y Lenín Moreno– al que México reconoció como asilado político, quiso ser justificada en nombre de esta guerra contra el narcoterrorismo. A Glas lo acusan de desviar fondos para la reconstrucción de Manabí por el terremoto de 2016, aunque él y su partido señalan (no sin razón) que él es víctima de persecución judicial.
Sin ser un apoyo incondicional, al arrancar el gobierno de Noboa se pactó una alianza en la Asamblea Nacional con el correísmo, fuerza mayoritaria en ese órgano. En noviembre de 2023, Correa anunció: Hay que tratar de lograr la unidad nacional. Añadió que la administración de Noboa contaba con el apoyo de la Revolución Ciudadana para las leyes que beneficien al país. Su asambleísta Viviana Veloz fue elegida vicepresidenta de la asamblea. La detención de Glas precipitó una ruptura entre ambas fuerzas, anticipada desde mediados de marzo.
Mientras, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y su presidente, Leonardo Iza, señalaron que el asalto a la embajada de México es un acto alarmante que pone de manifiesto el autoritarismo de Noboa. Este acto fascista no sólo viola normas internacionales, sino que también atenta contra las relaciones diplomáticas de ambos países. Asimismo, llaman a votar no en la consulta popular.
La desfavorable correlación de fuerzas internacional del mandatario no quiere decir que vaya a perder la consulta. Por lo pronto, aunque hay muchos indecisos, las encuestas favorecen la propuesta del Ejecutivo. De ser así, más allá del descrédito diplomático que se ha ganado a pulso, la jugada de Noboa de envolverse en su bandera nacional le habría dado resultado. Ojalá fallen los sondeos.
